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Responsabilidad de la empresa por la labor del inspector del servicio de electricidad al no advertir el problema en la conexión del usuario

shutterstock_124118761Partes: Petroselli Nazareno A. c/ E.P.E. Casilda s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelación de Circuito de Rosario

Fecha: 4-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-80929-AR | MJJ80929 | MJJ80929

Responsabilidad de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica, debiendo responder por los daños emergentes sufridos por la culpa de sus dependientes, en el caso, el inspector al encuadrar la situación del actor como conexión clandestina y labrar un acta de fraude a pesar de advertir que el problema se encontraba en las características del caño de bajada instalado desde el inicio del suministro a ese domicilio.

Sumario:

1.-Corresponde indemnizar al actor el daño emergente derivado de la suspensión del suministro del servicio de energía eléctrica cuando, habiéndose constatado que existía una anormalidad en el caño de bajada o acometida de energía -conforme la actual reglamentación del suministro- la empresa debió exigir su adecuación al cliente quien está obligado a ello estando el costo de esta a su cargo (art. 14, segundo párr. in fine ), razón por la cual no corresponde poner a cargo de la demandada el costo de los materiales de construcción ni de mano de obra por trabajos de electricidad y albañilería, puesto que ellos igualmente debían ser afrontados por el actor si la empresa hubiese ejercido en forma regular sus atribuciones reglamentarias.

2.-Si bien resulta legítima la pretensión de la Empresa de que se adecue el caño de bajada, lo que no resulta lícito, por abusivo, es que para el logro de tal fin (lícito) se eche mano a la vía más dañosa -la del art. 43- prevista únicamente para situaciones extremas, -conexiones clandestinas- pues tal fue la conducta que por reglamento se le atribuyó al usuario, según surge de las constancias donde tal subsunción normativo-reglamentaria y producto de impericia o, al menos, de una ligereza inexcusable.

3.-Cuando de las probanzas allegadas al caso surge que el caño de acometida de energía no se ajustaba a la normativa técnica vigente según el informe de la empresa demandada y que es facultad indiscutible exigir que el mismo de adecue a esta última, no debe soslayarse que del informe del ingeniero surge que la instalación eléctrica se encuentra vigente desde el momento en que se hizo el pedido inicial de suministro de energía; es decir, desde el origen del servicio, sin haberse efectuado posteriores modificaciones a la instalación y, si en ese momento la E.P.E. habilitó el servicio lo fue porque se adecuaba a las normas técnicas vigente en esa época (art. 14), ya que todo acto administrativo se presume legítimo, deviniendo ilegítimo el corte del suministro.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, el día 4 de abril del año dos mil trece, reuniéronse en Acuerdo los Jueces de la Cámara de Apelación de Circuito doctores Eduardo Jorge Pagnacco, Ricardo Netri y René Juan Galfré, para dictar sentencia en los caratulados «PETROSELLI NAZARENO A. C/ E.P.E. CASILDA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» Expte.N°46/2012 (Expte.N°591/08 del Juzg. de Primera Inst. de Circ.7 de Casilda).-

Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, resultando el siguiente orden: doctores Eduardo Jorge Pagnacco, Ricardo Netri y René Juan Galfré.-

Hecho el estudio de la causa, se resuelve plantear las siguientes cuestiones:

1º) ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA ?

2º) EN SU CASO, ES JUSTA ?

3º) QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR ?

A la primera cuestión, el doctor Pagnacco dijo:

Mediante la sentencia N° 1600/11 (fs. 110/114), a cuya relación de la causa me remito por razones de brevedad, se hace lugar parcialmente a la pretensión demandada, condenando al demandado de autos a abonar a la actora en el término de cinco (05) días la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) en concepto de daño moral con más los intereses conforme la tasa referida en los considerandos y las costas.

Contra dicho pronunciamiento se alzan tanto el actor como la demandada interponiendo los recursos de nulidad y apelación (fs. 115 y 117, respectivamente).

Concedidos que fueron los mismos (fs. 120) y venidos los autos a esta Instancia expresaron agravios a fs. 125/126 y 128 vta./129 respectivamente, los que a su vez fueron contestados a fs. 128 y 131.

Encontrándose consentida la providencia que llamó los autos para dictar sentencia (fs. 132 y 133), quedan los presentes en estado de definitiva.

El recurso de nulidad deducido no ha sido sustentado en esta instancia y tampoco resulta de lo actuado que se hayan violado u omitido formalidades prescriptas con carácter sustancial que autoricen su declaración oficiosa; ergo, corresponde su desestimación.Así voto.-

A la misma cuestión, los doctores Netri y Galfré dijeron:

De acuerdo con lo expuesto por el Vocal preopinante, votamos en igual sentido.-

A la segunda cuestión, el doctor Pagnacco dijo:

1.- Se agravia el recurrente de que la A-quo, en la sentencia alzada, dogmáticamente afirma que «La conexión no fue tratada como clandestina, ni vinculada al robo o hurto de energía por parte de Petroselli.» y que el accionar de la empresa demandada fue «conforme a derecho, siendo que fue esta última la que en todo momento habló de «conexión clandestina», decir, lo hizo tanto en el acta de fs. 9, como al contestar la demanda a fs. 34 in fine, como en la testimonial del empleado de la E.P.E. que confeccionó el acta a fs. 57/57 vta.

Asimismo se agravia porque la sentencia de grado expresa que la pericia realizada por el Ingeniero Vicente Manuel Vivas nada agrega al estudio de la causa puesto que sus conclusiones se basan en el estudio de los elementos obrantes en la causa careciendo de valor probatorio, siendo que tales elementos (constatación notarial de fs. 14Vta./15, fotografías de fs. 16/17) son técnicamente suficientes para habilitar al experto a concluir que no existía conexión directa alguna entre la red pública del servicio eléctrico y la medición respectiva y, si de su parte no hubo ningún tipo de infracción, entonces en concepto de qué la empresa procedió al corte del suministro y luego estimó el monto de un supuesto suministro impago.

Por todo ello se agravia de que el A-quo, en base a meras afirmaciones dogmáticas carentes de sustento fáctico y jurídico, arribe a la conclusión de que la conducta denunciada contra la demandada no merece reproche alguno y rechace el rubro indemnizatorio correspondiente al daño emergente.

En su contestación a tales quejas, la demandada expresa que el proceder de la E.P.E.fue conforme a derecho, y ello surge no solo de la declaración testimonial del Inspector, quién señaló que de acuerdo al Reglamento el suministro del actor se encontraba irregular ya que la corriente que ingresaba a dicho suministro era mayor a la que registra la medición., de ahí que presumió la irregularidad del suministro, porque tenia que coincidir la corriente que ingresaba con la que salía. Además, en igual sentido, señala que el acta notarial realizada en presencia del Ing. Electricista Videla establece que «El caño de bajada o acometida de energía presenta una anormalidad ya que no está en un sólo tramo como corresponde a las normas vigentes». Es decir, concluye, que queda claro que existían motivos técnicos que justificaban la confección del acta, por lo que el preceder de la E.P.E. fue conforme a derecho.

Por su parte la demandada, se alza también contra dicho decisorio en cuanto establece que su parte debió proceder a la reconexión a la mayor brevedad respetando así el principio de trato digno y, en cuanto establece que el usuario debe ser indemnizado por el daño moral padecido en virtud de la tardanza.

Tal agravio lo funda en que el corte del servicio fue realizado conforme al Reglamento comercial vigente, ya que se había detectado una irregularidad en su servicio, conforme se desprende de la declaración testimonial del Inspector y de la escritura de constatación, y que la demora que se le imputa es la que tiene cualquier otro usuario que solicita el servicio de energía ya que la Empresa previamente debe cumplimentar cierto procedimiento, tal como controlar el estado de las instalaciones, revisar la documentación pertinente, controlar la inexistencia de deuda por parte del solicitante, etc.Por todo ello considera que la indemnización de $ 5.000.- fijada por el A-quo es excesiva y desajustada a derecho ya que la demora sufrida por parte del actor, fue la normal y habitual para el otorgamiento de un servicio.

2.- Entrando en la consideración de los tópicos que fueran objeto de recurso en el sub judice, se torna necesario comenzar por el análisis del Reglamento que regula el Suministro y Comercialización del Servicio Eléctrico que presta la demandada, para poder apreciar si el accionar de esta última fue ajustado a derecho, que es el punto medular de la discusión.

La norma del art. 43 de dicho Reglamento -en su primer párrafo- establece el siguiente supuesto de hecho: «Para el caso de conexiones directas y/o alimentación antes del medidor de energía eléctrica, así como para los infractores reincidentes se confeccionarán las Actas de fraude de acuerdo estos casos y al modelo vigente y se efectuará la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, quedando de esta forma demostrada, fehacientemente, la acción del cliente y/o la persona que se beneficia directamente con la energía eléctrica provista a través de este tipo de conexión clandestina y que constituye, típicamente un obrar doloso».

Por su parte, la norma -en su segundo y tercer párrafos- establece las consecuencias jurídicas que atribuye a tal supuesto de hecho: «Simultáneamente la Empresa suspenderá el suministro de energía eléctrica retirando los elementos probatorios de la infracción, identificándolos en el Acta labrada al efecto, debidamente rubricada por el inspector y Autoridad actuantes, ello sin perjuicio de iniciar las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes.

El servicio eléctrico, en todos los casos, se restablecerá una vez satisfecho el importe de la Nota de Débito emitida por la Empresa y previo a la normalización de las causales que determinaron la suspensión del servicio eléctrico»

De la lectura del acta de fecha 2 de junio de 2008, que en copia obra a fs.9, se desprende indúbitamente que la Empresa demandada subsumió el caso en el supuesto de hecho de la mencionada norma. En efecto, si bien la misma no se titula «acta de fraude» -como dice la norma- de su cuerpo impreso surge que se trata de ella. Así se lee: «Operativo de Fraudes. Origen: Control de Pérdidas», «Suspensión del servicio por aplicación Art. 43 Cap. V del Reg. Gral.».

Ello también surge explícito de lo informado por el Inspector Diego Battista (611 Emsel) y lo actuado por el mismo y por la E.P.E.: «Retiro del Servicio por art. N° 43 del Reg. Gral.Se retira servicio por Fn(M 06) Conexión Directa Clandestina con Acometida c/ Medidor» (acta de fs. 9), emisión del «Plan de Regularización de Suministros Impagos de fs. 10 y cobro de la suma de $ 78,77 en concepto de servicio de reconexión del servicio (fs. 11); todas consecuencias jurídicas derivadas de la aplicación del art. 43 del Reglamento.

Por lo mismo no comparto en absoluto la consideración de la A-quo que de la circunstancia de que la empresa no haya efectuado la correspondiente denuncia penal infiere que «la mentada conexión no fue tratada por la empresa como «clandestina», puesto que tal denuncia no se concretó dado que no pudo «retirar los elementos probatorios» de ella ni «identificarlos en el acta respectiva» como le imponía al Inspector el art. 43 del reglamento, y no pudo hacerlo porque la conexión clandestina era inexistente.

Ahora bien, de las constancias de autos surge acreditado no solo que tal subsunción normativo-reglamentaria fue errónea (vide al respecto constatación notarial de fs. 14/15, Declaración testimonial del Jefe de Control de Pérdidas de la Empresa Provincial de la Energía Sr. Mario Bergamasco a fs. 59, dictamen pericial de fs. 71 y su ampliación de fs. 76) sino que, además. fue producto de impericia o, al menos, de una ligereza inexcusable.

En efecto las fotografías obrantes a fs. 16, 16 vta. y 17 vta.avalan la apreciación del Ingeniero Eléctrico Marcelo Horacio Videla en la actuación notarial de fs. 14, cuando dice: «. físicamente no hay posibilidades de ejecutar una derivación clandestina; la instalación eléctrica se encuentra vigente desde que se hizo el pedido inicial de suministro de energía, es decir desde el origen del servicio». Ello es evidente, aún sin los conocimientos técnicos que debe tener un inspector de conexiones irregulares, puesto que si la conexión directa no está en la acometida, ni en el cañ o de bajada, ni en la caja antes del ingreso al medidor y, además, la pared que embute el caño de bajada luce intacta sin remiendos o modificaciones ¿por dónde seriamente puede presumirse que se efectuó una derivación clandestina?.

En su declaración testimonial de fs. 57, el inspector que efectuó la desconexión -Sr. Diego Battista-, en lo pertinente relata: «.noté que la corriente que ingresaba a dicho suministro era mayor a la que registraba la medición o sea el medidor, eso lo noté con la pinza voltioamperométrica.allí me presumo que está irregular el suministro.Yo las causas no las conozco, solo constato la irregularidad pero con los elementos que tengo, podría determinar que había una conexión clandestina, es decir, con la pinza y con la forma manual de mover los conductores». O sea que, según su criterio, en todos aquellos casos en los que no coincide la corriente que ingresa con la que sale hay «conexiones clandestinas», aunque ello físicamente sea inviable.

Estas consideraciones se ven también avaladas por el dictamen pericial de fs. 71vta. cuando señala «. a criterio de este perito no existe ningún elemento técnico objetivo como para poder determinar que en dicha acometida existía una conexión clandestina o derivación antirreglamentaria o irregular en el cableado de bajada de dicha medición».

«Indudablemente que desde el punto de vista estrictamente técnico, el control de pérdidas no técnicas realizado por el personal de la EPE y obrante a fs.9, adolece al menos de la objetividad y la profesionalidad que debe caracterizar a este tipo de controles eléctricos».

Cierto es que de autos surge que el caño de acometida de energía no se ajustaba a la normativa técnica vigente y que es facultad indiscutible de la Empresa el exigir que el mismo de adecue a esta última, pero no debe perderse de vista -como observa el Ingeniero Videla a fs. 14- que «.la instalación eléctrica se encuentra vigente desde el momento en que se hizo el pedido inicial de suministro de energía; es decir, desde el origen del servicio, sin haberse efectuado posteriores modificaciones a la instalación.» y, si en ese momento la E.P.E. habilitó el servicio lo fue porque se adecuaba a las normas técnicas vigente en esa época (art. 14), ya que todo acto administrativo se presume legítimo.

O sea, que si bien actualmente resulta legítima la pretensión de la Empresa de que se adecue el caño de bajada, lo que no resulta lícito, por abusivo, es que para el logro de tal fin (lícito) se eche mano a la vía más dañosa -la del art. 43- prevista únicamente para situaciones extremas, como los casos de conexiones clandestinas.

El art.42 del Reglamento establece que «La EPE en todos aquellos casos de inspecciones sobre clientes con servicios que presuponen la existencia de maniobras dolosas, pero que a su vez los suministros no reúnen las condiciones reglamentarias suficientes que permitan determinar fehacientemente la existencia de robo y/o hurto de energía eléctrica… podrá efectuar inspecciones de carácter técnico, determinando con ello las probables causas de consumo de energía eléctrica sin que la misma se registre .y luego normalizar el servicio de acuerdo a las normas vigentes en la EPE, se efectuará el seguimiento correspondiente.».

En la especie, como se viera, no existían indicios de ningún tipo que permitieran presumir que la anomalía en las condiciones del suministro se debía al robo y/o hurto de energía por parte del actor, es más, del acta labrada en la ocasión (fs. 9) se desprende que el propio Inspector actuante vislumbró la causa de la anormalidad ya que consignó en ella «Para normalizar colocar caño de bajada exterior Colocar Kit AF corriente.etc.», y no obstante ello, en lugar de intimar la regularización técnico-reglamentaria en un plazo razonable (art. 50) actuó como si se hubiere encontrado con una conexión clandestina, aplicando todas las drásticas consecuencias previstas para ellas en el art. 43.

Como consecuencia del fallido y ligero diagnóstico técnico del inspector de la demandada, no se le otorgó al usuario plazo alguno para regularizar la anomalía y se procedió directamente al corte del servicio, a liquidarle en forma presunta energía que no consumió y a cobrarle la reconexión del servicio que nunca debió ser suspendido.Ergo, la demandada debe responder por los daños emergentes sufridos por la culpa de sus dependientes, sólo que deberá analizarse a cuales de los rubros pretendidos por el actor se extiende tal responsabilidad.

En primer lugar cabe señalar que, habiéndose constatado que existía una anormalidad en el caño de bajada o acometida de energía -conforme la actual reglamentación del suministro- es facultad de la Empresa exigir su adecuación y es obligación del cliente realizarla, estando el costo de esta a su cargo (art. 14, segundo párrafo «in fine»), razón por la cual no corresponde poner a cargo de la demandada el costo de los materiales de construcción ni de mano de obra por trabajos de electricidad y albañilería, puesto que ellos igualmente debían ser afrontados por el actor si la empresa hubiese ejercido en forma regular sus atribuciones reglamentarias.

Si en cambio constituyen daños emergentes relacionados causalmente con el accionar de la Empresa, los siguientes:

a) El costo de reconexión del servicio, ya que éste no debió ser desconectado. Si se hubiese procedido como correspondía, interpelando al usuario a reemplazar los conductores de la bajada del suministro (arts. 42 y 509), la transitoria desconexión que este peticionara por ser necesaria a tales fines- y la consiguiente reconexión-, sería sin costo (art. 14, segundo párrafo «in fine»). Tal item resarcitorio se encuentra documentado a fs. 11 y arroja la suma de $ 78,77.

b) Importe de la nota de débito emitida por la Empresa por presuntos consumos impagos: Puesto que su cobro fue consecuencia del erróneo encuadre efectuado en el art. 43, que prevé expresamente tal consecuencia. Además, no se ha acreditado en autos que el accionante haya recibido un suministro de energía mayor al efectivamente consumido y facturado, puesto que la anomalía técnica se encontraba en los conductores de la bajada de dicho suministro y antes de su ingreso al medidor, lo que hace presumir que dicha energía no ingresó al inmueble del actor.La mencionada nota de débito se encuentra glosada a fs. 10 y su importe arroja al suma de $ 1700.-

c) Honorarios del Ingeniero Marcelo Videla y de la Escribana Victoria Urtubi y gastos: Que corresponden erogaciones que debió afrontar el actor para constatar la arbitrariedad de la aquí demandada, cuyas facturas obran a fs. 21 y 23 de autos, arrojando ambas la suma de $ 427,70.-

Pasando ahora a considerar los agravios de la parte demandada, relativos al daño moral condenado pagar en virtud de la tardanza en la reconexión del servicio, desde ya anticipo que en mi criterio no deben prosperar puesto que el «des-trato» del que habla la A-quo no provino solo de tal tardanza, sino del procedimiento todo.

Comenzando con la ligereza del Inspector al encuadrar la situación del actor como «conexión clandestina» y labrar un «acta de fraude», siendo que no existía ninguna prueba que lo pusiera de manifiesto y a pesar de advertir que el problema se encontraba en las características del caño de bajada instalado desde el inicio del suministro a ese domicilio (vide «observaciones» acta de fs. 9).

Prosiguiendo con el arbitrario corte del servicio, en lugar de intimar la regularización como correspondía, y la desaprensión con que lo efectuó atento la época del año y la edad del titular- atendiente de fs. 2.

El tiempo durante el cual, a raíz de esa arbitrariedad, debió el actor soportar el corte; que no fueron días -como expresa la A-quo- sino varias semanas, según surge de confrontar la fecha del acta de fs. 9 (02-06-2008), la de la constatación notarial de fs. 14 (20-06-2008) y «la demora administrativa en la reconexión del servicio que habitualmente se da a las solicitudes de suministro de energía eléctrica», que aduce el recurrente en su queja de fs. 129.

La imposición del pago de una injustificada deuda, derivada de una conexión clandestina y/o directa inexistente.

A ello se suma los problemas de salud que padeció el actor (fs.18, 58 y 59) como consecuencia del disgusto y la impotencia que naturalmente provocan estas situaciones.

Así voto.-

A la misma cuestión, los doctores Netri y Galfré dijeron:

De acuerdo a los principios y fundamentos a los que arriba el Vocal preopinante, votamos en igual sentido.-

A la tercera cuestión, el doctor Pagnacco dijo:

Atento el resultado obtenido al votar las cuestiones precedentes, corresponde: 1°) Desestimar los recursos de nulidad interpuestos por ambas partes. 2°) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor y, consecuentemente con ello, ampliando la condena de pago impuesta a la demandada mediante la sentencia N° 1600/11 en la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Seis con Cuarenta y Siete centavos ($ 2.206,47) en concepto de daño emergente, con más sus intereses a la tasa fijada por la A-quo desde las fechas del desembolso de cada uno de los rubros que lo componen y hasta el efectivo pago. 3°) No haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada. Distribuir las costas devengadas en esta instancia de la siguiente manera: 85% a cargo de la demandada y 15% a cargo de la actora. 4°) Propongo que los honorarios de Alzada de los doctores Fernando Romagnolli y Juan Silvio Rebotaro se fijen en el cincuenta por ciento del honorario que en definitiva les corresponda, respectivamente, a los profesionales de cada parte por su labor desplegada en lo principal en sede inferior con noticia de la Caja Forense.-

Así voto.-

A la misma cuestión, los doctores Netri y Galfré dijeron:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el que propicia el doctor Pagnacco.-

Por todo ello, la Cámara de Apelación de Circuito, RESUELVE: 1°) Desestimar los rec ursos de nulidad interpuestos por ambas partes.2°) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el actor y, consecuentemente con ello, ampliando la condena de pago impuesta a la demandada mediante la sentencia N° 1600/11 en la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Seis con Cuarenta y Siete centavos ($ 2.206,47) en concepto de daño emergente, con más sus intereses a la tasa fijada por la A-quo desde las fechas del desembolso de cada uno de los rubros que lo componen y hasta el efectivo pago. 3°) No haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada. Distribuir las costas devengadas en esta instancia de la siguiente manera: 85% a cargo de la demandada y 15% a cargo de la actora. 4°) Fíjanse los honorarios de Alzada de los doctores Fernando Romagnolli y Juan Silvio Rebotaro en el cincuenta por ciento del honorario que en definitiva les corresponda, respectivamente, a los profesionales de cada parte por su labor desplegada en lo principal en sede inferior con noticia de la Caja Forense. Insértese, hágase saber y bajen.- (AUTOS: «PETROSELLI NAZARENO A. C/ E.P.E. CASILDA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» Expte.N°46/2012)8-46

PAGNACCO

NETRI

GALFRÉ

MUNINI

 

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