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Amplia adhesión a la constitucionalidad de la ley de medios, aunque Clarín insiste en desconocerla

lorenzetti_43El titular de la Corte aseveró que «no está probado que haya una afectación de la libertad de expresión» y pidió a la sociedad tener «toda la tranquilidad de que el tribunal no hizo ningún pacto con nadie», ya que «somos muchos, con opiniones diferentes y cualquier tipo de pacto sería absolutamente conocido; es un fallo de 400 páginas, trabajamos muchísimo».

«El Estado tiene derecho a establecer límites a las licencias y eso no afecta la libertad de prensa», sostuvo Lorenzetti, quien además precisó que Clarín «tiene derecho a hacer valer lo que considera es su razón», y reconoció que «hay muchas cuestiones que se discuten y que se resolverán más adelante, ya que esto no termina acá».

«Tuvimos sentencias muy duras en los últimos años y es muy importante dar tranquilidad a la gente y no generar dudas ni inestabilidad», concluyó.

En tanto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, aseguró que «ahora hay que aplicar integralmente la ley, lo que implica que todas las empresas de Argentina tienen que cumplir con la norma en las mismas condiciones porque la ley es igual para todos».

«La situación del Grupo Clarín es que tiene una transferencia de oficio iniciada y suspendida por el accionar de la Justicia» pero tras el fallo, la Afsca «continuará con el proceso de adecuación».

Sabbatella adelantó que el directorio de la Afsca «se reunirá para establecer algunos pasos para poder avanzar en la implementación integral de la norma».

«La decisión de no cumplir con la ley es manifiesta por parte del Grupo Clarín, así que no me sorprende lo que digan, pero ahora se acabó la discusión: la ley es constitucional y Clarín, como todo el mundo, tiene que cumplirla», sostuvo el funcionario.

Además opinó sobre el tema el gobernador Bonfatti, quien consideró que la ley «tiene que aplicarse tal cual lo dice la Corte, eso sí: con pluralidad y donde todo el mundo pueda expresarse con libertad».

«Yo abogo por la pluralidad y estoy de acuerdo con que tenemos que tener Ley de Medios y todo el mundo pueda tener la palabra», destacó el gobernador de extracción socialista.

En tanto el senador del Frente para la Victoria Aníbal Fernández, aseguró que «no hay nada que hoy impida al Gobierno accionar sobre Clarín y llamar a licitación para adjudicar señales o licencias que excedan el permiso que otorga la Ley de Medios».

«La decisión de no cumplir con la ley es manifiesta por parte del Grupo Clarín, así que no me sorprende lo que digan, pero ahora se acabó la discusión: la ley es constitucional y Clarín, como todo el mundo, tiene que cumplirla»
Martín Sabbatella
«Clarín tuvo oportunidad de presentar un plan de adecuación a la propia ley pero lo rechazó con artilugios legales que hoy se dan por tierra con el fallo de la Corte», acusó.

Por parte del Grupo, el gerente de Comunicaciones del multimedios, Martín Etchevers, sostuvo que el fallo de la Corte «tiene deficiencias serias y vulnera los artículos del pacto de San José de Costa Rica y reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se apelará a nivel internacional».

Por contrapartida, el actual ministro de Defensa y presidente del bloque de Diputados del oficialismo cuando se sancionó la norma, Agustín Rossi, dijo que la ley «es uno de los grandes logros en estos 30 años de democracia», pero aclaró que «lo importante es que está vigente en su totalidad y que el Grupo Clarín tiene que hacer un proceso de desinversión».

Agregó que «Clarín tiene el derecho de recurrir adonde quiera, pero para la legislación argentina ya es cosa juzgada, lo que puedan resolver los organismos internacionales no será vinculante».

En cambio el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Federico Pinedo, dijo que «es incomprensible el fallo, por lo que habrá una presentación ante la Justicia para pedir que no se aplique si antes no se aclaran algunas cuestiones», al tiempo que cuestionó a la Afsca por ser un organismo «dependiente del gobierno nacional».

A su vez el diputado nacional de Nuevo Encuentro Carlos Raimundi afirmó que el Grupo Clarín «debería indemnizar al pueblo argentino» por «haber hecho negocios que consolidaron su posición dominante» durante los últimos cuatro años en que la norma estuvo suspendida.

Por último, Marea Popular destacó en un comunicado -al que adhirió también el Frente Popular Darío Santillán- que el fallo es «un avance en la desmonopolización de la comunicación», y señaló que «es un duro golpe al monopolio Clarín, que se embanderó en la supuesta defensa de la libertad de expresión frente a una ley que avanza a la democratización».

Fuente: Télam

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