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No hubo mala praxis por parte del médico neonatólogo y el hospital por la falta de detección precoz de la fibrosis quística congénita sufrida por una pequeña que motivó su deceso

abortoPartes: S. H. F. y otros c/ R. C. s/ daños y perjuicios (con exc. cont. alq.) s/ inc. cas.

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 19-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-78970-AR | MJJ78970 | MJJ78970

Se rechazan los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por los padres de la menor contra la sentencia que rechazó la demanda por mala praxis contra el médico neonatólogo y el hospital por la falta de detección precoz de la fibrosis quística congénita que sufría la pequeña y que motivó su deceso.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la actora toda vez que no resulta arbitraria o normativamente incorrecta la sentencia de la anterior instancia que rechazó la demanda por daños y perjuicios promovida por los padres de la menor contra el médico neonatólogo y el hospital por la falta de detección precoz de la fibrosis quística congénita que sufría la pequeña y que motivó su deceso.

2.-De la prueba rendida surge que el diagnóstico efectuado por el médico neonatólogo no se advierte como incorrecto o contrario a las prácticas habituales, máxime frente a la existencia de una anemia aguda de la lactante, la que podía ser motivada por diferentes causas, habiéndose acreditado que la fibrosis quística de páncreas era una causa poco frecuente.

3.-La existencia de algún antecedente familiar de fibrosis quística no se encuentra consignada ni en la historia clínica de la madre ni de la menor, por lo que no se advierte como irrazonable lo decidido por el Tribunal en el sentido de desechar la prueba testimonial frente al resto de las pruebas que en forma contundente acreditan que no se informó respecto al antecedente familiar de fibrosis quística.

Fallo:

En Mendoza, a diecinueve días del mes de abril del año dos mil trece, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa N° 104.425, caratulada: «S. H. F. Y OT. EN J° 111.211/42.538 S. H. F. Y OTS. C/ R. C. P/ D. Y P. (CON EXC. CONT. ALQ.) S/ INC. CAS.»

De conformidad con lo decretado a fs. 173 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; segundo: DR. JORGE H. NANCLARES y tercero: DR. OMAR PALERMO.

ANTECEDENTES:

A fs. 42/72 el Sr. H. F. S. interpone recursos de Inconstitucionalidad y Casación contra la resolución de fs. 1240/1247 dictada por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y Tributario en los autos N° 111.211/42.538, «S. H. F. Y OTS. C/ R. C. P/ D. Y P.»

A fs. 96 se admiten formalmente los recursos y se ordena correr traslado a la parte contraria.

A fs. 104/108 vta. contesta la Sociedad de Beneficencia y Mutualidad Hospital Español de Mendoza y solicita el rechazo de los recursos con costas. Idéntica posición procesal adopta Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. a fs. 119/121 vta., C. R. a fs. 124/131, La Buenos Aires Seguros S.A a fs. 134/152 vta.

A fs. 160/162 obra el dictamen del Procurador quien por las razones que expone aconseja rechazar los recursos.

A fs. 172 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 173 se deja constancia del orden de estudio de la causa.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:

I.PLATAFORMA FACTICA.

Constituyen hechos relevantes para la resolución de la causa los siguientes:

1. Los Sres. H. F. S. y R. Y. Contreras interpusieron demanda de daños y perjuicios contra el Dr. C. R. y el Hospital Español por la suma de $ 230.000 con más intereses.

Fundaron su petición en la responsabilidad médica incurrida por el galeno y en la obligación tácita de seguridad que recaía en el nosocomio por la muerte de su pequeña hija F. S.

Efectuaron una descripción de los hechos que sustentaban su reclamo, destacándose los siguientes:

• Que en el año 1999 tomaron conocimiento que habían concebido un hijo. Efectuaron una consulta médica inmediata ya que tenían conocimiento de que familiares cercanos en línea vertical ascendente en primer grado y lateral de 1° y 2° grado habían tenido antecedentes de cáncer de mamas, fibrosis quística y diabetes respectivamente. Por ello, concurrieron al obstetra Dr. Arpedoni, a quien le expusieron los antecedentes familiares relativos a la fibrosis quística.

• Que durante el embarazo, el Dr. Arpedoni no satisfizo las expectativas de la actora, particularmente en relación al antecedente familiar de fibrosis quística; razón por la cual, cambiaron de médico y la Sra. Contreras fue atendida por los obstetras Silvia y Jorge Eztala.

• Que con fecha 1/08/00 fue internada en el Hospital Español y dio a luz a su pequeña hija, F. S., siendo recibida por el neonatólogo, Dr. C. R.

• Que el día 3/08/00 el galeno concurrió a realizar la visita de rutina y allí, encontrándose presentes la abuela materna, el Sr. Mario Roberto Pérez y Nidia Benítez tomó conocimiento de viva voz de los progenitores de la existencia de una fibrosis quística que sufría una prima hermana del progenitor. En efecto, resaltaron que tales antecedentes deberían haber figurado en la historia clínica de la madre antes del parto, ya que sus médicos tratantes conocían tal situación. A posteriori, el Dr. R.auscultó al bebé y se retiró de la habitación.

• Con fecha 5/08/00 se le efectuaron análisis a la pequeña y cotejados los valores, el Dr. R. consideró que todo estaba normal. El día 6/08/00 se le dio el alta y el médico les ofreció sus servicios en consultorio particular.

• Que luego de diez días, concurrieron al consultorio particular del profesional quien controló a la beba en la curva de su peso y les manifestó que había experimentado un retardo en su evolución. Frente a esto, los padres hicieron hincapié en que el retardo en la evolución era uno de los síntomas de la enfermedad familiar.

• Que siempre expusieron ante el galeno la existencia de tal antecedente familiar por el temor de que su hija lo padeciera.

• Que al mes se le efectuó el segundo control de rutina, y, en ese momento, el pediatra constató que la curva del peso de la niña continuaba con retardos en la evolución, tenía los edemas y además manifestaba estados febriles. Frente a tales circunstancias y -sin tener en cuenta la enfermedad familiar- el médico ordenó el suministro de Aptamil, leche química a efectos de reforzar la alimentación y Termofren para el estado febril.

• Que, quince días más tarde, concurrieron nuevamente al consultorio y manifestaron preocupación por el peso que casi no había variado. Además, la niña había comenzado a tener vómitos, sufrir muchas deposiciones diarias (siendo el color de éstas algunas veces amarillas y otras verde), más signos de la enfermedad que padecía. El galeno le restó importancia al cuadro e insistió en que se encontraba en perfecto estado de salud y fuera de todo peligro sin admitir la posibilidad alguna de las enfermedades genéticas ya informadas.

• De todo lo expuesto se evidencia que el médico no le practicó ni el examen obligatorio por ley dentro de los tres primeros días de nacido, ni tampoco el test del sudor.Además no se le extrajo una muestra de sangre a efectos de remitirla a los institutos especializados para investigar su dolencia y/o descartar el temor de sus progenitores.

• Que con fecha 3/10/00 el progenitor actor y su abuela paterna concurrieron directamente al Hospital Español de Mendoza a consultar al Dr. R. ya que habían notado que las manos y pies de la pequeña no estaban normales y estaban edematizados. El médico auscultó a la niña y les manifestó que no había nada anormal pero que, ante la duda, correspondía realizar un nuevo análisis de sangre a la niña.

• Que con fecha 4/10/00 se le practicó el análisis requerido y en la tarde de dicho día concurrieron al consultorio particular del Dr. R. quien les informó que los valores eran normales y que continuaran suministrándole la leche. No obstante tales dichos, al día siguiente, los contactó telefónicamente y les informó que había vuelto a revisar los análisis y había advertido que el valor del Hematocrito era bajo; por ello, correspondía realizar una transfusión de sangre. Esta circunstancia evidenciaba la falta de diligencia del profesional, quien al observar el análisis ni siquiera advirtió el valor del Hematocrito.

• Que luego, el actor fue acompañado por su hermano R. S. a fin de anoticiarse en relación a la necesidad de transfusión ordenada. En tal momento, el pediatra les explicó que como el bebé había nacido por cesárea y el cordón umbilical había sido cortado antes de tiempo, la transfusión resultaba necesaria a efectos de paliar el estado anémico de la criatura.

• Que la menor fue internada el día 6/10/00 y se le hizo la transfusión, intertanto la Dra. Daniel Sacerdote, médica del Hospital Español, les preguntó si durante el embarazo le habían efectuado controles y si la madre había padecido alguna enfermedad. Tales requerimientos los sorprendieron y le hicieron conocer tales circunstancias al Dr.R.

• Que el día 7/10/00 el Dr. R. ordenó efectuar un nuevo análisis de sangre y le dio el alta a la niña.

• Que el día 10/10/00 le entregaron los resultados del análisis, constatando que tenía Citomegalovirus positivo. En tal estado concurrieron al profesional quien minimizó los resultados por considerar que eran los anticuerpos de la madre y que todo estaba en excelente estado. Ante tal diagnóstico, los actores insistieron en la presencia de la enfermedad «Fibrosis Quística», sin embargo, él negó tal situación.

• Que ese mismo día concurrieron al consultorio del Dr. Sordi quien al detectar la presencia del Megalovirus, solicitó diversos exámenes.

• Que el día 23/10/00 se decidió con el Dr. Sordi contactar al Dr. Diyacovo, especialista en fibrosis quística quien fue consultado el 24/10/00. A posteriori, se le realizó una nueva transfusión y fue trasladada al Hospital Italiano de Buenos Aires el día 26/10/00 en estado crítico y pasando por una serie de crisis, las que finalmente derivaron en su deceso el día 26/11/00.

• Que del certificado de defunción se advertía que las causas de muerte eran paro cardíaco no traumático, insuficiencia respiratoria, existiendo un estado patológico concomitante de fibrosis quística.

Justipreciaron los rubros reclamados, destacando entre éstos: a) Daño emergente en la suma de $ 30.000; b) Daño Moral en la suma de $ 200.000.

Ofrecieron prueba. Fundaron en derecho.

2. Se hizo parte el Dr. C. R. mediante apoderado (constancias de fs. 333/344) y propició el rechazo de la acción sobre la base de los siguientes argumentos:

• Que el demandado no se había equivocado ni tampoco demorado en el diagnóstico.

• Que la recién nacida mostró características de normalidad y fue controlada y evaluada siguiendo todas las normas médicas aplicables.En efecto, del examen clínico practicado no se observaban datos propios de la fibrosis quística.

• Que existía un estado de anemia fisiológica del lactante y que en los prematuros ese estado fisiológico estaba exagerado. Por tanto, la decisión de suministrarle leche artificial fue acertada.

• Que los padres omitieron efectuar estudios genéticos moleculares para detectar si eran portadores del gen de la Fibrosis Quística. Dentro de tal contexto, el neonatólogo hubiera solicitado los exámenes relativos a la pesquisa neonatal. En efecto, la enfe rmedad denunciada como causal «Fibrosis Quística del páncreas» era una enfermedad genética.

• Que habían transcurrido sólo cinco días desde que el momento que había aparecido el primer episodio de edema y palidez hasta el momento que los padres de la menor decidieron dar por concluida la relación médico-paciente. Por tanto, no había mediado ni el tiempo ni los estudios suficientes para que el médico pudiese realizar un diagnóstico probable.

Ofreció prueba. Fundó en derecho.

3. Se presentó la Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad Hospital Español y contestó la demanda (constancias de fs. 345/351).

Sostuvo la falta de responsabilidad de su parte sustentada en las siguientes circunstancias:

• Que el Dr. R. había atendido a la menor al momento de nacer y que fue evaluada siguiendo todas las normas aplicables y recomendadas por la ciencia médica.

• Que su adaptación fue la correcta con buena relación madre-hija y que se le dio el alta.

• Que la atención posterior fue totalmente ajena al hospital.

• Que el día 6/10/00 el Dr. R. indicó una transfusión de glóbulos rojos sedimentados y albúmina para corrección de su déficit. Que en dicha oportunidad fue atendida por la Dra.Daniela Sacerdote y se consignó en la historia clínica como único antecedente un episodio materno, una VDRL positiva (prueba reactiva en caso de sífilis). Se le dio el alta al día siguiente.

• Que a partir del 9/10/00 los padres de la menor decidieron desvincularse del Dr. R.

• Que la atención y cuidados fueron los acertados ya que en ningún momento se constató un trastorno del ritmo intestinal patológico.

• Que no existían antecedentes prenatales de los padres constatados en las historias clínicas de los Dres. Arpedoni ni tampoco de los Dres. Eztala.

• Que tampoco existían antecedentes familiares de fibrosis quística ni estudios genéticos de los padres referidos a la posibilidad de ser portadores de la enfermedad. Esta circunstancia resultaba corroborada por la historia clínica de la madre durante el tiempo que duró la internación motivada por el nacimiento de la hija.

Ofreció prueba. Fundó en derecho.

4. Se presentaron las compañías aseguradoras del hospital y del médico quienes peticionaron el rechazo de la demanda con similares argumentos a los expuestos por los demandados directos (presentaciones de HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. a fs. 352/369 y de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada a fs. 389/401). Asimismo expusieron las limitaciones de la cobertura de sus asegurados.

5. Luego de sustanciada la causa, el Juez de primera instancia admitió parcialmente la demanda con fecha 1/12/09 (constancias de fs. 1099/1101) con los siguientes argumentos:

(i) Responsabilidad médica incurrida:

Concluyó la existencia de responsabilidad sobre la base de las siguientes circunstancias:

a) Obligación legal de efectuar las pruebas de detección:

• Que de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente a la época en que nació la niña F. S., se imponía la realización de pruebas de rastreo para la detección precoz de la fibrosis quística, patología que le causara la muerte a la menor a menos de cuatro meses de nacida. En efecto, la mentada patología fue incorporada por la Ley 24.438, mediante la modificación de los arts.1° y 2° de la Ley 23.413, que originariamente preveía la realización de pruebas de rastreo para la detección precoz de la fenilcetonuria, y se sumó luego el hipotiroidismo congénito (Ley 23.874).

• Que conforme el Art. 3 de la Ley 23.413, la realización de dichas pruebas resultaba obligatoria en todos los establecimientos estatales que atendieran recién nacidos, es decir que como obligación legal sólo correspondería efectuarlas en dichos centros asistenciales.

• Que el art. 4° establecía que las obras sociales y los seguros médicos, debían considerarla como prestación de rutina en el cuidado del recién nacido. Coincidentemente el Decreto N° 1316/94, reglamentario de la ley (que pese haber sido promulgado con anterioridad a la sanción de la Ley 24.438, correspondía hacerlo extensivo a la fibrosis quística por ella incorporada a la ley reglamentada) establecía que las pruebas de rastreo debían considerarse como prestaciones de rutina en el cuidado del recién nacido, tanto por parte de establecimientos estatales o privados como por obras sociales o seguros médicos (Art. 3), enumerando en el Art. 2 quienes eran los responsables de la realización de la pruebas de rastreo, entre ellos, los médicos neonatólogos (inc. c) y las parteras y profesionales especializados, encargados de atender a los recién nacidos en maternidades y establecimientos asistenciales (inc. d).

• Que aunque pudiera considerarse que de acuerdo con el tenor literal de las normas transcriptas tales pruebas de rastreo no constituían una obligación legal cuando la atención del recién nacido tenía lugar en establecimientos privados y/o a través de obras sociales o seguros médicos, no era menos cierto que al señalar la ley y su reglamentación que debían considerarse como prestaciones de rutina, ello por sí sólo suponía que constituyen o forman parte de las reglas de la lex artis.

• Que en el caso, los actores contaban con la obra social Docthos y la niña fue atendida por el Dr.R como médico neonatólogo y por el Hospital Español hasta que se le diera el alta. Esta circunstancia fue admitida por el demandado R. y por tanto, conforme el Art. 2 de la Ley 24.438, para la fibrosis quística o mucoviscidosis la prueba debió realizarse en todos los recién nacidos dentro de los cuatro primeros días de vida, es decir que dicha prueba, como una prestación de rutina (léase como práctica del buen arte de curar), debió ser efectuada, necesariamente, antes de que le diera a ambas (madre e hija) el alta.

• Que además era su obligación si la testigo Nidia Liliana Benítez expuso que el Sr. H S le previno a aquél, en ocasión de concurrir el día 3 de agosto a revisar a la beba y mientras lo hacía, que él tenía antecedentes de fibrosis quística en su familia (ver fs. 471, su respuesta a la «tercera» -en minúsculas-, testigo que no fuera tachada).

• Que de la historia clínica confeccionada en el hospital demandado en ocasión del alumbramiento de la menor hasta que fuera dada de alta no surgía que se le hubiera efectuado la prueba de rastreo que conforme la ley y su reglamentación debía ser considerada como una prestación de rutina cuando la atención del recién nacido tenía lugar en establecimientos privados y/o a través de obras sociales o seguros médicos.

• Que no era un hecho controvertido que dicha práctica de rutina no se efectuó.

b) La comunicación de la enfermedad por parte de los progenitores al neonatólogo:

• Que la controversia planteada giraba en torno a que los demandados y sus aseguradoras afirmaron que no se había practicado el estudio por culpa de los progenitores, quienes -según aducen- habrían omitido referir la existencia de un antecedente de fibrosis quística en la familia del padre.• Que tal circunstancia resultaba impensable si la madre de la pariente que la padecía había sido la presidente de la Asociación Mendocina de lucha contra la fibrosis quística y/o FIPAN Mendoza. En efecto, la omisión de los médicos tratantes de dejar constancia de ella en las fichas de atención y/o en la historia clínica sólo a ellos les era imputable, y además también los médicos obstetras resultaban responsables de la realización de las pruebas de rastreo según la reglamentación; Art. 2, inc. b).

• Que resultaba la responsabilidad de ambos demandados ante la omisión comprobada de disponer una práctica que conforme la ley debía ser considerada como una prestación de rutina. Por ello, les incumbía arrimar elementos de prueba que justificasen que el desenlace fatal igual pudo seguirse tal como ocurriera aún con un diagnóstico prematuro de la enfermedad.

• Que ante la falta de elementos, cabía presumir que la menor habría cuando menos alcanzado la edad promedio de vida de quienes padecían la enfermedad, y que sus padres vivirían hoy con la conciencia tranquila, sin culparse de una mala elección del médico neonatólogo.

(ii) Cuantificación de los montos.

Que sentada la responsabilidad de los demandados, la que debía hacerse extensiva a sus respectivas aseguradoras, citadas de garantía, en la medida del seguro (art. 118 del Código Civil), correspondía analizar la procedencia de los diversos rubros y montos reclamados en la demanda:

• Que resultaba razonable el importe reclamado en concepto de daño emergente, teniendo en cuenta los gastos terapéuticos en que era dable suponer de acuerdo con la patología padecida, como así también los de estadía en Buenos Aires durante el lapso -casi un mes- en que la menor estuviera internada, hasta su deceso, en el Hospital Italiano.

• Que en concepto de daño moral se estimaba la suma de $ 50.000 para cada uno de los accionantes.

6. La sentencia fue apelada por la actora.La Cámara admitió el recurso y, en consecuencia, rechazó la demanda (21/10/11, fs. 1240/1247). Razonó de la siguiente manera:

(i) Inexistencia de Responsabilidad:

• Que en autos no había quedado acreditada la culpa del Dr. C. R., en la atención de la menor F. S., ni la relación de causalidad entre la omisión de los análisis para detectar la fibrosis quística, en los primeros días de nacida y la muerte de la niña.

• Que a la época en que se produjo el nacimiento de la pequeña, el análisis para detectar la fibrosis quística no era una práctica obligatoria en los centros asistenciales públicos o privados, por lo que no se podía considerar que el médico que omitió ordenarlo, inmediatamente después del nacimiento, cuando no existía ninguna sospecha de la presencia de la enfermedad, incurrió en culpa.

• Que en la pericia de la Dra. Ponce concluyó que no existía relación de causalidad entre la falta de un diagnóstico precoz y el desenlace final de muerte de la paciente, y que ésta padeció desafortunadamente, una enfer medad genética con un alto índice de mortalidad, hasta por su forma de presentación.

• Que el Dr. Eduardo Lentini, neumonólogo pediatra, especialista en terapia intensiva infantil, Jefe del Servicio de Neumonología y fibrosis quística del Hospital Notti, consignó que la decisión del pediatra de recetar un suplemento de leche artificial fue correcta y que en casos de transfusiones por anemia aguda, como la realizada a la recién nacida, no era frecuente recabar antecedentes de fibrosis quística, dada la bajísima frecuencia del cuadro que se describía en la historia clínica, como causado por la fibrosis quística.

• Que según la perito Dra. Florentina Ponce, los tratamientos brindados por los médicos que en Mendoza y en Buenos Aires atendieron a la niña, luego del Dr. R., no lograron revertir el cuadro que acusaba.

• Que el testimonio de la Sra.Benítez apreciado según las reglas de la sana crítica, no aparecía creíble, si se tenía en cuenta el resto de las pruebas rendidas en el expediente sobre el antecedente de fibrosis quística, en la familia del padre y las circunstancias en que se produjo la manifestación de los padres al médico.

7. Contra dicha sentencia, la actora interpone los recursos de Inconstitucionalidad y Casación en análisis.

II. LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE:

1. Recurso de Inconstitucionalidad:

La actora recurrente sostiene que el supuesto se encuentra contemplado en el art. 150 incisos 1 y 3 del C.P.C.

Entiende que la sentencia es arbitraria porque no encuentra otro fundamento que la voluntad de los jueces, ignorando las pruebas rendidas y habiendo omitido valorar hechos y circunstancias que debieron tenerse en cuenta.

Asevera que se ha violado el derecho de defensa y que el decisorio ha omitido considerar todas aquellas pruebas rendidas en la causa que acreditaban que la fibrosis quística como antecedente de enfermedad familiar había sido informada al Dr. R. y que el galeno había omitido efectuar aquellos controles necesarios a efectos de analizar si la menor F. S. padecía la enfermedad. En efecto, manifiesta que se ha restado importancia a la testimonial de la Sra. Nidia Benítez y que efectuando una valoración integral de las pruebas surge que jamás la actora pudo omitir haber reseñado los antecedentes de fibrosis quística en la familia.

Destaca que la resolución ha desconocido las pruebas que acreditaban el nexo de causalidad y la responsabilidad del galeno. En efecto, se omitió considerar las consecuencias que produjo la falta de diagnóstico y tratamiento de la dolencia en los primeros dos meses y siete días de vida cuando fue atendida por el Dr. R.

Refiere que el médico ha incumplido una obligación de medios que le era impuesta porque omitió efectuar el correspondiente estudio frente a los antecedentes familiares.Afirma que el Tribunal omitió analizar correctamente las circunstancias de la causa ya que efectivamente el estado edematoso que presentaba Florencia le impidió realizar el correspondiente estudio (en ese caso, el test del sudor) como consecuencia de la conducta negligente del médico ya que no le hizo el estudio cuando pudo hacerlo.

Hace hincapié en que el fallo en forma desacertada omitió considerar la prueba pericial rendida por la Dra. Ponce y sobre todo la circunstancia de que la pequeña había nacido «en condiciones normales».

Asimismo se agravia porque se ha ignorado lo expuesto por el Dr. Iacovo en el sentido de que si le hubiera diagnosticado y tratado la enfermedad, la proyección de vida hubiera alcanzado unos veinte o treinta años.

2. Recurso de Casación:

Impugna la resolución recurrida y considera que se ha inaplicado la normativa citada. En efecto, el examen para detectar la presencia quística resultaba una práctica impuesta por la Ley 24.438 modificatoria de la Ley 23.413 y agregó dicha patología, cuyo examen debía ser considerado de rutina en los establecimientos públicos y privados así como para las obras sociales y seguros médicos.

Afirma que la aplicación normativa omitida se encuentra reforzada por otras normas como la Ley 22.431 y el Programa Provincial de Fibrosis Quística.

Refiere que a partir del año 1997 y ante la entrada en vigencia de la Ley 24.754 las empresas de medicina prepaga debían cubrir como mínimo, y en todos los diferentes planes que ofrecieran todas las prestaciones previstas en la Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N° 247/96 denominada Plan Médico Obligatorio.

Sostiene que la inaplicabilidad dispuesta afecta el derecho a la salud que ostentaba la menor, el que se encontraba ampliamente garantizado no sólo por la Constitución Nacional sino también por los diferentes tratados de Derechos Humanos.

III. SOLUCION DEL CASO:La cuestión a resolver en la presente instancia es si resulta arbitraria o normativamente incorrecta una sentencia que rechazó una demanda por daños y perjuicios contra un médico neonatólogo y un hospital teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

• Que los padres demandaron a un médico neonatólogo y a un hospital por falta de detección precoz de una fibrosis quística congénita que sufría su pequeña hija al nacer y que tal circunstancia motivó el deceso de la pequeña.

• Frente al planteo, las instancias de grado adoptaron diferente actitud:

(i) El juez de grado, admitió la demanda sustentando su decisión en que resultaba obligatoria la realización del test para la detección precoz y además que al médico no se le había informado de un antecedente familiar de fibrosis quística.

(ii) La Cámara rechazó el planteo por entender que no había existido culpa profesional del neonatólogo y, por ende, responsabilidad alguna del nosocomio. Avaló su postura en la circunstancia de que no había quedado acreditado que los progenitores hubieran informado respecto a la enfermedad y además tal práctica no era obligatoria en aquel tiempo en la provincia

1. El recurso de Inconstitucionalidad:

A) Tiene dicho este Tribunal que, «la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S. 188-446, 188-311, 102-206, 209-348, etc.)» (L.S. 223-176).

«La arbitrariedad también existe en los casos de análisis erróneo (cuando el error es inexcusable) ilógico o inequitativo del material fáctico. La omisión o meritación torcida de prueba decisiva, relevante, esencial y conducente para la adecuada solución del litigio, hace que el fallo no sea una derivación razonada de lo alegado y probado en la causa, agraviando el art.18 de la Constitución Nacional» (L.S. 238-392).

«No puede confundirse arbitrio y arbitrariedad. El arbitrio es razonable, fundado y permite el contralor del superior. La arbitrariedad es el reino de lo absurdo, ilógico, caprichoso y es lo que la doctrina de la Corte ha pretendido evitar, al admitir esta causa genérica de defectos en la forma de las sentencias que dictan los jueces» (L.S. 240-8).

El recurso de inconstitucionalidad tiene carácter excepcional, por ello, las causales se interpretan restrictivamente, evitando que la Corte se convierta en una tercera instancia ordinaria, contraviniendo todo el sistema recursivo (L.S. 223-176).

Ahora bien, debe distinguirse los supuestos de discrepancia valorativa de aquellas causales de inconstitucionalidad definidas como omisión de prueba decisiva o valoración arbitraria de la misma, y en este sentido se ha resuelto que «la simple discrepancia valorativa no alcanza para sustentar un recurso extraordinario de inconstitucionalidad. El Juez es soberano para decidir y definir cuáles elementos de juicio apoyan la decisión, no está obligado a considerar todos los rendidos, sino sólo los elementales para fundar apropiadamente la decisión, según el principio de la sana crítica racional y el juego de las libres convicciones. Sólo le está vedado apoyarse en las íntimas convicciones. Existe omisión de prueba decisiva, cuando se ha ignorado, olvidado o preterido un medio de prueba y que ese olvido o no consideración tenga tal entidad, que de haberlo evaluado, la decisión hubiese sido sustancialmente diferente en la solución del conflicto. Por el contrario, no existiendo tal decisividad, la decisión judicial opera en el marco de la selección de medios probatorios que le está permitido tomar en cuenta u omitir, siempre de acuerdo con un sistema de libres convicciones. Valoración arbitraria significa evaluar la prueba con ilogicidad, en contra de la experiencia o del sentido común. Arbitrariedad es absurdidad, contraria a la razón, desprovisto de elementos objetivos y apoyado sólo en la voluntad de los jueces» (L.S.302-445).

En conclusión, la tacha de arbitrariedad es improcedente si se funda en una mera discrepancia del recurrente con la apreciación de los hechos y la interpretación de la prueba efectuada por los jueces de grado, toda vez que la procedencia de la impugnación requiere la enunciación concreta de las pruebas omitidas y su pertinencia para alterar la decisión de la causa (L.S. 226-440).

B) El caso concreto:

En el caso traído a resolución corresponde determinar si resulta arbitraria la sentencia que rechazó el reclamo indemnizatorio articulado por los padres de una menor por error de diagnóstico y falta de diligencia en la realización de estudios de detección precoz de la fibrosis quística.

En función de los criterios expuestos, y conforme surge de la prueba rendida en la causa, entiendo que la sentencia impugnada no adolece de los vicios imputados. Ello así en virtud que los razonamientos del pronunciante no se muestran como apartados de las constancias objetivas de la causa, no contrarían las reglas de la lógica, ni se apoyan en consideraciones dogmáticas o carentes de razonabilidad como lo exige la excepcionalidad del remedio intentado.

De la lectura de la pieza recursiva se advierte que la recurrente sólo manifiesta su discrepancia valorativa respecto a los fundamentos esenciales de la resolución recurrida, sin que ello pueda considerarse una crítica adecuada que amerite la nulidad de la sentencia en trato.

La queja de la actora se centra en el error de diagnóstico por parte del facultativo y que motivó la omisión de realización de pruebas de detección precoz de fibrosis quística, pruebas que en definitiva hubieran impedido el deceso de la menor.

En relación a los agravios en particular, cabe destacar:

(i) Falta de consideración de la culpa profesional incurrida al no efectuar el diagnóstico precoz de fibrosis quística frente a la existencia de antecedentes familiares:

La actora se agravia porque el fallo ha omitido considerar que el Dr. R.tenía obligación de efectuar la detección precoz de la fibrosis quística y no lo hizo frente a los antecedentes familiares denunciados. En tal sentido se queja porque el decisorio omitió considerar las consecuencias que produjo la falta de diagnóstico y tratamiento de la dolencia en los primeros dos meses y siete días de vida cuando fue atendida por el galeno.

La queja en este aspecto debe ser rechazada. Explicaré por qué:

Como regla general la responsabilidad médica se rige al igual que toda responsabilidad profesional por los mismos principios que la civil en general, por lo que son exigibles los mismos presupuestos de antijuridicidad, existencia del daño, relación de causalidad y factor de atribución.

Particularmente la culpa médica se rige por los parámetros establecidos por los arts. 512 y 912 del Código Civil y abarca la impericia, negligencia o imprudencia en el ejercicio de la profesión. En general, la obligación que asume el profesional de la salud es de medios apropiados para lograr la curación poniendo toda su ciencia y prudencia en el tratamiento del enfermo (Borda «Tratado de Derecho Civil Argentino-Contratos» -n°1046; Bueres, «Responsabilidad Civil de los Médicos» p.130; Bustamante Alsina, «Prueba de la culpa médica» L.L 1992-D, 579).

Cabe señalar que, en principio, el profesional sólo responde cuando un error en el diagnóstico ha sido grave e inexcusable. Ello así en razón que lo relativo al mismo, versa prima facie sobre cuestiones puramente científicas, susceptibles de debate entre médicos y, por tanto, no puede dar nacimiento a casos de responsabilidad civil, ni caer bajo el examen de los tribunales, salvo que los hechos reprochados escapen a la clase de actos y que, por su naturaleza, están exclusivamente reservados a las dudas y a las disposiciones de la ciencia y se compliquen de negligencia, ligereza o ignorancia de cosas que indispensablemente debía conocer.Conforme enseña Bueres «.el médico será responsable -por razón de su culpa- en caso que cometa un error objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase, pero si el equívoco es de apreciación subjetiva por el carácter discutible u opinable del tema o materia, el juez no tendrá en principio, elementos suficientes para inferir la culpa de que informa el art. 512 del Código Civil» (Félix A Trigo Represas, «Error de Diagnóstico y Responsabilidad Civil del Médico» en J.A 1988 II-31). En igual sentido la jurisprudencia: Cam. Civ y Com. Morón Sala II, 28/3/89, Juris, T° 87).

Este Tribunal ha expuesto: «La existencia de culpa médica, obra como un prerrequisito esencial para imputarle responsabilidad civil al demandado. Ésta debe ser siempre apreciada en concreto, siendo necesario preguntarse qué es lo que habría hecho un médico prudente, colocado en igualdad de condiciones extremas a las que se encontró el autor del hecho dañoso, teniendo en cuenta el estándar objetivo, correspondiente a la categoría de médico prudente, común, genérico, ajustado sobre las bases de los arts. 512, 902 y 909 del Código Civil» (LS 378- 68).

En el caso el Tribunal analizó la conducta profesional del Dr. R. teniendo en consideración las particularidades del caso y en tal sentido destacó:

• Que a la época en que se produjo el nacimiento de la hija de los actores, el análisis para detectar la fibrosis quística no era una práctica obligatoria. Tal conclusión resultaba avalada por la prueba pericial (fs. 1009/1011 realizada por el Dr. Lentini (neumonólogo del Notti) y por la de fs. 784 realizada por la Dra. Florentina Ponce). Asimismo surge del informe de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo de fs. 639/640.• Que no existió error de diagnóstico ni demora en su formulación por parte del galeno ya que en el caso no hubo ni tiempo ni recursos técnicos para elaborar un diagnóstico. Tal circunstancia resultaba corroborada por la prueba pericial de la Dra. Ponce ya que la afección que padeció la menor fue de tal severidad que no pudo superarla a pesar de los cuidados, medicamentos, técnicas y recursos que se le brindaron en el Hospital Italiano.

• Que tampoco existía relación de causalidad entre la falta de un diagnóstico precoz y el desenlace final de muerte de la paciente ya que la pequeña había padecido una enfermedad genética con un alto índice de mortalidad hasta su forma de presentación, circunstancia que surgía de la pericia de la Dra. Ponce en la cual se explicita que la paciente tenía afectados varios órganos desde el inicio de su vida y que tales daños eran de carácter genético.

Tales conclusiones no han sido replicadas ni impugnadas en forma adecuada por la parte recurrente quien se abroquela en la postura de que el galeno incurrió en culpa profesional sin rebatir las razones por las cuales la Cámara consideró que tal negligencia no había sido acreditada en autos.

Por ello y teniendo en consideración la valoración de la prueba, estimo que el fallo no resulta irrazonable, más allá de compartir o no la solución que adopta. En efecto, de la prueba rendida surge que el diagnóstico efectuado no se advertía como incorrecto o contrario a las prácticas habituales máxime frente a la existencia de una anemia aguda de la lactante, la que podía ser motivada por diferentes causas, habiéndose acreditado que la fibrosis quística de páncreas era una causa poco frecuente.

Por otra parte, no puede soslayarse que la existencia de algún antecedente familiar de fibrosis quística no ha quedado consignada ni en los antecedentes obstétricos de la madre (ver historia clínica de fs. 591, testimoniales de la Dra.Sacerdote a fs. 472/473, del Dr. Jorge Eztala de fs. 483, del Dr. Arpedoni de fs. 484, Dra. Silvia Liliana Eztala de fs. 693/694). Tampoco quedó consignada en los antecedentes de la menor (ver historia clínica obrante a fs. 601/610).

Por otra parte, el propio Dr. Sordi (quien atendió a la niña luego del demandado) tampoco tenía diagnóstico cierto cuando se realizó la derivación al Hospital Italiano. En efecto de la prueba testimonial de fs. 612/614 surge tal circunstancia (ver especialmente pregunta 10° de fs. 612 vta., repregunta 3° a fs. 612 vta., repregunta 12° de fs. 613) Tampoco el Dr. Di Yacovo tuvo un diagnóstico certero sobre la enfermedad (fs. 615 vta. segunda ampliación).

En tal sentido, no puede soslayarse que surge de la pericial de la Dra. Ponce, luego de transcribir totalmente la historia clínica de la paciente en el Hospital Italiano de Buenos Aires, quien manifiesta que los profesionales del Hospital Italiano, sospecharon que la niña podía padecer fibrosis quística el 27/10/2000, cuando se solicita análisis de quimiotripsina y alfa 1 antitripsina que están relacionados con FQP y el test de sudor. Y el perito Barbero Bécker expuso que el diagnóstico indubitable fue con la necropsia (ver constancias de fs. 647 items 2 y 3).

Por ello no resulta irrazonable la conclusión a la que arriba el Tribunal de grado en relación a la eximición de responsabilidad del médico. En efecto, valoro que desde el punto de vista médico legal, impericia es la ausencia de los conocimientos normales que toda profesión requiere cuando se trata de un médico general y los propios de la especialidad si se trata de un especialista, la negligencia es considerada como el descuido o falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto o tarea puesta al servicio del acto medical.En el sublite, ninguna de estas circunstancias fue probada.

Asimismo, se ha juzgado que los tratamientos médicos cuentan, cualquiera sea su naturaleza, con un margen de imprevisibilidad, lo cual tradicionalmente se ha denominado álea. Ello implica que, aún cuando el profesional haya tomado todos los recaudos necesarios, el resultado puede no ser el buscado, circunstancia que no siempre será reprochable a aquél (TRIGO REPRESAS, Félix y ot. «Tratado de la responsabilidad civil», T II, pág. 413. En similar sentido Prevot, Juan Manuel «La aletoriedad del acto médico: mitos y realidades del complejo trama prestacional», La Ley Doctrina Jurídica 2004-3,1074). En el caso, la decisión de suministrar un suplemento de leche artificial a fin de paliar la anemia no se advierte como incorrecta a la luz de lo acreditado en la causa especialmente lo expuesto por el Dr. Lentini en su contestación de la pregunta 8° obrante a fs. 566.

Conforme con lo expuesto estimo razonable el decisorio en crisis en cuanto consideró no acreditada la culpa en el obrar del Dr.R., ni en el diagnóstico originalmente efectuado ni en la práctica realizada a la hija de la actora.

Cabe destacar que la apreciación de la responsabilidad médica debe efectuarse con suma prudencia y ponderación, valorándose la índole de la profesión, su carácter algo conjetural y los riesgos que su ejercicio supone en el estado actual de dicha ciencia ya que se trata de una rama del saber en la que predomina la materia opinable y en la que resulta dificultoso fijar límites precisos en lo correcto y en lo que no lo es, máxime teniendo en cuenta que en la misma impera el principio de discrecionalidad, que se manifiesta en la libre elección por parte del facultativo para la aplicación en cada caso de los métodos terapéuticos conocidos que estime corresponder, basta para ello entonces, con que hubiese sido discutible u opinable el procedimiento elegido para que quede descartada toda idea de culpa o negligencia por parte del profesional que se inclinó por parte de uno de los sistemas posibles.

(ii) La falta de valoración de la prueba testimonial de la Sra. Nidia Benítez y el resto de la prueba que demostraba que jamás la actora pudo omitir reseñar los antecedentes familiares de fibrosis quística:

La recurrente afirma que se ha violado su derecho de defensa ya que la sentencia ha dejado de considerar aquellas pruebas rendidas en la causa que acreditaban que la fibrosis quística como antecedente de enfermedad familiar había sido informada al Dr. R. En efecto, afirma que se ha restado importancia la testimonial de la Sra. Nidia Benítez y además el fallo en forma errónea deja de efectuar una valoración integral de las pruebas, las que evidencian que particularmente reseñaron al galeno los antecedentes de fibrosis quística en la familia.

No le asiste razón a la recurrente en este aspecto.En la especie, no se advierte como irrazonable lo expuesto por el Tribunal en el sentido de desechar tal testimonial frente al resto de las pruebas que en forma contundente acreditaban que no se había informado respecto al antecedente familiar de fibrosis quística. En efecto, el fallo, sustentó su decisión en: «La declaración de la testigo, apreciada según las reglas de la sana crítica, no aparece creíble, si se tiene en cuenta el resto de las pruebas rendidas en el expediente sobre el antecedente de fibrosis quística, en la familia del padre y las circunstancias en que se produce la manifestación de los padres al médico.

Conforme lo que es de práctica en la atención de pacientes internados por los médicos tratantes, no es común, ni habitual que dicha atención se produzca en presencia de familiares y personas extrañas a quienes, por lo general, se los invita a abandonar la habitación. En el caso concreto, no es creíble que el pediatra que atiende por primera vez a un recién nacido, permita que dicha atención se realice en presencia de tres personas, además, de los padres».

Tal valoración, más allá de ser compartida o no, no se advierte como arbitraria. Por lo que el agravio en este punto debe ser rechazado.

(iii) Inexacto análisis de la relación de causalidad entre la mala praxis que se le imputa al Dr. R. y el deceso de la pequeña:

El núcleo de la queja de la recurrente en este aspecto está centrado en el inexacto análisis realizado de la relación de causalidad entre la falta de diagnóstico del Dr. R. -que omitió efectuar los estudios correspondientes los primeros días de vida- y la muerte de la hija de la parte actora.En efecto, destaca que la resolución ha desconocido las pruebas que acreditaban el nexo de causalidad y la responsabilidad del galeno, en particular afirma que se omitió considerar las consecuencias que produjo la falta de tratamiento de la dolencia en los primeros meses de vida cuando fue atendida por el Dr. R.

Este agravio tal como ha sido propuesto no puede ser admitido.

Cabe precisar que de la lectura del fallo no surge que haya existido irrazonabilidad en el análisis de la relación de causalidad en relación a los perjuicios que la actora considera sufridos a la luz de la prueba rendida. En efecto, la sentencia se sustenta en las siguientes circunstancias:

• De la prueba pericial de la Dra. Ponce, obrante a fs. 746/786, al contestar la sexta pregunta sobre la incidencia que pudo haber tenido en la evolución de la menor, la circunstancia de que el Dr. R. no pudiera arribar a un diagnóstico certero en el plazo de cinco días. Manifestó que «la afección fibrosis quística que padeció Florencia, fue de tal severidad que no pudo superarla a pesar de los esmerados cuidados, medicamentos, técnicas y recursos técnicos modernos y actualizados que se le brindaron en el Hospital Italiano de Buenos Aires»…. Concluyó que no existía relación de causalidad entre la falta de un diagnóstico precoz y el desenlace final de muerte de la paciente, y que ésta padeció desafortunadamente, una enfermedad genética con un alto índice de mortalidad, hasta por su forma de presentación. Esta circunstancia fue corroborada por la perito en la audiencia de fs. 880/881 y en tal sentido aclaró: «que la paciente tenía afectados varios órganos desde el inicio de su vida, es genético, desde la concepción está dañado, nació enferma:páncreas, hígado, médula, piel, pulmón, intestino.»

No puede soslayarse que la determinación de si existe nexo causal entre una determinada conducta y un daño constituye sin duda una cuestión de hecho, supeditada a las circunstancias fácticas de cada caso, y obviamente a su acreditación en el juicio. La culpa comienza, se ha dicho cuando terminan las discusiones científicas, y no puede exigírsele a un médico más de lo que sea posible hacer al promedio de quienes desempeñan igual profesión o especialidad.

Es sabido que en los juicios de mala praxis médica la prueba pericial asume un rol preponderante. En efecto, en tales causas, como regla, resulta indispensable recurrir a la prueba de peritos, desde que normalmente versan sobre aspectos científicos y técnicos sobre los cuales el juez no está en condiciones de opinar, pues se trata de aplicar conocimientos ajenos a su saber.

Así lo tiene resuelto reiteradamente este Tribunal: «En los juicios de mala praxis médica, el juez puede desechar el dictamen pericial por carencia de fundamentación, por la fuerza de convicción de otras pruebas que concurran en la especie o por otras causas, pero no oponiendo consideraciones propias de la ciencia, arte o técnica del perito» (LS 348-119). En igual sentido: «En los juicios de mala praxis médica, cuando el peritaje aparece fundado y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen, pues el perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos especiales» (LS  312-75)… «No existe arbitrariedad manifiesta  en la sentencia que apoya sus conclusiones en los dichos de los expertos, cuyo conocimiento es ajeno al de los jueces» (LS 342-153 entre otros).

A mayor abundamiento, numerosa jurisprudencia de otros tribunales del país que ha indicado que en casos de mala praxis médica la prueba relevante es justamente la pericial médica (Cám. Nac.Civil Sala M 30/8/2001 en J.A 2001-IV p.599, Cám Nac. Civ. y Com Fed. Sala 2° «Ponce de León vs. Estado Nacional y otros» del 30/8/91 J.A 1992-II-221).

Cabe precisar que una de las características fundamentales del dictamen pericial es que no es vinculante, ello por cuanto no implica que el juez deba atarse inevitablemente a las conclusiones periciales. Sin embargo para apartarse de ellas o aceptar las impugnaciones de las partes debe encontrarse asistido de fundadas razones, pues tratándose de una ciencia ajena a su conocimiento no puede arbitrariamente emitir una opinión (Vázquez Ferreyra, Roberto «Daños y Perjuicios en el ejercicio de la Medicina», Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1992. En igual sentido: C. Nac. Civ. Sala M 30/8/01 «G.C.E.v.P,V y otro», C.Civ. y Com. San Isidro, Sala II 4/5/90 JA semanario del 25/09/91; C.Nac. Civ. Sala K 7/09/89 JA 1990-I-222).

Por lo que considero acertado lo expuesto por la Alzada ya que las razones dadas no parecen absurdas ni ilógicas.

En función de los criterios expuestos no advierto arbitrariedad en la ponderación de las pruebas obrantes en la causa en relación a este punto.

Por los motivos expuestos, corresponde el rechazo del recurso de Inconstitucionalidad.

2. Recurso de Casación:

Los agravios de la parte recurrente consisten en la falta de aplicación de la Ley Nacional 24.438.En efecto, el examen para detectar la presencia quística resultaba una práctica impuesta por la Ley 24.438 y correspondía su aplicación a la luz de los convenios internacionales.

En mi opinión, la suerte de la queja casatoria ha quedado sellada en razón de las consideraciones efectuadas en el recurso de inconstitucionalidad y las cuestiones allí definitivamente analizadas.

En efecto, la eventual obligación de aplicar o no la ley llevaría a analizar el sustrato fáctico de la causa, en particular, la relación de causalidad entre el supuesto incumplimiento de la ley y los eventuales daños sufridos la actora, cuestión que excede el estricto marco casatorio (L.A. 89-446; L.A. 99-114; L.A. 106-26; L.A. 122-463; L.A. 128-280; L.A. 161-355, entre otros).

Por lo que corresponde el rechazo del recurso de Casación.

IV. CONCLUSIONES:

Por los motivos expuestos, corresponde el rechazo de los recursos interpuestos.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente por resultar vencida (arts. 36 y 148 C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 19 de abril de 2.013.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

RESUELVE:

I.- Rechazar los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 42/72 por el Sr. H. F. S. y la Sra. R.Y. C.

II.- Imponer las costas a la parte recurrente por resultar vencida.

III.- Regular los honorarios profesionales del siguiente modo: Dres.: María Leonor ETCHELOUZ, en la suma de ($.); Osvaldo LIMA (h), en la suma de ($.); Antonio Jaime LOGRIPPO, en la suma de ($.); Beatriz LOGRIPPO, en la suma de ($.); María C. BRESSA DE VAZQUEZ VIERA, en la suma de ($.); Emilio VAZQUEZ VIERA, en la suma de ($.); Alejandro PINTO, en la suma de ($.); Enrique MARZARI DE ELIZALDE, en la suma de ($.); Claudio TARQUINI, en la suma de ($.) y Sergio SPADARO, en la suma de ($.) (arts. 2, 3, 15, 31 Ley 3641).

IV. Dar a la suma de ($.), de la que dan cuenta las boletas de depósito obrantes a fs. 80 y 84, el destino previsto por el art. 47 inc. IV del C.P.C.

Notifíquese. Ofíciese.

mt

DR. JORGE H. NANCLARES

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Omar PALERMO, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 19 de abril de 2.013.-

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