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El asalto a mano armada que produjo la muerte del trabajador mientras esperaba el colectivo constituye un accidente in itinere

ArmaPartes: B. M. E. y otro c/ Víctor Martinez 320 S.R.L. y otro s/ accidente – ley especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-79439-AR | MJJ79439 | MJJ79439

El asalto a mano armada que produjo la muerte del trabajador mientras esperaba el colectivo constituye un accidente in itinere en los términos del art. 6 de la ley 24557, por lo que cabe acoger el reclamo indemnizatorio de los padres de aquél. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde revocar parcialmente la sentencia recurrida y, en consecuencia, acoger la demanda deducida por los padres del trabajador fallecido en los términos de los arts. 11 ap. 4.c. y 15 ap.2 de la ley 24557, pues cabe concluir que el infortunio que terminó con la vida del empleado -asalto a mano armada cuando esperaba el colectivo- fue un accidente in itinere en los términos del art. 6 de la norma referida.

2.-El trabajador que reclama la indemnización generada como consecuencia de un accidente in itinere sólo debe probar que el hecho se produjo en el recorrido que debía realizar todos los días y a la hora en que regresaba a su hogar, pero si el empleador afirma que no se trató de un viaje directo es él quien debe aportar la respectiva prueba.

3.-Es procedente indemnizar el accidente sufrido por el trabajador en el camino hacia su domicilio, ya que la accionada no demostró que el trayecto elegido por el dependiente haya sido irrazonable o inapropiado, ni mucho menos que haya sido utilizado por razones personales.

4.-Si bien se encuentra acreditado el accidente in itinere padecido por el trabajador, en su producción no puede imputarse responsabilidad objetiva a la empleadora en los términos del art. 1113 del CCiv., como así tampoco responsabilidad subjetiva de conformidad al art. 1109 del CCiv., ya que el daño se produjo por la intervención un tercero y de una cosa riesgosa -arma de fuego- que no es propiedad de la empleadora, ni tampoco se encuentra bajo su guarda.

5.-El sistema de prestación de pago mensual que establece el art.15, ap. 2 de la LRT. -a cuyos términos remite el art.18 de la LRT. para el caso de fallecimiento-, frente al trance de suma gravedad que constituye la muerte y a la reformulación del proyecto de vida que su desaparición implica para los derechohabientes, reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían reformular dicho proyecto, en la medida que impide la configuración de las alternativas que podrían resultar realizables a través de la percepción de una indemnización de pago único; tal solución constituye una arbitraria discriminación y una irrazonable injerencia reglamentaria en el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida de los derechohabientes, que resulta violatoria de las garantías que consagran los arts.14 bis y 16 de la CN. y los Tratados de jerarquía constitucional.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 06/03/2013, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda instaurada por «accidente in itinere», se alza la parte actora a tenor del memorial que luce a fs. 404/408, que mereció oportunas réplicas de las contrarias a fs. 413/415 y fs. 416/vta.

Luego de un detenido y pormenorizado análisis de las constancias probatorias de la causa, a la luz del principio de la sana crítica (arts. 90 L.O. y 386 CPCCN), arribo a la convicción de que le asiste razón a la parte recurrente, por lo que propiciaré se revoque el pronunciamiento recaído en la instancia previa.

Los accionantes (padres del trabajador) alegaron en el escrito introductorio que, el día 21/11/09, alrededor de las 5:30 hs., E. A. B. G. (dependiente de Víctor Martínez 320 S.R.L.) sufrió un accidente «in itinere» que le causó la muerte, cuando se dirigía junto con su hermano (Inocencio E. B. G.), desde su domicilio hacia el trabajo. Explican que ambos se conducían desde su vivienda, sita en Libertador 7.540 de la localidad de Billinghurst, P.B.A., hacia la parada del colectivo con destino al lugar de trabajo (en la calle Víctor Martínez 320 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), cuando al llegar a la esquina de Av. Libertador y Los Pinares, fueron víctimas de un robo en el cual el trabajador fue herido por un arma de fuego que le provocó el deceso. Solicitan la indemnización prevista en el art.15 inciso 2 de la ley 24.557 más la prestación por pago único adicional establecida en dicho marco normativo.

Se encuentra fuera de discusión que el causante E. A. B. G. se desempeñaba para la co-demandada Víctor Martínez 320 S.R.L. al momento del infortunio acaecido el 21/11/09 (v. fs. 170, documental de fs. 118/168, sobre de prueba reservada y fs. 43/45), que fuera denunciado ante la ART codemandada (v. fs. 46, fs. 168 e instrumento Nº 85 del anexo 2993), como así también que las accionadas en la fecha mencionada, se encontraban unidas mediante el contrato de afiliación Nº 96.366 en los términos de la L.R.T. con vigencia desde el 06/11/09 (v. fs. 46 vta. y fs. 172).

Ahora bien, la discusión radica en torno al domicilio del dependiente, pues, la parte actora sostiene que B. G. vivía en Libertador 7.540 de la localidad de Billinghurst, P.B.A., y en cambio las demandadas consideran que el trabajador no sufrió un accidente in itinere, pues aducen que se domiciliaba en la calle Pedro Goyena 670, de esta ciudad. También se encuentran controvertidos los días de trabajo del causante.

Examinando las pruebas de la causa observo que del instrumento de fs. 45 aportado por la ART codemandada surge que el trabajador «ingresó el día 20/11/09 en la empresa Víctor Martínez 320 S.R.L., desempeñando tareas de albañil, en horario de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 13 a 17 horas y sábados de 8 a 12 horas». «Que con fecha sábado 21 de Noviembre de 2009 … en circunstancias de dirigirse a su trabajo … sufre un accidente. Que … esperando el colectivo en Los Pinares y Av. Libertador, junto a su hermano, es asesinado en ocasión de robo.Que el hecho ocurre en la localidad de Billinghurst -San Martín-. Que de las averiguaciones realizadas y la documentación obtenida el hecho en estudio debería considerarse de real ocurrencia.»

A su vez de la copia certificada obrante a fs. 323/324 se extrae que el socio gerente de la empleadora del causante, Gustavo Jorge Vázquez (v. también fs. 63), había expresado «Que el Sr. Enrique Alberto Garcete … trabajó en esta empresa desde el 20/11/09 al 21/11/09 fecha de su fallecimiento. Se desempeñaba como albañil en la obra de Víctor Martínez 320 -Capital Federal- en horario de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 13 a 17 horas y sábados eventualmente extra de 8 a 12 horas. El día sábado 21/11/09 fui informado que en horas de la mañana … el Sr. B. G. había sido asaltado y … fue asesinado. Junto a su hermano … que también trabajaba en la empresa.»

Por su parte en el sobre de fs. 4 se encuentra copia certificada del acta de defunción de B. G., proveniente de la Delegación General San Martín de la provincia de Buenos Aires, de la que se extrae que el 21/11/09 a las 05:30 hs. el trabajador, domiciliado en Av. Libertador Nº 7.540, falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático.

Asimismo en dicho sobre obra la copia de la declaración testimonial del hermano del dependiente, quien impuesto de las penalidades establecidas en el Código Penal para el delito de falso testimonio, manifestó, el día del accidente, ante el Oficial Principal Moreno Marcelo de la Comisaría San Martín 5ª de Billinghurst, P.B.A., que «ddo. En la calle Av. Libertador 7.540 de este medio …, en la fecha y siendo las 5 hs. salió de su casa junto a su hermano con destino a la parada de colectivo con fines de trasladarse hasta su lugar de trabajo el cual se halla ubicado en Capital Federal.Que se hallaban en la parada sita en Av. Libertador y Pinares de este medio en espera del colectivo. Que en esos momentos se les acercó un sujeto masculino, quien se colocó por delante de éste y de su hermano, y mediante intimidación de arma de fuego los despojó de sus pertenencias. Que en ningún momento prestaron resistencia al robo … Que luego de robarle a su hermano … le disparó fríamente en la cabeza, cayendo su hermano.»

A su vez en el acta de procedimiento efectuada en la Comisaría precitada, el personal policial actuante dio cuenta del deceso de B. G., quien se encontraba en la intersección de las calles Av. Libertador y Los Pinares, de la localidad de Billinghurst, partido de San Martín, P.B.A., así como la intervención médica y de la UFI Nº 1 del Dpto. Judicial de San Martín, la declaración testimonial de una persona domiciliada en la esquina del hecho y la aprehensión del acusado del delito de homicidio.

También en el sobre de fs. 4 se observa que bajo el «Folio 13. Unidad Funcional de Instrucción Nº 01. (Copia Juzgado de Gtías. Y Def. Ofl.en turno) del Departamento Judicial de San Martín», el domicilio de B. G. E. A. era el de Av. Libertador nro. 7540, Billinghurst, y el lugar del hecho Pinares y Avenida Libertador, Billinghurst, San Martín, suceso acaecido el 21/11/09 a las 05:30 hs.»

Además el testigo Maldonado Cardozo a fs. 352/353 relató que el trabajador vivía en Libertador 7.540, calle también invocada por la deponente González López (fs. 347/349) e idéntico barrio al esgrimido por Niño de Jesús Meza Benítez (fs. 354/355). Dichas manifestaciones también coincidieron en cuanto a que B. G. se dirigía al trabajo cuando se produjo su deceso.

Respecto a lo establecido a fs.401, relativo a que los testigos no sabían el lugar de trabajo ni para quién trabajaba el fallecido, lo cierto es que no se encuentran controvertidos en autos dichos extremos, por lo que en nada empañan sus relatos ni afectan su eficacia probatoria.

A ello agrego que la propia empleadora denunció el infortunio acaecido el sábado 21/11/09 como un «accidente in itinere» ante la A.R.T. (v. fs. 85 del anexo 2993) y que la jornada laboral del trabajador el día del accidente comenzaba a las 8 hs.

En consecuencia y de conformidad con todas las pruebas rendidas en autos, que fueron detalladas precedentemente, cabe tener por acreditado que el trabajador fallecido vivía en la calle Libertador 7540, Billinghurst, P.B.A., y que el día del accidente se dirigía a su trabajo en la codemandada.

Respecto a los testigos de la parte demandada González Valiente (fs. 305/306) y Gorocito (fs. 302/304) lo conocieron uno y dos días antes del deceso del trabajador, respectivamente, por lo que sus dichos acerca del domicilio de B. G. no resultan suficientemente verosímiles, a lo que agrego que si bien en el anexo 2993 aportado por la codemandada Víctor Martínez 320 S.R.L. se encuentran instrumentos de donde surge que el domicilio del trabajador se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que la deponente Gorocito reconoció haberlos completado con su puño y letra.

Y en cuanto a Schinocca (fs. 350/351), si bien relató que el trabajador vivía en la calle Pedro Goyena, expresó que lo sabe por comentarios de un tal López, que decía que vivían «no sabe bien si en el último piso o en la portería», relato por demás endeble, y que de ninguna manera logra desvirtuar la prueba precedentemente examinada, que favorece la postura de la parte actora.

Lo mismo ocurre con los días de labor cumplidos por el causante, pues si los tres deponentes de la accionada trabajaron para Víctor Martínez 320 S.R.L.solo un día junto al actor, mal pueden saber qué días se desempeñaba B. M., a la vez que los mismos expresaron que trabajaban de lunes a viernes, por lo que al afirmar ello, tampoco podían saber si el trabajador laboraba los días sábados.

Por todo lo expuesto y en virtud de las probanzas de la causa cabe concluir que el infortunio que terminó con la vida de E. A. B. G. fue un accidente in itinere en los términos del art. 6 L.R.T. que reza: «Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido (.) en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo.»

En este sentido comparto el criterio expuesto por distintas Salas de la C.N.A.T. en cuanto a que: «El trabajador que reclama la indemnización generada como consecuencia de un accidente «in itinere» sólo debe probar que el hecho se produjo en el recorrido que debía realizar todos los días y a la hora en que regresaba a su hogar, pero si el empleador afirma que no se trató de un viaje directo es él quien debe aportar la respectiva prueba.» Sala X C.N.A.T., sent. del 18/09/2003 «Ugarte Flores, Alberto c. Maccarone Emprendimientos S.A.» – «No corresponde aplicar criterios estrictos para apreciar la prueba de un accidente in itinere cuando quien reclama es un causahabiente y el trabajador falleció en forma inmediata en el infortunio». Sala VII C.N.A.T., sent. del 17/12/1993 «Castro, María H. c. Bonafide» – «Es procedente indemnizar el accidente sufrido por el trabajador en el camino hacia su domicilio, ya que la accionada no demostró que el trayecto elegido por el dependiente haya sido irrazonable o inapropiado, ni mucho menos que haya sido utilizado por razones personales.» Sala VII C.N.A.T., sent. del 17/12/03 «Castro, María H. c. Bonafide».

En consecuencia, contrariamente a lo establecido en la sentencia de grado, considero que E. B. M. y M. F. G. de B.(padres del trabajador fallecido) resultan acreedores del resarcimiento previsto en los arts. 11 ap. 4.c. y 15 ap.2 L.R.T., reclamados.

No obstante cabe aclarar, en cuanto al reclamo deducido contra la empleadora, que la parte actora persigue el pago de las prestaciones establecidas en la L.R.T. que se encuentran a cargo de la A.R.T. (cfr. ley 24.557), a la vez que ni siquiera esboza una explicación acerca de las causas que justificarían la condena de Víctor Martínez 320 S.R.L. (arts. 163 inc. 6 y 386 CPCCN).

En tal contexto, cabe puntualizar que si bien, se encuentra acreditado en la causa el accidente «in itinere» padecido por B. G., en su producción no puede imputarse responsabilidad objetiva a la empleadora, en los términos del art. 1.113 del Código Civil, como así tampoco responsabilidad subjetiva, de conformidad al art. 1.109 del Código Civil.

En tal sentido, considero que una acción civil resarcitoria de daños que, se funda en un accidente de trabajo «in itinere» -como es el caso de marras-, carece de base normativa dentro del Código Civil para imputar responsabilidad a la empleadora, toda vez que, no se trata de un accidente ocurrido en el lugar de trabajo del dependiente, con motivo y en ocasión de las tareas realizadas por éste, ni como consecuencia de un daño producido por una cosa, cuyo dueño o guardián fuera Víctor Martínez 320 S.R.L.

Por el contrario, el daño se produjo por la intervención un tercero y de una cosa riesgosa -arma de fuego- que no es propiedad de la empleadora, ni tampoco se encuentra bajo su guarda, por lo que no existe fundamento para atribuir responsabilidad a Víctor Martínez 320 S.R.L. por el siniestro en cuestión, en base a las normas del Código Civil.En consecuencia, se propicia confirmar la decisión de grado, en cuanto rechaza la acción incoada contra la empleadora.

Por su parte considero que tal como fuera planteado en el escrito de inicio, resulta aplicable -al caso de marras- lo dispuesto por la Corte Federal en la causa caratulada «Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi SA» , del 7-9-04 (Fallos 327:3610).

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza declaró la inconstitucionalidad del art. 46 de la Ley 24.557 al considerar que, el régimen procesal instituido por la ley 24.557 contradice los arts. 75 inc. 12 y 116 de la Constitución Nacional puesto que los conflictos contenciosos entre un trabajador y una persona del derecho privado con una ART, basados en una ley de derecho común como es la Ley de Riesgos del Trabajo, deben ser resueltos por los tribunales de cada Estado provincial pues nada justifica en tales supuestos la competencia federal.

El mencionado criterio fue ratificado posteriormente por el Máximo Tribunal en las causas caratuladas «Venialgo, Inocencio c/ MAPFRE Aconcagua ART S.A.» del 13-3-07 y «Marchetti, Héctor Gabriel c/ La Caja ART S.A., del 4-12-07.

En similar sentido mi distinguido colega, el Dr. Miguel Ángel Maza ha sostenido que, «denunció desde el nacimiento de este controvertido sistema procesal la artificiosa federalización del procedimiento (ver Ley sobre Riesgos del Trabajo. Aspectos Constitucionales y Procesales, publicado con Mario E. Ackerman, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 449) calificando lo previsto en los arts. 21 y 46 de la ley 24.557 como supuestos de «inconstitucionalidad directa absoluta por sustracción de materias a la justicia ordinaria (ob. cit., págs. 49 y stes.)» (ver, Sent. Definitiva Nro. 95.704 del 23/4/2008 en los autos caratulados «Mato, Martín Rodrigo c/ Provincia ART S.A.s/ Accidente -Ley 9688», del registro de esta Sala).

En base a todo lo expuesto precedentemente se propicia declarar la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 46 de la ley 24.557.

En lo que atañe a la inconstitucionalidad planteada por la parte accionante, del pago en forma de renta del art. 15.2 de la L.R.T., la Corte Suprema, para declararla en la causa «Díaz, Juana Rosa c/Origenes AFJP S.A.» (ver sentencia de esta Sala N° 96183 del 17/11/08) remitió a los fundamentos expuestos en «Milone, Juan A. c/ Asociart S.A. A.R.T», (con referencia a su art.14, ap.2, inc. b). Allí explicó el más Alto Tribunal que si bien esa norma no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, «sí es merecedora del aludido reproche, de acuerdo con la jurisprudencia que ha sido citada …, por no establecer excepción alguna para los supuestos como el sub-exámine, en el que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura. Frente a tales circunstancias, además, la norma consagra una solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art.14 bis C.N.), al paso que modifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce un trato discriminatorio» (C.S.J.N, 26-10-04, en T.y S.S. 2004, pág.943).

Si bien estas conclusiones están referidas al sistema de renta periódica al que hace referencia el art.14, ap.2, inc.b de la LRT, resultan analógicamente aplicables al sistema de prestación periódica mensual que prevé el art.15, ap.2, al que remite el art.18 de la LRT.En efecto, de acuerdo con la doctrina que emerge del voto de la mayoría en el fallo citado, es evidente que el sistema de prestación de pago mensual que establece el art.15, ap.2 de la LRT -a cuyos términos remite el art.18 de la LRT para el caso de fallecimiento-, frente al trance de suma gravedad que constituye la muerte y a la reformulación del proyecto de vida que su desaparición implica para los derechohabientes, reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían reformular dicho proyecto, en la medida que impide la configuración de las alternativas que podrían resultar realizables a través de la percepción de una indemnización de pago único. Tal solución -siempre según la doctrina que emana del fallo del más Alto Tribunal- constituye una arbitraria discriminación y una irrazonable injerencia reglamentaria en el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida de los derechohabientes que resulta violatoria de las garantías que consagran los arts.14 bis y 16 de la Constitución Nacional y los Tratados de jerarquía constitucional que menciona el art.75, inc.22 de la Ley Suprema.En consecuencia, de acuerdo con las razones expuestas y con los argumentos en los que se sustenta el voto de la mayoría en el fallo citado -a cuyos demás términos me remito en mérito a la brevedad-, se propicia declarar la inconstitucionalidad de los arts.15, ap.2 y del art.18 de la LRT, en cuanto prevén que la reparación parcial de los daños y perjuicios que ocasiona a los derechohabientes del causante el fallecimiento de éste se concrete través de una prestación de pago mensual en lugar de que lo sea a través de la entrega en pago único e inmediato del capital que es necesario integrar para que dicha prestación mensual se genere.

En síntesis propongo revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y en consecuencia hacer lugar a la demanda condenando a la codemandada Liberty A.R.T. S.A. a pagar a los actores E. B. M. y M. F. G. de B. (padres del trabajador fallecido, conforme copia certificada del acta de nacimiento obrante en el sobre de fs. 4) la suma de $ 300.000.- (conf. arts. 11.4.c y 15.2 L.R.T. y decreto 1694/09 ), con más sus accesorios, y mantener el rechazo de la acción instaurada contra Víctor Martínez 320 S.R.L. por los fundamentos que anteceden.

Si bien los intereses deberían calcularse desde la fecha del accidente (21/11/09), en atención a la doctrina que emerge del Acuerdo Plenario Nº 180, la cual no deja lugar a dudas que los intereses que acceden a la indemnización por incapacidad derivada de un accidente de trabajo, se devengan desde que dicha minusvalía puede ser considerada permanente; de todos modos, el art. 2 de la Res.SRT Nº 414/99 otorga un plazo de gracia de 30 días corridos a partir del momento en el que la prestación debió ser abonada y difiere la configuración de la mora al vencimiento de dicho plazo.

Es decir que, la exigibilidad de la obligación de abonar una prestación dineraria a cargo de la ART se produjo al mes (por el plazo de «gracia») de la fecha del accidente.

Cabe concluir -entonces- que la demandada comenzó a estar en mora, respecto a la obligación resarcitoria que le impone la LRT, a partir del 21/12/09.

Al respecto, cabe señalar que el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir una obligación; o sea al retardo o retraso en el cumplimiento de la prestación por parte del deudor (ver, «Código Civil Comentado», dirigido por Belluscio, Ed. Astrea, Tº 2, pág.588).

Desde esa perspectiva y a la luz de lo establecido en el art. 508 del Código Civil, -a mi criterio- no cabe sino concluir que, la demandada se encuentra en mora en el cumplimiento de la obligación a su cargo, desde el 21/12/09 y que, por lo tanto, es responsable por los intereses que su morosidad ocasionó al acreedor al haber quedado privado de disponer del capital que le pertenecía desde dicha fecha.

Por otra parte también se ha señalado que, los intereses moratorios constituyen la indemnización consiguiente al estado de mora del deudor; y, cuando no se haya pactado ningún tipo de interés, corresponde siempre el pago de los moratorios en caso de incumplimiento, pues son de origen legal. La deuda por intereses «existe aún cuando no se demuestre perjuicio alguno por la morosidad del deudor, pues la relación de causalidad está presumida por la ley y, correlativamente, la indemnización se establece -en principio- según una tasa fija también independiente del daño efectivo (ver, «Código Civil Comentado» dirig. Belluscio, Ed. Astrea, Tº 3, pág.123).

Asimismo, el art.622 del Código Civil establece que el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella; y que, si no hay intereses convenidos, debe los intereses que las leyes especiales hubiesen determinado o los que determinen los jueces en cada caso.

En tal contexto, cabe poner de resalto que -en el caso de marras- los intereses por la mora han sido establecidos a través del art.1 de la Res. SRT Nº 414/99 que, prevé la aplicación de una tasa igual a la que se utiliza usualmente en este Fuero, es decir, la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que difunde la Prosecretaría General de la Excma. Cámara del Fuero (conf. ley 23.928 modif. por ley 25.561 , art. 622 del Código Civil, art.1 Res. SRT Nº 414/99 y CNAT Acta Nº 2357/02 modif. por Res .CNAT Nº 8/02).

Por todo lo expuesto, cabe concluir que, el monto adeudado al demandante por la ART ($300.000.-) devengará, a partir del 21/12/09 la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según el cálculo que difunde la Prosecretaría General de la Excma Cámara y hasta el efectivo pago.

En virtud del nuevo resultado del litigio respecto a la condena de la ART co-demandada, corresponde dejar sin efecto el modo de imposición de las costas del litigio, dispuesto en el decisorio anterior, como así también los honorarios regulados y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 del CPCCN). A su vez debe mantenerse la regulación de honorarios e imposición de costas en lo que atañe al rechazo de la acción contra Víctor Martínez 320 S.R.L.confirmado en la presente.

En tal contexto, cabe imponer las costas -de ambas instancias- a cargo de la codemandada vencida Liberty A.R.T. S.A., a excepción de las correspondientes a la acción seguida contra Víctor Martínez 320 S.R.L., que serán soportadas en el orden causado, tal como se dispuso en la sentencia de grado confirmada en dicho aspecto, y teniendo en cuenta la naturaleza de la acción y toda vez que la negativa del carácter laboral del infortunio pudo llevar a la parte actora a considerarse con derecho a reclamar contra la misma (doc. art. 68 C.P.C.C.N.).

En tal sentido, tomando en cuenta el resultado del litigio, el mérito y extensión de la labor desarrollada y lo normado por los arts. 6 a 9 , 19 y 39 de la ley 21.839, decreto ley 16.638/57 y art. 38 de la L.O., cabe regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de Liberty ART S.A. en el 15% y 11%, respectivamente, del monto total de condena que se determinará en la etapa del 132 de la LO, con más sus intereses. Por su parte cabe mantener los honorarios fijados en la instancia anterior a la representación letrada de Víctor Martínez 320 S.R.L., que han llegado firmes, a la vez que se mantuvo lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto al rechazo de la acción.

Asimismo, cabe regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de las demandadas por la actuación en la Alzada en un 30% para la accionante y en un 25% para las accionadas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su intervención en origen, en mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados (leyes 21.839, 24.432 y art.38 L.O.).

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia de grado y condenar a la codemandada Liberty A.R.T. S.A. a abonar a E. B. M. y a M. F. G. de B., la suma de $300.000 (trescientos mil pesos) que deberá ser abonada en los plazos y con los accesorios fijados en el considerando respectivo; 2º) Mantener el rechazo de la demanda impetrada contra Víctor Martínez 320 S.R.L.; 3º) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios respecto a la acción seguida contra Liberty A.R.T. S.A. y proceder a su determinación en forma originaria; 4º) Imponer las costas -de ambas instancias- a cargo de la codemandada vencida Liberty A.R.T. S.A., a excepción del reclamo seguido contra Víctor Martínez 320 S.R.L. que se mantienen en el orden causado; 5º) Regular los honorarios de primera instancia de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y codemandada Liberty A.R.T. S.A. en el 15% y 11% respectivamente, porcentajes éstos que, en la oportunidad prevista en el art.132 de la L.O., deben aplicarse sobre el monto de condena con intereses; 6º) Mantener los honorarios regulados a la representación letrada de Víctor Martínez 320 S.R.L. dispuestos en la sentencia de grado; 7º) Fijar los honorarios de Alzada de las partes actora y demandadas en el treinta por ciento (30%) para la accionante y veinticinco por ciento (25%) para las accionadas, de lo que deba percibir cada una por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara

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