El dictamen de la Comisión Bicameral del proyecto de Código único Civil y Comercial en materia de consumo y derechos esenciales

Codigo CivilPor Dr. Carlos A. Ghersi (*)

I. Contratos y relaciones de consumo

La buena noticia es que en lo que hace a la derogación de las leyes vigentes hasta la actualidad no se ha incluido la Ley de Derechos del Consumidor (26.361) y el proyecto de Código mantiene en el art. 7 «Eficacia temporal». Se prevé: «Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo».

La mala noticia es que entre las normas que se encuentran en la parte de contratos hay contradicciones con las existentes en la LDC 26.361Ver Documento, no solo en las normas específicas -así, por ejemplo, lo atiente al expuesto- sino en la metodología de codificación, pues se ha legislado en materia del contratos partiendo del contrato individual o paritario, cuando en la realidad el contrato prevalente es el de consumo -mejor dicho la relación de consumo- y con contratos en red o conexados, que se legislan como excepción, lo cual debió haberse modificado, de esta forma no solo se mantiene una metodología arcaica, sino neoliberal.

II. La ignorancia de las leyes

El art. 8 mantiene el principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico.

Parece realmente una incongruencia de un gobierno que avala los derechos humanos y ante la existencia de inmensos bolsones de pobreza y marginación que se siga manteniendo este principio.

Este principio sin duda es una herramienta de control y opresión de las personas más débiles en la sociedad y debió hacer una diferencia entre el derecho penal y el derecho privado, pues si bien en el primero se podría mantener -con ciertas excepciones- en el derecho privado pretender que se conozcan las leyes, cuando casi nos arriesgaríamos a decir que hasta a un abogado le es difícil por el exceso de legislación. Nos parece que debió establecerse la posibilidad de que el magistrado aprecie la situación en cada caso en concreto, al estilo del art. 954Ver Documento del actual CCiv, que implementó el profesor BORDA.

III. Los derechos de las comunidades indígenas

El art. 18. ha sido modificado: «Derechos de las comunidades indígenas – Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75Ver Documento inciso 17 de la Constitución Nacional».

Según la redacción originaria del proyecto elevado al Poder Ejecutivo y de este al Congreso se establecía: «También tienen derecho a participar en la gestión referida a sus recursos naturales como derecho de incidencia colectiva».

En primer lugar debió aprovecharse la oportunidad para sustituir la locución «comunidades indígenas» por «pueblos originarios», ya que la primera arrastra un estigma negativo en la historia de la humanidad.

En segundo lugar, la supresión de participación en la gestión de recursos naturales es realmente grave y máxime la referencia al art. 75, inc. 17, de la Constitución Nacional, que delegó la propiedad de dichos recursos a las provincias -grave error de los constituyentes de 1994- baste solo mencionar la explotación de minerales en San Juan y la gravedad de la contaminación para las generaciones futuras.

IV. Conclusión

Como podemos apreciar, el dictamen bicameral no solo no aporta una mejora en el proyecto, sino que desgraciadamente produce un retroceso arcaico en algunas cuestiones y en otras excluye derechos humanos fundamentales.

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(*) Doctor en Jurisprudencia, USAL. Especialista en Historia de la Economía y Políticas Económicas, Ciencias Económicas, UBA. Director del Doctorado en Ciencias Jurídicas, USAL. Co-Director de la Maestría en Derecho Económico, USAL. Director de la Especialización en Derecho de Daños, UNLZ. Co-Director del Programa de Actualización en Derecho Médico, UBA. Co-Director del Programa de Actualización en Derecho de Seguros y Daños, UBA. Profesor Titular por concurso, Derecho Civil Parte General, Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales, UBA. Profesor Titular de Economía, UCES. Profesor permanente en Brasil e invitado en Colombia, Perú y Uruguay. Ex Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires.

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