La verdadera «pelea de fondo» detrás del paro: definir si los nuevos salarios deben seguir el «modelo Caló»

Moyano_hugoHay una parte del paro de hoy que no tiene suspenso: ya todos saben que el sector sindical liderado por Hugo Moyano dirá que fue un éxito y que «se paralizó el país», mientras que el Gobierno afirmará que si no fuera por la falta de transporte y los actos de sabotaje al bloquear los grandes accesos, la gran mayoría de la gente habría concurrido a sus puestos de trabajo.

Pero hay otra pulseada más importante, lo que verdaderamente está en juego en este paro nacional: ganar la batalla de la opinión pública respecto de la cuestión salarial.

El Gobierno, en su carrera contrarreloj para acordar las paritarias de los gremios «amigos», pretenderá instalar la idea de que la negociación por los ajustes salariales es un tema cerrado.

En esa visión, lo que hay que esperar en adelante es una seguidilla de acuerdos que sigan el modelo de los metalúrgicos, con aumentos inferiores al 30%. Esa convicción aparece reforzada por la constatación de que la inflación empieza a desacelerarse después del arranque furibundo del primer bimestre.

El propio Antonio Caló, directivo de la CGT afín al Gobierno, sintetizó el argumento que pretende imponerse en la actual coyuntura económica: «Muchas veces es mejor tener un puesto de trabajo que un buen salario; el sueldo después se arregla».

En la vereda opuesta, Moyano intentará demostrar que la mayoría del país no sólo está temerosa por la marcha de la economía, sino que además rechaza que el salario deba ser la variable del ajuste.

Para él, resulta vital contrarrestar el argumento del Gobierno, según el cual si se exigen mayores porcentajes en las remuneraciones se pone en riesgo la estabilidad del empleo. El incremento logrado por el gremio docente en la provincia de Buenos Aires reforzó la postura de quienes afirman que «plata hay».

Impulsando la «paritaria modelo»
Si bien es cierto que la sucesión de acuerdos disipó el clima de «desborde salarial», también abundaron en los últimos días situaciones de tensión.

De ello dan cuenta la huelga en la autopartista Valeo, el paro previsto por la Unión Obrera Metalúrgica para el 4 de abril (que finalmente suspendió) y las reuniones de urgencia de la Unión Industrial con la Presidenta por la escalada de los reclamos salariales.

Ante esta situación, la estrategia del Gobierno ha sido la de mostrar una «paritaria de referencia», que cumpliera un rol similar, irónicamente, al que en otros tiempos jugaba el «techo Moyano».

Los metalúrgicos de Antonio Caló son quienes juegan ahora el papel que antes tenían los camioneros, que hoy encabezan el paro.

La negociación fue calcada luego por los albañiles de la UOCRA (construcción) y sirvió para generalizar estas condiciones:

• Se paga en dos cuotas acumulativas (15% y 10%). En general, la segunda se aplica durante el segundo semestre.

• Se calcula sobre sumas no remunerativas ya percibidas a fines del año pasado. En otros casos, incorporan montos fijos que sólo tienen vigencia temporal.

• Abre la posibilidad de interpretar diferentes porcentajes de aumento, por la inclusión de sumas fijas como complemento de los ajustes porcentuales.

Así las cosas, el cierre de las primeras paritarias alcanzaron a cerca de un millón y medio de trabajadores y sentaron las bases para que Comercio (SEC) y Bancarios siguieran el camino tomado por Caló, al tiempo que se preparan Estatales (UPCN), Electricidad (Luz y Fuerza) y Textiles (AOT).

Urgido por la cercanía del paro convocado por Moyano, el Gobierno alteró su estrategia inicial, de permitir acuerdos provisorios mediante sumas puente.

En este contexto, las energías del Ejecutivo en los últimos días se concentraron en los bancarios y empleados de comercio, dos gremios de peso que hasta último momento estuvieron coqueteando con la posibilidad de adherirse a Moyano.

«Yo no hago paro, pero poneme algo arriba de la mesa ya», le había dicho el titular de la Asociación Bancaria en una de las últimas reuniones a los funcionarios de la cartera laboral.

Finalmente, el sindicato liderado por Sergio Palazzo acordó un incremento del 29% en una sola cuota, a partir de marzo, junto con el pago de adicionales, sumas fijas y diversos plus.

Así, la negociación bancaria dejó en evidencia el giro operado por el Gobierno. Primero aceptó a regañadientes que el sindicato «pateara» la paritaria a principios de año con una suma puente de $2.200, y ahora lo empujó a que cierre la discusión salarial en menos de una semana.

En tanto, los empleados de Comercio, liderados por Armando Cavalieri, también aceleraron las tratativas y cerraron el martes las bases de un acuerdo para ajustar un 27%, más una suma fija de $2.400 no remunerativos, que llevaría la mejora al 29 por ciento.

El desembolso se pactó en dos cuotas, una del 17% en abril y otra del 10% en septiembre, en forma no acumulativa, más dos pagos de $1.200 cada uno, en julio y en noviembre.

Sin embargo, el cierre «express» al filo del paro no pudo evitar fracturas en algunas facciones gremiales.

Un equilibrio difícil
Si algo ha quedado en evidencia en los últimos días es que para los gremios cercanos al oficialismo no ha resultado fácil el equilibrio entre la alianza política con el Gobierno y la satisfacción de la demanda planteada por las bases.

La aceleración inflacionaria que siguió a la devaluación de enero, sumada al encarecimiento de los servicios públicos, han motivado que en algunos de estos gremios surgieran voces disidentes, con amenazas de rupturas.

Es así que los sindicatos de Sanidad y Alimentación -cuyas paritarias arrancan en los próximos días- se sumaron a la lista de los que exigen incrementos por arriba de la pauta oficial, aunque sin adherir a la medida de fuerza.

«El Gobierno quiere cerrar paritarias y que pierdan los salarios para parar inflación», dijo a iProfesional el titular de Sanidad Capital, Héctor Daer y miembro de los «gordos».

Su análisis es elocuente respecto de cómo la propensión a la conflictividad no es patrimonio exclusivo de Moyano: «Es un ajuste hecho y derecho», sentenció.

En tanto, la CGT opositora no se queda en declaraciones sino que exhibe estadísticas propias de inflación. En su informe, la central advirtió que el incremento de precios anual es del 34,9% y que la canasta familiar ya llega a los 7.120 pesos.

Los números del camionero son un tiro por elevación al Gobierno y a la central de Caló. No sólo implican que el acuerdo «modelo» pierde la carrera contra la inflación prevista, sino que también enterró debajo de la línea de pobreza los nuevos salarios mínimos obtenidos por los metalúrgicos y los albañiles, colocándolos entre los convenios menos favorables del país.

«Cualquier acuerdo por el 30% va en desmedro de los trabajadores y el Gobierno está tratando que el ajuste lo paguen los asalariados», dijo Jorge Solá, uno de los dirigentes de confianza de Moyano, quien advirtió además sobre el riesgo de que los salarios sufran por una nueva devaluación.

Preso de las propias tensiones en su gremio, Caló reconoció apenas cerrada su paritaria que «no es la ideal». En efecto, puertas adentro, la dirigencia metalúrgica no oculta que se necesita «al menos una suba del 35%». Pero inmediatamente aclara: «El 30% es lo que se podía pedir».

Los conflictos metalúrgicos en Córdoba, Santa Fe, Avellaneda, Tierra del Fuego, San Martín, Salto y Puerto Madryn dan la pauta de que el descontento que se vive dentro de algunas fábricas difícilmente se resuelva con el cierre de la paritaria.

El secreto de sus ojos
Uno de los rasgos más llamativos del acuerdo «modelo» cerrado en algunas de las principales actividades es su ambigüedad.

Mientras los gremios que lo suscribieron aseguran que llega al 29%, el Ejecutivo y los empresarios sostienen que se aproximan a la pauta y ronda el 27%. Todo depende con los ojos que se lo mire.

En el caso de los metalúrgicos, el porcentaje que se desprende del convenio alcanza el 26,5%. Ahora bien, la letra chica incorpora sumas fijas al cálculo del ajuste, que implicarían un 2,7% adicional.

Pero hay un pequeño detalle: ese extra son montos que los trabajadores ya percibían a fines del 2013 por lo que en realidad quedarían absorbidos en el nuevo incremento.

En definitiva, siempre aparecen posibilidades como para interpretar que un acuerdo salarial tuvo un porcentaje mayor o menor al que se dio a conocer.

«No hay que olvidarse que estos salarios que se están acordando son en tramos. Entonces si uno suma le da casi un 30%, pero cuando hace el promedio ponderado debe ser un 26% o un 27%», advierte el economista Eduardo Lucita.

En todo caso, lo que resta por verse es si la promesa de Moyano de obtener un incremento superior al 35% será realmente factible.

Las señales no juegan a favor de ese objetivo. Dos días antes del paro se dio a conocer el sombrío pronóstico del FMI, que prevé una suba de apenas 0,5% del PBI.

Hasta ahora, parece cumplirse el vaticinio que había hecho el economista Miguel Bein, para quien en este momento ocurriría lo inverso de otros años del «modelo»: aquellas ramas con mayor posibilidad de recuperación salarial serán las vinculadas al Estado, porque no tienen el temor inminente de la pérdida de puestos de trabajo

Fuente: Infobae Profesional

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