Rechazo de la demanda de daños por filtraciones, porque la actora inició la acción luego de dos años de haber tomado conocimiento de los mismos.

DemandaPartes: López María Estela c/ Consorcio Pasaje Belgrano s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Fecha: 27-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-84592-AR | MJJ84592 | MJJ84592

Rechazo de la demanda de daños y perjuicios por filtraciones, porque la actora inició la acción luego de los dos años de haber tomado conocimiento de los daños.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia recurrida y, en consecuencia, hacer lugar a la excepción de prescripción deducida, pues la demandada logró acreditar que la actora tuvo conocimiento cabal de las filtraciones por las que reclama reparación y de quién podía ser sindicado como su autor, más de dos años antes de la fecha en que finalmente promovió su demanda.

2.-Cuando la generación de los daños constituye un proceso de duración prolongada e indefinida no se puede postergar el comienzo de la prescripción hasta la total terminación o verificación de aquél, ya que ello equivaldría a aceptar la imprescriptibilidad de la acción, lo que es incompatible con la norma del art. 4019 del CCiv.

3.-En la órbita extracontractual la prescripción comienza a correr desde el día de la comisión del hecho ilícito que da nacimiento a la responsabilidad civil, o bien desde la fecha en que el damnificado tomó real y efectivo conocimiento de la existencia del daño y la protección jurídica resulta para él demandable.

Fallo:

En Mendoza, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece, reunidas en la Sala de Acuerdo las Dras. Silvina Miquel, Marina Isuani y Alejandra Orbelli trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 44.961/115.457, caratulados: “López, María Estela c/ Consorcio Pasaje Belgrano p/ daños y perjuicios”, originarios del Cuarto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de Mendoza, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto por la accionada, contra la sentencia de fs. 319/25.

Sustanciado el recurso, la causa quedó en estado de resolver a fs. 374. Practicado el sorteo de ley, se estableció el siguiente orden de estudio: Dras. Miquel, Isuani y Orbelli.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del C.P.C., se plantearon las siguientes cuestiones a resolver.

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?

Segunda cuestión: costas.

Sobre la primera cuestión propuesta la doctora Silvina Miquel dijo:

I. La sentencia de grado hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios deducida por María Estela López contra el Consorcio Pasaje Belgrano, y, en consecuencia, condenó a ese último a abonar a Facundo Federico Narváez, Daira Aneley Narváez y Liz Ainelén Narváez-cesionarios de la actora- prorrateada en partes iguales, la suma de $ 38.000, con más sus intereses. En el decisorio se impuso las costas a la demandada vencida y se reguló honorarios.

El juez sostuvo que, las constancias del expediente administrativo N° 12.173 venido A.E.V y la pericial, revelan que el daño cuya reparación se reclama, resulta del anegamiento del sótano de la gomería que funciona en el inmueble de la actora, producido por pérdidas de la cañería de agua del inmueble colindante al Sur, de propiedad de la demandada.Aseveró que la actora desconocía al 24 de junio de 2004- fecha en que denunció ante la comuna capitalina que se estaba inundando el sótano de su negocio- el origen de las filtraciones; que la pretensora efectuó su denuncia para que la Municipalidad determinara el origen del problema y tomara cartas en el asunto; que los inspectores estimaron que las filtraciones provenían de una pérdida de red de agua del fundo colindante Sur y que, a fin de corroborar dicho extremo, se emplazó reiteradamente a la demandada para que realizara las pruebas hidráulicas pertinentes. Añadió que la emplazada se negó sistemáticamente a realizar dichas pruebas y que, durante el dilatado trámite de las actuaciones administrativas, se verificó mediante nuevas inspecciones (la última de fecha 4 de agosto de 2006) que persistía la inundación de un centímetro de agua que cubría el piso del sótano en toda su extensión. Dijo finalmente que la municipalidad, evidenciando su impotencia para resolver el asunto, en el mes de mayo de 2007 se “lavó las manos”, argumentando que se trataba de una cuestión entre particulares que debía ser dirimida conforme las disposiciones del derecho privado.

Sobre esas bases el juez rechazó la defensa de prescripción deducida por la demandada, en función de lo establecido por el art. 4037 del código civil; adujo que, cuando el municipio se desentendió del asunto, la demanda había sido ya iniciada. Citó además la doctrina judicial que contempla la existencia de perjuicios “continuados” que no se agotan en un momento determinado.

En lo sucesivo desestimó las defensas de falta de legitimación sustancial activa y pasiva opuestas por la accionada. En el primer caso, consideró incomprensible que la demandada haya negado la titularidad que del inmueble por parte de la actora y haya acompañado, para desmerecer las condiciones edilicias del sótano, una serie de planos en los que se consigna a la Sra. María Estela Domitila López como propietaria.En cuanto a la faz pasiva, aseveró que la doctrina y jurisprudencia mayoritarias admiten que el consorcio de propietarios tiene una personalidad propia y que se encuentra legitimado para responder por los daños ocasionados por las cosas comunes a terceros.

Sentó luego que están dados en el caso los presupuestos para hacer efectiva la responsabilidad civil de la accionada y valuó el daño, de conformidad con lo que resulta de la prueba pericial y demás parámetros que consideró.

II. La accionada incoa en la alzada la revocación del fallo de grado, con costas, por los fundamentos que expone.

Como primer agravio plantea que el juez de primera instancia erró en la apreciación de la prueba y el derecho al resolver acerca de la prescripción. Se queja específicamente del punto de inicio del cómputo; dice que en noviembre de 2004 la actora ya conocía cuál era el lindero que le ocasionaba el daño y que, tras la promoción del trámite administrativo, la municipalidad puso en conocimiento de esa parte, el 7 de febrero de 2.005, el resultado de las diligencias tendientes a la individualización del lindero, que posibilitaron el ejercicio de la pretensión indemnizatoria. Aduce que no existía obstáculo para que la accionante promoviera su demanda al momento de denunciar administrativamente al propietario del “inmueble lindero sur”. Cita jurisprudencia.

En el segundo agravio denuncia la quejosa la existencia de errores en la apreciación de la prueba y el derecho en el reconocimiento de la titularidad del inmueble afectado a la accionante. Invoca arbitrariedad, sobre la base de la existencia de una fundamentación sólo aparente. Precisa que no se sabe al día de hoy si la Sra. López fue o es titular del inmueble de mención y que nunca invocó ni acreditó eventualmente la pretensora su calidad de usuaria o su titularidad relativa al fondo de comercio que funciona en el sitio.Como tercer agravio expone que existen en el pronunciamiento de grado errores en la apreciación de la prueba y el derecho al considerar probados los daños invocados por la accionante. También alude en este caso a que el juez incurrió en arbitrariedad; indica particularmente que el razonamiento del fallo es contradictorio e incongruente en el aspecto tratado.

Por último se queja la apelante porque considera que no existe una fundamentación real en la determinación que efectuó el juez de grado con respecto al daño resarcible. Una vez más dice que la sentencia es arbitraria, puntualizando que el juzgador excedió las facultades que le confiere el art. 90 inc. 7 del C.P.C.

III. La actora contesta el traslado de los agravios y solicita el rechazo de la apelación planteada por su contraria, con costas, por los fundamentos que desarrolla y que doy por reproducidos en honor a la brevedad.

IV. Solución del caso.

Propiciaré la admisión del recurso traído a examen, porque considero que la pretensión ejercida en la demanda estaba irremediablemente prescripta al tiempo de interponerse el escrito inicial.

Para abonar la convicción que he expresado me valdré de los argumentos que inclinaron a este Cuerpo a decidir de igual modo en un caso análogo en el que- tal como ocurre en el presente- las partes coincidían en cuanto a la aplicación del plazo bianual establecido por el art. 4037 del código civil, pero discutían acerca del comienzo de ese término y su expiración, en función de la tramitación de previa de una denuncia administrativa o bien de la eventual continuidad del perjuicio (15/03/2013, autos Nº 440/43.865, caratulados: “Rubio, Teresa María Magdalena c/ Caoa, Jorge Alberto y ot.p/ daños y perjuicios”, LS 183-230)

En aquella oportunidad consideré en mi voto la jurisprudencia y la doctrina que concuerdan en cuanto a que, en la órbita extracontractual, la prescripción comienza a correr desde el día de la comisión del hecho ilícito que da nacimiento a la responsabilidad civil, o bien desde la fecha en que el damnificado tomó real y efectivo conocimiento de la existencia del daño y la protección jurídica resulta para él demandable. En esa línea, puse en definitiva en valor que, el inicio del cómputo, tiene lugar en hipótesis del estilo cuando el perjuicio adquiere el carácter de cierto y susceptible de apreciación para el reclamante, tornando con ello ejercitable la acción de que se trata.

En torno a la aplicación de la máxima “actio non nata non praescribitur” (art. 3.956 del C.C.) en los supuestos de daños continuos (es decir, de aquellos que prolongan su evolución temporalmente, extendiendo los procesos de agravamiento indefinidamente), recordé en el mismo pronunciamiento la opinión doctrinaria que postula que, si los daños son sucesivos o continuados, “la regla es que deben considerarse como un daño único y no como varios distintos, y el plazo debe contarse desde el perjuicio inicial” ( Trigo Represas, Félix en Código Civil Comentado, Dir. Kemelmajer de Carlucci- Kiper- Trigo Represas, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2.006, pág. 667). También cité la jurisprudencia de la Corte Federal que en línea afín ha decidido que: “Cuando la generación de los daños constituye un proceso de duración prolongada e indefinida no se puede postergar el comienzo de la prescripción hasta la total terminación o verificación de aquél, ya que ello equivaldría a aceptar la imprescriptibilidad de la acción, lo que es incompatible con la norma del artículo 4019 del Código Civil” (cit. por Mosset Iturraspe, J. en Problemática de la prescripción liberatoria en derecho de daños, Revista de Derecho Privado cit., pág.36).

Particularmente repasé en aquel fallo las decisiones de otros tribunales que desde antiguo han sostenido en casos análogos que: “.Cuando hay daños continuados o efectos continuados de un mismo hecho ilícito, la prescripción del art. 4037 del Cód. Civil comienza a computarse desde el momento originario. De lo contrario, cada efecto dañoso (derivado de un mismo hecho ilícito) tendría autonomía de computación”. Mencioné asimismo que, para esa perspectiva, el plazo de prescripción ha de computarse en estos casos desde que se produce el hecho ilícito- pues ese hecho es el que origina el derecho de indemnización- siempre que el damnificado no pruebe que ignoraba la existencia del mismo o la identidad del autor, lo que se extiende a aquellos perjuicios que se manifiestan con posterioridad (CNac. Ap. en lo Civ. y Comercial, Sala I, 26/04/82, “Missaglia de Fernández, Armanda A. y ots. c/ Consorcio de Propietarios Colombres 45/47”, LL 1.982- C- 299).

Evoqué además la doctrina judicial que más recientemente ha sentado que: “El plazo de prescripción de la acción por daños y perjuicios debe computarse a partir del daño, dejándose a salvo los supuestos en que el damnificado haya tenido conocimiento del hecho perjudicial con posterioridad al daño, en cuyo caso debe probarlo”, aunque ha admitido un cómputo diferente del plazo de prescripción en los casos en que se presenta un daño sobreviniente, que no implica la prolongación más o menos previsible de un proceso ya conocido (CNAp.Civ., Sala C, 7/12/87, “Dal Pont, Virginia E. c/Moy, S.A.”, LL 1.988-D-102. En la misma línea, véase el voto de la minoría en fallo de la CNACiv y Com. 2da. Nominación de Santiago del Estero, 23/08/07, “Gramajo, Aída Luz c/ Bazán, Nilda Ramona”, La Ley online; cita online: AR/JUR/6156/2007. En el orden local: CC2, 03/03/98, autos Nro. 128.166/24.718, “Fiore, Tomás A. c/ Jorge A.Martín p/ d y p”, LS 91- 246).

Sobre las referidas bases, estoy en condiciones de precisar también aquí mi posición relativa a que, si se está frente a un daño único, que sólo persiste o se agravaba en el tiempo, la prescripción liberatoria debe comenzar a contarse desde la producción del ilícito.

Ahora bien, resulta que en el precedente que vengo citando se daba, como ocurre en autos, la privación mencionada. Por ello, en aquella oportunidad se estableció el “dies a quo” en el momento en que la actora tuvo cabal noticia del perjuicio inicial, lo que aconteció en la fecha en que ella constató en el inmueble de su propiedad la presencia dañosa o potencialmente dañosa del agua que provenía del predio colindante. En el caso bajo examen- donde, como dije, también existe un daño único, que prolongó sus efectos en el tiempo- no es posible sin embargo aplicar estrictamente aquel criterio de cómputo, dado que, si bien es de toda evidencia que la Sra. María Estela López constató previo a efectuar su denuncia ante la comuna capitalina la inundación que sufría el sótano del inmueble sito en Belgrano Nro. 585 de Ciudad, también lo es que, en su presentación del 22 de junio de 2004, manifestó desconocer la procedencia de la filtración dañina. Ese último constituye para mí un dato relevante, que indica la existencia de un obstáculo para la promoción de la acción y, consecuentemente, para el inicio del curso del plazo de prescripción extintiva (fs. 1 A.E.V.).

El impedimento cesó empero cuando se concretó la inspección de obra el día 25 de junio de 2004, oportunidad en la que la inspectora Rafaela Magaña vinculó el origen de la filtración con la edificación lindera, situada Belgrano 569/79 (fs. 3 A.E.V.). En tal sentido y dado que la responsabilidad debería juzgarse en la especie conforme la regla establecida en el art.1.113, segundo apartado, segundo párrafo del Código Civil, infiero que, a partir de ese momento, el o los presuntos responsables del daño pudieron ser fácilmente cognoscibles para la pretensora, a través de la realización de las diligencias idóneas correspondientes (v.g. por vía de informe requerido al Registro de la Propiedad Raíz de Mendoza).

Buscando la mejor alternativa para la apelada, verifico en cualquier caso que, según constancias del expediente administrativo, el 6 de octubre de 2.004 la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Mendoza certificó que, en sus registros, el inmueble ubicado en Belgrano 561, PB A PH estaba anotado a nombre de Carlos Alberto Videla, María Eliana Videla de Briggiler y Juan Pablo Videla. Es decir, poco más de tres meses después de producirse la denuncia, ya constaba en el expediente administrativo información relativa a los titulares de dominio que eventualmente podían ser sindicados como responsables.

De su lado, también tomo en consideración a los mismos fines que, el 19 de noviembre de 2004, el Inspector Hugo Lucero, tras realizar una inspección en el inmueble de Belgrano 585, verificó huellas de filtraciones de agua en paramento Sur y piso del sótano, aunque no pudo precisar el punto del muro divisorio donde la filtración se producía, “por encontrarse el sector delantero del sótano ocupado totalmente por cubiertas de automotores”. Más adelante, el 15 de diciembre de ese mismo año, el mismo funcionario manifestó que: “Con motivo de una filtración de agua verificada hace aproximadamente 10 días, se le requirió al propietario del inmueble el despeje de acumulaciones de neumáticos acopiados junto al divisorio Sur y que impiden totalmente poder investigar el lugar exacto en que se producen las filtraciones de agua en forma esporádica en el divisorio en cuestión a nivel del 2do. Subsuelo” (fs.9 A.E.V.).

De lo expuesto anteriormente surge que, en la mejor hipótesis para la apelada, es posible coincidir con la quejosa en cuanto a que, en el mes noviembre de 2004, la actora sin duda estaba en condiciones de conocer que la filtración provenía del único lindero que tiene la propiedad afectada hacia el Sur y de realizar las indagaciones necesarias para identificar al responsable del daño. Dentro del mismo marco, pongo asimismo en relieve que, las constancias reseñadas indican que no sólo la accionada incurrió en conductas dilatorias, sino que la propia denunciante hizo lo propio, según lo evidencian los largos meses que pasaron sin que la autoridad administrativa lograra determinar el punto exacto por vía del cual se producía la emanación líquida que la afectaba, por la existencia de neumáticos en el sótano del inmueble que lo impedían.

De nada de lo anterior se hace cargo la apelada, quien, además de reprochar las dilaciones atribuibles a la accionada-que son reales, insisto, pero que no inciden en cuanto al tema de la prescripción- soslaya la significación que tienen, en contra de su posición, las actuaciones llevadas a cabo en el expediente administrativo, entre la fecha de su denuncia y la supuesta notificación que allí se le practicó el 19 de enero de 2005 (la cual, en realidad, sería la que se llevó a cabo el 7 de febrero de ese año, según constancias de fs.9 vta. del expediente que en copia tengo a la vista).

Como derivación de lo expuesto tengo para mí que la demandada- que tenía prioritariamente la carga de hacerlo- logró acreditar en estos obrados que su contraparte tuvo conocimiento cabal del menoscabo por el que reclama reparación y de quién podía ser sindicado como su autor, más de dos años antes de la fecha en que finalmente promovió su demanda.No comparto por ende lo que sostuvo el magistrado que previno cuando fijó en el día 2 de marzo de 2006 la fecha inicio del cómputo del plazo prescriptivo, dando a sus efectos valor a una presentación de la pretensa damnificada en el expediente administrativo, efectuada largo tiempo después de que esa parte formulara su primera denuncia (24/06/04). Considero, por el contrario, que esa actuación sólo resulta corroborante de la convicción que he expresado. Entre otras razones sobre las que no me parece necesario profundizar, destaco a tal fin que, en la ocasión de mentas, la antecesora de los apelados solicitó la clausura o corte de servicio de agua en el inmueble de calle Belgrano 569/549 invocando que existía “una gravísima pérdida de agua derivada de alguna de las unidades que componen ese complejo habitacional y que ha generado reiteradas filtraciones con la consecuencia de permanente inundación en el sótano del inmueble.” (se refería al sito en Belgrano 585/91). Dijo también la Sra. López que la situación de la que daba noticia había sido puesta en conocimiento del Municipio el 22 de junio de 2.004, sin que se brindara solución a su problema, pese al tiempo transcurrido. Aludió incluso la nombrada a un agravamiento de la situación de su propiedad, que seguía anegada.

Todo indica- permítaseme subrayar una vez más tal cosa- que la actora reconoció aquel día de marzo de 2006 que, las consecuencias que describía, se vinculaban con los hechos que su parte había puesto de manifiesto en la primera denuncia. En ningún momento refirió la administrada la existencia de nuevos hechos productores de menoscabo que, por excepción, de existir, podrían haber determinado, un cómputo diferente.Nada en sentido contrario surge de la demanda, ni de la pericial en la que se mencionan las consecuencias que se produjeron durante el tiempo en que el suelo estuvo anegado, consistentes en el deterioro superficial de muros de ladrillones Sur y Este del sótano, deterioro de pintura, oxidación de llantas depositadas en el sitio, etc. Tampoco son significativas para modificar la convicción que he expresado la constatación notarial y las diversas inspecciones llevadas a cabo por el Municipio interviniente. Destaco una vez más y por sobre todo, que no fluye de esas constancias la existencia de nuevos daños, sino de un menoscabo que, a falta de prueba en contrario, se infiere se corresponde con los hechos que motivaron la denuncia administrativa ya mencionada.

Para concluir y a todo evento, atenderé a los argumentos que vierte la apelada- tardíamente, pero en la única oportunidad que se le dio para hacerlo- relativos a la incidencia suspensiva o interruptiva que tendría en la especie la promoción de las actuaciones administrativas.

Destaco a tal efecto, por empezar, la contradicción que comporta un argumento que sostiene que el inicio del cómputo de la prescripción tuvo lugar en el mes de marzo de 2006, pero, por otro lado, asigna efectos interruptivos o eventualmente suspensivos a las actuaciones administrativas iniciadas en junio de 2004. Sin perjuicio de la contradicción que señalo, puedo de cualquier modo mencionar- como lo hice en el precedente que inicialmente cité- que este Cuerpo tiene fijada posición coincidente con la de quienes so stienen que, la reclamación administrativa, puede obrar como interruptiva de la prescripción en ciertos casos y como causal suspensiva, en otros. Según ese criterio, para determinar si ha ocurrido lo primero- interrupción- debe analizarse inicialmente si, en el caso concreto, la reclamación administrativa de la pretensión era necesaria o no como presupuesto previo para la iniciación de la acción judicial.Si el reclamo previo era necesario, corresponde entonces asignarle al mismo efectos interruptivos; si no lo era, sólo cabe atribuirle efectos suspensivos del curso de la prescripción, conforme con lo que prevé la normativa general plasmada en el código civil.

Para la doctrina judicial que cito y comparto, el reclamo administrativo “no necesario” vale en todo caso, si cumple los recaudos correspondientes, como interpelación efectuada en forma auténtica (SCJMza., 29/12/2.009, causa n° 96.041, caratulada: “Fiscalía de Estado en J° 45.680 Ferreyra Filadelfo c/Superior Gbno. de la Provincia de Mendoza p/ D Y P s/ Inc. Cas”). En esta última hipótesis, el tema se vincula con lo establecido en el último apartado del art. 3986 del cód. civil, que hace referencia a la suspensión que se produce, por única vez, por la constitución en mora del deudor- suspensión por interpelación, para mayor precisión- efectuada en forma auténtica, que produce la paralización del plazo durante un año o el menor término que pudiese corresponder a la prescripción de la acción. -En el caso, es de toda claridad que la promoción del reclamo administrativo no era un presupuesto ineludible para la reclamación judicial. En segundo lugar también es posible verificar que, la denuncia administrativa, no contiene ninguna interpelación que reúna los recaudos exigidos para que opere la suspensión, en los términos que emanan de la norma anteriormente mencionada.En función de esas circunstancias, considero desde todo punto de vista inviable asignar a las actuaciones de mención carácter interruptivo o suspensivo del plazo de la prescripción, que inexorablemente había expirado al tiempo de promover la actora la demanda (12/03/07).

Por todo lo expuesto y si mi opinión es compartida procede acoger el recurso planteado por la accionada y revocar la sentencia de grado, sustituyéndola por la decisión que corresponde, según previamente establecí.

Así voto.

Las doctoras Marina Isuani y Alejandra Orbelli adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta la doctora Silvina Miquel dijo:

Las costas de ambas instancias son a cargo de la vencida (art. 36 inc. I C.P.C.).

Así voto.

Las doctoras Marina Isuani y Alejandra Orbelli adhieren, por sus fundamentos, al voto que antecede.

Con lo que se dio por concluido el presente acuerdo dictándose sentencia, la que en su parte resolutiva dice así:

SENTENCIA:

Mendoza, febrero 27 de 2.014.

Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE:

1.- Acoger el recurso de apelación promovido por la accionada en autos y revocar en consecuencia la sentencia de fs. 319/25, que queda en definitiva redactada de la siguiente manera:

“I.- Hacer lugar a la defensa de prescripción interpuesta por la demandada en autos. Por tanto, desestimar la acción por daños y perjuicios deducida a fs. 56/60 por María Estela López contra el Consorcio Pasaje Belgrano, con costas a cargo de la accionante vencida.

II.- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, estimados a la fecha de la presente resolución y sin perjuicio de la alícuota que por el I.V.A. pudiere corresponder, de la siguiente forma: Dr. Jorge Luis Carrizo en la suma de pesos mil seiscientos cuarenta y seis ($1.646); Dr. Eduardo L. Annibaldi en la suma de pesos . ($.); Dr. Huberto M. Azcurra en la suma de pesos . ($.); Dr. Diego Américo Arias en la suma de pesos . ($.); Dr. Fernando A.Fernández Rosake en la suma de pesos .($.); Dr. Armando Alejandro Giménez en la suma de pesos . ($.); Dra. Ana Inés Vinzia en la suma de pesos. ($.); Dr. Emilio Gustavo Colombo Malnis en la suma de pesos . ($.); Dra. Juliana Acevedo en la suma de pesos . ($.) y Dr. Carlos A. Alico en la suma de pesos . ($.). –

III.- Regular los honorarios del perito actuante, Ing. Juan Carlos Laudicina, en la suma de $ 1.140, estimada a la fecha de la presente resolución y sin perjuicio de la alícuota que por el I.V.A. pudiere corresponder”.

2.- Imponer las costas de la alzada a la parte que resulta vencida.

3.- Regular los honorarios profesionales correspondientes a los doctores Emilio G. Colombro Malnis, Armando A. Gimenez y Diego Américo Arias en las sumas respectivas de pesos. ($.); pesos . ($.) y pesos . ($.), a la fecha (arts. 15 y 31 LA).

NOTIFÍQUESE Y BAJEN.-

Silvina Miquel. Juez de Cámara.

Marina Isuani. Juez de Cámara.

Alejandra M. Orbelli. Juez de Cámara.

 

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