Responsabilizan por la muerte de un feto a medicos que no indujeron el parto dentro de las 24 hs de la rotura de membranas

abortoPartes: M., E. E. c/ G.C.B.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 30-may-2013

Cita: MJ-JU-M-80408-AR | MJJ80408 | MJJ80408

Se responsabiliza a los médicos del nosocomio por la muerte del feto debido a la falta de inducción del parto y/o cesárea dentro de las 24 hs. de producida la rotura de las membranas. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en lo que hace a la atribución de responsabilidad a los médicos del nosocomio por la muerte del feto, y modificarla, elevando los importes reconocidos en la sentencia de grado para resarcir el rubro ‘valor vida’ y ‘daño moral’ para cada uno de los padres, y rechazando el importe otorgado en concepto de ‘daño psicológico’ a favor de la progenitora.

2.-Corresponde modificar el plazo de cumplimiento de la condena por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y establecerlo en treinta días desde la fecha en que la liquidación quede aprobada, en razón de los trámites administrativos que el ente gubernamental debe cumplir.

3.-Las constancias de la historia clínica permiten visualizar la actuación de cada uno de los médicos involucrados, y el análisis y valoración de la prueba producida permiten condenar a los demandados por la intervención que le cupo a cada uno en su quehacer.

4.-La lesión en la psiquis de la actora no constituye un perjuicio autónomo y distinto de lo caracterizado como ‘incapacidad sobreviniente’, por lo que cabe admitir el agravio de los demandados y rechazar la reparación de este rubro.

5.-La tasa de interés debe comenzar a correr desde la fecha del acto que originó el daño, es decir, el día que se efectuó la cesárea.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil trece, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “M., E. E. c/ G.C.B.A s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo la Dra. Flah:

I.- La sentencia de fs. 1015/1030 hace lugar a la demanda y condena a C. A. C., M. P. N., M. A. H., C. E. G., M. I. R., al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la aseguradora La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales a pagar en el plazo de diez días a la actora E. E. M. la suma de Pesos Ciento sesenta mil setecientos y al actor C., C. M. la suma de Pesos Ciento cincuenta mil setecientos con más intereses y costas. Asimismo rechaza la demanda contra B. S. P. imponiendo las costas a la actora.

Expresan agravios los Dres. C., H., G. y R. a fs. 1059, recibiendo respuesta de la actora a fs. 1158. A su vez, se agravia la parte actora expresando sus quejas a fs. 1092, que son respondidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs.1152. En cuanto a los agravios del Gobierno de la Ciudad obrantes a fs. 1121 obtuvieron respuesta de la parte actora a fs.1137.

II.- Cabe referirse al devenir de los hechos que fundan este reclamo, cuyo comienzo data del día 25 de setiembre de 2005, día en que la actora que cursaba más de 39 semanas de embarazo, se interna en el Hospital Santojanni, debido a que ese día a las 15.00 horas aproximadamente se produjo la ruptura prematura de membranas.

La internación se efectivizó a las 20.05 horas de ese día tal como consta en la historia clínica, quedando la actora en observación en la sala de maternidad, como consecuencia de la ruptura de membranas, informándosele que debían transcurrir 48 horas para decidir la inducción del parto. La observación se mantuvo durante todo el día siguiente, hasta que finalmente el día 27, luego de las 15.00 horas, se produjo el desenlace al practicarse una operación cesárea de urgencia ante la constatación de falta actividad fetal.

Por razones metodológicas he de referirme en primer término a los agravios planteados por los médicos demandados C., H., G. y R., pero en forma previa, a la queja de los dos primeros por considerar violado el principio de congruencia y consecuentemente haber sido rechazada la excepción de falta de legitimación pasiva por ellos opuesta.

“La legitimación para obrar (legitimatio ad causam) consiste en la cualidad que tiene una persona para reclamar respecto de otra por una pretensión en el proceso. De modo que, como dice Palacio, la falta de legitimación para obrar existe cuando no media coincidencia entre las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso:a) el actor o el demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión con prescindencia de la fundabilidad de ésta; b) que no concurre, respecto de quién se presenta como sustituto procesal, el requisito que lo autoriza para actuar en tal carácter, c) que mediando alguna hipótesis de litisconsorcio necesario, la pretensión no ha sido interpuesta por o frente a todos los sujetos procesalmente legitimados.”(conf., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Anotado, Falcón Enrique, Tomo III, pág. 42, en el comentario al art. 347).

Ambos profesionales han atendido en distintos momentos a la parturienta, lo cual no es negado, pero pretenden desligarse de las obligaciones que tal atención genera, invocando para criticar lo resuelto el principio de congruencia que manifiestan fue desconocido por la a quo. Para ello omiten considerar la definición de obstetricia como la rama de la medicina que trata del parto, sus antecedentes y sus secuelas. Por tanto le conciernen sobre todo los fenómenos y el tratamiento del embarazo, el parto y el puerperio, tanto en circunstancias normales como anormales. (conf. Urrutia, Amílcar M., Urrutia, Déborah M., Urrutia, César A. y Urrutia Gustavo A. “Responsabilidad de los médicos obstetras” en Revista de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2003-3, pág. 247).

Desde esta perspectiva cuestionar el distinto nombre del cargo que ostentaban ya que señalan que el Dr. C. no era el jefe de guardia y el Dr. H. no era jefe de departamento, sino que el primero era el jefe de obstetricia y el segundo jefe de unidad obstetricia titular, no invalida su participación atento la función que cumplían pese a esta distinta denominación y tampoco resulta acertado admitir la fragmentación de las actividades señalando los distintos horarios en que estaban en el hospital, lo cual es atentatorio de una buena práctica médica. En este sentido es importante lo que responde el testigo Blas Puglisi a fs. 644 vta.a la tercera pregunta de la actora:”Para que diga el testigo a quién reporta: se compone así, hay un jefe de departamento de materno infantil que es el Dr. M. Á. H.y un jefe de división que es el Dr. C. C. Ellos son los jefes de división y departamento de materno infantil.De todo ello se infiere que no está afectado el principio de congruencia dado que se ha cumplido con la identidad jurídica entre lo resuelto en cualquier sentido por el juez y las pretensiones de las partes. Es decir que la sentencia se ha circunscripto a lo solicitado por la demanda, no se han considerado aspectos o probanzas no aportadas por las partes.

En consecuencia, corresponde el rechazo de la queja interpuesta por los demandados.

III.- En cuanto al extenso segundo agravio formulado por los médicos se centra en la falta de análisis de la relación causal, a lo que agregan el no análisis de las limitaciones de la ciencia médica como eximente de responsabilidad, la falta de fundamentación respecto de la existencia de culpa y antijuridicidad, el análisis ex post de los hechos relatados y la inexistencia de culpa objetiva.

Partiendo de la aceptación de la tesis que considera la responsabilidad del médico a la luz de las normas que rigen la responsabilidad contractual, cabe señalar que en el II Congreso Internacional de Derecho de daños (Buenos Aires, 1991) se ha resuelto que “La responsabilidad profesional es un capítulo general del Derecho de Daños y se estructura con los mismos presupuestos que componen cualquier hipótesis reparatoria”.

De ahí que los presupuestos de la responsabilidad civil médica, son los mismos y propios de la responsabilidad civil en general: la autoría, el daño resarcible, la antijuricidad, los factores de atribución subjetivos y objetivos y la relación de causalidad adecuada (conf. Fumarola Luis Alejandro en “Código Civil”, Dirección Alberto J. Bueres, Coordinación Elena I. Highton, Ed. Hammurabi, tomo 4 B, pag.191).

Reiteradamente se ha dicho que la obligación asumida por el médico no es de resultado, sino de medios. No se compromete a sanar al enfermo, sino solamente a atenderlo con prudencia y diligencia, a proporcionarle todos los cuidados que conforme a los conocimientos científicos que su título presume, son conducentes al logro de la curación, la que no puede asegurar (conf. Trigo Represas Félix, “Responsabilidad civil de los profesionales, pag. 81).

En consecuencia, quien alega el incumplimiento de su obligación por el médico tiene a su cargo la prueba de que los servicios profesionales se prestaron sin esa prudencia o diligencia, o sea que le corresponde al damnificado probar la relación de causalidad entre la culpa médica y el perjuicio que se invoca.

Pero al médico le resultará mucho más fácil intentar una demostración de una conducta acorde con lo prometido, que al paciente convencer al juez acerca del apartamento de la conducta médica respecto de la prestación emergente del negocio celebrado (conf. Mosset Iturraspe, Jorge “Responsabilidad civil del médico”, pág. 293, Lorenzetti, Ricardo, “Responsabilidad civil de los médicos”, pág. 246). El autor citado en primer término concluye sosteniendo que la prueba es un quehacer común que pesa por igual sobre ambas partes, ya que las reticencias, las reservas y la obstrucción en la búsqueda de la verdad son inadmisibles.

Debe probar que la prestación brindada ha poseído la idoneidad necesaria y se ha realizado con la diligencia y prudencia correspondiente.

La culpa en general y médica en particular, puede adoptar las siguientes formas: negligencia, imprudencia e impericia. Una conducta es negligente cuando el agente del daño omite la actividad necesaria para evitar su producción; es decir, actúa con falta de la diligencia que debe observar.La imprudencia se evidencia cuando el autor del daño actúa en forma precipitada e irreflexiva, con ligereza, no previendo las consecuencias de sus actos o hechos y la impericia es el desconocimiento de las reglas, métodos, prácticas, procedimientos científicos y técnicos idóneos o la falta de experiencia o habilidad para el ejercicio de la profesión (conf. Fumarola, ob. cit. pag. 201).

Por otra parte, en nuestro sistema jurídico la culpa se aprecia en concreto, pero utilizando un tipo de comparación abstracto, que es elástico, fluido, adecuado a cada situación particular.

Por lo tanto, en el sistema del art. 512 del Código Civil, el juez debe atenerse en principio a la naturaleza de la obligación o del hecho y a las circunstancias de personas, tiempo y lugar, considerando las condiciones personales del agente, al único efecto de hacer mérito a la mayor o menor previsiblidad del daño impuesto en el caso.

La culpa de los médicos está gobernada por estas reglas, en relación con los arts. 902 y, en su caso, 909 del Código Civil (conf. Bueres, Alberto “Responsabilidad civil de los médicos”, pág. 212 y sig.)

Es del caso señalar que he de resolver prescindiendo de la absolución de todos los querellados, que incluye a los aquí demandados M. I. R., M. P. N. y C. E. G. a fs. 314 de la causa penal que tengo a la vista, por no tratarse de los supuestos de los arts 1102 y 1103 del Código Civil y diferir la naturaleza de la culpa.

En cuanto a la prueba producida dejo constancia que no es obligación del juzgador analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes ni ponderar todas las pruebas agregadas sino aquéllas que estime apropiadas para resolver el caso (art. 386 in fine Código Procesal, CSJN Fallos 144:611; 262:222; 305:537; 274:113; 280:3201; 307:1121).

Surge del informe del Cuerpo Médico Forense obrante a fs.112/17 de la causa penal “de acuerdo a las normas de atención, en el caso de rotura prematura de membranas con edad gestacional como el caso que nos ocupa (39 semanas, 6 días) está indicada, si no comienza espontáneamente y no se presentan signos de infección, la inducción al parto a las 24 hs., y si el método inductivo fracasa se debe practicar una cesárea”. Asimismo, advirtieron que de la historia clínica se desprende la existencia de un lapso sin control entre el examen realizado el 27/9/03 a las 8:20 hs. a las 14:40 hs.

Se agregó en el informe de fs. 120/22 de la causa penal que “en el caso de autos a las 24 hs. de producida la rotura de las membranas, si no se desencadena el trabajo de parto espontáneamente, debió realizarse la inducción del parto y eventualmente la práctica de la vía alta, siempre y cuando no hayan existido condiciones obstétricas que impidiesen la primera parte (inducción) del trabajo de parto”.

Del peritaje médico elaborado en este expediente surge que “La falta de inducción del parto antes de las 24 horas y/o cesárea, aumenta el riesgo de complicaciones y exige, en el caso de no intervención, control riguroso horario de la madre y el feto, ya que puede producirse resultados fatales a la persona por nacer”. Explicó el experto que la actora permaneció 42 horas en el nosocomio hasta que se le efectuó la cesárea, luego de que presentara latidos fetales negativos, y en esa intervención se extrae al feto muerto.

La actora impugnó el informe a fs. 860/2. Los médicos demandados a fs. 869 y el GCBA a fs. 871/3. El experto respondió a fs. 884/5 y fs.892, en dicha oportunidad el perito explicó que “aquí priva el control severo continuo del paciente, no es aventurado decir, que hubo falta de control”.

La prueba aportada está indicando un comportamiento reñido con la lex artis, es decir que los médicos no hicieron todo lo que debían hacer en el tiempo indicado.

Los hechos dañosos no suelen ser u originarse en lo fortuito o la fatalidad; muy por el contrario, suelen desprenderse en relación de causalidad adecuada (arts. 901 y ss. Cód. Civil) de un obrar humano, de una manera directa o a partir de una serie de hechos encadenados.

Y en este sentido se inscribe la mejor doctrina nacional y extranjera que deja de lado la distribución clásica de la carga de la prueba, entendiendo que no se trata de principios inflexibles, poco menos que bases fundamentales. Y a la vez aluda o no a la denominada “carga dinámica de la prueba”, señala: a) la necesidad de cooperación en materia probatoria y b) que el deber de demostrar pesa sobre la parte que goza de facilidad probatoria. No pueden caber dudas de que es el médico quien, por ser el profesional de la ciencia médica, además de su experiencia y habitualidad tiene las mejores posibilidades de demostrar al juez como ocurrieron los hechos (conf. Mosset Iturraspe, Jorge “De la casualidad a la causalidad en la responsabilidad médica” en “Revista de Derecho de Daños”, ob. cit, pág. 7).

La posición de los médicos apunta a insistir en los horarios en que prestaban servicios en la institución, desentendiéndose totalmente del desenlace como si les fuera totalmente ajeno, invocando a tal fin además antecedentes y bibliografía que indican la posibilidad de esperar hasta las 48 horas. Y también traen a colación la inexistencia de infalibilidad de la ciencia médica.Pero no cabe duda que aún en tal supuesto, cuestionado y negado por la prueba acompañada y por las guías de práctica clínica de la Maternidad Sardá, coincidentes con las pericias mencionadas supra se determina la obligación de decidir y actuar. Así resulta de las recomendaciones para el manejo de la rotura prematura de membranas que prevén: El Comité Latinoamericano de Perinatología (CLAP) recomienda la interrupción inmediata del embarazo para las mujeres que presentan RPM con embarazo de edad gestacional mayor de 34 semanas independientemente de la paridad y madurez cervical. (Recomendación I).

Se debe indicar la finalización del embarazo: 1) cuando se ha confirmado la RPM en EG en igual o mayor a 34 semanas; 2) corioamnionitis; 3) desprendimiento placentario; 4) alteración de la vitalidad fetal; 5) muerte fetal; 6) prolapso de cordón umbilical y 7) trabajo de parto prematuro.

La responsabilidad profesional es aquélla en la que incurre el que ejerce una profesión al faltar a los deberes especiales que ésta le impone y requiere, por lo tanto para su configuración, los mismos elementos comunes a cualquier responsabilidad civil; ello quiere decir que cuando el profesional omite diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación -ya por impericia, imprudencia o negligencia- falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (conf. Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed. La Ley, tomo II, pag. 363). Y ello es aplicable a todos y cada uno de los médicos quejosos, por lo que corresponde el rechazo de este agravio.

En la siguiente queja, nuevamente los demandados se agravian por la violación del principio de congruencia en que habría incurrido la a quo dado que no son de aplicación al caso de autos las normas relativas a la responsabilidad plural basados básicamente en que ” a) no existe ni existió equipo entre el Dr. H., C., G. y la Dra.R.; nunca la parte contraria imputó a los demandados por conformar un equipo, con lo cual allí V.S. se está excediendo en cuanto es pasible recondenar; d) la parte actora no imputó responsabilidades colectivas, sino individuales que se encargó correcta o incorrectamente de delinear”. La parte actora, al responder este agravio señala que es innecesario para sentenciar traer a colación la teoría de la responsabilidad colectiva. Pero considera que la teoría aplicable a los Dres. C. y H. es la responsabilidad de jefe de equipo.

Existen diversas especies de participación colectiva de profesionales de la medicina, circunstancia que necesariamente conlleva soluciones también disímiles en el abordaje de la materia. En tal dirección, se ha formulado una inicial división entre lo que se define como “medicina de grupo” y lo que se considera un “equipo médico”. Se sostiene que la primera situación queda tipificada cuando media una simple pluriparticipación de médicos que ejercen independientemente su profesión, prestando servios autónomos y complementarios en la atención del paciente (vgr. sucesivos integrantes de las guardias, realización de interconsultas, etc.) La segunda situación queda plasmada cuando quienes prestan integran un conjunto de médicos con especialidades diferentes, quines intervienen en una fase específica de la curación del paciente. Se trata de un grupo homogéneo, expresamente integrado para un fin específico, aunque pueda tener que ser realizado en diferentes actos. A su vez, una de sus características diferenciales trascendentes es la que sus integrantes responden a un director o jefe.”(conf. Meza, Jorge Alfredo y Boragina, Juan Carlos “La responsabilidad del jefe del equipo frente al daño causado por sus miembros” en Revista de Derecho de Daños”, ob.cit. pág. 213). Desde esta conceptualización no es del caso recurrir a la responsabilidad de jefe de equipo que invoca la actora con respecto a estos dos médicos, ni tampoco al concepto de responsabilidad plural.La sola lectura y articulación de las constancias de la historia clínica que permite visualizar la actuación de cada uno de los médicos involucrados y el análisis y valoración de la prueba producida con las nociones sobre responsabilidad médica transcriptas permiten rechazar los agravios y condenar a los demandados por la intervención que le cupo a cada uno en su quehacer.

Los demandados se agravian por la violación de las normas de la sana crítica al considerar que el análisis de la prueba pericial es parcial y arbitrario, no respondiendo a un análisis serio y minucioso propio de un sujeto de derecho.

De lo reseñado supra es fácil deducir que se trata de una reiteración -con distinta denominación- de las quejas anteriores, dado que tanto en la anterior instancia como en ésta se ha privilegiado y analizado de acuerdo a las reglas de la sana crítica la totalidad de la prueba producida, haciendo especial hincapié en los dictamines periciales conforme art. 477 del Código Procesal, todo cual conlleva a que esta queja sea desestimada.

IV.- De acuerdo a lo reseñado y sentada en consecuencia la responsabilidad de los demandados corresponde en este estadio el abordaje de los siguientes agravios.En referencia a los montos decididos por la a quo para responder a los rubros peticionados, los importes son cuestionados por los demandados por considerarlos excesivos y no mantener correlato con las acreditaciones de autos y la actora considera reducidos los acordados como daño patrimonial, daño psicológico y daño moral.

a) El primer rubro cuestionado es el asignado al valor vida.

La vida es el bien más significativo y acaso esa calidad la ubique en el sugerente registro en el orden de los valores, tal como lo expresa Morello:”es un bien líquido y cierto que el Derecho privilegia y tutela, sea que actual o potencialmente produzca recursos, y también va de suyo, aunque nunca los llegue a gestionar o materializar”. Coincide con la postura filosófica de José Ortega y Gasset, para quien la vida, para tener valor y sentido, no necesita de ningún contenido determinado, no menos que la justicia, que la belleza o que la beatitud, la vida valor por sí misma (conf. “El tema de nuestro tiempo”, en Obras co mpletas, Revista de Occidente, Madrid 1957, t. III, pag. 189).

La persona humana es un valor jurídicamente protegido que ha tenido notorio ascenso en la estructura y ensamble de los derechos humanos trascendentales, dando cabida al derecho a la dignidad de la vida. Esta idea fuerza recibe consagración constitucional especialmente a partir de la reforma de la Constitución argentina de 1994, que reconoce esa jerarquía a los pactos internacionales de derechos humanos. (conf. Smayevsky, Miriam y Flah, Lily “El llamado valor de la vida humana en” Derecho Privado, libro homenaje al Dr. Alberto J. Bueres, ed. Hammurabi, pag.1195).

En el II Congreso Internacional de Derecho de Daños se concluyó “La persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y pueda obtener sino por lo que es y en la integridad de su proyección”.

La indemnización a favor de un progenitor por el fallecimiento del hijo no puede ser equivalente a la frustración de ingresos del muerto, ya que tal potencialidad de obtención de frutos, interrumpida por el fallecimiento, no sería totalmente derivada en su ayuda económica, pues solamente la pérdida de este sostén, presente o futuro, configura el daño resarcible.

Con prescindencia de que el hijo del fallecido contrajera o no matrimonio en el futuro, de ordinario los hijos desenvuelven los esfuerzos y los cariños que los progenitores les brindan en la minoridad con una positiva ayuda y sostén a la hora de la vejez de aquéllos. Es que los hijos no son eventuales sino concretos apoyos, tanto en el orden económico, como personal de asistencia, de cuidados y de consejos en el futuro de los padres, con tanta o mayor razón si se trata de gente humilde de condición social. (CNCiv., Sala C, 21/12/90, causa C077666, Jurispr. Cám.Civ., Isis, sum. 008456).

“El magistrado a la hora de fijar la indemnización no deberá tomar en cuenta el valor de la vida humana en sí misma, pues ello conllevaría a otorgar iguales resarcimientos en todos los casos, ya que la vida de todas las personas en nuestro sistema positivo vigente, tiene el mismo valor, aún más ni siquiera tiene un valor”.

“Tampoco corresponde aplicar fórmula matemática alguna sin tomar en cuenta circunstancias del caso; así como tampoco la situación personal de los damnificados. Ello es así, en virtud de que la vida humana no es un elemento productor de dinero. Se trata de compensar la pérdida que sufren quienes han sido perjudicados por el fallecimiento acaecido” (conf. Tanzi, Silvia “Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las personas”, Ed.Hammurabi, pág.201).

Desde esta óptica, considero que el importe conforme art. 165 Código Procesal debe ser elevado, fijando $ 90.000 para cada uno de los progenitores.

b) Se agravian ambas partes por el importe de $ 10.000 decidido en la sentencia para reparar el daño psicológico de la Sra. M.

Con relación a este rubro coincido con la postura que considera que el daño psicológico no posee autonomía, pues la clasificación dual de la ley civil no admite un tertium genus. El daño psíquico posee autonomía conceptual pero no resarcitoria. La lesión en la psiquis del actor no constituye por tanto un perjuicio autónomo y distinto de lo caracterizado como incapacidad sobreviniente. Se trata en ambos casos de lesiones causadas en el cuerpo o en la psiquis de la persona que produce una merma en la capacidad del sujeto para realizar actividades patrimonialmente valorables.

De ahí y de acuerdo a lo expresado cabe admitir el agravio de los demandados y rechazar la reparación de este rubro.

c) A su vez, ambas partes se agravian por la suma acordada por la sentenciante para reparar el daño moral.

Según el art. 1078 C. Civil, considero que es un daño resarcible, que no está encaminado a sancionar el autor del hecho, sino a reparar los padecimientos físicos y morales que debió soportar la damnificada como consecuencia del accidente, procurándole una especie de satisfacción o compensación.

No es fácil traducir en esta suma de dinero la valoración del dolor, sufrimiento, molestia, angustia o temores que padece la víctima.Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues está en juego no solo sus afecciones íntimas, sino sus vivencias personales.

No existen unidades o patrones de medida para estimar pecuniariamente la reparación del daño que más que estrictamente moral, alcanza la esfera extrapatrimonial de la persona.

Al otorgarse una indemnización por este concepto, no se está poniendo un precio al dolor, sino que se trata de otorgar una compensación por un daño injustamente sufrido (Orgaz Alfredo Conf.”El daño resarcible, pag 187″, Brebbia Roberto “El daño moral” nº 116).

Coherente con esta noción considero prudente y equitativo elevar el importe a la suma de $ 100.000 para cada uno de los actores.

d) Se agravian los demandados cuestionando lo resuelto por la sentenciante sobre gastos de sepelio.

Constituye un daño emergente expresamente determinado en el art. 1084 del Código Civil. En cuanto a la prueba de dichos gastos la tendencia jurisprudencial mayoritaria se inclina por aceptar la indemnización aunque no se hayan acreditado por que se parte del concepto de que necesariamente debieron efectuarse; en tal caso, el monto lo establece el juzgador dentro de los límites razonables y prudentes (conf. Tanzi, Silvia “Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las personas”, Ed. Hammurabi, 2° ed. pág. 462). Por lo cual estimo adecuada la suma de $ 1.200 resuelta en la anterior instancia, que se confirma.

e) Se quejan asimismo por el importe otorgado en concepto de medicamentos y traslados.

Los gastos en general, médicos y farmacéuticos y de traslados, jurisprudencia recibida concuerda en admitirlos cuando su existencia resulte verosímil aunque no exista prueba específica sobre su monto, y aunque exista atención de obra social, o en establecimientos públicos, porque los medicamentos nunca son gratuitos, aunque sobre sus se obtengan descuentos. (conf. CNCiv. Sala B, 21/8/2008 “Pintos, Viviana I. y otro c/ Camargo, Juan C.y otro” , Lexis n° 1/70048816).

Considerando lo expuesto y el importe otorgado de $ 200, la queja debe ser desestimada.

V.- El sexto agravio de los demandados menciona la tasa de interés impuesta, pero en realidad se queja de la tasa y del cómputo de los intereses.

Si bien en otras oportunidades he juzgado que el cómputo de la tasa de interés en un caso como el presente, comienza desde la fecha de la notificación de la demanda, por tratarse de un supuesto de responsabilidad contractual, un nuevo análisis de la cuestión me llevan a la conclusión de que, en casos donde se discute acerca de un acto de mala praxis médica, el punto de partida de los intereses debe correr desde que se produjo el acto médico que ocasionó el daño.

En un antecedente de la Sala “E” de esta Cámara, del 25 de octubre de 2012, autos “V., M.C. c/ B., P.C.” JA 2013-I, se ha dicho que “tratándose de una obligación incumplida en forma definitiva, no era necesaria la previa intimación y los réditos deben comenzar su curso desde el momento mismo del hecho (conf. c. 305.369 del 25/10/2000, íd, íd., c. 39.906 del 13/6/2002; íd., íd. c. 130.166 del 19/9/2003; Sala H, en c. 304.453 del 3/4/2001, voto del Dr. Kiper; C. Nac. Com., Sala C, 25/11/1998 in re “Jara, José v. Sanatorio Güemes SA s/ sum”, íd., íd. 23/4/1999 in re “Helguero, Hugo v. Sanatorio Güemes s/ sum”, íd., íd., Sala E, del 29/9/1999, “Pourpour de Navarette v. OSDIC s/ sum.”; íd., íd. Sala B, 14/12/2004, in re “Maillot González, Iris v. Obra Social de la Industria del Plástico s/ sumario”; C.Nac.Civ. y Com. Fed., Sala 2°, causa 7.496, etc.).

A continuación, señalaba el Dr. Dupuis que esta postura fue sostenida por relevante doctrina.Citaba, en tal sentido, a Llambías quien sostenía que cuando el cumplimiento de la obligación ya no resultaba factible por obra del deudor, éste queda por ello constituido en mora, prescindiéndose por tanto de la exigencia de pago porque en el caso seria estéril. Aquí se ve cómo la interpelación no es un acto ritual, sino una manifestación de voluntad plena de significado sustancial en las relaciones de las partes. Por eso es que si el cumplimiento del deudor ha dejado de ser posible, como sería absurdo supeditar la responsabilidad del deudor a la exigencia de un pago ya imposible, se considera que, a todos los efectos jurídicos, el deudor está en mora desde que incurrió en el incumplimiento definitivo de la obligación (conf. “Tratado de Derecho Civil- Obligaciones”, 2° ed., Ed. Abeledo Perrot, t. I n. 131.IV y nota 99, p. 162; ver en igual sentido, Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho Civil- Obligaciones”, 8° ed., t. I n. 69, p. 73 y fallos citados en nota 157; Lafaille, Héctor, compilado por Frutos- Argüello, “Curso de Obligaciones”, 1926, t. I, n. 120, ps. 67/68, con cita de Maynz, Droit Romain, párr. 179, 5° ed., 1898; Rezzónico, Luis María, “Estudio de las obligaciones en nuestro Derecho Civil”, 6° ed., 1953, ps. 58/9). Y Salvat añadía que en tal caso la constitución en mora del deudor sería un acto inútil y no se ve a qué fin práctico podría responder, ella sería en este caso innecesaria. Por último, señalaba como fuerte argumento al art. 889 que convierte la obligación primitiva, sea de dar o de hacer, en la de pagar daños e intereses en dos casos: 1) cuando la prestación se hace imposible por culpa del deudor; 2) cuando él es responsable del caso fortuito, sea por haberlo tomado a su cargo, sea por haber sido constituido en mora.Advertía que en el primer caso, la ley no exige la constitución en mora del deudor (ver “Tratado de Derecho Civil Argentino”, Ed. La Ley 1946, 5° ed., “Obligaciones”, n. 107). Y recordaba el contenido de la nota del codificador al art. 509, párr. 2, caso 3, con cita de Maynz, II, &301, p. 90 y Planiol, II, n. 227, entre otros).”

En virtud de este precedente, siendo que esta Sala adopta este criterio, juzgo que respecto de este reclamo efectuado con fundamento en responsabilid ad médica, la tasa de interés debe comenzar a correr desde la fecha del acto que originó el daño, es decir el día que se efectuó la cesárea. Por ello, estos agravios deben desestimarse.

Vinculado con el porcentaje a aplicar, también corresponde desestimar los agravios, pues comparto el criterio seguido por la magistrada y es el que adopta esta Sala por mayoría.

VI.- En cuanto al séptimo agravio no merece mayor abundamiento.

Atento haberse confirmado la sentencia en lo que hace a la atribución de responsabilidad, no concurre ninguna razón para apartarse del principio objetivo de la derrota que impone las costas al vencido según lo previsto por el atrt. 68 del Código Procesal, por lo cual este agravio no tendrá acogida favorable.

Por razones metodológicas cabe el abordaje de aquellos agravios de la actora que no fueron considerados al ser analizados paralelamente a los planteados por los demandados.

Coherentemente cabe remitirse al segundo agravio en cuanto a la omisión de imposición de costas a la vencida por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los demandados C. y H.

Reiterando el principio acogido por el art. 68 del Código procesal este agravio debe ser admitido.

Con criterio similar debe ser acogida la queja por haber sido impuestas las costas a la actora por el rechazo de la demanda con respecto a la Dra. B.P., y ello encuentra su sustento en que la actora se creyó en condiciones de iniciar las actuaciones contra esa profesional al no conocer fehacientemente la competencia y funciones que ejercía.

Párrafo aparte merecen los agravios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las quejas vinculadas a atribución de responsabilidad, montos acordados y tasa de interés fijada han sido materia de análisis y resolución de acuerdo a lo reseñado supra. Pero existe un delta más, no mencionado por el Gobierno de la Ciudad que ha sido demandado atento que el hecho generador se produjo en el Hospital Santojanni. Se trata de la obligación de seguridad. El deber de seguridad es aquel en virtud del cual una de las partes del contrato se compromete a devolver al otro contratante ya sea su persona o sus bienes sanos y salvos a la expiración del contrato, pudiendo ser asumida en forma expresa, o impuesta por la ley, o bien surgir tácitamente del contenido del contrato a través de su interpretación en base al principio de buena fe (conf. Rinessi, Antonio Juan “El deber de seguridad”, Ed. Rubinzal-Culzoni, pag.16).

En el supuesto de responsabilidad médica- sanatorial-institucional son aplicables las normas de responsabilidad contractual, pues siempre habrá una obligación preexistente, nacida de un acto lícito, que el médico cumple cuando interviene en la atención de un paciente. Así no puede identificarse el genérico deber de no dañar a otros -cuya violación es constitutiva de la responsabilidad por hechos ilícitos en sentido estricto- con la obligación específica de no dañar al paciente que es sometido a un tratamiento médico y es acreedor de una prestación consistente en un servicio apropiado a las circunstancias (conf. Rinessi, Antonio Juan. Ob. Cit. pag.277).

Las constancias de autos y las posiciones adoptadas por los profesionales demandados para evadir su responsabilidad están indicando además que el centro adolece de una falta de organización, que determina en el caso concreto circunstancias que podrían agravar su responsabilidad, todo lo cual indica que sus agravios deben ser desestimados.

VII.- Distinta solución merece el cuarto agravio. La queja está orientada a cuestionar el plazo de diez días fijado por la a quo para el cumplimiento de la condena.

En un antecedente de esta Sala en los autos “Ayul, Norma Lidia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, del 20 de octubre del año 2010, L.70.569, se ha dicho con criterio que comparto, que:

“El art. 22 de la ley 23.982 resultaba aplicable a la Ciudad Autónoma por ser sucesora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento adhirió a la citada ley federal. El art. 5 de la ley 24.588 dispuso la continuidad del régimen jurídico federal “en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades nacionales o locales, según corresponda” (CNCiv, Sala F, “Fagnani, Elida Teresa c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” L. 528.927, septiembre 7/2009).

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires legisló sobre el “sub examine” adhiriendo al régimen del art. 22 de la ley mencionada, aunque con modificaciones, cuando aprobó el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el dictado de la ley nº 189 (CNCiv. Sala F, junio 22/2001, Barletta c/ M.C.B.A. s/ expropiación”, R. 321.943; id. Sala F, febrero 1?/2002, “F.A.D.A. I.C.y F. S.R.L c/ M.C.B.A. s/ cobro de sumas de dinero”, R.335.443; íd. Sala C, “Antunes c/ G.C.B.A.” mayo 15/2001, R. 322.207; id. Sala C, marzo 6/2001, “G.C.B.A. c/Sarabia, Juan”, R.314.749). Este último ordenamiento señaló el carácter declarativo de las sentencias que condenan al pago de una suma de dinero a las autoridades administrativas, sujetándolas a la inclusión presupuestaria de la condena (art. 398 Cód. Cont. Adm. y Trib. de la Ciudad de Bs. As.), con excepción de los créditos de carácter alimentario cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración del Jefe de Gobierno (art. 395, ap. 2º del Cód. cit.).

Si bien el principio general establecido para las condenas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, para su cumplimiento se requiere el trámite de previsión presupuestaria contemplado por el art. 399, sin perjuicio de su posterior ejecutoriedad conforme la misma norma lo prevé, cuando se trata de créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno, el mismo código dispone que están exentos de lo previsto en los arts. 399 y 400.

La Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario la Ciudad de Buenos Aires, ha sostenido “.que si la suma que resultase de la liquidación excediese el tope previsto por el art. 395, párr. 2?, CCAyT. Ciudad Bs. As., los montos que superen dicho límite, y sólo ellos, serán sometidos a lo establecido en los arts. 399 y 400 CCAyT. Ciudad Bs. As., es decir, al procedimiento ordinario de ejecución de las sentencias condenatorias contra el estado local cuyo objeto es la obligación de dar sumas de dinero (conf. doctrina de esta sala en la causa “Thays de Gorostiaga, Cora M. v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución de sentencias contra aut. adm.”, expte: 1.838/0, entre otros)” (C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As.,? sala 1ª, mayo 9/2007, “Bergaglio, Juan J. v.Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, Lexis Nº 70037925).

En un fallo posterior al citado la misma Sala 1ª de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, decidió que “.el pago inmediato del crédito alimentario hasta el tope del doble de la remuneración del Jefe de Gobierno adquiere sostén y eficacia solo si dicho salario respeta, al menos a los efectos de la ejecución de sentencia dispuesta en el art.395 del CCAyT, el parámetro establecido constitucionalmente, esto es, la remuneración del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.”; “.Lo dicho hasta aquí, no implica expedirse acerca de la eventual facultad del propio Jefe de Gobierno de reducir su propia remuneración, aspecto que, por otra parte, no se encuentra discutido en autos. No obstante, resulta conveniente señalar que tal decisión no podría de manera alguna afectar -como en este caso, aún sea de manera indirecta- los derechos de quienes son acreedores de un crédito alimentario que, como se ha visto, halla resguardo un mínimo para el pago inmediato en la manda constitucional contenida en el art.98 CCABA. Sostener lo contrario, sugeriría habilitar a que el mismo Jefe de Gobierno pudiese fijar -mediante, por ejemplo, una reducción sustancial de su remuneración – la suma que deberá pagarse al verificarse el supuesto de excepción a los arts.399 y 400 del CCAyT.De allí que, la pretensión del GCBA dirigida a que el pago del crédito alimentario se limite al doble de lo que verdadera o efectivamente percibe el Jefe de Gobierno -monto que, además, no ha acreditado-, resulta contraria a derecho.”. “.En definitiva, el GCBA deberá abonar el doble de la remuneración que constitucionalmente corresponde al cargo que desempeña el Jefe de Gobierno de acuerdo a lo reglado en el artículo 98, suma que deberá ser calculada al momento del efectivo pago de conformidad con las normas vigentes que disponen la remuneración de los Magistrados del Tribunal Superior (véase en la actualidad la Acordada Nº9/2009 del TSJ y el punto 4 del Anexo de la Ley 80 relativo a la compensación por ejercicio de Presidencia).”(C. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As.,? sala 1ª, septiembre 28/2009 “Russo Rosa Isabel c.GCBA s.Empleo Público (no cesantía ni exoneración”).

A este criterio he adherido en esta Sala y en la Sala F (CNCiv, Sala “L”, febrero, 19/2010, “Marchesi, Silvia Alicia y otro c/ G. C. B. A. s/ daños y perjuicios”, L. 502.304 y “Falcón de Mahiamadjian, Olga B. y otro c/ G. C. B. A. s/ daños y perjuicios”, L. 502.302; id. Sala “F”, julio 2/2010, “Iñiguez de Vázquez c/ G.C.B.A. s/ daños y perjucios”, L. 543.005).

En cuanto al plazo para el cumplimiento de la condena en el límite señalado estimo prudente establecerlo en el de treinta días desde la fecha en que la liquidación quede aprobada, en razón de los trámites administrativos que el Gobierno de la Ciudad debe cumplir.”.

En consecuencia asiste razón a la quejosa debiendo admitirse su queja.

Por las razones expuestas propongo al acuerdo modificar la sentencia apelada en el sentido de: 1) Imponer las costas de la excepción de falta de legitimación pasiva a los codemandados C. y H. 2) Imponer las costas correspondie ntes al rechazo de la demanda contra la Dra. B. P.a los demandados vencidos. 3) Aumentar los importes reconocidos en la sentencia de grado para resarcir el rubro “valor vida” a la suma de $ 90.000 para cada uno de los padres y el de “daño moral” a la suma de $ 100.000 para cada uno de los actores. 4) Rechazar el importe de $ 10.000 otorgado en concepto de daño psicológico a la Sra.M. 5) Modificar el plazo de cumplimiento de la condena por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según el pto VII. Confirmarla en todo lo demás que decide y ha sido objeto de apelación y agravios. Las costas de la alzada se imponen a los demandados vencidos.

El Dr. Liberman dijo:

Hay una responsabilidad primaria y primordial del hospital como organizador del sistema de atención sanitaria. Que en la especie se revela como inhumano y contrario a todo lo que la doctrina médica de la especialidad indica en lo relativo al seguimiento de un parto. La fragmentación del seguimiento ha agravado objetivamente los riesgos inherentes a cualquier actuación médica. O los crea cuando no los hay.

Voy a agregar algo de Perogrullo: las excusas que han planteado los médicos son lamentables e insuficientes. Esto, porque los médicos -justamente- son médicos y no trabajadores de una cadena de ensamble de automotores ni fabrican embutidos; y porque los médicos con adicional responsabilidad jerárquica no son capataces ni supervisores de la industria automotriz o cárnica.

Entre otras muchas cosas, saben o deben saber que es importantísimo el control médico permanente y acompañamiento de ambos pacientes (madre e hijo) en el pre-parto.

Con estos comentarios, adhiero por razones análogas a la propuesta de mi querida colega, Dra. Flah.

Dijo la Dra. Pérez Pardo:

Por razones análogas a las expuestas por la Dra. Flah y el Dr. Liberman; adhiero al voto de la colega preopinante, sin perjuicio de la particular conceptualización del llamado “valor vida” al cual adhiero (conf. expuse en el expte.63.810) vinculada a la indemnización previsto en los art.1084 y 1085 del Código Civil.

Considerar que la vida humana no tiene un valor económico per se sino en función a lo que produce o puede producir constituye un enfoque estrictamente económico y axiológicamente disvalioso, que no se condice con el respeto de la vida y la dignidad como derechos fundamentales del hombre, tutelado por declaraciones internacionales, tratados, sentencias de tribunales transnacionales y receptados entre otros por el art. 4 del Pacto de San José de Costa Rica, arts. I, IV y VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 2, 3, 6, 16 y concordantes de la Declaración Universal de los Derechos humanos, todos ellos de raigambre constitucional en nuestro país (ver también Morello, Augusto M. en “La Vida Humana y los valores” en JA 2005-III-256). La vida humana tiene un valor constitucional a pesar de la ausencia de toda regla constitucional concerniente a la protección de la vida humana (conf. Tribunal Constitucional de Polonia del 28/5/97 de “Investigaciones”, Secretaría de la Corte Suprema, Dir. Dr. Rolando E. Gialdino, 1998-1-93).

El valor de la vida humana no es apreciable con criterios exclusivamente económicos. El daño por la muerte de la víctima no puede atenerse a criterios o concepciones materialistas que deben necesariamente ceder frente a una comprensión general de valores -materiales y espirituales – unidas inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia (conf C.S.J.N. del 26/8/75 in re “Noya, Alfonso y otro c/ Prov. de Bs. As., punto 16).

Participo por cierto de la teoría que sostiene que aún después de la sanción de la Ley 17.711 que redimensionó la resarcibilidad de daños morales modificando el art.1078 del C.C., la vida humana posee un valor intrínseco, desde el punto de vista material; la privación de cualquier existencia humana importa siempre un perjuicio como mera contrapartida del valor de esa vida, y la valuación económica mínima en todo supuesto de homicidio lo es sin perjuicio de que puedan considerarse otras circunstancias para aumentar la indemnización, como ser la pérdida patrimonial que puedan experimentar los sobrevivientes a raíz de ese fallecimiento.

Dejo así sentada mi particular visón sobre el tema, y adhiero a el monto indemnizatorio propuesto para este ítem.

Con lo que terminó el acto. Firmado: Lily R. Flah, Víctor Fernando Liberman y Marcela Pérez Pardo. Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

Buenos Aires, de mayo de 2013.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: 1) Imponer las costas de la excepción de falta de legitimación pasiva a los codemandados C. y H. 2) Imponer las costas correspondientes al rechazo de la demanda contra la Dra. B. P. a los demandados vencidos. 3) Aumentar los importes reconocidos en la sentencia de grado para resarcir el rubro “valor vida” a la suma de $ 90.000 para cada uno de los padres y el de “daño moral” a la suma de $ 100.000 para cada uno de los actores. 4) Rechazar el importe de $ 10.000 otorgado en concepto de daño psicológico a la Sra. M. 5) Modificar el plazo de cumplimiento de la condena por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires según el pto VII del voto de la Dra. Flah. Confirmarla en todo lo demás que decide y ha sido objeto de apelación y agravios. Las costas de la alzada a los demandados.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

LILY R. FLAH

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

MARCELA PEREZ PARDO

 

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