Medico resarcirá por daño moral a paciente erróneamente diagnosticada en relación a la verdadera enfermedad que padecía

MedicoPartes: B. D. F. c/ F. M. G. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Cuarto

Fecha: 14-jun-2013

Cita: MJ-JU-M-80583-AR | MJJ80583 | MJJ80583

La falta de realización de las diligencias necesarias para establecer cuál era la verdadera enfermedad que afectaba a la paciente, que es lo que ha configurado la culpa en que ha incurrido el médico, no incidió causalmente en la producción de los daños físicos, sin embargo, sí ha sido la causa eficiente de la prolongación innecesaria de sus sufrimientos, provocándole daño moral.

Sumario:

1.-Corresponde acoger parcialmente la demanda por mala praxis deducida, pues surge acreditado que el galeno demandado incurrió en negligencia o impericia en la averiguación de la etiología del mal que afectaba a la demandante, y en inacción para investigar cuál era la enfermedad de la paciente, cuyo estado no mejoraba; así, no agotó los medios a su alcance para descubrir la enfermedad ni pidió nuevos estudios para determinar cuál era la enfermedad inflamatoria intestinal que tenía la paciente.

2.-Los diagnósticos consignados en la historia clínica describen los distintos estados por los que iba pasando la paciente -oclusión instestinal, peritonitis-, pero sin mencionar siquiera a título de sospecha, la verdadera enfermedad que aquejaba a la actora, actuando espasmódicamente para corregir los síntomas que iba presentando; todo ello trasluce que era real el estado de desorientación que tenía el médico, quien debe responder en el caso de autos.

3.-Lo decisivo para determinar si hubo error de diagnóstico no pasa tanto por comprobar si otro médico hubiera cometido o no el mismo error de valoración, sino más bien determinar los medios que un buen profesional hubiese utilizado para elaborar tal diagnóstico, y si los mismos han sido empleados en el caso concreto; de determinarse que el error proviene de la falta de utilización de alguno de estos medios adecuados, la responsabilidad por culpa surge indefectiblemente.

4.-La falta de realización de las diligencias necesarias para establecer cuál era la verdadera enfermedad que afectaba la paciente, que es lo que ha configurado la culpa en que ha incurrido el médico, no incidió causalmente en la producción de los daños físicos, los que han sido consecuencia de la enfermedad que padecía la actora y no del obrar del médico, no estando probado que la actuación del galeno haya facilitado, estimulado o agravado la patología de la actora; sin embargo, sí ha sido la causa eficiente de la prolongación innecesaria de sus sufrimientos, provocándole daño moral, que es lo que debe ser resarcido.

5.-La obra social ha de responder por su incumplimiento, sin que interese que para la ejecución de la prestación médica haya tenido a su vez la obligación de contratar con terceros, lo que queda jurídicamente emplazado en la estructura obligacional con su afiliado, ya que a éste le resulta en principio indiferente que su deudor cumpla por sí mismo o valiéndose de otras personas, bastándole con obtener la satisfacción de su acreencia.

Fallo:

En la ciudad de Río Cuarto, a los catorce días del mes de junio de dos mil trece, se reunieron en audiencia pública los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, por ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: “B., D. F. C/ F., M. G. Y OTROS – ORDINARIO – EXPTE. N° 505946”, elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a cargo de la Dra. F. Bentancourt, quien con fecha dos de marzo de dos mil doce, mediante sentencia definitiva número cinco, resolvía: “1º) Rechazar la demanda de daños y perjuicios promovida por la Sra. D. F. B. en contra de los médicos M. G. E. F., S. R. E., Prestaciones Integrales Médicas S.A. (Sanatorio Privado Río Cuarto) y Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS).- 2º) Eximir del pago de las costas a la actora D. F. B., art. 130 del C. P. C. y C., en los términos del art. 140 del C. P. C. y C.- 3º) Regular en forma definitiva los honorarios profesionales del Dr. Andrés Eduardo Cuñado en la suma de pesos . ($.); los del Dr. Wenceslao Bustamante en la suma de pesos . ($.); los del Dr. Nicolás Rins en la suma de pesos . ($.); los del Dr. Alejandro R. Laión en la suma de pesos . ($.) con mas el 21% en concepto de I.V.A. por revestir éste último el carácter de inscripto en dicho tributo y los de los Dres. Susana Avedano y Fabián Manrique, en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos . ($.).- 4º) Regular los estipendios profesionales del perito psicólogo, Lic. Martín E.Borgarello y los de la contadora Sara Beatriz Paez en la suma de pesos . (.).- Protocolícese, hágase saber y dése copia”.- La misma magistrada, con fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, mediante Auto Interlocutorio número cuarenta y cuatro, resolvía: “I) Rectificar la Sentencia número cinco (05) de fecha dos de marzo de dos mil doce, en su parte resolutiva, apartado 1º) siendo lo correcto: I)Rechazar la demanda de daños y perjuicios promovida por la Sra. D. F. B. en contra de los médicos M. G. E. F., S. R. E., Víctor Angel Bove, Prestaciones Integrales Médicas S.A. (Sanatorio Privado Río Cuarto) y Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS). II) Tómese razón de la presente resolución en los presentes- sentencia nº 5 de fecha 02 de marzo de dos mil doce- y en Protocolo respectivo. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA”.-

El tribunal sentó las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Se ajusta a derecho la decisión de la a-quo de eximir de responsabilidad a todos los médicos demandados?

2º) En caso negativo, ¿Debe prosperar la demanda incoada en contra de Prestaciones Integrales Médicas S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud?

3º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

De conformidad al sorteo de ley practicado, se estableció que el orden de emisión de los votos es el siguiente: señores Vocales Julio Benjamín Ávalos, Eduardo H. Cenzano y Rosana A. de Souza.-

A LA PRIMERA CUESTIÓN: el señor Vocal Julio Benjamín Ávalos dijo:

I) El pronunciamiento recurrido contiene una relación de causa que cumple con los recaudos establecidos por el art. 329 del Código Procesal, por lo que encontrándola suficientemente completa, no he de reiterarla para evitar incurrir en innecesarias repeticiones.- Tramitado el proceso, la juez de primer grado dictó sentencia resolviendo rechazar la demanda deducida en contra de todos los accionados, eximiendo del pago de costas a la actora, en los términos del art.140 del Código Procesal.- El fallo fue impugnado por la demandante por intermedio de su apoderado, quien interpuso en su contra el recurso de apelación.- Concedido el recurso y radicados los autos por ante esta Excma. Cámara, la apelante expresó agravios, los que fueron refutados, cada uno a su turno, por los demandados y aseguradora citada en garantía.- Dictado y consentido el proveído de autos y concluido el estudio de la causa, ha quedado el proceso en condiciones de dictar sentencia.-

II) Al contestar el traslado corrido para refutar agravios, todos los apelados manifiestan que el escrito con que la actora fundamenta su recurso de apelación no cumple con los requisitos que debe llenar una expresión de agravios, conteniendo simplemente una manifestación de disconformidad con las conclusiones de la sentenciante y con el resultado del fallo.- Es cierto que el escrito de expresión de agravios adolece de la carencia de una buena técnica recursiva.- Por lo pronto, la apelante formula un cuestionamiento único y global a la decisión de la a-quo de exculpar a los profesionales demandados, sin distinguir debidamente la diferente participación que cada uno de ellos tuvo en la atención de la salud de la paciente, por lo que la queja no ataca las diferentes razones que esgrimió la a-quo para eximir de responsabilidad a cada uno de los accionados.- Si bien en el escrito de expresión de agravios se transcriben literalmente párrafos de la sentencia que contienen los fundamentos dados por la a-quo para arribar a la conclusión de que no existió mala praxis por parte de los accionados, se omite analizar y refutar las razones por las cuales la juez, en cada caso, decidió como lo hizo.- En lugar de ello, la apelante se limita a brindar su versión de los hechos y la opinión que le merece la atención prestada por los médicos demandados, omitiendo -en general- formular consideraciones críticas que demuestren los errores contenidos en el razonamiento de la sentenciante.- No obstante, en medio de todo ese desordenado discurso, esposible rescatar algunos cuestionamientos puntuales a ciertos fundamentos del fallo, por lo que por ello y en homenaje al derecho de defensa, propongo rechazar lo pretendido por los demandados, en el sentido de que sea declarado desierto el recurso.

III) La primera sentenciante arribó a la conclusión que del examen de la prueba colectada, analizada a la luz de los principios de la sana crítica racional, no resulta que a los médicos demandados se les pueda reprochar impericia, imprudencia o negligencia por omitir aquellas diligencias que exigiera la naturaleza de la obligación del profesional y que correspondiese a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.- También señaló la juez que en relación a la intervención profesional de la Dra. E., cabe destacar que el diagnóstico de linfoma que efectuó fue presuntivo y solicitó interconsulta para su posterior confirmación, y que conforme a lo informado por el Comité Consultivo y Operativo de Prácticas Médico Sanitarias y Bioéticas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, coincidente con la declaración efectuada por los testigos, en un diagnóstico presuntivo la enfermedad de Crohn puede confundirse con otras patologías, entre otras, con el linfoma y la tuberculosis enteral.- Que como informó el mencionado organismo, el procedimiento realizado por la Dra. E. fue el correcto, siguiendo las reglas científicas y técnicas de la ciencia médica en lo que respecta a los estudios anatomopatológicos.- Que en lo que hace al Dr. F., como bien lo señalara el Comité Consultivo, su conducta profesional fue la indicada para el cuadro clínico que se presentó, pues frente a un abdomen agudo oclusivo, independientemente del diagnóstico anatomopatológico, lo correcto era practicar una intervención quirúrgica para restablecer el tránsito intestinal, lo que así se hizo, como así también, frente a las complicaciones por peritonitis sépticas, las intervenciones quirúrgicas realizadas por el Dr. F. fueron las necesarias para su tratamiento adecuado.- Que el obrar profesional del Dr.Bove tampoco merece reproche alguno, pues como lo refiere el Comité Consultivo, el tratamiento de quimioterapia fue realizado de acuerdo a las reglas científicas y técnicas de la ciencia médica, previo consentimiento informado de la paciente y conforme al diagnóstico de linfoma nodular folicular de bajo grado, brindado por otro profesional. Que si bien el tratamiento era inadecuado para la enfermedad de base que realmente padecía la actora, era el correcto para el diagnóstico a que se había arribado.-

IV) El eje central de los embates que dirige la apelante en contra del fallo, es reprochar el error de diagnóstico que sin distingos, atribuye a todos los médicos demandados. Dice la apelante que los galenos no diagnosticaron la verdadera enfermedad que tenía la paciente, incurriendo en mala praxis, con lo cual erraron en el tratamiento aplicado, con la consecuente demora y postergación del tratamiento adecuado y ante el desconcierto por no saber qué enfermedad padecía, omitieron derivarla a un centro de atención médica de mayor complejidad.- Causa agravio a la recurrente que la juez justificara la conducta de los médicos al no diagnosticar que la paciente tenía la enfermedad de Crohn, por ser una enfermedad compleja, poco conocida en nuestro medio y de diagnóstico difícil, por tratarse de una enfermedad inflamatoria crónica de etiología desconocida, que puede confundirse con otras patologías.- Cuestiona la valoración que la juez hizo de la testimonial de la Dra. Diller y del informe del Dr. Rollhauser, que fueron los primeros que diagnosticaron que la actora tenía la enfermedad de Crohn. Manifiesta que todo profesional del arte de curar debe extremar los medios para llegar a formular un diagnóstico cierto.Compara la atención brindada a la paciente en Río Cuarto, la que dice que contrasta con la prestación médica recibida por la actora en el Hospital Privado de la ciudad de Córdoba que fue altamente especializada y ejemplar.- Cuestiona la falta de referencia a las omisiones, ambigüedades, discontinuidades, claros y enmiendas que presenta la historia clínica de la paciente y que dan lugar a presunciones hominis desfavorables al galeno.-

V) Para comenzar, cabe destacar que la apelante no hizo menció n de la relevancia que ha tenido la falta de ponderación por parte de la a-quo, de las irregularidades contenidas en la historia clínica del Sanatorio Privado de Río Cuarto. Es conocido el criterio jurisprudencial que expresa que para impugnar una sentencia, no basta con denunciar la falta de valoración de alguna prueba, sino que es menester indicar -dando razones- porqué dicha omisión ha tenido trascendencia en la solución del litigio, demostrando dialécticamente que de haberse ponderado la prueba omitida se habría arribado a un resultado distinto.-

Para ello debió individualizar circunstanciadamente cuáles son las falencias que presenta la historia clínica y cuáles las presunciones adversas a los demandados que hubiese correspondido considerar y cómo por ello habría cambiado el resultado del juicio.- Como una aproximación a la solución del asunto, cabe recordar que en una primera etapa, la doctrina y jurisprudencia pretendían que el profesional sólo respondía por culpa grave, por una negligencia patente, grosera, manifiesta.- Al respecto dice Lorenzetti que “aún cuando se ha dejado de lado, al menos en gran medida, el concepto de culpa profesional, estimamos que se comparten los supuestos últimos que sustentaron la creación pretoriana de aquélla.Nociones tales como grueso error científico, notoria negligencia, imperdonable imprudencia, torpe error de tipicidad, técnica o científica, denotan la idea tradicional, que sólo responsabiliza al médico en situaciones extremas”.- Pero el criterio de la culpa grave en materia de responsabilidad médica poco a poco fue cediendo a favor de los criterios generales en materia de culpabilidad. Por ello no resulta acertado ya hablar de una culpa profesional como algo distinto de la culpa general. Por lo tanto, la protección del profesional no pasa ya por la exigencia de una falta grave sino por la efectiva constatación de su culpa, cualquiera sea su entidad.- Siguiendo las ideas de Bueres, en diversos certámenes científicos se aprobaron conclusiones como ésta: “La culpa profesional es la culpa común o corriente, emanada, en lo esencial, del contenido de los arts. 512, 902 y 909 CC. El tipo de comparación abstracto será variable y flexible, y corresponderá al obrar de un profesional prudente y diligente de la categoría o clase a la cual pertenezca el deudor en el caso concreto” (ver: Roberto A. Vázquez Ferreira, “Responsabilidad civil por error de diagnóstico médico” J.A. 1992-II-743).- Llegado a este punto, considero útil reproducir algunos párrafos de uno de los últimos fallos dictados sobre el tópico por esta Cámara, con mi voto:”Recuerda Bueres -quizás el autor nacional que más se ha ocupado del tema- en su voto en fallo publicado en JA 1999-II-502 -con nota de Vázquez Ferreyra- que desde finales de la década del 70, la posición clásica que imponía la carga de la prueba en cabeza exclusiva del paciente, se vio conmovida por posiciones que propusieron que ante la evidencia de la infracción dañosa, fuera el médico el que tuviera que dar la prueba de su liberación.- Pero la profundización de los estudios en la materia, determinó que los autores de manera masiva, arribasen a un punto de inflexión, revelador de un eclecticismo superador de los criterios situados en polos antagónicos.- Para discutir el tema se celebraron múltiples encuentros de especialistas en que se afianzó una fórmula propuesta por el autor del voto, aprobándose en diversas Jornadas recomendaciones similares a la siguiente: “Cuando la responsabilidad profesional se funda en la culpa, ésta debe ser en principio probada por el actor, sin perjuicio de que el juez tenga en cuenta la importancia de las presunciones judiciales y del concepto de carga probatoria dinámica, cuyo funcionamiento es excepcional, que hace recaer la prueba en cabeza de aquél que se encuentra en mejor situación para probar”.-

Destaca Bueres que en esos encuentros jurídicos apoyaron con su firma el criterio, juristas de la talla de Atilio Alterni, Andorno, López Cabana, Mosset Iturraspe, Vázquez Ferreyra, Kemelmajer de Carlucci, Roberto Brebbia, Zannoni, Bossert, Parellada, Compagnucci de Caso, Banchio, Pizarro, Vallespinos, Goldemberg, Casiello, Zago, Chavarri, Piaggio, Szafir y Venturini.- También nuestro Tribunal Superior de Justicia se ha ocupado de la difícil problemática que implica juzgar la responsabilidad de los profesionales del arte de curar.-

Lo hizo en la sentencia dictada en los autos: “Monicci de Huespe c/ Carignani y otros” a que me he referido precedentemente. El primer voto, que correspondió al Dr. Andruet, señaló que “En tales controversias se presentan siempre dos transcendentes valores en pugna:la vida humana (o su salud) por un lado, y la dignidad y el honor profesional del galeno involucrado por el otro. Ambos tienen jerarquía constitucional y son merecedores de tutela jurisdiccional.-

Atendiendo al delicado y complejo juego que en la realidad se brinda a esos dos bienes jurídicos, se ha generado una corriente doctrinaria y jurisprudencial sumamente contradictoria, existiendo -por un lado- posiciones que sustentan una particular pasividad y tolerancia para juzgar a los médicos y, por el otro, corrientes de pensamiento que esgrimen un tratamiento de desmesurada rigurosidad”.- Continúa expresando el vocal del Cimero Tribunal local, que “la prudencia debe ser la virtud que oriente la actividad judicial en estos casos, debiendo -ante todo- los magistrados priorizar la necesidad de alcanzar un equilibrio, que -ajustado a derecho- no sea excesivamente liberal, ni exorbitantemente severo, sino “justo concreto”.- Ello así por cuanto la lenidad en la solución implicaría consagrar prácticamente la impunidad de los profesionales de la ciencia de la salud con grave peligro para el enfermo; de otro costado, la desmesurada severidad conllevaría a hacer dificultoso el ejercicio de la medicina (con la segura irrupción de una medicina “defensiva”) lo que también provocaría un agravamiento de la cuestión habida cuenta la “eventualidad de que ciertos galenos repulsen hacerse cargo de situaciones intrincadas por recelo a una futura imputación de responsabilidad”; (Kent J. Breves cavilaciones acerca de la problemática de la denominada “mala praxis” médica, LL 1993-A-305). Por ello la respuesta debe hallarse en el equilibrio y ser tomada siempre bajo el prisma de la justicia en cada caso concreto y dando en consecuencia a cada cual lo suyo.- En sentido concordante, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que:”aún en el doloroso marco de la desgraciada y lamentable situación que atraviesa el actor, no se puede dejar de resaltar el grado de delicadeza y precisión con que se deben valorar las pruebas, y circunstancias del caso para determinar la mala praxis, desde que si ello no fuera así, si bien se coadyudaría a solucionar, aunque sea monetariamente, la penosa situación de una persona y su familia, ello significaría, a su vez, un serio perjuicio, por la intensidad de sus costos, no sólo para la institución, sino para el sistema mismo de salud, extremo que iría en desmedro de toda la sociedad beneficiaria, ya que en razón de los naturales riesgos que implica el arte de curar, a raíz de la gravedad que presentan muchas veces los cuadros patológicos, los profesionales médicos actuarían bajo una presión inconveniente e injusta, motivo por el que, sólo cuando se demuestre de modo fehaciente que la mala praxis o la desatención, ha sido la causante exclusiva de los perjuicios, cabe responsabilizar a los médicos y a las instituciones de los daños sobrevinientes” (CSJN, “Lápido Eduardo c/ Sanatorio Privado Figueroa Paredes S.A. y otros” , 05/09/2002, La Ley on line, Fallo de la Corte Premiun)”. Continúa expresando más adelante el voto del Dr. Andruet: “Es que la responsabilidad profesional -incluso la del médico- se halla sometida a las mismas reglas de la responsabilidad general y, por tanto, requiere para su configuración, de los mismos elementos comunes que cualquier responsabilidad civil.Ergo, en la consideración de la responsabilidad del médico u otros agentes sanitarios, pese a que se tenga por cierto el daño, no puede soslayarse -aún dentro de los cánones más rigurosos- el análisis de una adecuada relación causal atributiva, apta para generar la acción resarcitoria, ni ignorarse la configuración o no de un factor de atribución que suscite el deber de reparar.-

Ello así, por cuanto es un lugar común, que el éxito y resultado de toda terapia, médica o quirúrgica está sujeto a imponderables que exceden el manejo y control de los profesionales, aún de los más capaces prudentes y diligentes, dada la concurrencia siempre constante del álea. Ello así porque ni la medicina es geometría ni la naturaleza humana es una máquina absolutamente previsible, pues de allí la enseñanza de ilustre Celso: “No a todos los enfermos convienen los mismos remedios” (De Medicina, 3.1). Dicho de otro modo, la ciencia médica, y -consecuentemente- su ejercicio, tiene sus limitaciones, y en el tratamiento de las enfermedades existe siempre un álea que escapa al cálculo más riguroso o a las previsiones más prudentes y por ende, obliga a restringir el campo de la responsabilidad”.-

Más adelante continúa expresando el voto:”.no desconozco que en estos temas de responsabilidad médica existe lo que se conoce como “riesgo probatorio” (habiendo generado el tema una densa controversia sobre a quién le corresponde la carga de la prueba).- Sin embargo considero que tal riesgo puede afectar -según las particularidades de cada caso- no sólo al sujeto dañado -sino también- a los médicos.- Al respecto nótese que puede suceder que sea el paciente quien se encuentre en inferioridad de condiciones para acreditar el hecho, toda vez que muchas veces no tiene acceso a la prueba ni los conocimientos para desarrollar esa tarea, empero, también puede ocurrir que el riesgo pese sobre la cabeza del galeno, quien puede verse impelido a demostrar un resultado dañoso que, pese a la diligencia empeñada, resultó inexplicable.- Por ello lo importante -a mi juicio- es que ambas partes asuman una actitud de cooperación activa frente a la prueba, ocupándose por acercar al proceso los elementos convictivos esenciales que justifiquen y fundamenten la estrategia procesal asumida por cada una de ellas; el actor deberá demostrar la concurrencia de los elementos que condicionan la responsabilidad civil del galeno (daño, culpa y nexo de causalidad), el profesional de la medicina -por su parte- deberá argumentar y acreditar que el hecho dañoso invocado no configuró la clásica tipificación de falta médica o mala praxis reprochable”.-

Ante las particularidades del caso en análisis, releyendo el voto relacionado precedentemente, el fallo de Bueres y la nota de Vázquez Ferreyra, me he planteado nuevamente el problema de la prueba de la culpa médica, jerarquizando el carácter de obligación de medios que tiene la prestación a cargo del médico, como así también la relatividad que impera en los conocimientos de la ciencia médica, donde predomina la materia opinable, la dificultad para sentar pautas de lo que es un obrar correcto y de lo que no lo es y el álea que impera en la materia, ya que todos los organismos no reaccionan de la misma manera frente a un mismo tratamiento.-Sin duda que todo ello hace muy riesgoso el ejercicio de la profesión de médico.- Me hago cargo de las dificultades probatorias que debe enfrentar el paciente que quiere probar la culpa médica, como de lo difícil que es arribar en esta materia a conclusiones que brinden absoluta certeza.-

Como se trata de una obligación de medios, cuyo factor de imputación es la culpa, el actor debe acreditar la culpa del galeno, lo que equivale a demostrar el incumplimiento de la prestación.- Para arribar a una sentencia condenatoria se deben establecer con precisión los hechos concretos que configuran la culpa del profesional, no basta la atribución genérica derivada de conjeturas con cierto grado de probabilidad, pues se correría el riesgo de condenar a un profesional inocente, con las gravísimas consecuencias que es dable imaginar, más allá del estricto resarcimiento patrimonial.- Las dificultades probatorias a que he aludido precedentemente autorizan a adjudicar mayor valor que en otros procesos, a las presunciones judiciales.- Demostrados por el damnificado ciertos hechos, el juez puede inferir de ellos la culpa médica aunque no sea probada en forma directa.- Como dice Bueres: “el magistrado tendrá por probada la culpa, cuando el daño en su ocurrencia , y según la experiencia común, no pudiera explicarse de otro modo que no fuese el de la comisión de una culpa; a menos que el demandado diera una prueba eficaz para liberarse en sentido amplio: a) no culpa (que es pago), o b) causa ajena (que constituye el límite de responsabilidad)”.-

Esta clase de juicios, es también campo propicio para la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, pero su utilización debe ser prudente, sólo para aquellos casos en que surge en forma evidente que determinada prueba puede ser aportada muy fácilmente por el médico y al paciente le resulta de muy difícil o imposible producción” (Sentencia nº 11 del 9 de marzo de 2011 en “Sodano Susana Haydee c/ Daniel E. Ríos y E. J.Gómez -Demanda Ordinaria”).- Dice Vázquez Ferreira que existe todavía un terreno en el cual pareciera que la doctrina y sobre todo la jurisprudencia exigen que la culpa del profesional presente cierta entidad superior a la normalmente requerida para que surja la responsabilidad civil del infractor. En ese sentido señala que son repetidos los pronunciamientos de los Tribunales en los cuales se aprecia que no cualquier culpa compromete la responsabilidad del médico, cuando de lo que se trata es de un error de diagnóstico. Sin embargo el autor no cree que cuando se trate de esa clase de error se requiera una culpa calificada.- Dice que de lo que se trata es de diferenciar la culpa propiamente dicha, del error que da lugar a la misma. El error debe tener cierta entidad para que se configure la culpa. No todo error es configurativo de culpa.- La medicina es una ciencia que por definición es inexacta. Puede verificarse con alguna frecuencia que ante un mismo paciente con determinados síntomas, varios médicos ofrecen diagnósticos distintos, sobre todo en casos científicamente dudosos.-

Por ello, en la emisión de un diagnóstico el profesional puede equivocarse y no obstante, por tratarse de un error excusable, no incurrir en culpa. No se trata de evaluar si la culpa es mayor o menor, sino si el error es grosero o no.- En otras palabras si se está o no ante un error excusable.- Se ha señalado que para que el error no genere responsabilidad no debe tratarse de una anomalía de conducta, sino de un error en el juicio.- No le es imputable al médico el error en sí mismo, sino el comportamiento inexcusable con el que llegó a ese error.-

Lorenzetti acepta la posibilidad de error en esta materia, siempre que dicha equivocación no revele una negligencia culpable o ausencia de razón para errar. Se hace necesario investigar si el galeno adoptó todas las previsiones que aconseja la ciencia para la elaboración del diagnóstico, aún cuando no sean de práctica (ob. cit. pág.746).- Sentadas estas pautas, ha llegado el momento de ingresar al tratamiento de los argumentos con que la apelante cuestiona la decisión de liberar de responsabilidad a los demandados por la conducta desplegada por cada uno de ellos en la atención de la paciente.-

Como lo he señalado al comienzo de este voto, la a-quo consideró que la prueba reunida no había demostrado que la Dra. E. había obrado con culpa al emitir el diagnóstico obrante en fotocopia a fs. 1.- Para arribar a esa conclusión, la primera sentenciante se apoyó en la pericial médica de anatomía patológica producida por el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioéticas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.- Considero útil reproducir aquí algunas de las conclusiones de dicha pericia, obrante a fs. 800/802: “.el procedimiento realizado por la Dra. Escurra es correcto, siguiendo las reglas científicas y técnicas de la ciencia médica en lo que respecta a los estudios anatomopatológicos, referidos ut supra .No ha existido en el actuar de la Dra. Escurra, conductas, diagnósticos o tratamientos erróneos o negligentes. El procedimiento realizado fue el correcto como refleja la descripción macroscópica y microscópica.-

Si bien la conclusión diagnóstica realizada por la Dra. E. es distinta (LINFOMA FOLICULAR) al diagnóstico posterior reflejado en el informe anatomopatológico del Hospital Italiano de Bs As. (ENFERMEDAD DE CROHN ., debe considerarse como de tipo presuntivo no definitivo como lo menciona la Dra. Escurra en el mismo apartado (sito: “diagnóstico compatible con linfoma nodular-folicular de bajo grado”). Al mismo tiempo, la Dra. E. indica la necesidad de realizar un estudio inmunohistoquímico en un centro de anatomía patológico más complejo. .La Dra. E. tuvo una valoración de la situación médica, a pesar que su diagnóstico fue de linfoma y no de enfermedad de Crohn.”.- Como se advierte, los peritos no han podido ser más contundentes en afirmar que el error cometido por la Dra. E.se trató de un error excusable, por lo que no hubo culpa de su parte.- No existieron impugnaciones a la pericia, ni ha sido refutada mediante consideraciones críticas debidamente fundadas la conclusión de la sentenciante de que no medió culpa por parte de la médica.- En ese sentido, apenas se menciona en la expresión de agravios la declaración prestada por la Dra. Bulaschevich de Diller, quien según la apelante con total certeza científica y sin duda alguna determinó que lo que padece la actora tiene características compatibles con enfermedad de Crohn, afirmando que dicha enfermedad no es como un cáncer y que en el caso de la Sra. B. la determinación de la enfermedad de Crohn fue sencilla.-

Si bien lo opinado por la testigo aparece en cierta forma discrepante con las conclusiones de la pericia, dicho testimonio no puede prevalecer sobre el informe del Comité Consultivo.- Debe tenerse en cuenta que, como lo dijo la propia testigo, el diagnóstico de la enfermedad de Crohn se hace en equipo, vinculando el resultado del estudio anatomopatológico con el examen clínico y otros estudios.- A diferencia de la Dra. E., la testigo sabía que se había descartado la posibilidad de un cáncer y pudo conocer cómo había evolucionado la enfermedad en los meses previos a que realizó su estudio.- Además debe tenerse en cuenta que como lo expresara el Comité Consultivo, el diagnóstico de la Dra. E. fue meramente presuntivo, indicando la necesidad de realizar un estudio inmunohistoquímico en un centro de anatomía patológica más complejo.-

Y como se expresa en los puntos 2do. y 5to. del aludido informe, tal como se presentó en el caso el cuadro clínico, había necesidad de realizar estudios más complejos (inmunohistoquímica) que los realizados por la Dra. E.con hematoxilina-eosina, que son los utilizados en la práctica diaria en un laboratorio de anatomía patológica.- Conforme a lo expuesto, no ha de prosperar la queja relacionada con la decisión de liberar de responsabilidad a la Dra. E., debiéndose confirmar lo decidido en la sentencia al respecto, puesto que la pericia practicada ha demostrado que la médica no incurrió en un inexcusable error de diagnóstico producto de impericia o negligencia y si bien aquel fue equivocado, tuvo carácter presuntivo, habiéndose comprobado que la dolencia era excepcional y su diagnóstico revestía cierta dificultad, lo que hacía necesaria su corroboración por un centro médico de mayor complejidad.- Asimismo, siendo que la “mala praxis” que se atribuye a la Dra. E. consiste en un error de diagnóstico anatomopatólogico, no se advierte de qué manera pudo existir por parte de la médica falta de infor mación en perjuicio de la paciente.- Pasando ahora a tratar la situación del Dr. Bove, como se expresara precedentemente, de conformidad a lo dictaminado por el Comité Consultivo, la juez consideró que al igual que a los otros profesionales demandados, no se podía reprochar a este facultativo haber obrado con culpa.-

Asimismo, basada en la pericia ginecológica de fs. 805, la a-quo arribó a la conclusión de que no se comprobó que la infertilidad alegada fuera causada por el tratamiento de quimioterapia, añadiendo que el tratamiento resultó inocuo y no se erigió en causa adecuada para fundar una “mala praxis”.- En efecto, la pericia producida por los Dres. Gandini y Said Sleiman (fs. 807) y transcripta parcialmente por la a-quo, expresa: “El tratamiento médico brindado a la actora por parte del Dr. Víctor Bove fue realizado de acuerdo a las reglas científicas y técnicas de la ciencia médica, que no es una ciencia exacta y que habitualmente el acto médico conlleva un nivel de incertidumbre.Dadas las características de la enfermedad existente en la actora, que se caracteriza por el alto nivel de simulación de otras etiologías, es frecuente la temporaria toma de decisiones que se corrigen en el curso evolutivo con los aspectos del diágnostico diferencial”.- A su vez, la pericia ginecológica producida por el Comité Consultivo, integrado por los Dres. Raúl Ruiz Córdoba y Gassen Said Sleiman, dictaminó a fs. 805 que no era posible aseverar que el tratamiento de quimioterapia produjo esterilidad a la actora, “.ya que la paciente tiene múltiples cirugías abdominales que por la enorme producción de adherencias, constituye de por sí un factor de esterilidad. Si la quimioterapia afectó la carga folicular ovárica, solamente se podría demostrar por laboratorio hormonal y eventual biopsia ovárica”. Salvo lo relacionado con la ausencia de consentimiento informado para el tratamiento de quimioterapia, no advierto que en la expresión de agravios se hayan vertido consideraciones críticas contra la decisión de la juez de exculpar al Dr. Bove.-

Como lo desarrollaré posteriormente al efectuar el tratamiento de la situación del Dr. F., ante la ausencia de perjuicio, la falta de consentimiento informado no ha resultado en este caso relevante para fundar la responsabilidad de los médicos demandados.- Por ello y puesto que la recurrente no ha intentado siquiera brindar argumentos eficientes, que más allá de las discrepancias subjetivas demuestren error en las conclusiones de la a-quo respecto de la falta de reprochabilidad del obrar de este codemandado, lo decidido por la magistrada interviniente a su respecto debe ser mantenido.- En relación a la situación del Dr. F., la a-quo concluyó que correspondía eximirlo de responsabilidad porque su conducta fue la adecuada en relación al cuadro clínico que se presentó, siendo lo correcto practicar una intervención quirúrgica para restablecer el tránsito intestinal, lo que así se hizo.- Para apoyar lo afirmado, reprodujo el dictamen del Comité Consultivo confeccionado por el especialista en gastroentrología y medicina interna, Dr. Gandini y por el médico forense Dr.Said Sleiman (fs. 805/ 807 y el dictamen ampliatorio de fs. 832/833), en la parte que expresa: “Ante la existencia de masa tumoral en el íleon terminal que involucraba el ciego y de dos estructuras en el íleon, lo correcto es la extirpación del segmento intestinal comprometido y posterior análisis histológico, y en el presente caso se hizo” y donde dice: “.El tratamiento realizado por el Dr. F. es correcto debido a que la paciente presentaba un abdomen agudo oclusivo, el que siempre es quirúrgico independientemente del diagnóstico anatomopatológico”.- Asimismo, el mismo perito (fs. 807) al ser preguntado sobre el tratamiento adecuado al cuadro que presentaba la actora al ingresar a la clínica, dijo que presentaba un abdomen agudo y que “Ante este cuadro estaba indicado realizar una laparotomía exploradora y en el presente caso se hizo”.- Sobre la base de este informe pericial, es que la jueza arribó a la decisión de absolver de responsabilidad al médico.

El escrito de expresión de agravios no contiene crítica alguna a las razones por las cuales la juez arribó a esta conclusión.- Pero, aunque involucrando en su cuestionamiento la conducta de todos los médicos demandados, la apelante centró sus censuras en un aspecto no considerado por la sentenciante ni contemplado en los informes periciales.-

La apelante cuestiona que pese a conocer a partir del 25 de enero de 2001 o el 31 del mismo mes y año, en virtud del informe del Hospital Italiano de Buenos Aires que la paciente no tenía cáncer sino una enfermedad inflamatoria en la pared del intestino, de variedad indeterminada, durante el restante mes y medio que la actora estuvo internada en el Sanatorio Privado de Río Cuarto no le fuera diagnosticada la enfermedad que realmente tenía, esto es, la enfermedad de Crohn, sometiendo a la paciente a tratamientos inadecuados.-

Señala la recurrente que tal era el desconcierto del Dr. Marcelo F.acerca de cuál era la dolencia que afectaba a su paciente, que el día 22 de marzo de 2001, fecha en que por decisión del esposo de la enferma se decidió continuar la atención médica en la ciudad de Córdoba, el mencionado facultativo expidió un certificado en el que consignó que el mal que afectaba a la actora se trataría de una enfermedad en actividad con compromiso hepático.- Manifiesta también la apelante que en la historia clínica del Sanatorio Privado de Río Cuarto no consta la existencia de un diagnóstico definitivo durante los casi tres meses en que estuvo internada la paciente.- Que la mala praxis de los médicos demandados se manifiesta en el error de diagnóstico o en la falta de él, lo que trajo como consecuencia error en el tratamiento aplicado con la consiguiente demora y postergación del tratamiento adecuado y que ante el desconcierto acerca de cuál era la enfermedad que tenía la actora, la demora en derivarla a un centro médico de mayor complejidad, existiendo relación de causalidad adecuada entre estos hechos y los daños padecidos.- De la lectura de la historia clínica del Sanatorio Privado de Río Cuarto resulta que los hechos relacionados por la actora en este tramo del recurso de apelación son verdaderos.-

Consta en la mencionada documentación que la paciente ingresó a dicho nosocomio el día 3 de enero de 2001 con un cuadro de abdomen agudo, por lo que al día siguiente el Dr. F. le practicó una laparotomía exploradora con resección de intestino delgado, enviando el material quirúrgico para biopsia.- El diagnóstico realizado por el Dr. F.fue de tumor en válvula ileocal.-

El día 8 de enero de 2001 la paciente recibió el alta sanatorial.-

El día 19 de enero del mismo año la enferma fue internada nuevamente e intervenida quirúrgicamente por el mismo facultativo con diagnóstico de abdomen agudo oclusivo.-

Al día 24 de enero la paciente presentaba el mismo cuadro, diagnosticándosele abdomen agudo con peritonitis purulenta.- El día 26 de enero con diagnóstico presuntivo de fístula entérica, la paciente fue sometida a otra laparotomía exploradora procediendo a la sutura del orificio fistuloso.- El día 30 de enero, al comprobarse nuevamente pérdida de líquido entérico por fístula de ileostomía, bajo el diagnóstico presuntivo de fístula entérica se practica una nueva laparotomía exploradora.- Prosigue la atención médica del facultativo bajo el diagnóstico de abdomen agudo con peritonitis.- La paciente recibe el alta sanatorial el día 7 de marzo de 2001.-

A fs. 1361 obra certificado expedido por el Dr. F. el día 22 de marzo del mismo año, aparentemente destinado a ser exhibido a los facultativos que atendieran a la paciente en la ciudad de Córdoba, donde consta que la misma fue internada nuevamente con un cuadro de deshidratación, decaimiento general e hipotensión arterial.- Se aclara al final del certificado que los corticoides fueron utilizados por el Dr. Lo Giúdiuce con quien se hizo interconsulta a solicitud de la familia, para tratar una hepatología que se presentó durante la tercera y cuarta semana, considerándose que existía enfermedad en actividad con compromiso hepático.- A fs. 1438/1439 obra historia clínica del Sanatorio Santo Tomás Privado, donde consta que el día 22 de marzo de 2001 la paciente fue internada en terapia intensiva de dicho nosocomio a solicitud de su esposo, donde permaneció hasta el 27 de marzo del mismo año, siendo allí examinada por el Dr.Rollhauser quien el día 23 de ese mes transcribió en la historia clínica que el cuadro impresiona como enfermedad inflamatoria intestinal fistulizante que si bien no tiene las características histológicas clásicas, tiene aspecto clínico evolutivo e inmunohistoquímico de enfermedad de Crohn, sugiriendo el traslado a un centro de mayor complejidad para su mejor atención.-

A fs. 1450/1650 obra la historia clínica del Hospital Privado de Córdoba.- Como datos relevantes se puede decir que en ella consta que la paciente ingresó al nosocomio el 27 de marzo de 2001, consignándose a fs. 1468/1469 que la impresión diagnóstica era la de enfermedad de Crohn, presentando fístulas intestinales, desnutrición y neumotórax.- En abril del mismo año es internada nuevamente con el mismo cuadro.- El 23 de mayo es internada por un cuadro de dolor abdominal y vómitos, provocado por fístulas abiertas.-

El 13 de junio de ese año se produce una nueva internación por dolores abdominales con síntomas obstructivos propios de la enfermedad de Crohn.- El 7 de setiembre de 2001 es internada la paciente, practicándosele cirugía consistente en resección de fístula intestinal y reconstrucción del tránsito.- Para el 17 del mismo mes la paciente presentaba un cuadro de peritonitis por filtración de fístula.- El día 29 de setiembre la actora recibe el alta con control ambulatorio 2 veces por semana.- Es internada el día 5 de octubre por dolor intenso en zona de mesogastro.-

El 11 de enero de 2002 es internada para practicarle una colecistoctomía programada.- Externada la paciente, con controles periódicos, el 28 de enero de 2003 presenta cólicos intestinales.-

Recién en los últimos meses de 2003 los registros de la historia clínica dan cuenta que la paciente se encuentra bien.-

Tomando en consideración las constancias de las historias clínicas y lo dictaminado por los expertos, he llegado a la conclusión de que la atención médica prestada por el Dr. F.fue en un principio correcta, siendo procedente la derivación al oncólogo para el tratamiento de quimioterapia ante el diagnóstico de cáncer y necesarias las intervenciones quirúrgicas que se le practicaran a la actora para superar los problemas que presentaba (fístulas, obstrucción intestinal, etc).-

Pero asimismo, me parecen razonables los argumentos de la apelante cuando cuestiona el desempeño del médico posterior a conocer que no era un linfoma lo que padecía la accionante sino una enfermedad inflamatoria intestinal de variedad indeterminada.- Desde fines de enero de 2001, en que el Dr. F. tuvo noticia que no estaba ante un cáncer y hasta el 22 de marzo del mismo año en que el marido de la actora decidió llevarla a Córdoba para continuar con su atención, el facultativo se limitó a tratar correctamente los síntomas que presentaba la paciente, pero nada hizo para descubrir cuál era la verdadera enfermedad que tenía, no desarrollando iniciativa alguna ante la ausencia de mejoramiento durante más de un mes y medio, tendiente a profundizar los estudios anatomopatológicos, ante la imprecisión del diagnóstico del Hospital Italiano, cuya parte final hablaba incluso de la necesidad de un informe complementario.- Ello contrasta frontalmente con la actitud de los profesionales que la trataron posteriormente, quienes desde un primer momento consideraron que los síntomas de la paciente impresionaban como propios de la enfermedad de Crohn, solicitando el 3 de abril de 2001 un nuevo informe de anatomía patológica, el que dio como resultado que la paciente padecía esa enfermedad (fs. 1377).-

Está claro entonces que el Dr. F. incurrió en negligencia o impericia en la averiguación de la etiología del mal que afectaba a la demandante. También en inacción para investigar cuál era la enfermedad de la paciente, cuyo estado no mejoraba. No agotó los medios a su alcance para descubrir la enfermedad.No pidió nuevos estudios para determinar cual era la enfermedad inflamatoria intestinal que tenía la paciente, una de las cuales es la enfermedad de Crohn, lo que carece de justificación, teniendo en cuenta que el estudio anatomopatológico de la Dra. E. que lo desechaba, era provisorio y estaba sujeto a corroboración.- Los diagnósticos consignados en la historia clínica del Sanatorio Privado de Río Cuarto, describen los distintos estados por los que iba pasando la paciente (oclusión instestinal, peritonitis), pero sin mencionar siquiera a título de sospecha, la verdadera enfermedad que aquejaba a la actora, actuando espasmódicamente para corregir los síntomas que iba presentando.- Todo ello trasluce que era real el estado de desorientación que tenía el médico.-

Después de haber sometido a la paciente a varias operaciones quirúrgicas y si lejos de mejorar, empeoraba la salud de la paciente, era imperioso conocer cuál era la enfermedad que padecía y el médico nada hizo para averiguarlo.- Ni siquiera tuvo el tino de derivarla a un centro médico de mayor complejidad, para que la paciente recibiera un diagnóstico y tratamiento adecuado a la gravedad de su estado.- Entonces, el profesional no obró con la diligencia que le era exigible conforme a la naturaleza de la obligación y que correspondían a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, como lo establece el art. 512 del Código Civil al definir la culpa.-

Medió entonces negligencia al no tomar el galeno de inmediato las medidas que las circunstancias exigían, con grave riesgo para la salud de la paciente a quien prolongó innecesariamente sus sufrimientos.- El “error de diagnóstico” y “tratamiento inadecuado” de que habla la demanda está circunscripto a eso.- Como dice Vázquez Ferreira:”Lo decisivo en definitiva, no pasa tanto por comprobar si otro médico hubiera cometido o no el mismo error de valoración, sino más bien, determinar los medios que un buen profesional hubiese utilizado para elaborar tal diagnóstico, y si los mismos han sido empleados en el caso concreto. De determinarse que el error proviene de la falta de utilización de alguno de estos medios adecuados, la responsabilidad por culpa surge indefectiblemente” (ob. cit. pág. 748).-

Ahora bien, debe tenerse muy en cuenta una conclusión de la a-quo que no ha sido materia de refutación por la recurrente.- Dice la sentencia que el tratamiento aplicado por el Dr. F. “.no dio el resultado esperado, por la existencia de una causa endógena, sino que por el contrario siguió profundizándose el proceso patológico que era lo que normal y ordinariamente ocurriría (art. 901 del Código Civil).- Repito no es posible confundir el daño causado por el hecho del médico con aquel que emerge de la propia patología del paciente -enfermedad de Crohn- Siguiendo este razonamiento, el examen de conducta de los profesionales no permite determinar qué daños le son atribuibles y cuáles otros recaen en el terreno de la propia víctima, ya sea como consecuencia natural del proceso patológico al que el paciente está sometido desde el inicio, o bien como resultado del riesgo que el tratamiento conlleva, aún con el empleo adecuado de los recursos que brinda la ciencia. (cfr. Revista de derecho de daños, Rubinzal Culzoni, 2003-2, “Responsabilidad de los profesionales de la salud” pág.50/51)”.-

Prueba de que las complicaciones y padecimientos de la paciente tenían su causa en la enfermedad que padecía y no en la atención de los médicos, es la circunstancia de que los padecimientos de la actora no cesaron en cuanto le fue brindado el tratamiento adecuado en el Hospital Privado de Córdoba.- Atendida en dicho establecimiento desde el 27 de marzo de 2001, con numerosas altas y nuevas internaciones, como consta en su historia clínica, continuó padeciendo en forma recurrente y hasta fines de ese año, entre otros síntomas, fiebre, dolores abdominales, diarreas, vómitos, peritonitis por filtraciones de fístulas y trastornos obstructivos propios de la enfermedad de Crohn.- Incluso en setiembre de ese año debió ser sometida a una intervención quirúrgica donde se le practicó una resección de fístula para la reconstrucción del tránsito intestinal.- Las constancias de la historia clínica, que da cuenta de los controles periódicos que se practicaron a la actora, muestran que recién a partir de fines del 2003 presenta recuperación.- La Dra. Bértola, médica del Hospital Privado, quien tuvo a su cargo la atención de la actora en dicho establecimiento, declaró en octubre de 2008 que la paciente ahora se encuentra estable, pero que continúa padeciendo la enfermedad de Crohn, la que es incurable.-

Que la paciente, como secuela de la enfermedad, padece diarreas urgentes lo que le impide desempeñar sus actividades como docente de educación física, contestando afirmativamente cuando le fue preguntado si la enfermedad de Crohn produce por sí un deterioro de la salud incapacitante para el trabajo.- Asimismo, del informe producido por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba obrante a fs.562, que obra reproducido en la sentencia, resulta que los síntomas de la enfermedad son fatiga, diarrea crónica, anemia, fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso, fístulas, abcesos, perforaciones, etc.- En suma, toda la sintomatología que padeció la actora durante su internación en el Sanatorio Privado de Río Cuarto.- Como se expresara anteriormente, ha dicho la juez que no deben ser indemnizados los daños atribuibles a la patología propia de la enfermedad que padece la actora, conclusión que no fue objeto de refutación.- Por ello no puede condenarse al Dr. F. a abonar lo reclamado a título de daño estético, daño síquico, gastos de tratamientos terapéuticos futuros, lucro cesante por incapacidad total y permanente y gastos psiquiátricos, terapéuticos y medicamentos futuros.-

Es que no me parece que la falta de realización de las diligencias necesarias para establecer cuál era la verdadera enfermedad que afectaba la paciente, que es lo que ha configurado la culpa en que ha incurrido el Dr. F., haya incidido causalmente en la producción de estos daños, los que han sido consecuencia de la enfermedad que padecía la actora y no del obrar del médico, no estando probado que la actuación del galeno haya facilitado, estimulado o agravado la patología de la actora, aunque sí como he dicho, ha sido la causa eficiente de la prolongación innecesaria de sus sufrimientos, provocándole daño moral.- Esta conclusión es aplicable a la indemnización reclamada a título de gastos futuros por tratamiento terapéutico, puesto que los factores que hacen necesario el tratamiento -a criterio del perito psicólogo- aparecen relacionados con los síntomas propios de la enfermedad que padece y a las intervenciones quirúrgicas que se le debieron practicar y no a la injustificada demora en que incurrió el Dr. F.para investigar la verdadera enfermedad que afectaba a la actora.- Lo mismo cabe predicar respecto de los gastos de traslado de la accionante a Río Cuarto y a Córdoba, debiéndose agregar respecto de los primeros, que aunque el médico es culpable de no haber empleado los medios necesarios para hacer posible diagnosticar más tempranamente la verdadera enfermedad de la actora, las intervenciones quirúrgicas que le practicó fueron las necesarias para su tratamiento adecuado, conforme resulta de lo dictaminado por los peritos.-

Por otra parte, que la demandante haya perdido la fertilidad es algo que ha sido negado por los accionados y que no ha sido comprobado.- En efecto, el Dr. Segat, autor del certificado d e fs. 1362, en el que entre otras cosas consta que la actora presenta esterilidad como consecuencia del tratamiento de quimioterapia, al declarar como testigo y reconocer la firma del instrumento, aclaró que confeccionó el certificado sobre la base de la historia clínica presentada por la paciente, y es el caso que en ninguna de las traídas al proceso consta la referida circunstancia, no habiendo sido ofrecido como testigo el ginecólogo que supuestamente diagnosticó la esterilidad ni fue acompañado ningún estudio que la demuestre.- Asimismo, tal como lo expresa la sentencia, la pericia ginecológica practicada por el Comité Consultivo (fs.805) da cuenta que no se puede aseverar que la quimioterapia originó la infertilidad, la que puede obedecer a las cirugías abdominales a que fue sometida la actora.- En suma, no está probado que la demandante esté imposibilitada de procrear.- Si lo estuviera, no se sabe cuál fue la causa de la infertilidad.- Por otra parte, en cualquier caso, se trataría de un daño colateral no imputable a los facultativos, puesto que el tratamiento de quimioterapia según los peritos se trató de una práctica médica correcta ante un diagnóstico de linfoma, y las intervenciones quirúrgicas fueron necesarias para el tratamiento adecuado de la paciente frente al cuadro inicial de abdomen agudo oclusivo y las complicaciones posteriores.- Entonces, el único daño que ha padecido la actora atribuible a mala praxis ha consistido en la prolongación innecesaria de sus sufrimientos por la inacción del Dr. F.-

Llegado a este punto, es el momento de preguntarse qué trascendencia ha tenido en el caso la falta de cumplimiento de los médicos del deber de brindar la información debida al paciente.- Y la respuesta es, ninguna.- Es que si como acabo de expresar, no hubo daños a la paciente causados por el tratamiento de quimioterapia y las intervenciones quirúrgicas a que fue sometida, no ha existido relación de causalidad entre la falta de consentimiento informado y los daños por cuya indemnización se acciona.- Entonces, el único reclamo que debe prosperar es el de indemnización por daño moral y contra el Dr. F. solamente.- El daño moral ha sido definido como “una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer y sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona, diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial” (Matilde Zavala de González “Daños a las personas – integridad sicofísica” tomo 2a pág. 36).-

Como factores típicos productores del daño moral, la doctrina ha mencionado los sufrimientos físicos:dolor corporal, incluso el relacionado con las curaciones e intervenciones quirúrgicas, las molestias vinculadas con el tratamiento, tales como las radiografías, análisis, remedios y las incomodidades y padecimientos de la intervención hospitalaria.- También son factores productores del daño moral los padecimientos síquicos: miedo a la muerte, angustia y desazón por la conciencia de la gravedad de la situación, temor por secuelas corporales indelebles e incertidumbre sobre el restablecimiento (Zavala de González, ob. cit. págs. 466/467).- Con el examen de las constancias de autos (historias clínicas, testimoniales) se aprecia acabadamente comprobado que la actora ha experimentado todos estos sufrimientos.- Pero sólo son indemnizables como daño moral aquellos relacionados causalmente con la mala práctica médica de la que ha resultado comprobadamente responsable el Dr. F.-

Ya se ha dicho que ésta se limita a la inacción del facultativo y su falta de iniciativa para investigar cuál era la enfermedad que padecía la actora, desde que supo que los estudios practicados en el Hospital Italiano de Buenos Aires habían arrojado como resultado que la paciente no tenía cáncer sino una enfermedad inflamatoria intestinal de variedad indeterminada.- Como se ha dicho precedentemente y lo acepta la actora, ello ocurrió el 31 de enero de 2001.- Para esa fecha ya habían sido practicadas las cuatro intervenciones quirúrgicas.-

O sea que lo que cabe indemnizar a título de daño moral, son esos aproximadamente 50 días de injustificados e innecesarios padecimientos físicos y psíquicos que experimentó la enferma hasta que empezó a recibir la atención adecuada en la ciudad de Córdoba.- Acreditado entonces el daño moral, corresponde establecer la indemnización que deberá afrontar el demandado, tarea que como hemos destacado reiteradamente, resulta particularmente dificultosa desde que es imposible mensurar en cada caso ese disvalioso estado anímico, pues se trata de algo subjetivo y variable de una persona a otra, y si bien es cierto que dejar librado al mero arbitrio judicial la determinación de ese perjuicio, complica a las partes elcontralor del modo y de los elementos tenidos en cuenta para arribar al monto del resarcimiento, también lo es que en esta materia resulta igualmente difícil establecer parámetros que satisfagan todas las preocupaciones y puedan ser razonablemente admitidos por los tribunales.- Reiteradamente hemos recordado que evaluar el daño moral significa medir el sufrimiento humano y esto no sólo es imposible de hacer en términos cuantitativamente exactos, sino que es una operación no susceptible de ser fijada en términos de validez general o explicada racionalmente, pues cada juez pone en juego su personal sensibilidad para cuantificar la reparación, la cuantía de dinero necesaria para servir de compensación del daño. Conscientes de que “no es factible establecer una ecuación entre dolor e indemnización, debe introducirse un tercer término: el valor de los bienes elegidos al efecto del consuelo.- Estamos hablando de la tesis de los “placeres compensatorios” que conduce a la indagación de los “bienes o servicios sustitutos del daño moral” con cuyo ingreso se procura causar una satisfacción que opere como una suerte de contrapeso por el menoscabo espiritual padecido.-

La individualización de los bienes o servicios necesarios para dispensar el placer compensatorio del daño moral, debe efectuarse desde la perspectiva de una persona de condición patrimonial media, con prescindencia de la que verdaderamente tenga la víctima” (Matilde Zavala de González “Cuanto por daño moral” La Ley 1998-E-1057) (Ver:”Gaumet c/ Grippo” Sentencia nº 36 del 22 de mayo de 2001; “Pontel c/ Hernández e Instituto Médico Río Cuarto” Sentencia nº 66 del 30 de julio de 2010).- Así las cosas, tengo para mí que la realización de un viaje al Mar Caribe (Punta Cana) por 14 días acompañada por su marido sería adecuado y suficiente para producir la satisfacción que compense el sufrimiento causado a la actora por los sufrimientos físicos y psíquicos que tuvo que soportar por la demora en recibir el tratamiento que requería su enfermedad.- El costo de dicho viaje es de aproximadamente treinta y siete mil pesos ($ 37.000) (fuente: “despegar.com”), suma que a mi modo de ver las cosas, consagra un resarcimiento justo para el daño moral padecido.- Como la indemnización se fija en valores actuales, conforme al criterio sentado en la Sentencia nº 37 del 16 de mayo de 2011, por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de esta ciudad, integrada por los Dres. Mola, Cenzano y el autor de este voto, los intereses que van desde la fecha del daño (1 de febrero de 2001) hasta la fecha de la lectura de este fallo, deberán liquidarse a una tasa del seis por ciento (6%) anual y desde entonces, hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva promedio diaria que informa el B.C.R.A., con más un adicional de dos por ciento (2%) mensual no acumulativo.- Por todo lo expuesto hasta aquí y en los términos que resultan de los párrafos que anteceden, voto por la negativa a la presente cuestión.-

Los señores Vocales Eduardo H. Cenzano y Rosana A. de Souza dijeron que por estar de acuerdo con la solución dada al asunto por el Vocal preopinante, adherían a su voto y se pronunciaban en igual sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Vocal Julio Benjamín Ávalos dijo:

No está controvertido que el Dr.F., médico interviniente incurso en “mala praxis” -como quedara establecido en la cuestión anterior- integraba el plantel de facultativos del Sanatorio Privado de Río Cuarto, establecimiento sanitario de propiedad de Prestaciones Integrales Médicas S.A.- Tampoco está en discusión que dicho ente sanatorial era prestador de la “Red Naranja”, gerenciadora contratada por el Instituto Provincial de Atención Médica (I.P.A.M.), hoy Administración Provincial del Seguro de Salud (A.PRO.S.S), organismo que presta asistencia médica a sus afiliados en el carácter de obra social de la provincia de Córdoba.- Asimismo, no está debatido que la actora recibió la atención del Dr. F. en la mencionada clínica, como afiliada y bajo la cobertura del I.P.A.M.- Sobre la base de los hechos relacionados precedentemente, adelanto que tanto el sanatorio como la obra social provincial, deben responder “in solidum” por los daños y perjuicios causados por la deficiente prestación médica recibida por la paciente.- La responsabilidad de la clínica es contractual y tiene como fundamento su obligación de garantía por la conducta de los ejecutores materiales de la prestación.- También se funda su responsabilidad en la existencia de una obligación tácita de seguridad que funciona con carácter accesorio de la obligación de prestar asistencia por intermedio de los facultativos de su cuerpo médico.- Asimismo, se ha justificado esta responsabilidad bajo la figura de la estipulación a favor de tercero que regla el art. 504 del Código Civil (Alberto J. Bueres “Responsabilidad de los médicos” Hammurabi segunda edición págs. 374 y ss.; Roberto A. Vázquez Ferreyra “Responsabilidad de los establecimientos de salud o empresas, por el daño causado por el médico-dependiente” pág. 173 y ss.; Trigo Represas-López Mesa ob. cit.pág 474 y ss.).- Las obras sociales también responde n “in solidum” frente a sus afiliados cuando se trata de daños y perjuicios sufridos en los establecimientos contratados por ellas.- Para Bueres la figura de la estipulación a favor de un tercero también es útil para explicar la responsabilidad de las obras sociales.- Señala que esto se debe a que entre el médico, la entidad sanatorial y las obras sociales se establece un contrato base o relación de cobertura en beneficio del paciente afiliado a la obra social, quien así se transforma en acreedor de la debida atención médica por parte del médico y de la clínica.

Entre la obra social y la clínica existe un contrato, aunque la relación no se constituya voluntariamente sino que resulte impuesta por la ley (ob. cit. pág. 464 y ss.; Trigo Represas-López Mesa pág. 484 y ss.).- Dice Bustamente Alsina que el derecho del afiliado a que la obra social le preste asistencia médica deriva de un contrato preexistente por el que ésta se obliga a la prestación asistencial. “La obra social que tiene a su cargo este específico deber ha de responder por su incumplimiento, sin que interese que para la ejecución de tal prestación haya tenido a su vez la obligación de contratar con terceros, lo que queda jurídicamente emplazado en la estructura obligacional con su afiliado, ya que a éste le resulta en principio indiferente que su deudor cumpla por sí mismo o valiéndose de otras personas, bastándole con obtener la satisfacción de su acreencia.La obra social desde que presta la asistencia de salud a través de prestadores de servicios como son las clínicas, institutos y sanatorios, contrae la obligación de atención médica adecuada al requerimiento del paciente y asume además una tácita obligación de seguridad de carácter accesoria, que la hace responsable no solamente de que el servicio se preste sino también de que se realice en condiciones tales que el paciente no sufra daño por deficiencia de la prestación prometida.La obra social presta asistencia médica al afiliado a través de establecimientos, institutos, clínicas o sanatorios en los cuales hay coexistencia de actos de carácter hospitalario o paramedicales y de actos medicales propiamente dichos. Todos estos servicios, incluidos los medicales y paramedicales se hallan comprendidos en el contrato marco que las obras sociales celebran con los prestadores, comprendiéndose en ellos la estipulación a favor de terceros en los términos de lo dispuesto en el art. 504 del Cód. Civil. Es decir que la obra social actuaría como “estipulante”, la clínica y el médico como “promitentes” y el paciente como “tercero beneficiario” (La Ley 1998-A-404).- La obligación asumida por la obra social y su responsabilidad ante el incumplimiento no se ve alterada en el sub-examen por la circunstancia de que se haya sumado a la cadena contractual una red gerencial.- En efecto, para el afiliado es irrelevante que el A.PRO.S.S. le haya encomendado a Medicina Asistencial Solidaria SRL la contratación de los establecimientos y médicos encargados de prestar la atención médica.- La obra social continúa siendo garante de la correcta atención.- Por lo expuesto me pronuncio positivamente respecto del interrogante planteado.-

Los señores Vocales Eduardo H. Cenzano y Rosana A. de Souza dijeron que por estar de acuerdo con lo expuesto por el Vocal preopinante, adherían a su voto y se pronunciaban en idéntico sentido.-

A LA TERCERA CUESTIÓN, el señor Vocal Julio Benjamín Ávalos dijo:Que teniendo en cuenta el resultado que ha arrojado la votación a las cuestiones precedentes, correspondía que se sentencie la causa, resolviendo hacer lugar parcialmente a la apelación y en consecuencia, modificar la sentencia impugnada, haciendo lugar parcialmente a la demanda, condenando “in solidum” a M. G. F., Prestaciones Integrales Médicas S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud (A.PRO.S.S.), a pagar a la actora, dentro de los diez días contados a partir de que quede firme este pronunciamiento, la suma de treinta y siete mil pesos ($ 37.000) en concepto de resarcimiento por daño moral.- Lo que se manda pagar debe ser incrementado con los intereses establecidos al tratar la primera cuestión.- Teniendo en cuenta que la demanda promovida en contra de los mencionados codemandados, progresa únicamente por el reclamo de indemnización por daño moral, existen vencimientos recíprocos, lo que conduce a distribuir las costas de conformidad a lo que establece el art. 132 del Código Procesal, sin perjuicio de la aplicación del art. 140 del mismo plexo legal.- Al hacerlo, debe tenerse presente que la ponderación de la medida de los vencimientos mutuos debe practicarse con un criterio más jurídico que aritmético y que, como principio, no debe influir en la decisión sobre las costas el progreso parcial de rubros tales como el de la indemnización por daño moral, en el que el arbitrio judicial es determinante para la fijación de su monto.- Teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, considero justo que las costas correspondientes a la demanda incoada en contra de los mencionados codemandados, sean soportadas en la siguiente proporción: ochenta por ciento (80%) la actora y veinte por ciento (20%) los codemandados condenados.-

Debe quedar a cargo exclusivo de éstos el pago de los honorarios de los letrados de la actora (ver Oscar Hugo Vénica “Código Procesal Civil y Comercial” II pág. 66).- Esta Cámara considera que conforme a lo dispuesto por el art.125 de la ley 9459, para regular honorarios corresponde aplicar la ley vigente al tiempo en que se prestó la tarea profesional, por lo que las tareas cumplidas bajo la vigencia de la ley 8226 deben ser remuneradas conforme a dicha normativa y las prestadas rigiendo la nueva ley, aplicando las nuevas normas, correspondiendo recurrir al fraccionamiento por etapas que disponen ambos códigos arancelarios (arts. 42 de la ley 8226 y 45 de la ley 9459).- Por consiguiente, y dado que conforme al resultado de la apelación, deben ser regulados “ex novo” los honorarios correspondientes a la demanda y contestación en lo que hace a la acción deducida en contra del Dr. F., Presinmed S.A. y A.PRO.S.S., cabe dejar sin efecto las regulaciones practicadas al Dr. Andrés Eduardo Cuñado por sus trabajos en la demanda incoada contra el Dr. F. y a las practicadas a los Dres. Nicolás Rins, Susana Avedano y Fabián Manrique.-

Para determinar la legislación aplicable para estimar los estipendios, corresponde seguir el criterio expresado precedentemente, pues al respecto no cabe hacer diferencias entre los abogados que han participado en la misma etapa procesal (demanda y contestación).- Conforme a ello, los honorarios de los Dres. Eduardo Manuel Massa, Gustavo Ignor Berardo y Roberto Gustavo Bidone, por sus trabajos en la demanda promovida en contra del Dr. F., Prestaciones Integrales Médicas S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud, deben ser regulados, en conjunto y proporción de ley, en la suma de catorce mil ciento ochenta pesos ($ 14.180).- Para estimar el honorario por el escrito de demanda he aplicado los arts. 29 inc. 1º, 34, 36 y 42 de la ley 8226 y para las demás etapas del pleito, los arts. 31 inc.1º y 2º, 36, 39 y 45 de la ley 9459.- La base económica utilizada ha sido la suma de sesenta y cuatro mil doscientos setenta y dos pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 64.272,55) a la que he arribado aplicando los intereses establecidos en esta sentencia al importe estimado en concepto de indemnización por daño moral. He meritado la calidad de la defensa, el relativo éxito obtenido y la mediana complejidad de los temas debatidos.-

Propongo que la regulación de los honorarios de los Dres. Andrés Eduardo Cuñado y Nicolás Rins, por los trabajos en la demanda incoada en contra del Dr. F. y Prestaciones Integrales Médicas S.A., sean regulados de manera definitiva en la suma de . pesos ($ .) para cada uno.- Para regular los honorarios correspondientes a la contestación de la demanda, he aplicado la ley 8226 y para las demás etapas del juicio, la ley 9459.- Conforme al art. 29 inc. 2º de la mencionada ley (idéntico al art. 31 de la ley 9459), teniendo en cuenta la complejidad del asunto y la importancia de la tarea profesional del letrado, he tomado como base el 40% del importe de la demanda y sus intereses calculados a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A., con más el medio por ciento (0,50%) mensual hasta el 7 de enero de 2002 y de allí en adelante, el 2% mensual. El importe de la base asciende así a la suma de . pesos ($ .).- Para regular el resto de los trabajos efectuados por los letrados, he aplicado los arts. 31 inc. 2º, 36, 39 y 45 de la ley 9459 y he utilizado la misma base económica.- He meritado la buena calidad de la defensa, el éxito obtenido y la complejidad de los temas debatidos.

Para la regulación de los honorarios de los abogados del A.PRO.S.S. han de seguirse las mismas pautas, pero cabe reducir la estimación teniendo en cuenta las etapas cumplidas.- Así las cosas, la regulación definitiva de la remuneración de los Dres.Susana Avedano, Fabián Manrique y Ana María Gandía, en conjunto y proporción de ley, ha de ascender a la suma de . pesos ($ .).- El pronunciamiento debe ser confirmado en todo lo demás que decide y que ha sido materia de recurso.- Teniendo en cuenta que la pretensión de la recurrente en lo que hace a la demanda deducida en contra del Dr. F., Prestaciones Médicas Integrales S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud (A.PRO.SS.) de que se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda en todas sus partes, no ha sido acogida en su integridad, puesto que la demanda progresa parcialmente, considero que las costas de la alzada respecto de dicha apelación deben ser soportadas por las partes en la misma proporción que se dispuso para la instancia anterior, esto es que la accionante debe soportar el ochenta por ciento (80%) de las mismas -también sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 140 del Código Procesal- y el D r. F., Prestaciones Integrales Médicas y Administración Provincial del Seguro de Salud, el veinte por ciento (20%), quedando exclusivamente a cargo de esos últimos la totalidad de los honorarios de sus respectivos letrados.- Las costas de la alzada correspondientes a la demanda deducida en contra de la Dra. E. y el Dr. Bove, deben ser impuestas en su totalidad a la actora.- Los honorarios de la alzada correspondientes a los Dres. Gustavo Bidone, por sus trabajos en la alzada, concernientes a la demanda deducida en contra del Dr. F., Prestaciones Integrales Médicas S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud (A.PRO.S.S.) deben ser regulados de manera definitiva en la suma de . pesos ($ .).- Para arribar a dicho importe he aplicado los arts. 31 inc.1º, 36, 39 y 40 de la ley 9459.- Para individualizar la base económica he seguido las enseñanzas de Adán Ferrer en “Código Arancelario – Comentado y Anotado – Ley 9459” nº 87, tomando a apelante y apelado, respectivamente, como actor y demandado y a la expresión de agravios como demanda.- La base utilizada ha sido entonces, el monto por el que ha prosperado la apelación, coincidente con el importe de la condena, que como resultado de los cálculos efectuados anteriormente, sumados capital e intereses, asciende a la suma de . ($ .).

Para regular el honorario he tenido en cuenta las mismas pautas que las ponderadas para regular los honorarios de la instancia anterior.- El honorario de los Dres. Andrés Eduardo Cuñado, Nicolás Rins, María del Carmen Piccione y Mercedes Fernández Gómez, correspondientes a este recurso, debe ser regulado de manera definitiva en la suma de . pesos ($ .) para cada uno, en el caso de los Dres. Cuñado y Rins, y en conjunto y proporción de ley respecto de las letradas mencionadas en último término, en la misma suma. Para efectuar la estimación del honorario, he aplicado los arts. 31 inc. 2º, 36, 39 y 40 de la ley 9459.- He tomado como base el cuarenta por ciento (40%) del importe de la demanda y sus intereses, que es el contenido de la pretensión del apelante, que asciende, como resulta de los cálculos efectuados con anterioridad, a la suma de . pesos ($ .), proporción que considero adecuada teniendo en cuenta la calidad de la defensa.- La apelación se rechaza totalmente en lo que respecta a la pretensión de que se revoque la sentencia y sean condenados los Dres. S. R. E.y Víctor Bove y su aseguradora, a pagar los importes reclamados en la demanda.- En consecuencia, las costas correspondientes al recurso incoado para que se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda en contra de los mencionados co-demandados, deben ser soportadas por la actora, quien ha resultado vencida en la instancia, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto por el art. 140 del Código Procesal.- Propongo que los honorarios del Dr. Andrés Eduardo Cuñado y Alejandro R. Laión sean regulados de manera definitiva en la suma de . pesos ($ .) para cada uno.- Para regular este honorario he aplicado los arts. 21 inc. 2º, 36, 39 y 40 de la ley 9459.-

He tomado como base económica el importe de la demanda y sus intereses ($ 3.856.440,78) sin practicar deducción alguna porque el recurso que contestan se rechaza totalmente.- Para efectuar la estimación, he tenido en cuenta la eficacia de la gestión, el éxito obtenido, la buena calidad de la defensa y la complejidad de los temas debatidos.- Así voto.-

Los Sres. Vocales Eduardo H. Cenzano y Rosana A. de Souza adhirieron al voto precedente.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede y por unanimidad del Tribunal;

SE RESUELVE:

1º) Hacer lugar parcialmente a la apelación y en consecuencia, modificar la sentencia impugnada y condenar “in solidum” a M. G. F., Prestaciones Integrales Médicas S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud (A.PRO.S.S.) a pagar a la actora, dentro de los diez días contados a partir de que quede firme este pronunciamiento, la suma de . pesos ($ .) en concepto de resarcimiento por daño moral, con más los intereses determinados al tratar la primera cuestión.-

2º) Disponer que las costas correspondientes a la demanda deducida en contra de los mencionados codemandados, sean soportadas en la siguiente proporción: ochenta por ciento (80%) la actora y veinte por ciento (20%) los codemandados, siendo a cargo exclusivo de los segundos el pago de los honorarios de los letrados de la actora.-

3º) Dejar sin efecto las regulaciones practicadas al Dr.Andrés Eduardo Cuñado por sus trabajos en la demanda incoada en contra del Dr. F. y las efectuadas a los Dres. Nicolás Rins, Susana Avedano y Fabián Manrique.-

4º) Regular en forma definitiva en conjunto y proporción de ley los honorarios de los Dres. Eduardo Manuel Massa, Gustavo Ignor Berardo y Roberto Gustavo Bidone por sus trabajos en la demanda promovida en contra del Dr. F., Prestaciones Médicas S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud (A.PRO.S.S.), en la suma de . pesos ($ .).-

5º) Regular en forma definitiva los honorarios de los Dres. Andrés Eduardo Cuñado y Nicolás Rins por su tarea profesional en la demanda incoada en contra del Dr. F. y Prestaciones Integrales Médicas S.A., en la suma de . pesos ($.) para cada uno.-

6º) Regular en forma definitiva los honorarios de los Dres. Susana Avedano, Fabián Manrique y Ana María Gandia, en conjunto y proporción de ley, en la suma de . pesos ($ .).-

7º) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que decide y que ha sido materia de recurso.-

8º) Disponer que las costas de la alzada correspondientes a la demanda deducida en contra del Dr. F., Prestaciones Médicas Integrales S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud (A.PRO.S.S.), sean soportadas en la siguiente proporción: ochenta por ciento (80%) la actora y veinte por ciento (20%) los mencionados codemandados quienes deberán cargar con la totalidad de los honorarios de sus respectivos letrados.-

9º) Imponer a la actora las costas de la alzada correspondientes a la demanda incoada en contra de la Dra. E. y el Dr. Bove.-

10º) Regular en forma definitiva los honorarios de la alzada por las tareas profesionales concernientes a la demanda deducida en contra del Dr. F., Prestaciones Médicas Integrales S.A. y Administración Provincial del Seguro de Salud (A.PRO.S.S.), correspondientes a los Dres. Gustavo Ignor Berardo y Roberto Gustavo Bidone, en conjunto y proporción de ley, en la suma de . pesos ($ .).-

11º) Regular en forma definitiva los honorarios de los Dres. Andrés Eduardo Cuñado, Nicolás Rins, María del Carmen Piccione y Mercedes Fernández Gómez, por sus trabajos en la alzada correspondientes a la demanda individualizada en el inciso anterior, en la suma de . pesos ($ .) para cada uno en el caso de los Dres. Cuñado y Rins y en conjunto y proporción de ley respecto de las letradas mencionadas en último término, en el mismo importe.-

12º) Regular en forma definitiva los honorarios de los Dres. Andrés Eduardo Cuñado y Alejandro Roberto Laión por sus trabajos en la alzada correspondientes a la demanda promovida en contra de los Dres. E. y Bove, en la suma de . pesos ($ .) para cada uno. Protocolícese y oportunamente bajen.-

  1. A mi me paso lo mismo , me diagnosticaron linfoma de hoskin, y me cortaron la vena testicular hace 8 años. estoy Realizandome estudios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s