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Que el kirchnerismo convirtió el Congreso en una mera escribanía del Poder Ejecutivo dejó de ser una novedad; la frase se acuñó como un lugar común en la política argentina. El problema es que esta (des)calificación se quedó corta: según estadísticas parlamentarias oficiales, desde que asumió Cristina Kirchner apenas el 15% de las leyes sancionadas en el poder que este año se verá renovado parcialmente pertenecen a la oposición y, para peor, muy pocas de ellas fueron relevantes.
Resulta sugestivo que la presidenta Cristina Kirchner, quien con frecuencia rescata sus años como legisladora con añoranza, haya logrado el triste “triunfo” de haber erradicado del Congreso la cultura parlamentaria, llevándolo a su pico más bajo de decadencia. Las estadísticas parlamentarias oficiales, procesadas por el equipo de LA NACION Data, así lo confirman: año tras año se sancionan menos leyes, sólo se privilegian aquellas que provienen del Gobierno y, cuando no hay urgencias de la Casa Rosada, se priorizan aquellas que pertenecen a legisladores oficialistas o a sus aliados. A la oposición sólo le restan las migajas.
En efecto, según el relevamiento que efectuó LA NACION, de las 567 leyes sancionadas desde fines de 2007 hasta nuestros días, sólo 82 fueron elaboradas por la oposición, frente a 485 normas que presentaron el Poder Ejecutivo, legisladores oficialistas y sus tradicionales aliados. De esta última cifra, el Gobierno lidera el ranking con 262 leyes, seguidas por 185 pertenecientes a legisladores kirchneristas y 38 aliados.
Lo llamativo es que esta tendencia no fue siempre igual durante la era kirchnerista: en los dos primeros años de la gestión de Néstor Kirchner (2003 a 2005) la oposición tuvo un mayor protagonismo que en la gestión de su esposa y sucesora. En efecto, de las 277 leyes aprobadas durante aquel período, casi el 25% fueron elaboradas por opositores.
Más allá de estas frías estadísticas, lo cierto es que la oposición recuerda aquella primera época kirchnerista como la más fructífera en términos de debate político. Por entonces había vida parlamentaria, los proyectos se discutían a conciencia en las comisiones legislativas, los ministros y funcionarios daban explicaciones a los legisladores y éstos podían proponer modificaciones en los textos oficiales sin que se los tildara de poner palos en la rueda, como ahora. Visto aquello con el prisma de hoy, parece una época remota.
“Una vez que Kirchner consolidó su poder y hegemonía, en 2005, la oposición fue anulada. Sólo se priorizó la agenda del oficialismo, no se discutió nada fuera de esa agenda y los textos se aprobaban en comisión sin que se les modificara una coma. Incluso proyectos opositores que iban en cierta línea con los del oficialismo fueron descartados”, recuerda el diputado Federico Pinedo, jefe del bloque de Pro, una de las bancadas que apenas puede exhibir una sola ley propia sancionada en seis años, la que presentó su colega Paula Bertol sobre la prórroga del sistema de mediación en la Justicia.
“Esto no siempre fue así -agrega Patricia Bullrich (Unión por Todos), al comparar su actual mandato con el que ejerció entre 1993 y 1997, durante el gobierno de Carlos Menem-. Si bien en el menemismo también se priorizaban los proyectos oficiales, la oposición tenía una participación mucho mayor y las iniciativas podían ser mejoradas en el Congreso. Las provincias solían tener una influencia decisiva en los temas de su directo interés, situación que hoy no existe.” Las pocas iniciativas opositoras que llegan al recinto son, en su mayoría, inocuas, como transferencias de inmuebles, o la declaración de emergencia de alguna zona del país o las que declaran de interés nacional alguna festividad regional.
Hay algunas excepciones, como las leyes contra la trata de personas, del ex senador Luis Falco (UCR); la modificación de los Códigos Civil y Comercial para la mayoría de edad, del senador Rubén Giustiniani (PS); el haber mínimo jubilatorio garantizado, del diputado Claudio Lozano (UP); la ley de matrimonio homosexual, de la ex diputada socialista Silvia Augsburger; la de seguridad bancaria, de Gerardo Milman (GEN); la de identidad de género, de la ex diputada Silvana Giudici; la sanción a delitos contra la integridad sexual, de la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta), y la ley de promoción de donación de órganos, de Mario Fiad (UCR), entre otras.
Fuente: La Nación
