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La asociación civil no responde frente a los daños sufridos por quien asistiera a un recital de rock realizado en su beneficio.

recital-divididos2-ampliacion.JPGPartes: C. P. G. y ots. c/ Asoc. Civil Club General San Martin y ots. s/ d. y p. (con exc. cont. alq.) s/ inc.

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 21-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-82715-AR | MJJ82715 | MJJ82715

No corresponde condenar a una asociación civil que cumple una función social y humanitaria, por los daños sufridos por el hijo de los actores en un recital de rock, pues dicho espectáculo fue realizado a beneficio de dicha entidad, no revistiendo ésta el carácter de organizadora.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto condenó a la asociación civil -no demandada-, en carácter de organizadora, por los daños sufridos por los actores a consecuencia de las lesiones que padeció su hijo en un recital de rock, pues el hecho que el recital haya sido a beneficio de la entidad no implica darle el carácter de organizadora, cuando de su propia constitución surge que no dispone de los medios técnicos, económicos ni humanos para afrontar tamaño evento; la afirmación contraria implicaría, en los hechos, imposibilitar a este tipo de instituciones que cumplen una función social y humanitaria de enorme trascendencia, que no acepten ser convocadas como beneficiarias de algún evento por el temor de ser responsables de los daños que se produzcan.

2.-Resulta improbable que la presidente de la institución que está dedicada y preocupada en asistir a los menores que viven en el lugar y en dar de comer a las personas que concurren diariamente al comedor, con las limitaciones físicas que tiene, pueda haber estado en la organización de un recital de rock de gran envergadura, ni mucho menos que sea su productora, por lo que no cabe responsabilizarla por los daños producidos en dicho espectáculo.

3.-Si el tercero no está obligado a comparecer al proceso, la justificación del Tribunal para no analizar si podía alcanzarle la condena resulta arbitraria, al incurrir en omisión de pronunciamiento, desde que el tema de la citación formó parte del litigio y su alcance debió ser analizado dadas las particularidades que el caso presentaba: un citante que requirió la citación para facilitar el ejercicio de una posible acción de reintegro y otro que fue citado (la banda de rock) en el mismo carácter y efectuó la citación de la asociación civil como principal.

4.-El codificador no legisló separadamente el llamado en garantía y la denuncia de litis, radicando la diferencia de ambos institutos en que mientras en el primero se ejerce una pretensión, en la denuncia sólo se comunica formalmente la pendencia de la causa sin que se ejerza pretensión alguna; es lo que el art. 94 del CPCCN. legisla impropiamente como intervención obligada y es la que pueden formular el actor en el escrito de demanda y el demandado en el plazo para oponer excepciones previas o para contestar demanda, respecto de aquél que consideren que la controversia es común.

Fallo:

En Mendoza, a veintiún días del mes de noviembre del año dos mil trece, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 106.437, caratulada: «ASOCIACION CIVIL BRAZOS ABIERTOS EN J° 14.470/33.406 C. P. G. Y OTS. C/ ASOC. CIVIL CLUB GENERAL SAN MARTIN Y OTS. P/ D. Y P. (CON EXC. CONT. ALQ.) S/ INC.»

De conformidad con lo decretado a fs. 80 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. OMAR PALERMO; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; tercero: DR. JORGE H. NANCLARES.

ANTECEDENTES:

A fs.16/27 la Asociación Civil Brazos Abiertos, por intermedio de apoderado interpuso recurso extraordinario de Inconstitucionalidad contra la sentencia de fs. 1840/1864 de los autos N° 114.470/33.406, caratulados: «C. P. G. c/Asoc. Civil Club Gral. San Martín y ots» de la Cuarta Cámara de Apelaciones de esta Circunscripción Judicial.

A fs 40 se admite formalmente el recurso, ordenándose correr traslado a la contraria.

A fs 46/47 contesta la actora quien manifiesta no tener interés jurídico en el planteo, idéntica posición asume Fiscalía de Estado a fs. 49/51. A fs. 57/63 vta. efectúa la contestación el Club Social y Deportivo General San Martín, quien solicita el rechazo del recurso deducido.

A fs. 74/75 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconseja el rechazo del recurso deducido.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs.80 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR.OMAR PALERMO, DIJO:

Los antecedentes de la causa relatan que los Sres. C. y la Sra. A. A., a través de representante, promovieron demanda ordinaria para reclamar los daños sufridos a consecuencia de las lesiones que padeció el hijo de ambos: P. G. C. en un recital de rock. El Sr. C. también compareció en carácter de curador de su hijo.

Relataron que el día 12/4/2003 aproximadamente a la 1,45 hs. el joven salía de un recital de rock del grupo «Bersuit Vergarabat» que se realizó en las instalaciones del Club General San Martín, denominado «Estadio Pacífico», cuando se produjo una avalancha, lo que motivó la caída de Pablo y su aplastamiento por la masa de gente quedando en estado vegetativo.

Demandaron al organizador del espectáculo, señalando que era el Sr. Belisario «Bebe» Albarracín» productor de recitales de rock, al propietario del estadio: Club Social y Deportivo Gral. San Martín y a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El codemandado Albarracín al contestar demanda opuso la falta de legitimación sustancial pasiva, afirmó esencialmente que la producción, organización y comercialización del espectáculo resultó ser exclusivamente la Asociación Civil Brazos Abiertos. El club demandado al contestar demanda requirió se integrara la litis con los integrantes de la banda musical, con el Sr. Albarracín y con la Asociación Civil Brazos Abiertos. La Municipalidad también solicitó la integración de litis con los integrantes de la banda. Ambos formularon la citación con el objeto de asegurar una eventual acción regresiva en caso de ser condenados.

Por último, los integrantes de La Bersuit solicitaron la citación al proceso de la asociación recurrente en autos, en su calidad de empresaria del show y la de la aseguradora, La Segunda Cooperativa de Seguros.

La actora se opuso a la integración de litis dando razones de su oposición respecto del codemandado Albarracín y de la banda musical (fs.174/175), el Juez de origen no hizo lugar al rechazo formulado, ordenó la citación de los integrantes de la banda y la del presidente y autoridades integrantes de la «Fundación Brazos Abiertos», corriéndoles traslado de la demanda (fs.177 y vta. y 354), efectuando la citación conforme al art.25 del C.P.C.

La Asociación recurrente no contestó demanda. Luego de ordenada la sustanciación de la causa, la Sra. Nidia Soto compareció al proceso en su calidad de presidenta de la Asociación Brazos Abiertos y constituyó domicilio legal (fs. 408/411). Al momento de los alegatos afirmó que no era parte del proceso y que si eventualmente la citante resultara condenada, podría iniciar el correspondiente juicio de repetición en su contra.

La sentencia de primera instancia admitió la legitimación pasiva del club, de Brazos Abiertos, de la banda musical y de la municipalidad y la rechazó respecto del Sr. Albarracín por falta de pruebas de su vinculación con el grupo musical actuante.

La sentencia fue apelada por la actora, sus profesionales y los demandados que fueron condenados.

Al expresar agravios la Asociación Brazos Abiertos, afirmó que la sentencia había omitido considerar que no era parte en el proceso, que no fue demandada por la actora, por ello la sentencia no podía alcanzarla.Agregó que la Asociación era un comedor comunitario que da comida a más de 500 personas (niños y ancianos). Que debía determinarse qué tipo de empresarios de medios artísticos buscan a este tipo de asociaciones para ponerlas de pantalla y evitar el cobro de impuestos, que la participación de la recurrente en la organización era nula y que los beneficios obtenidos mínimos.

En lo que es materia de recurso extraordinario, el Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso deducido por la Asociación Brazos Abiertos conforme los siguientes fundamentos:

La Ley 6.444 impone como obligación a toda persona física o ideal que explote lugares públicos de diversión el deber de cumplir una serie de medidas, tendientes a la seguridad y control de las personas que concurren a esos lugares.

– De la prueba incorporada surge que la Asociación Brazos Abiertos celebró con el Club Social y Deportivo José de San Martín un contrato por el cual el Club cedió el derecho para el uso del Estadio Pacífico para la realización del recital de la Bersuit Vergarabat para los días 11 y 12 de abril de 2003. La fundación se obligó a mantener el orden interior y exterior de las instalaciones, contratar guardias de seguridad para la vigilancia interna y externa, contratar los servicios municipales, haciéndose responsable de cualquier hecho que suceda.

– Si la Fundación Brazos Abiertos fue la organizadora del espectáculo, debe responder por los daños causados a los asistentes, en función de la obligación de seguridad y el cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes 6.444 y 24.240.

– La situación no varía por el hecho que la asociación no haya sido demandada por los actores, porque igualmente formó parte de la litis dada la citación efectuada por el Club General San Martín a fs. 156 vta. de autos, que fue resuelta favorablemente a fs.177.Resulta irrelevante que se trate de una entidad sin fines de lucro, pues la obligación aparece impuesta a toda persona física o jurídica sin discriminar el fin que persiga.

Contra la sentencia la Asociación Brazos Abiertos planteó recurso extraordinario de Inconstitucionalidad, fundado en el art. 150 inc. 5 del C.P.C.

Afirma que la sentencia resulta arbitraria por violación del derecho de defensa, por no estar fundada en derecho y estar sustentada en principios dogmáticos. Sostiene que, como límite del principio iuria novit curia el Juez bajo ningún aspecto puede modificar la demanda, ni en el caso de autos la citación efectuada ni la no aceptación formulada por el actor. Que la condena a Brazos Abiertos cuando no fue demandada importa cambiar el objeto y causa de la citación. Que el alcance de la citación efectuada por el Club respecto del citado, nace de la legislación contenida en los arts. 699, 1109, 1122 y 1123 y conc. del C.C y del contrato acompañado.

SOLUCION DEL CASO:

En autos no se discute la existencia del hecho, ha quedado acreditado que la víctima sufrió el daño cuando se encontraba presenciando un recital del grupo musical, conocido comúnmente como «La Bersuit», como consecuencia de una avalancha que se produjo en el estadio en momentos en que el joven C. pretendía salir, al igual que la mayoría de los asistentes, a tomar aire al patio, oportunidad en la que cayó al suelo y fue gravemente lesionado por la masa humana, al producirse una suerte de embudo en la salida.La condena ha quedado firme respecto a la banda musical que no recurrió y al club demandado que si bien recurrió, sus recursos se declararon caducos conforme resolución de fecha 10/9/2013 (autos N° 106.815). La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza también recurrió mediante autos N° 106.607 en los que recayó sentencia en el día de la fecha que rechazó el recurso interpuesto.

La Asociación Civil Brazos Abiertos a través del recurso extraordinario interpuesto ante esta Sede, deduce fundamentalmente dos agravios: uno referido a la condena en calidad de organizadora y el otro, por habérsela condenado como parte, cuando en realidad no ostentó tal calidad en el proceso. Como se advierte, la cuestión a resolver es de interés exclusivo de la institución condenada y quienes la trajeron al proceso: el club Pacífico y la banda musical, y al solo efecto de la acción recursoria que pueda llegar a ejercerse.

Por tanto, debo analizar si existe arbitrariedad en la sentencia en estos dos aspectos.

I- Responsabilidad del organizador del espectáculo público:

En materia de espectáculos públicos, la doctrina y jurisprudencia coinciden en señalar que entre el organizador del acto y los espectadores existe un verdadero contrato y, en consecuencia, en caso de que alguno de estos últimos sufra algún perjuicio, le bastará con acreditar que lo padeció durante el desarrollo del espectáculo, sin necesidad de probar la culpa del organizador. Es a él a quien le incumbe probar la eximente (Llambías «Obligaciones», Tomo III pág. 594 y su nota «Responsabilidad civil proveniente de accidentes deportivos», en E.D 47-950, n° IV; Trigo Represas en Cazeaux-Trigo Represas, «Derecho de las obligaciones», Tomo III, pág. 170).

En sentido coincidente se ha señalado que:»en un contrato de espectáculo público desde el momento en que el organizador ofrece a un público indeterminado la celebración del mismo, no sólo asume la obligación de su simple ejecución, sino que se compromete también a adoptar todas las precauciones necesarias para que el espectáculo se efectúe sin peligro para los asistentes». Ese deber de seguridad que es de resultado obliga antes, durante y después de concluido el espectáculo a que los asistentes no sufran daño en su persona o en sus bienes.

La responsabilidad encuentra un doble orden de fundamentos: la conexidad funcional de los distintos contratos y el aprovechamiento económico común que la exhibición del evento persigue. De allí que la responsabilidad puede alcanzar en forma solidaria a todo aquél que participa y se beneficia en esta misma actividad económica organizada del espectáculo, privilegiando así el aspecto funcional de la organización económica empresarial global por sobre el aspecto formal de las manifestaciones externas (Cám. Nac. Civ. Sala H «Díaz Fernando F. c/ DG Producciones S.A y otro» del 17/8/05, pub. En Revista de Responsabilidad Civil y Seguros 2006, 721).

II La calidad de organizadora de la Asociación Brazos Abiertos.

Establecidos los principios generales de la responsabilidad del organizador de un espectáculo público, debo analizar si la Asociación Civil Brazos Abiertos revistió o no tal calidad en el recital en el que resultó dañada la víctima.

Entiendo que el decisorio recurrido al condenarla como organizadora, sin tener en cuenta que nunca fue demandada en tal calidad por la víctima, no ha efectuado un adecuado análisis de cuál ha sido realmente la participación de la institución en el evento. Si bien es cierto que de la instrumental obrante en la causa, principalmente a fs.179/198, surge que quien firmó en calidad de organizadora del espectáculo fue la Presidenta de la Asociación Civil, un análisis pormenorizado de las circunstancias fácticas existentes en autos, impiden otorgarle tal calidad.

En primer lugar, si se considera el significado gramatical de la palabra organizar, según el diccionario de la Real Academia Española que la define como: «Dar a las partes de un todo la organización que necesitan para poder funcionar. Establecer. Disponer. Ordenar», y se atiende a las particularidades de la Asociación, difícilmente pueda considerársela como organizadora de un espectáculo de rock de la magnitud que tuvo el recital, ya que se trató, ni más ni menos, de una de las bandas de mayor importancia a nivel musical en nuestro país, con una asistencia de aproximadamente cuatro mil espectadores.

En efecto, la Asociación es una institución que tiene sede en un barrio carenciado del distrito Panquehua del departamento de Las Heras, que alberga a menores en riesgo, además funciona como comedor comunitario y asiste con mercaderías a familias de la zona. Su presidente, la Sra. Nidia Soto, es un persona de avanzada edad, cuya labor solidaria ha sido reconocida en reiteradas ocasiones por los principales medios periodísticos nacionales y de la provincia de Mendoza. Como reconocimiento a la importante tarea que efectúa en beneficio de los más indefensos y necesitados, ha sido nominada para diversos premios (consultar http://www.premioabanderados.com.ar/abanderado/ 23, http://www.mercedessoto.org).

Lamentablemente, la institución que preside el año pasado también resultó ser noticia, por diversos hechos que sufrió: un incendio primero y un saqueo después, que motivaron la realización de distintos eventos a beneficio por parte de distintas entidades para mitigar el daño (ver nota periodística de fs.30).

Esta realidad, que no aparece reflejada en la sentencia en recurso, me obliga a preguntarme si es posible que la Asociación Brazos Abiertos, más allá de lo que surge de la documental acompañada en autos, tenga la capacidad técnica y operativa para organizar un espectáculo de la envergadura de un recital de rock, con una de las principales bandas del país, y con toda la complejidad que ello implica a nivel de organización.

La respuesta no puede ser otra que negativa si se considera cuál es el objeto y fin de la institución y cuál es la realidad de la institución que funciona en la casa particular de su presidente.

Frente a esta realidad, no puede considerarse lógicamente que la Asociación pueda ser empresaria del rubro, en el sentido funcional de una organización económica. Ninguna prueba existe en autos que permita afirmar que haya existido un beneficio económico tal, en favor de la asociación, que justifique que deba soportar las consecuencias dañosas.

El hecho que el recital haya sido a beneficio de la entidad, no implica darle el carácter de organizadora, cuando de su propia constitución surge que no dispone de los medios técnicos, económicos ni humanos para afrontar tamaño evento. La afirmación contraria implicaría, en los hechos, imposibilitar a este tipo de instituciones que cumplen una función social y humanitaria de enorme trascendencia, que no acepten ser convocadas como beneficiarias de algún evento por el temor de ser responsables de los daños que se produzcan. Tal situación, lejos de significar una ayuda importaría un perjuicio.

Lo expuesto, impide considerar a la institución como organizadora conforme al significado gramatical de la palabra, desde que conforme a su realidad constitutiva y funcional aparece como un hecho imposible que haya efectivamente sincronizado a todos los elementos que coadyuvan para la realización de un recital.Resulta improbable que la presidente de la institución que está dedicada y preocupada en asistir a los menores que viven en el lugar y en dar de comer a las personas que concurren diariamente al comedor, con las limitaciones físicas que tiene, pueda haber estado en la organización de un recital de rock de tamaña envergadura; ni mucho menos que sea su productora.

Por otro lado, y más allá de la cuestión impositiva que aduce, la recurrente ha sostenido que el verdadero organizador fue el Sr. Bebe Albarracín. El Sr. Albarracín, como se dijo, fue demandado en autos en carácter de organizador y quedó fuera de la litis por haberse admitido en primera y segunda instancia la defensa de falta de acción interpuesta al contestar demanda. No obstante ello, advierto que su participación en el evento ha sido invocada no solamente por la actora, sino por los otros codemandados los integrantes de la banda y el club demandado, quienes de ningún modo podían desconocer quién era la persona que actuó realmente en la organización del espectáculo.

No obstante no poder ingresar en el tema de la responsabilidad de Albarracín, desde que ha quedado firme lo resuelto por la Cámara en este aspecto, las afirmaciones de la institución demandada referidas a que sólo era un recital en su beneficio y que no fue parte de la organización no obstante aparecer como tal en los contratos de locación, resultan acordes con las constancias de la causa.

Por otro lado, si Brazos Abiertos hubiese sido realmente la organizadora del espectáculo, no encuentro explicación al hecho de que la actora no demandó a la institución y persistió en su actitud aún después de que el club la citara a integrar la litis, oponiéndose a esa integración primero, e insistiendo en la condena del Sr. Albarracín como organizador del espectáculo después.Si bien es cierto que la víctima no está obligada a demandar a todos los que resultan solidariamente responsables, en el caso la actora no sólo no demandó sino que implícitamente negó la calidad de organizadora de Brazos Abiertos e insistió en la responsabilidad de Albarracín en tal carácter.

Otro elemento relevante es que el propio demandado Albarracín, no obstante afirmar en su responde que toda la organización, comercialización y producción del evento estuvo en manos de la Asociación Brazos Abiertos, nunca solicitó se integrara la litis con dicha institución. Llama poderosamente la atención, además, el hecho que al contestar demanda acompañara toda la documentación referida a los contratos celebrados relacionados con la organización del espectáculo, si, como lo afirmó, ninguna relación tenía con el evento.

Ninguna de estas cuestiones han sido valoradas suficientemente por las instancias de grado que se atuvieron únicamente a la prueba instrumental obrante en la causa, sin analizar concretamente si la institución podía resultar verdaderamente organizadora conforme las particularidades que el caso presentaba y a las que me he referido precedentemente.

El análisis que efectúo en modo alguno implica perjudicar a la víctima, ya que sus representantes han manifestado su falta de interés en demandar a la institución y además su crédito indemnizatorio tiene otros obligados al pago: la Municipalidad de la Capital, el Club Pacífico y la banda interviniente. Además, como lo explicaré a continuación, la actora carece de interés jurídico en la condena a Brazos Abiertos, ya que de haberse considerado por el fallo el carácter en el que fue traída al proceso, nunca se la pudo condenar como parte legitimada pasiva. En efecto, al no haber sido demandada y sólo citada a integrar la litis por el club demandado y el otro citado: la banda musical, sin que la actora aceptara tal citación; su condena tendría relevancia solamente para asegurar las eventuales acciones de regreso que pudieran existir.III La citación de la Asociación y sus efectos.

El otro de los agravios deducidos por la recurrente es el referido a que la sentencia ha omitido analizar el carácter de su intervención en el proceso, cuestión que impediría su condena ya que fue citado únicamente para asegurar el éxito de una eventual acción r egresiva de su citante.

Asiste razón parcialmente a la quejosa. En efecto, la recurrente en autos fue citada al proceso por el Club demandado en la forma de denuncia de litis para garantizar la posible acción de regreso en su contra, en caso de resultar el citante condenado (fs. 134). También fue citado por los integrantes de la banda musical, a su vez citada en autos, pero en calidad de principal para una adecuada constitución de litis.

El tribunal a fs.177 y vta. y 354 y vta. ordenó la citación de la recurrente de conformidad al art. 25 del C.P.C. Se trata entonces de una intervención de un tercero provocada por el pedido de una de las partes (art. 103 C.P.C.). Ahora bien, nuestro codificador, define al tercero en un sentido amplio y sostiene: «llamo tercero o tercerista al nuevo sujeto con el significado que no es primus (actor originario) ni Secundus (demandado originario). Así llamo tercerista al llamado en garantía (real o personal) al denunciado por el ficto poseedor y a todo aquél que por defender un interés ajeno, a fin de defender el propio, sea ese interés originario o por cesión, sucesión o sustitución, interviene en un proceso pendiente, sea como litisconsorte de los sujetos originales, en lugar de uno de ellos o en forma excluyente» (Podetti, Ramiro, Tratado de la Tercería, Bs. As. ed. Ediar, 1949, pág. 32/33. L.S 265483).

Es decir que nuestro codificador no legisló separadamente el llamado en garantía y la denuncia de litis.La diferencia de ambos institutos radica en que mientras en el primero se ejerce una pretensión, en la denuncia sólo se comunica formalmente la pendencia de la causa sin que se ejerza pretensión alguna. Es lo que el art. 94 del C.P.C.N. legisla impropiamente como «intervención obligada» y es la que pueden formular el actor en el escrito de demanda y el demandado en el plazo para oponer excepciones previas o para contestar demanda, respecto de aquél que consideren que la controversia es común. En este caso, el tercero interviene en el proceso si lo desea y su falta de respuesta a la citación no permite, en principio, declararlo rebelde ya que la citación se efectúa con el objeto de anoticiarlo de la existencia de un juicio por los efectos que pudiera tener la sentencia en un futuro proceso contra él. En el caso típico de intervención la parte pide la citación del tercero contra quien tiene la acción de regreso para evitar que al ejercerla – por haber sido citado a juicio- el tercero alegue que la derrota fue consecuencia de la deficiente defensa (exceptio mali gesti processus) (Arazi Roland y Rojas Jorge Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I págs. 440 y sgtes.).

Podetti, no diferenció ambos institutos porque consideró que la denuncia de litis estaba incluida en la citación en garantía y constituía una modalidad de ésta. Esto implica que si el tercero llamado en garantía o a integrar la Litis, acepta la citación, se convierte en coadyuvante (art. 109 del C.P.C.M.) y en este caso la sentencia que recaiga tendrá los mismos efectos que sobre las partes (art.103 C.P.C.M.).

Si el tercero no es parte en el proceso y mantiene su mismo status, en principio, la sentencia no le es ejecutable ni puede ser condenado porque al no ser parte su pretensión no entra en el debate principal y protagonista del proceso (Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza, anotado, comentado y concordado, T. I, págs. 160/168, 603/607).

Cómo juegan estos principios en el caso de autos? La citación la efectuaron un demandado (el club ) y un citado (la banda musical). El actor se opuso a la citación y no amplió demanda contra la citada. La asociación, no contestó demanda, sólo compareció y constituyó domicilio legal (fs. 411). En la etapa de alegatos negó su calidad de parte en proceso, igual postura asumió en la Alzada y en esta instancia.

La Cámara al resolver sólo se limitó a afirmar que: «la Fundación Brazos Abiertos efectúa el planteo en esta instancia, no pudiendo esgrimirse defensas que no se opusieron en su oportunidad procesal». En este aspecto, el decisorio ha sido objeto de agravio expreso en esta sede.

Entiendo que si el tercero como tal, no está obligado a comparecer al proceso, la justificación del Tribunal para no analizar si podía alcanzarle la condena, resulta arbitraria al incurrir en omisión de pronunciamiento, desde que el tema de la citación formó parte del litigio y su alcance debió ser analizado dadas las particularidades que el caso presentaba: un citante que requirió la citación para facilitar el ejercicio de una posible acción de reintegro y otro que fue citado (la banda) en el mismo carácter y efectuó la citación de la asociación como principal.

Lo expuesto evidencia que la Asociación Brazos Abiertos, en el mejor de los casos para sus citantes, nunca debió ser condenada como demandada principal por di-versos motivos:siempre resistió su calidad de parte en el presente proceso y se comportó consecuentemente con tal postura; la citación, en uno de los casos (fs.134), fue efectuada expresamente con el objeto de asegurar el progreso de la eventual acción de reintegro, por tanto, siempre la condena debió efectuarse, en caso de prosperar, en función del contenido de la citación misma y no extralimitarse para no violentar el principio del debido proceso.

Con respecto a la citación efectuada por la banda a fs. 345 en carácter de principal, no puede correr mejor suerte que la anterior, desde que la banda nunca fue citada como principal sino para asegurar la eventual acción de regreso en su contra. Si bien el art. 25 del C.P.C. faculta al citado a solicitar la citación de otros garantes, establece que la citación será en el mismo plazo y con los mismos efectos que la suya. En tal temperamento la banda nunca pudo citarlo como principal si ella misma nunca revistió tal carácter.

La situación que la banda no haya recurrido la sentencia que la condenó juntamente con el resto de los demandados, no puede perjudicar a la recurrente que sí se agravió en tal aspecto.

Las consideraciones expuestas me convencen que asiste razón a la quejosa, toda vez que la sentencia de Cámara al condenar a la Asociación Civil Brazos Abiertos como demandada principal, no analizó debidamente las constancias obrantes en la causa, de las que surgía que la institución nunca revistió el carácter de organizadora. Por otro lado, el fallo tampoco analizó el carácter de la citación efectuada dándole un alcance que nunca pudo tener. Por ello, si mi voto resulta compartido por mis Colegas de Sala, deberá admitirse el recurso en examen.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y NANCLARES, adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR.OMAR PALERMO, DIJO:

Atento como se resuelve el tratamiento de la primera cuestión, corresponde admitir el recurso de Inconstitucionalidad deducido a fs.16/27 y, en consecuencia corresponde modificar la sentencia de Cámara y dejar sin efecto la condena impuesta a la Asociación Civil Brazos Abiertos. Por tal razón, deberá modificarse a su respecto la condena en costas efectuada en las instancias anteriores y la regulación de honorarios.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y NANCLARES, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. OMAR PALERMO, DIJO:

Las costas de esta y las anteriores instancias, por la citación efectuada, deberán imponerse a los citantes: Club General San Martín y a los integrantes de la Banda «La Bersuit Vergarabat» que resultan vencidos.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y NANCLARES, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 21 de noviembre de 2.013.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

I- Hacer lugar al recurso de Inconstitucionalidad deducido a fs. 16/27. En conse-cuencia, corresponde revocar la condena impuesta a la Asociación Brazos Abiertos y modificar la sentencia de Cámara la que queda redactada del siguiente modo:

«1) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la actora, Fiscalía de Estado y Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Hacer lugar, en forma total, al recurso de la Asociación Brazos Abiertos y, parcialmente al recurso del Club Social y Deportivo General San Martín y, en consecuencia, modificar la sentencia obrante a fs. 1664/1682, la que queda redactada del siguiente modo:

«I. Hacer lugar a la demanda promovida por los Señores O. C. y A. A., por su derecho, y en representación de su hijo P.C., en contra de :Club Social y Deportivo General San Martín, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y Gustavo Edgardo Cordera, Oscar Humberto Righi, Juán José Subirá, Carlos Martín, Isel René Céspedes, integrantes del conjunto «La Bersuit Vergarabat». En consecuencia, condenar a todos ellos en forma solidaria, a pagar a los primeros, en forma conjunta, en el término de DIEZ DÍAS de quedar firme la presente, la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($ 1.282.000), a la fecha de la presente sentencia, con más la tasa de interés establecida por la Ley 4087, desde la fecha del acaecimiento del evento dañoso (12 de Abril del año 2.003), y hasta la fecha del fallo de primera instancia; y en adelante con más la tasa de interés activa, nominal anual vencida a treinta días, que fije el Banco de la Nación Argentina, hasta el momento de su efectivo pago».

«II. Rechazar la demanda de daños y perjuicios promovida por los Señores A. A. y O. C. en contra del Señor Belisario T. Albarracín».

«III- Rechazar el planteo de integración de litis efectuado por los demandados: Club General San Martín y los integrantes de la banda musical «La Bersuit- Vergarabat»».

«IV. Imponer las costas a los co-demandados en forma solidaria, en cuanto prospera la demanda y a los accionantes, también en forma solidaria , en cuanto se rechaza contra el Sr. Belisario T. Albarracín. Las costas del pedido de integración de Litis se imponen a los citantes (Arts. 35 y 36 del C.P.C.)».

«V. Declarar inconstitucional e inaplicable al presente caso, el Art. 1078 del Código Civil».

«VI. Regular los honorarios profesionales, por lo que prospera la demanda, a los Dres. Juan Martín PINA BELMONT; Fernando PATIÑO CORREA y Gonzalo ASENSIO ALBINO, por los actores, en las sumas de pesos . ($ .); pesos . ($ .) y pesos . ($ .), respectivamente; y asimismo a los Dres. Ulpiano L.SUAREZ; Rodolfo SUAREZ; Carlos EGÜES; Luís BENEGAS; Rosana IBAÑEZ y Carolina BOCCIA DE SAN MARTIN, por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en la suma de pesos . ($ .), a cada uno de ellos; a los Dres. Alejandro MUÑOZ VELAZQUEZ y Javier ZUNGRONE, por el Club Social y Deportivo General San Martín, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos OCHOCIENTOS ($ 800), respectivamente; a los Dres. Ricardo BENSO y Armando RODRIGUEZ MONTERO, por Fundación Brazos Abiertos, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos . ($ .), respectivamente, y a los Dres. Nora E. RODRIGUEZ; Elsa G. ROSI y María FERNANDEZ SANTAMARIA, por los Señores Gustavo Edgardo Cordera, Oscar Humberto Righi, Juan José Subira, Carlos Martín, Isel René Céspedes, en la suma de pesos . ($ .) a cada uno de ellos, y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que pudieran corresponder (Arts. 2, 3, 4 inc. a, 13 y 31 de la Ley Arancelaria).

«VII. Regular los honorarios profesionales, por el rechazo de la demanda contra el Sr. Albarracín, a los Dres. Raúl Javier RODRIGUEZ, en la suma de pesos. ($ .) y a los Dres. Juan Martín PINA BELMONT y Fernando PATIÑO CORREA, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos . ($ .), respectivamente; sin perjuicio de las regulaciones complementarias que pudieran corresponder (Arts. 2, 4, 31 y ccs. de la Ley Arancelaria)». «IX- Regular los honorarios profesionales correspondientes a los Señores peritos: Médico, Dr. Pablo David OBALLES, en la suma de pesos . ($.); Contador Julio Abelardo BLOTTA, en la suma de pesos . ($ .); Perito en Trabajo Social, Lic. María Elena Susana PEREIRO, en la suma de pesos . ($ .) y Licenciado en Higiene y Seguridad del Tra-bajo, Lic.Luis Gabriel ÁNGEL, en la suma de pesos . ($ .); con más la tasa de interés activa, nominal anual vencida a treinta días, que fije el Banco de la Nación Argentina, desde la fecha del fallo de primera instancia, momento en que quedan fijados los honorarios, y hasta la de su efectivo pago».-

«2- Imponer las costas de Alzada a la actora, Fiscalía de Estado, Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Club General San Martín en la medida que se rechazan sus respectivos recursos. Asimismo, las costas de Alzada también deberán ser soportadas por los integrantes del grupo «Bersuit Vergarabat» individualizados en el presente fallo, por lo que prospera en su contra el recurso del Club General San Martín y el de la Asociación Civil Brazos Abiertos. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.)».

«3- Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa de la siguiente forma: a) Por lo que se rechaza el recurso de la actora, a los Dres. Carlos A. EGÜES, Rosanna E. IBAÑEZ y Ulpiano Leandro SUAREZ por Muni-cipalidad de la Ciudad de Mendoza, en las sumas de pesos . ($ .), pesos .($.) y pesos . ($.), respectivamente; Dr. Pedro A. GARCIA ESPETXE, por Fiscalía de Estado, en la suma de pesos . ($ .); Dres. Jerónimo SHANTAL MORSUCCI y Raúl Javier RODRIGUEZ, por Belisario T. Albarracín, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos . ($ .), respectivamente; Dres. Juan Martín PINA BELMONT y Fernando PATIÑO CORREA, por la parte actora, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos . ($ .), respectivamente (Arts. 3, 13, 15 y 31 de la Ley Arancelaria). b) Por lo que se admite el recurso de apelación de la Asociación Brazos Abiertos de los Dres. Gustavo C. SANCHEZ y Armando RODRIGUEZ MONTERO, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos . ($ .), respectivamente. c) Por lo que se rechazan los recursos de Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, Fiscalía de Estado, y Club General San Martín, a los Dres.Juan Martín PINA BELMONT y Fernando PATIÑO CORREA, por la parte actora, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 18.461), respectivamente; Dres. Ulpiano Leandro SUAREZ y Carolina BOCCIA DE SAN MARTIN, por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en las sumas de pesos .($ .) y pesos . ($ .), respectivamente; Dr. Pedro GARCIA ESPETXE, por Fiscalía de Estado, en la suma de pesos.($ .); Dr. Alejandro MUÑOZ VELAZQUEZ, por Club General San Martín, en la suma de pesos . ($ .) (Arts. 3, 13, 15 y 31 de la Ley Arancelaria). d) Por lo que prospera el recurso de Club General San Martín, al Dr. Alejandro MUÑOZ VELAZQUEZ, por Club General San Martín, en la suma de pesos . ($ .); Dres. Nora E. RODRIGUEZ y Elsa G. ROSI, por Gustavo Cordera, Oscar Righi, Juan Subira, Carlos Martín e Isel Céspedes, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos . ($ .), respectivamente. Los honorarios regulados son sin perjuicio de los complementarios que correspondan, dejando expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos».

«4°) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por los Dres. Fernando Patiño Correa y Juan Martín Pina Belmont a fs. 1709, sin imposición de costas (Art. 40 del C.P.C.) y, en consecuencia, regular los honorarios profesionales por el Hecho Nuevo resuelto a fs. 798/799, y cuyas costas son a cargo de Asociación Civil Club General San Martín (Arts. 35 y 36 del C.P.C.), a los Dres. Juan Martín PINA BELMONT y Fernando PATIÑO CORREA, en las sumas de pesos . ($ .) y pesos . ($ .), respectivamente; y al Dr. Alejandro MUÑOZ VELAZQUEZ, en la suma de pesos . ($ .) (Arts. 2, 3, 14 inc. c, y 31 de la Ley Arancelaria)».

II- Imponer las costas del recurso de Inconstitucionalidad al Club General San Martín (arts. 35 y 36 C.P.C.).

III-Regular los honorarios profesionales devengados en esta instancia de los Dres. Gustavo SANCHEZ.en la suma de pesos . ($.), Armando RODRIGUEZ MONTERO, en la suma de pesos. ($ .), Fernan-do PATIÑO CORREA, en la suma de pesos .($ .) y Alejandro MUÑOZ VELAZQUEZ, en la suma de pesos . ($ .) (arts. 15 y 31 Ley 3641).

Notifíquese.

Dr. Alejandro PÉREZ HUALDE

Dr. Jorge Horacio NANCLARES

 

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