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La inaplicabilidad de normas sobre la reforma judicial por Acordadas de la CSJN

CSJNAutor: Por Luciano Caparroz (*)

El 1/3/13, al inaugurar la Presidente de la Nación el 131.° período de sesiones ordinarias del Congreso, explicitó ante la Asamblea Legislativa el contenido de lo que el Gobierno impulsaba para aquel momento como el denominado plan de “democratización de la justicia” (1), concretado el 8/4/13, cuando el Poder Ejecutivo envió seis proyectos de ley al Parlamento, ingresando tres proyectos al Senado (2) y otros tres proyectos a Diputados (3), referidos a la reforma del Consejo de la Magistratura, al ingreso democrático al Poder Judicial de la Nación (PJN) y al Ministerio Público de la Nación (MPN), a la publicidad de los actos del Poder Judicial, a la creación de tres nuevas Cámaras de Casación, a la publicidad y acceso directo a las declaraciones juradas del PJN, y a la regulación de la medidas cautelares contra el Estado.

Con inusual rapidez, el Congreso sancionó entonces el siguiente “paquete” de leyes:
a) Ley 26853 (creación de Cámaras de Casación).
b) Ley 26854 (regulación de la medidas cautelares donde el Estado es parte).
c) Ley 26855 (reforma del Consejo de la Magistratura).
d) Ley 26856 (publicidad de acordadas y resoluciones de la CSJN y Cámaras de Apelaciones).
e) Ley 26857 (publicidad de declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios públicos).
f) Ley 26861 (ingreso democrático e igualitario de personal al PJN y al MPN).

Dicho bloque legal –sintetizado como “leyes de reforma judicial”-, no pudo llegar a adquirir plena vigencia sociológica, atento a que el Poder Judicial Nacional ha suspendido (4) la vigencia de algunas de esas normas, ha declarado la inconstitucionalidad (5) en otros supuestos concretos y, finalmente, también ha declarado la inaplicabilidad (6) de algunos artículos, en otros casos a estudiar.

En tal contexto descrito, pretendemos en nuestro breve comentario hacer una referencia técnica -muy específica- al supuesto de declaración de “inaplicabilidad” del art. 4 de la Ley 26856 y del art. 6 de la Ley 26857, materializado a través de las Acordadas 24/13 y 25/13 de la CSJN.

Indagaremos, entonces, si el Alto Tribunal puede válidamente en el ejercicio de sus facultades de superintendencia (abarcativas de potestades organizativas internas, de disciplina y de administración), declarar que normas contenidas en una ley formal sancionadas por el Congreso sean “inaplicables”, haciéndose un uso de esta palabra de una manera tal que sus alcances sean vistos como técnicamente equipolentes a los producidos cuando se emplea la palabra “derogación” (término semántico que individualiza una clara potestad funcional del Parlamento), atento a que en el plano de la realidad social los efectos jurídicos de la llamada inaplicabilidad terminan siendo los mismos que los de la derogación: extirpar del ordenamiento normativo con efectos temporales (“ex nunc”) y personales (“erga omnes”) a la vigencia sociológica de los artículos citados en cuestión.

Dicho en otras palabras: ¿puede la CSJN, sin mediar un caso concreto, inhibir la vigencia sociológica (ejercicio) de una norma tan solo por la emisión de una acordada?

En el curso de la historia, la CSJN ya lo ha hecho. Recordemos el ejemplo no muy lejano del dictado de la Acordada 20/96 (Fallos 319:24) (referida a la exención del impuesto a las ganancias sobre los jueces), declarando la inaplicabilidad de la ley 24.631, en cuanto había derogado las exenciones contempladas en el art. 20, incs. p y r, de la ley 20.628 (t.o. decreto 450/1986), para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Dicha Acordada fue suscripta por los ministros Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Carlos S. Fayt, Augusto C. Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert, y tuvo dos principales argumentos que nos interesa subrayar: 1) que es un principio que la CSJN tenga todas las facultades implícitas necesarias para la plena y efectiva realización de los fines que la Constitución le asigna en tanto poder del Estado (fundándose en la Acordada 45/95 y sus citas) y 2) que como órgano supremo y cabeza de uno de los Departamentos del Estado, la CSJN debe salvaguardar la independencia del Poder Judicial (Fallos: 300:1282).

Así entonces, en el año 1996, no obstante la legitimidad de la vigencia normológica y sociológica de la Ley 24631, la CSJN invocando sus poderes implícitos y ejerciendo sus potestades de superintendencia, declaró la “inaplicabilidad” de la derogación impuesta, lo cual configuró una gravísima irregularidad, pues la Corte Suprema (sin siquiera haberse integrado de conjueces), bajo ninguna circunstancia pudo en abstracto y ejerciendo facultades disciplinarias o de administración, declarar la ineficacia con efectos “erga omnes” del contenido de una ley formal del Congreso. Recordamos que lo lamentable de todo esto fue que, con posterioridad, la propia CSJN (ahora sí integrada con conjueces) siguió manteniendo este criterio, en los casos “Gaibisso” (año 2001) (Fallos 324:1177) y “Gutiérrez” (año 2006) (Fallos 329:1092).

No obstante lo apuntado, queremos reproducir lo dicho por el Dr. Horacio ROSSATTI en su voto en disidencia (cons. 13) del caso “Gutiérrez” (7), en el que expresó que en cuanto a la Acordada 20/96 dictada por la Corte, resulta claro que carece de efectos derogatorios sobre la norma federal involucrada, desde que el mecanismo de invalidación judicial reconocido por nuestro Estado de Derecho a los tribunales de justicia es la declaración de inconstitucionalidad, dictada en un caso concreto mediante una resolución específica, siendo inconcebible asimilar esta potestad con la asignada al máximo tribunal de justicia nacional en materia administrativa, organizativa y de superintendencia, expresable mediante acordadas.

De acuerdo a lo expuesto más arriba, pensamos que la declaración de “inaplicabilidad” del art. 4 de la Ley 26856 y del art. 6 de la Ley 26857, a través de las Acordadas 24/13 y 25/13 de la CSJN, sin haber mediado un caso concreto, realizándose en abstracto y valorándose los profundos alcances (efectos temporales y personales) de la disposición “acordada”, configura una seria irregularidad dentro de la estructura del Estado de Derecho, donde a la CSJN se le adjudicó por “específica función” resolver “casos concretos” (conf. a la CN y a la ley 27) de acuerdo a un sistema de control de constitucionalidad difuso, y no se encuentra dentro de su alta misión (como cabeza de uno de los poderes del Estado), “inaplicar” (derogar) normas de alcance general dictadas por el Poder Legislativo de la Nación como si fuese un tribunal constitucional “concentrado” europeo.

La naturalización de la emisión de esta clase de acordadas puede tornarse muy peligrosa, pues, por ejemplo, en el supuesto de la Acordada 20/96, esta fue prima facie dictada para proteger privilegios netamente corporativos del Poder Judicial.

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(1) La “democratización de la justicia” consistiría en impulsar las siguientes reformas: 1) implementar el juicio por jurados; 2) hacer cumplir las reglas de “transparencia” en el PJN, dándose publicidad a las declaraciones juradas de los jueces; 3) reformar el Consejo de la Magistratura, determinando la elección popular de los miembros “no políticos” del órgano (abogados, jueces y académicos); 4) reglamentar los requisitos de las medidas cautelares contra el Estado, restringiendo sus efectos; 5) determinar que los jueces y funcionarios judiciales tributen el impuesto a las ganancias y 6) reglamentar adecuadamente el ingreso a la carrera judicial en el fuero federal, a través de concursos públicos.
(2) SENADO: Proyectos N.° 5, 6 y 7 del año 2013.
(3) DIPUTADOS: Proyectos N.° 1, 2 y 3 del año 2013.
(4) Por ejemplo, el art. 7 (2° y 3° párrafo) de la Ley 26853 ha sido suspendido en su vigencia por resolución judicial cautelar del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.° 6, autos “FARGOSI ALEJANDRO EDUARDO c/ EN-PEN-LEY 26853 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, de fecha 10/7/13.
(5) Vrg., la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 18, 6, incs.15, 7, 18 y 30, de la Ley 26855 declarada por la CSJN, en el caso “Rizzo” (R.369.XLIX) de fecha 18/6/13 o la inconstitucionalidad del art. 4, inc. 2, de la Ley 26854 declarada por el Juzgado Federal N.°1 de Santa Fe, en los autos “Colegio de Abogados de Santa Fe c/ Estado Nacional s/ Amparo” (Expte. 7065/13) del 19/6/13 y “UCR Santa Fe c/ Estado Nacional s/ Acción meramente declarativa” (Expte. 6327/13) del 10/6/13, el Juzgado Federal de la Plata, autos “Gascón Alfredo c/ PEN s/ Acción de inconstitucionalidad” (Expte. 102018/13) del 5/6/13, el Juzgado Federal N.° 1 de Neuquén, autos “Spinelli Ana María c/ Estado Nacional s/ Acción meramente declarativa” (Expte. FGR 3503/13) del 4/6/13, y el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.° 6, autos “FARGOSI ALEJANDRO EDUARDO c/ EN-PEN-LEY 26853 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, de fecha 10/7/13.
(6) Vrg. La CSJN mediante la Acordada 24/13 ha declarado la inaplicabilidad del art. 4 de la Ley 26856, y mediante la Acordada 25/13 la inaplicabilidad del art. 6 de la Ley 26857.
(7) CSJN, Fallos 329:1092.
(*) Abogado, especialista en Derecho Administrativo, UNR. Doctorando en Derecho, UNR. Profesor Adscripto de Derecho Constitucional I, UNR. Miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Autor de numerosos artículos de doctrina sobre su especialidad.

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