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Busca agilizar Diputados las investigaciones penales

diputados18Oficialistas y opositores acordaron ayer, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, avanzar en la redacción de un nuevo Código Procesal Penal , cuyo eje apuntaría hacia la adopción de un régimen acusatorio, es decir, un sistema que les otorga a los fiscales mayor poder sobre los jueces en las investigaciones penales.

A juicio de los legisladores, este sistema agilizaría los procesos de la investigación penal. La propuesta, que partió de la diputada Patricia Bullrich (Unión Pro), presidenta de la comisión, contó con el apoyo unánime del resto de la oposición y del oficialismo, el cual constituye la mayoría en el cuerpo. Es más, la vicepresidenta de la comisión, la kirchnerista Diana Conti, anticipó que el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto en ese sentido al Congreso, aunque no precisó cuándo lo haría. Por esa razón, los legisladores acordaron que en el ínterin avanzarán con el estudio de una iniciativa propia, la cual se elaborará sobre la base de sendos proyectos ya presentados por los diputados (mc) Oscar Albrieu y Raúl Barrandeguy, ambos del oficialismo.

El Código Procesal Penal regula los procedimientos de la justicia penal de principio a fin. Es el sistema de normas que debe garantizar la imparcial administración de justicia desde el momento de la investigación hasta la sanción de los delitos. Establece quiénes y cómo pueden acusar, investigar y juzgar un delito, qué derechos tienen las víctimas y los acusados, y cómo son todos los procedimientos judiciales que existen entre que alguien acusa a otro de haber delinquido hasta la condena o absolución.

SISTEMA ACTUAL

El Código Procesal Penal actual está vigente desde 1991 y se basa en un sistema semiinquisitivo, en el que el mayor peso de la investigación recae sobre los jueces, que pueden decidir si delegan la pesquisa en los fiscales.

«El nuevo Código debe cambiar por un sistema acusatorio y adoptar la oralidad en los procesos para que los tiempos sean más ágiles», enfatizó la diputada Bullrich, quien insistió en la instauración del juicio por jurados y del principio de oportunidad, con la redefinición del perfil del juez y del fiscal, donde sea el Ministerio Público quien fije las líneas de política criminal a seguir por los fiscales.

«Estamos dispuestos a acompañar el análisis de un nuevo Código; de hecho, el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto», confirmó la diputada Conti. En efecto, en febrero pasado la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, insistió, durante un Congreso Federal sobre Reformas Legislativas en Mar del Plata, en la necesidad de una reforma hacia el régimen acusatorio pues, a su juicio, la víctima contaría con una asistencia integral y se agilizarían los tiempos procesales.

«Estamos de acuerdo con la elaboración de un nuevo Código y no legislar mediante parches, corridos por la agenda pública», coincidió Victoria Donda (Libres del Sur), a lo que su par Manuel Garrido (UCR) agregó: «Ha sido el oficialismo el que ha presentado proyectos de reforma, pero jamás los impulsó. Habrá que ver si ahora hay decisión política de hacerlo».

Mientras se discuta el nuevo Código (para ello se convocará a expertos y a audiencias públicas) la Comisión de Legislación Penal avanzará en algunos temas pendientes. De hecho, LA NACION dio cuenta en su edición de anteayer de que en ambas cámaras hay más de 130 proyectos sobre seguridad demorados, artículo que desató un fuerte malestar en el bloque oficialista.

«El kirchnerismo no frenó esos proyectos; hubo un acuerdo entre oficialistas y opositores para no avanzar en temas penales hasta tanto no esté redactado el nuevo Código Penal», argumentó Conti. Sin embargo, en el propio oficialismo se admite por lo bajo que difícilmente ese anteproyecto, ahora en revisión del Poder Ejecutivo, llegue al Congreso.

Los opositores se encargaron de reclamar el tratamiento de algunas de aquellas iniciativas demoradas.

La diputada Ivana Bianchi (San Luis) propuso debatir medidas de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, mientras que Donda insistió en la instauración de un sistema de protección de testigos de delitos complejos y de un régimen de resguardo de personas en situación de prisión preventiva..

Fuente: La Nación

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