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Empresa de energía debe abonar a consumidor mal encasillado en una categoría superior el capital cobrado en exceso

Alta tensionPartes: B. A. c/ EDESUR S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 5-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85314-AR | MJJ85314 | MJJ85314

Una empresa distribuidora de energía eléctrica debe abonar a un consumidor el capital cobrado en exceso, por haber liquidado el importe equivocadamente dado que había sido mal encasillado en una categoría de monto sensiblemente superior. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y condenar a la demandada a abonar los daños y perjuicios sufridos por la actora por haber abonado durante más de diez años un importe equivocadamente liquidado por la empresa demandada, dado que había sido mal encasillada en una categoría de monto sensiblemente superior.

2.-La ley de Defensa del Consumidor en su antiguo texto al referirse a su aplicación supletoria, debe ser interpretada en el sentido de regir el caso específicamente por los principios de protección al consumidor, que invalidan la aplicación automática de cláusulas limitativas de responsabilidad, por ser contraria esta disposición a las garantías que emanan del art. 42 de la CN; más aún en la reforma de la ley 24240 se desprende con facilidad que ha suprimido la referencia a la ‘suplementariedad’ y que ha establecido claramente que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la ley de Defensa del Consumidor.

3.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda, toda vez que las cláusulas limitativas de responsabilidad contenidas en los contratos de concesión de las distribuidoras de energía eléctrica, carecen de valor. Asimismo cuando falta una solución específica en el marco regulatorio particularizado, la integración debe efectuarse no solamente con la ley de Defensa del Consumidor, sino también con los principios generales del derecho relativos a la reparación integral.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre de 2013, reunidos en Acuerdo los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala II de esta Cámara, que corre a fs. 246/252, que decidió -por mayoría- revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda, con costas al actor, este último interpuso el recurso extraordinario federal (fs. 259/273), el cual, debidamente sustanciado, fue concedido a fs. 291. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por remisión al dictamen de la señora Procuradora Fiscal (fs. 297/299, que fue compartido a fs. 300/301), dejó sin efecto el pronunciamiento de segunda instancia con sustento en el vicio de sentencia arbitraria y ordenó un nuevo pronunciamiento.

El expediente fue asignado a la Sala I del tribunal, aceptándose la excusación presentada por el señor Juez Dr. Ricardo Víctor Guarinoni, firmante de la sentencia dejada sin efecto por el Alto Tribunal, en su condición de Vocal de la Sala II. A fs. 308 se comunicó a los litigantes la nueva integración del tribunal, se dio intervención al señor Fiscal General subrogante y a fs. 313 se llamó autos a sentenciar.

2. El actor, A. B., demandó daños y perjuicios contra EDESUR S.A., por haber abonado durante más de diez años -desde el inicio de la concesión y hasta la recategorización en septiembre de 2003- un importe equivocadamente liquidado por la empresa, dado que había sido encasillado en la tarifa «T 1 G General 1B», en tanto le correspondía la tarifa «T 1 R Residencial 2B», de monto sensiblemente menor.Su pretensión abarcó el reintegro de los montos sobrefacturados entre los bimestres 4/1993 y 4/2003, o lo que resultara de la pericia contable a producirse en el expediente, con más los intereses moratorios y punitorios que cobra la prestadora del servicio público a sus usuarios en situación de mora, más el resarcimiento del daño moral y las costas del juicio.

La sentencia de primera instancia (fs. 185/189) hizo lugar parcialmente a la demanda, admitió el capital cobrado en exceso ($ 5.857,61), descartó el reclamo por reparación del daño moral y dispuso que el monto adeudado debía devengar intereses moratorios de conformidad con el artículo 9° del Reglamento de suministro de energía eléctrica, desde la fecha de vencimiento de cada facturación hasta el efectivo pago, con la adición de la penalidad del 20% contemplada en el segundo párrafo del inciso ‘f’ del artículo 4° del citado Reglamento. En primera instancia y con fundamento en el vencimiento mutuo, las costas fueron distribuidas en un 80% a cargo de la demandada y en el 20% restante a cargo de la actora.

3. Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora y por la parte demandada. El recurso de la primera fue concedido a fs. 194. El recurso de EDESUR S.A. fue concedido a fs. 198. También se presentaron apelaciones en materia de honorarios a fs. 193, 195, 197 y 200, los que serán tratados a la finalización del Acuerdo.

El memorial de agravios de la demandada fue presentado a fs. 207/214 y mereció la contestación de fs. 226/230. La parte actora presentó su memorial fuera de término, lo cual dio lugar a las resoluciones de fs. 220 y 231.

4. En atención a las vicisitudes procesales de la causa y a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fs. 300/301, corresponde el tratamiento de la apelación de la parte demandada.

Diré en primer lugar que la parte contraria solicitó a fs.226 la deserción de este recurso. Sin embargo, entiendo que el recurrente ha individualizado mínimamente sus reproches, de manera que el tribunal se encuentra en condición de examinar tales quejas a la luz de las constancias de la causa, por lo cual rechazaré esta pretensión y daré tratamiento al recurso, en la inteligencia que este criterio amplio es el que mejor se compadece con un cuidadoso respeto del derecho de defensa en juicio de los litigantes (esta Sala, causa 4648/98 del 16/11/99; Sala 2, causa 11687/94 del 3/6/98, entre muchos).

La Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima pretende la revocación de la sentencia y el rechazo de la demanda, sobre la base de argumentos que pueden sintetizarse del modo siguiente: a) el a-quo ha ordenado restituir diferencias erróneamente cobradas por un período que excede largamente el año, que es lo contemplado en la norma específicamente aplicable, a saber: el artículo 4, inciso ‘f’, del Reglamento de Suministros de energía eléctrica; b) esa reglamentación, aprobada por decreto n° 714/92 es la norma aplicable en el presente litigio, pues el Reglamento alcanza al usuario desde el momento de su adhesión al servicio y contiene la única indemnización procedente; y c) las obligaciones de EDESUR surgen de las bases de la licitación y de las condiciones de la concesión, las que, en lo que interesa en esta causa, se plasmaron en el artículo 4, inciso ‘f’ del Reglamento, siendo improcedente la referencia al art. 42 de la Constitución Nacional o a la ley 24.240, la que explícitamente indica que sólo constituye una normativa supletoria.

5. Reseñaré brevemente los principales hechos de la causa. El actor, A. B. advierte en septiembre de 2003 que EDESUR le facturaba importes diferentes en relación a sus vecinos del mismo edificio, pues como cliente n° 01232164-3 aparecía en la categoría «T1 G General 1B», en tanto le hubiera correspondido la categoría «T 1 R Residencial 2B», de un monto sensiblemente menor.Efectuado el reclamo correspondiente, la prestadora reconoció el error y procedió a modificar el encasillamiento del usuario (nota del 1° de octubre de 2003, fs. 11), solucionando el problema a partir del 30/9/2003. En octubre de 2003 fue invitado a pasar a cobrar las «diferencias» y consta que el actor recibió la suma de $ 511,44, importe que, según ha informado la experta contadora, corresponde a la diferencia de los importes abonados durante un año, es decir, desde septiembre de 2002 a septiembre de 2003 (dictamen de fs. 138), sin adición de intereses ni penalidades.

La demanda fue promovida en febrero de 2007 -tras la instancia fracasada de mediación (fs. 42)-, y el actor incluyó en su reclamo un crédito por los importes mal facturados durante diez años, del bimestre 4/1993 al bimestre 4/2003, con los intereses y las penalidades contempladas en el artículo 31 de la ley 24.240, más resarcimiento del daño moral y las costas del juicio.

El dictamen pericial estableció un importe de capital que ascendía a $ 5.857,68 -abarcando los diez años reclamados por el demandante-, a los que debían adicionarse los intereses y penalidades. Precisamente, ése fue el alcance de la condena pronunciada por el juez de la primera instancia, que ordenó que el capital de condena devengara intereses moratorios de conformidad con el artículo 9 del Reglamento de Suministro de energía eléctrica desde el vencimiento de cada factura y hasta el efectivo pago, con la penalidad del 20% contemplada en el artículo 4, inciso ‘f’, de la citada reglamentación (fs. 188).

6.El punto central del diferendo consiste en resolver si la legislación específica (la ley 24.065, el decreto 714/92 y el Reglamento de Suministro de energía eléctrica aprobado por resolución n° 168/92 SEE), constituye un cuerpo normativo autónomo y autosuficiente, que excluye la aplicación de normas de carácter tuitivo hacia el cliente/usuario/consumidor, o si, por el contrario, estas últimas deben tener preeminencia por carecer de limitaciones y ser más favorables al consumidor.

7. Al tiempo de los hechos regía el siguiente texto del artículo 25 de la ley 24.240: «.Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por estas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente». Este carácter supletorio de la ley de defensa del consumidor frente a los marcos regulatorios de los servicios públicos fue comprendido como una necesidad de armonización, de manera de no hacer colisionar la reglamentación contenida en los marcos reglamentarios -y, por tanto, de inferior jerarquía normativa- con el espíritu y la letra del texto constitucional y de la ley 24.240. Ciertamente, los principios in dubio pro consumidor, la prohibición de cláusulas abusivas o limitativas de responsabilidad, el deber de seguridad y de información, así como las presunciones en materia de sobrefacturación o errores en las mediciones, en la línea de la ley de Defensa del Consumidor, han sido reiteradamente aplicados como principios rectores (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 2°, «Ciancio c. Enargas» del 5/11/1998, JA 1999-II-p. 134). Es pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.126 XXXVI «Ángel Estrada y Cía S.A. c/ res.71/96 Sec.Ener.y Puertos» , del 5/4/2005, estableció -si bien en un contexto fáctico diferente- que las cláusulas limitativas de responsabilidad contenidas en los contratos de concesión de las distribuidoras de energía eléctrica, carecían de valor.

Por lo demás, desde antiguo esta Sala ha admitido que cuando falta una solución específica en el marco regulatorio particularizado, la integración debe efectuarse no solamente con la ley de Defensa del Consumidor, sino también con los principios generales del derecho relativos a la reparación integral (conf. Esta Cámara, Sala 1, «Goyena Raúl H. c. Telecom Argentina» del 11/7/95, La Ley 1995-D-382).

A mi modo de ver, la cláusula 4, inciso ‘f’, del Reglamento citado, que contempla el «reintegro a los usuarios», tiene su razón de ser cuando el cliente titular del servicio o el ente de control advierten y comunican la anormalidad. El plazo de un año es razonable si la situación -que debería estar bajo la supervisión del ente regulador- tiene posibilidad de ser de tectada e informada por el cliente en breve tiempo. En este litigio, por el contrario, se trata de un encasillamiento equivocado que se originó en las prestaciones de SEGBA, que no fue detectado en los relevamientos de EDESUR y que tampoco fue advertido por el ente de control.Es evidente que la situación también fue ignorada por el cliente, que abonó durante largos años las facturas tal como, equivocadamente, el organismo técnico experto las liquidaba.

Por lo demás, no puede olvidarse que el servicio se establece con el propósito de satisfacer necesidades colectivas generales, que el usuario y su trato en condiciones de igualdad y regularidad, constituye el corazón del servicio público y que, además, el cliente no tiene la libertad de elegir su prestador de energía eléctrica, sino que es un cliente «cautivo», siendo totalmente injusto que durante nueve años la concesionaria se enriquezca con las tarifas erróneas que por su negligencia liquidó con bases excesivas y en perjuicio del usuario. Ello es tanto más evidente si se pondera que la suma abonada al señor Bouza en octubre de 2003 sólo comprende diferencias de capital por un año, sin adición de los intereses debidos y de las penalidades ganadas.

Estimo, pues, que en el presente diferendo, la «supletoriedad» a la que se refiere el art. 25 de la ley 24.240 debe ser interpretada en el sentido de regir el caso específicamente por los principios de protección al consumidor, que invalidan la aplicación automática de cláusulas limitativas de responsabilidad -como el período de un año establecido en el artículo 4, inciso ‘f’, del Reglamento de Suministro-, por ser contraria esta disposición a las garantías que emanan del art. 42 de la Constitución Nacional. Esta interpretación se desprende con facilidad del nuevo texto del artículo 25 de la ley 24.240 (reformada por la ley 26.361), que ha suprimido la referencia a la «suplementariedad» y que ha establecido claramente: «Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley.En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor» (artículo 25, tercer párrafo, ley citada).

Por lo expuesto, propiciaré rechazar los agravios de la parte demandada y confirmar la sentencia de primera instancia. Con costas de Alzada a la parte demandada, vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal RESUELVE: rechazar los agravios de la parte demandada y confirmar la sentencia de primera instancia. Con costas de Alzada a la parte demandada, vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Se difiere el tratamiento de los recursos interpuestos en materia de honorarios hasta tanto se encuentre precisada la base correspondiente. Posteriormente, se determinarán los relativos a la Alzada.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente en virtud de la excusación de fs. 308.

María Susana Najurieta.

Francisco de las Carreras.

 

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