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Un decreto sobre ética pública restringe el control ciudadano

shutterstock_97435076La presidenta y su vice, los senadores y diputados, y también los jueces. Ninguno estará obligado a detallar ante los ciudadanos sus bienes, los de sus cónyuges, el origen de sus ingresos, si tomaron o no créditos, si sus familiares tienen acciones o empresas, si sus amigos les “prestaron” algo.

El kirchnerismo así lo impuso en su nueva versión de la ley de “ética en el ejercicio de la función pública” Nº 26.857, sancionada el 8 de mayo pasado para modificar a la 25.188/99. Y Cristina Fernández de Kirchner lo ratificó en el decreto reglamentario 895 publicado en el Boletín Oficial.

Ese decreto contiene el diseño de la planilla que deberán presentar los funcionarios de los tres poderes. La información ahora no solamente será “reservada”; sino que demandará a los funcionarios establecer una cifra global estimada de sus patrimonios, y no mucho más.

El depositario de la información reservada será la Afip -hoy Ricardo Echegaray- que de todas maneras ya cuenta con mucho más que eso si quiere usar información reservada. A discreción según criterio del poder en turno. En cambio, el nuevo marco normativo no determina organismo de control específico para evaluar el cumplimiento de las obligaciones.

Los ciudadanos o los periodistas ya no tendrán el derecho a acceder al detalle de los bienes -y de la evolución patrimonial- de quienes son los servidores públicos.

En los 10 años de kirchnerismo -al igual que en 4 años de mandatos anteriores- nunca se constituyó la Comisión Nacional de Ética Pública que debía ser depositaria de la declaraciones juradas de los funcionarios, que hasta hoy debían contener el detalle de bienes inmuebles o automóviles, ingresos, posesiones accionarias, depósitos bancarios del interesado y de sus familiares directos.

Esa base de datos era utilizada no sólo por la Oficina Anticorrupción sino también por periodistas para analizar a los representantes de los ciudadanos. Fue -por ejemplo- gracias a la obligación ahora suprimida que se supo que Amado Boudou declaró que era socio de José María Nuñez Carmona y que éste tenía vínculos con Alejandro Vandenbroele, el monotributista que comprara Ciccone.

O que Néstor Kirchner compró dólares en un momento muy conveniente, que el matrimonio presidencial ganó mucha plata a partir de tasas de interés inexistentes en el mercado bancario, o que Lázaro Báez tenía muchas empresas constructoras además de estancias a precio inédito, o que Nilda Garré poseía ingresos de la titularidad de un registro automotor, incompatibles con su sueldo como ministra.

¿Sin justicia?

El ex perito de la Corte Alfredo Poptrikin explicó que en el futuro “los investigadores judiciales, cuando quieran chequear una evolución patrimonial, no lo van a poder hacer con facilidad”. En el programa de María O’Donnell por radio Continental señaló que “al momento de hacer su presentación, el funcionario va a poder dibujar cómo se compone su activo, el detalle, de dónde sacó el dinero. Como no informa los pasivos, los puede armar con mucha facilidad. Es improbable que el investigador pueda llegar a conclusiones contundentes”.

Más poder en manos de la Afip

Contadores Forenses es una Organización No Gubernamental que preside el ex perito de la Corte Alfredo Poptrikin. La entidad emitió una declaración advirtiendo que con la nueva normativa, “en Internet se publicarán los totales de los rubros del patrimonio, sin detalle de ninguna naturaleza.

“Además, entre la información ‘reservada’, los funcionarios ya no detallarán sus ingresos, ni las sociedades que poseen, así como tampoco los créditos tomados ni deudas contraídas.

Ante posibles investigaciones, le será más sencillo al funcionario sospechado manipular los datos y más difícil acreditar su enriquecimiento ilícito”.

Explica la nota que en el reglamento firmado por la presidenta, “se señala que el cambio dota de mayor congruencia al sistema y optimiza la calidad y certeza de la información. Nada más alejado de ello. La calidad de la información se ha degradado, ya no se conocerá la evolución del patrimonio y menos aún se podrá acceder a una posible justificación”.

Advierte también que “la Afip ejercerá cierto control sobre los funcionarios de los tres poderes, al mantener un listado de las presentaciones u omisiones de cada funcionario. Además, las oficinas receptoras de DD.JJ. deberán informar a la Afip el detalle de las personas incluidas en este régimen”.

Fuente: El Litoral

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