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Avanza el proyecto para frenar el trabajo en negro

TomadaSin demasiados sobresaltos, el oficialismo firmó ayer el dictamen del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para fomentar el blanqueo de trabajadores no registrados . La iniciativa concede exenciones y reducciones en las cargas patronales para pequeñas y medianas empresas y la aplicación de un duro régimen de sanciones para quienes no cumplan con la ley.

La luz verde del kirchnerismo permitirá que el proyecto se discuta en el recinto el próximo miércoles. Ayer, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, concurrió a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión, y de Presupuesto y Hacienda para defender la iniciativa. «Apuntamos a que, con medidas concretas y cumplibles, el trabajo registrado aumente en nuestro país», afirmó el ministro, en un tramo de las casi tres horas que permaneció en el Senado.

La oposición planteó algunos cuestionamientos. Así, la UCR cuestionó la severidad del régimen de sanciones en comparación con los beneficios que otorga el proyecto a quienes registren a sus trabajadores. No obstante, avaló el objetivo del proyecto de combatir el trabajo en negro.

La postura más dura la planteó el socialista Rubén Giustiniani (FAP-Santa Fe), quien recordó que los regímenes de exenciones de aportes patronales a cambio del blanqueo de trabajadores demostraron su ineficacia en la década del 90, durante los gobiernos de Carlos Menem.

En su exposición ante los senadores Tomada reiteró las cifras oficiales de trabajo no registrado, alternando ese índice entre el 33 y el 33,5%. Pero fue más allá y aseguró que «el 40% de las empresas formales, establecidas, tienen trabajadores en negro» y que «el 58% de las empresas inspeccionadas vuelven a reincidir» en la contratación irregular de empleados.

Ante los reclamos de la oposición sobre la necesidad de flexibilizar el sistema de sanciones contemplado en el proyecto, Tomada se mantuvo firme. «Es necesario la visibilización social de las empresas y empresarios que no cumplen la ley», sentenció.

El ministro defendió, así, la creación de un registro público de empresas sancionadas por no registrar a sus empleados y las penas, que van desde la quita de subsidios hasta la prohibición de acceder a contratos con el Estado.

Esta explicación no conformó a la oposición. «Esto es un Veraz laboral con un régimen sancionatorio excesivo en relación con los beneficios, que son discretos», se quejó Laura Montero (UCR-Mendoza).

Tomada también le bajó el tono al temor, expresado por la peronista disidente Liliana Negre (San Luis), de que las exenciones a las cargas patronales puedan desfinanciar el sistema de seguridad social. Al respecto, explicó que de los $ 4185 millones contemplados en beneficios «más del 50% se están pagando por una ley en vigencia que reduce cargas en los dos primeros años para nuevos trabajadores» y que el resto se compensaría si el nuevo régimen alcanza para registrar a 100.000 trabajadores.

Al final de la reunión, el jefe de la bancada oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), aceptó la sugerencia del radical Gerardo Morales (Jujuy) y aprobó eximir de las sanciones por el despido de trabajadores en casos de emergencia social o natural.

Facundo Moyano, molesto con Massa

Sergio Massa anunció ayer que presentará un proyecto de ley para deducir el pago de alquileres del impuesto a las ganancias. El anuncio, hecho vía Twitter, le generó un cortocircuito con uno de sus aliados, Facundo Moyano, autor de una iniciativa muy similar, presentada en 2012. El joven diputado acusó al ex intendente de Tigre de haberle copiado la idea. «Lo volví a presentar el 8 de abril, ayer lo subí a Twitter y hoy apareció Sergio con este anuncio que nos sorprende», dijo el jefe del gremio de los peajes, a radio Del Plata..
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Fuente: La Nación

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