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Resulta legítima la cláusula de exclusión de cobertura frente a la ebriedad del conductor no tomador del seguro

Conductor EbrioPartes: Federación Patronal Seguros S.A. en j° 86.824/36.265 Federación Patronal Seguros S.A. en j° 86.577 Riera Cristian Gastón c/ Antón Escudero Sergio Darío s/ daños y perjuicios s/ inc. s/ inc. cas.

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 21-may-2013

Cita: MJ-JU-M-78952-AR | MJJ78952 | MJJ78952

Resulta legítima la cláusula de exclusión de cobertura frente a la ebriedad del conductor no tomador del seguro, debiendo considerarse acreditado dicho estado, dada su negativa infundada a realizarse el dopaje de alcoholemia.

Sumario:

1.-Se ajustó a derecho la declinatoria de la aseguradora como causa de no seguro frente a la ebriedad del conductor del vehículo asegurado, no resultando abusiva dicha cláusula de exclusión, ya que se invoca frente al conductor, no tomador del seguro; además, el estado de embriaguez del conductor debe presumirse y considerarse acreditado, dada su negativa infundada a realizarse el dopaje de alcoholemia.

2.-Las razones religiosas y/o de salud que invoca el actor para no realizarse el dopaje de alcoholemia no pueden ser atendidas, por cuanto no es explicable cómo el test mencionado puede afectar la salud de una persona, por su modalidad de ser meramente espirativo, como así también si el mismo constituye un impedimento basado en la fe, debiera haberse explicitado su ámbito y alcances, a fin de posibilitar su real incidencia en la determinación del acusado.

3.-Cuando la delimitación del riesgo es de naturaleza convencional, aparecen las llamadas cláusulas de exclusión de cobertura o de no seguro o de no garantía, que señalan hipótesis que, o bien resultan inasegurables, o bien son intensamente agravantes del riesgo y por ello son colocadas fuera de la cobertura; otras veces constituyen simples menciones objetivas de lugares, personas o cosas, dirigidas a fijar ámbitos concretos en los que operará el seguro.

Fallo:

En Mendoza, a veintiún días del mes de mayo de dos mil trece, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 104.975, caratulada: «FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. EN J° 86.824/36.265 FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. EN J° 86.577 RIERA CRISTIAN GASTÓN C/ ANTÓN ESCUDERO SERGIO DARÍO P/ D. Y P. P/ INC. S/ INC. CAS.»

De conformidad con lo decretado a fs. 48 quedó establecido el siguiente orden de estudio para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE; segundo: DR. JORGE H. NANCLARES y tercero: DR. OMAR PALERMO.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 8/22, FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., citada en garantía, por apoderado, dedujo recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación contra la resolución de fs. 177/180 vta. dictada en los autos N° 86.824/36.265, caratulados: «FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS EN J° 86.577 RIERA CRISTIAN C/ ANTON ESCUDERO SERGIO P/ D. Y P. P/ INC. CAS.» por la Segunda Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 36 se admiten, formalmente, los recursos interpuestos, ordenándose correr traslada a la contraria. La contraria, debidamente notificada (fs. 38) no comparece ni contesta el traslado conferido.

A fs. 43/44 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien aconseja el rechazo de los recursos interpuestos.

Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs. 48 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR.ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:

Los hechos que dan origen a las presentes actuaciones pueden resumirse de la siguiente manera:

1. El Dr. Ernesto Leandro Labiano, en representación de Federación Patronal Seguros S.A., citada en garantía, declinó la citación alegando como causal de ‘exclusión’ la alcoholización y/o exceso de velocidad prevista en la cláusula 22 de las Exclusiones a la Cobertura de la póliza contratada.

a. Dijo que el demandado tomador de la póliza, no sólo se fugó del lugar del accidente sino que quedó demostrado que conducía en evidente estado de embriaguez, circunstancia registrada por el personal policial que labró el acta, en la que consignó el ‘estado de ebriedad que emanaba y el gran hedor a alcohol’, como así también, que ‘se negó a realizarse el dosaje de alcohol en sangre’. Por ello sostiene que ante tal negativa la póliza contratada no le brinda cobertura conforme lo estipulado en la Condiciones Generales, Cláusula 22, inc.17), es decir, se trata de un riesgo no asegurado.

b. Sostuvo que en la cláusula 22 inc.20), se prescriben las Causales de Exclusión de cobertura entre las cuales se encuentra que el conductor no podrá exceder la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho en un 40% o más y que el lugar del hecho fue una encrucijada en donde la velocidad máxima permitida para atravesarla es de 20 km/h. y aún si se considera como velocidad máxima la de 40 km/h, de los daños que presentaron los rodados surge con toda claridad que el demandado conducía el automotor a una velocidad mucho mayor a la permitida por la póliza contratada

2. A fs. 18/20 y vta. contestó la actora y solicitó que se admita la declinación y se impongan las costas en el orden causado por no haber dado motivo su parte a la presente incidencia.

3. A fs.24/26 contestó Alberto Eduardo Lucero por el demandado en los principales Sergio Darío Antón, negando los hechos expuestos por la aseguradora, como así también, las circunstancias de tiempo y lugar que la misma refiere. Sostuvo que la verdad de los hechos es la narrada en los autos principales a los que se remite en honor a la brevedad.

4. Asimismo, manifestó que el tomador del seguro y asegurado no es su mandante Sergio Antón, sino una persona distinta según surge de la póliza de seguros que en copia obra en los principales (Ricardo Antón), por lo que alega que no le son imputables al tomador las eventuales transgresiones que efectúe el tercero conductor ajeno a la relación contractual.

5. Agregó que la declinación deviene en extemporánea a los términos del art.56 de la Ley de Seguros, y según constancias de los autos principales.

6. El juez de primera instancia hizo lugar a la declinación planteada por la compañía aseguradora.

7. Dicha resolución fue apelada por el demandado y, a fs. 177/180 vta., la Segunda Cámara Civil de Apelaciones hace lugar al recurso interpuesto. Los fundamentos de la Cámara pueden sintetizarse de la siguiente manera:

– en el seguro de responsabilidad civil contra terceros, sólo la culpa grave personal del asegurado, en cuanto se trata de un supuesto no incluido en el riesgo y por tanto no cubierto, puede liberar al asegurador, pero no la del conductor del automotor asegurado.

– en cuanto a la necesidad del rechazo por parte de la aseguradora del siniestro, dentro del plazo del art. 56 de la Ley 17418, cualquiera sea la posición que adoptara este Tribunal, el acogimiento del recurso sobrevendría de cualquier modo en virtud de lo dicho.

– La SCJ Mza. explicó hace tiempo, resolviendo un caso idéntico al que nos ocupa, que «El seguro de la responsabilidad civil tiene por objeto mantener indemne al asegurado.Sólo la culpa PERSONAL del asegurado puede liberar al asegurador pero no la de terceros por quienes también éste debe responder, pues en este último caso no se dan razones jurídicas ni morales que justifiquen la «liberación» o el «no seguro» (sea cual sea la figura en la que encuadra el caso). En consecuencia, responde la compañía aseguradora por culpa grave del conductor, hijo del tomador del seguro» (SCJ Mza., Expte. n° 44.583 – «HUARPE COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA EN J° ROJAS ROLANDO J. COOPERATIVA DE SEGUROS HUARPE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO – CASACION», 24/05/1988 – LS 203-26).

– Si no es el asegurado quien incurre en la culpa grave o dolo que exige esta causal de exclusión del seguro, sino otros sujetos, aunque por ellos deba responder el con-tratante del seguro, la hipótesis no encuadra en las razones dadas para dar validez a la hipótesis de «no seguro», las que tienen su génesis en que el riesgo no quede en manos de las partes, y de allí que no sea adecuado al régimen de seguros hacer extensiva esta exclusión subjetiva a quien no ha sido contratante (SCJ Mza., expediente n° 67.575, «La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. en j. 106633/32854, León Vda. de Juri María por sí y por sus hijos menores c/ Cía. de Seguros La Bs. As. S.A. s/ Inc.Cas.», 17/04/2000 – LS 294- 466).

– La culpa grave debe emanar del asegurado, de quien es el titular del derecho a la indemnización.

– Por ello y sin perjuicio del análisis que quepa efectuar en la sentencia de fondo sobre si los hechos en juego constituyeron o no culpa grave del conductor de la camio-neta Ranger, lo cierto es que cualquiera sea el caso, no funciona en la especie la causal de exclusión del seguro.

– En consecuencia, se resuelve no hacer lugar a la declinación de citación de garantía incoada por la aseguradora.

Esta resolución es recurrida por la aseguradora mediante la interposición de re-cursos de Inconstitucionalidad y Casación ante esta Sede.

II.- EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO.

Sostiene la recurrente que la sentencia dictada es arbitraria, parte de premisas equivocadas y omite el tratamiento de cuestiones propuestas. Señala que la causal de exclusión de cobertura por la negativa a realizarse el dopaje por parte del conductor se encuentra probada por las constancias del sumario penal. En el acta de procedimiento de fs. 1, labrada por el personal policial interviniente, en los autos P-81988/08 de la Primera Fiscalía Correccional y a fs. 3 de los mismos autos, en donde frente a dos testigos, el conductor refiere textual: «No, no me voy a hacer el dopaje de alcohol porque me tome un par de Fernet y me va a dar positivo y el seguro no me va a cubrir» (sic). Tales cons-tancias de instrumentos públicos no han sido tachadas de falsedad ni cuestionadas por el conductor o el asegurado. Conforme a ello, sostiene que la Cámara omite aplicar la Cláusula 22 inc. 17 de la póliza, cuya legalidad no fue cuestionada por el demandado. Agrega que la Cámara confunde la culpa grave del asegurado no tomador de la póliza con una cláusula de exclusión de la cobertura.No se trata de un incumplimiento del asegurado o conductor, sino de un no seguro.

III.- EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO.

Sostiene la recurrente que la sentencia de Cámara interpreta erróneamente los arts. 56 y 114 de la Ley de Seguros; y los arts. 90 inc.s 3 y 4 del C.P.C. Sostiene que la Cláusula 22 inc. 17 coincide con lo dispuesto por el art. 109 L.S. Agrega además, que la Cámara ha dejado de aplicar jurisprudencia y doctrina uniforme en la materia.

IV.- SOLUCIÓN AL CASO.

Teniendo en cuenta las cuestiones fácticas y jurídicas comprometidas en la resolución de la presente causa, razones de orden estrictamente metodológico aconsejan el tratamiento conjunto de los recursos interpuestos.

La cuestión a resolver en la presente causa consiste en determinar si resulta arbitraria o normativamente incorrecta la sentencia que rechaza la declinatoria opuesta por la aseguradora, dados los siguientes hechos que constan en la causa:

1. La aseguradora se opuso a la citación invocando como causa de no seguro un hecho previsto en una cláusula de las condiciones generales de la póliza, cual es, la ebriedad del conductor del vehículo asegurado .

2. En autos se ha acreditado ese estado de ebriedad (actuaciones penales n° P-81.988/08, caratuladas: «F. c/ Canton Escudero Sergio Darío p/ Desobediencia», de las que surgen por manifestación expresa del Sr. Anton Escudero Sergio Darío (fs. 03) que «se niega a realizarse el dopaje de alcohol por que había tomado un par de Fernet y le iba a dar positivo y el seguro no lo iba a cubrir» (sic).

3. La aseguradora no invocó esta causa dentro del plazo previsto en el art. 56. Lo hizo, conforme surge del expediente, recién al momento de plantear el rechazo de la citación en garantía.

4. La cláusula se pretende hacer valer contra el conductor del vehículo asegurado, no tomador del seguro.

a) LOS PRECEDENTES DE ESTA SALA.CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA Y CLÁUSULAS DE CADUCIDAD.

El presente caso, guarda sustancial analogía con el resuelto por este Tribunal en fecha 01/07/2008, «Triunfo en j: 83.303/9126 Triunfo en J. 82.776 Navarría Gisela….», en el cual la sentencia de Cámara resolvió del mismo modo que en el presente, con similares fundamentos. Se dijo allí lo siguiente:

«La sentencia recurrida cita como precedente el caso «Rojas», resuelto por esta sala el 24/5/1988 (LS 203-26, publicado en JA 1989-I-944 y LL 1988-E-14); silencia, en cambio, una serie de casos posteriores que precisaron los alcances de aquella decisión a través de la clásica distinción entre cláusulas de delimitación del riesgo objeto de la co-bertura y cláusulas limitativas de los derechos del asegurado (que incluyen las cláusulas de caducidad y las de suspensión de cobertura por falta de pago).

La mayoría de esas sentencias, que contienen numerosas citas, han sido publica-das en revistas de alcance local y nacional; resulta, pues, sobreabundante reiterar la base doctrinal y jurisprudencial de la distinción. Me remito, entonces, a la bibliografía citada en sentencias del 27/12/1993 («San Cristóbal», LS 242-45, publicado en JA 1995-I-639, LL 1994-E-588, Doc. Jud. 1994-2-903 y RDCO 1993-B-363); del 21/12/1995 («Triun-fo», LS 262-359, publicada en LL 1996-D-182, Doc. Jud. 1996-1-871, ED 167-520 y Voces Jurídicas La Ley Gran Cuyo 1996-2-148; del 14/5/2003 («Martínez en j: Carras-co», LS 322-17, publicada en F.C. 58-241, Jurisprudencia de Mendoza 63-153 y JA, 2003-IV-880, con nota aprobatoria de Stiglitz, «La determinación del riesgo y su oponi-bilidad a terceros: la cuestión en el seguro contra la responsabilidad civil»); del 9/6/2003, («Martínez, en j. Lucero», LS 323-1, publicada en La Ley Gran Cuyo 2003-854, ED 206-205 y Resp.Civil y seguros 2004-7654); del 16/12/2003 («Centinela», LS 332-227, publicada en La Ley Gran Cuyo 2004-337, Foro de Cuyo 63-160, Doc., Jud. 2004-3-626); del 17/12/2003 («Olaizola», LS 333-30 publicado en Foro de Cuyo 63-182 y en Rev. Jurídica Argentina del Seguro, la empresa y la responsabilidad civil, n° 46/47 pág. 165); del 10/9/2007 («Lima», LS 381-81, publicada en Rev. del Foro 84-133 y Ac-tualidad Jurídica Región Cuyo 2008-2493), del 27/12/2007 («Triunfo», LS 385-80) y del 29/5/2008 («Gamboa», LS 389-179).

Estas decisiones y los precedentes que ellas citan recuerdan, entre otros, los si-guientes conceptos básicos (tomados, especialmente, de la obra de Hernández Moreno, «Contrato de seguro: exclusión de cobertura y cláusulas limitativas», Barcelona, ed. Ce-decs, 1998, pág. 37 y ss):

El contrato de seguro debe mencionar el riesgo asegurado; normalmente, una cláusula prevé el riesgo genérico a cubrir (por ej. incendio), y luego señala diversas hipótesis que van acotando el ámbito dentro del cual regirá la cobertura otorgada (por ej., se excluyen incendios producidos por actos de terrorismo). O sea, normalmente, la individualización del riesgo se hace con indicaciones positivas, y luego, indicaciones negativas ayudan a la individualización. La determinación del riesgo implica pues dos fases: (A) la individualización del riesgo, consistente en la indicación de la naturaleza del hecho de cuyas consecuencias se busca amparo (por ej. incendio, robo, granizo, muerte, etc.), y (B) la delimitación del riesgo que resulta de la fijación de límites concretos a ese riesgo.

Cuando la delimitación de ese riesgo es de naturaleza convencional, aparecen las llamadas cláusulas de exclusión de cobertura o de no seguro o de no garantía. Estas cláusulas señalan hipótesis que, o bien resultan inasegurables, o bien son intensamente agravantes del riesgo y por ello son colocadas fuera de la cobertura.Otras veces constituyen simples menciones objetivas de lugares, personas o cosas, dirigidas a fijar ámbitos concretos en los que operará el seguro. En otros términos, la delimitación del riesgo consiste en excluir o restringir los deberes del asegurador por la no asunción de alguno o algunos riesgos. Implica un no seguro; ausencia de tutela o garantía. Estas cláusulas no atribuyen directamente derechos ni imponen obligaciones sino que su función consiste en describir el ámbito dentro del cual el seguro brindará su amparo. Son esencialmente descriptivas, marcando el área de aseguramiento mediante la mención de inclusiones y exclusiones.

Estas cláusulas de exclusión de la cobertura (llamadas también de no seguro o no garantía), al igual que las denominadas cláusulas de caducidad, producen como resultado que el asegurado no percibe la prestación comprometida por el asegurador. Sin embargo, hay entre ellas diferencias significativas, entre otras, las que se enumeran a continuación:

(1) Las cláusulas de caducidad son sancionatorias; imponen una pena; las de exclusión de cobertura son descriptivas, limitándose a indicar los riesgos que, ab initio, no están cubiertos;

(2) Las cláusulas de caducidad suponen una situación originariamente cubierta por el contrato; la de exclusión de la cobertura, en cambio, colocan los supuestos que describen fuera del amparo del contrato.

En tal sentido ha dicho el Supremo Tribunal español que «las cláusulas delimitadoras del riesgo no limitan los derechos del asegurado sino que delimitan el riesgo asumido en el contrato, su contenido, el ámbito al que el mismo se extiende, de manera que no constituyen una excepción que el asegurador pueda oponer al asegurado sino que, por constituir el objeto contractual excluye la acción del asegurado, que no ha nacido, puesto que el perjudicado no puede alegar un derecho al margen del propio contrato (ST España, 9/2/1994, Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, n° 35, 1994, pág. 526, con nota aprobatoria de María A.Calzada Conde).

(3) El asegurador que alega la caducidad debe probarla; en cambio, es el asegurado quien tiene la carga de probar que el siniestro se ubica entre los riesgos tomados por la aseguradora;

(4) La caducidad autoriza a la rescisión del contrato; el no seguro o no garantía ninguna relación tiene con la rescisión; se trata, simplemente, de una situación ajena al contrato;

(5) Las cláusulas de caducidad sólo son oponibles a terceros si se trata de defensas nacidas con anterioridad al siniestro. Las de exclusión a la cobertura, en cambio, resultan del contenido mismo del contrato, son siempre anteriores al siniestro y oponibles a los terceros, aún al trabajador en el seguro de accidente de trabajo;

(6) Las reglas de interpretación de unas y otras presentan algunas variantes. Hay consenso en que la extensión del riesgo asegurado y los beneficios otorgados deben ser interpretados literalmente, ya que lo contrario provocaría un grave desequilibrio en el conjunto de operaciones de la compañía (Halperín, Isaac, «Seguros», 2° ed., actualizada por JCF Morandi, Bs. As., Depalma, 1986, t. II, pág. 503 y ss).

De cualquier modo, estas cláusulas, como sucede en el ámbito de toda negociación, deben ser razonables y responder a las necesidades técnicas del seguro. No se deben erigir en supuestos formales, en preceptos rituales, vacíos de contenido razonable.En otros términos, «si bien la enunciación de los riesgos y la extensión de la cobertura debe apreciarse en forma limitativa, sin que sea admisible una interpretación extensiva, ya que se produciría un desequilibrio de la prestación asumida por el asegurador en beneficio de la parte asegurada, ello es así siempre y cuando la cláusula no sea confusa, que haya podido recibir de buena fe una interpretación más amplia, o cuando la limitación pretendida es contraria a la naturaleza del riesgo cubierto; es decir, que aún las cláusulas de enunciación de los riesgos y de extensión de la cobertura deben interpretarse conforme a la expectativa razonable y al propósito del hombre corriente de negocios».

(7) El juego del art. 56 de la LS también presenta diferencias. Hay acuerdo en que el art. 56 rige ante los casos de caducidad del seguro. Se discute, en cambio, si se aplica a los supuestos de no seguro. En abstracto, pueden señalarse tres posiciones: (A) Tesis de la inaplicabilidad; (B) Tesis de la aplicabilidad; (C) Tesis intermedia que atien-de a las circunstancias del caso, posición que finalmente ha asumido esta Sala.

El caso decidido el 21/12/1995 («Triunfo», LS 262-359, publicada en LL 1996-D-182, Doc. Jud. 1996-1-871, ED 167-520 y Voces Jurídicas La Ley Gran Cuyo 1996-2-148) sienta como regla que el art. 56 de la LS no rige los supuestos de ausencia de cobertura respecto de riesgos claramente excluidos ab initio, no confundibles con su-puestos de caducidad; tampoco si hubo dolo del asegurado, o si el asegurador no tuvo la posibilidad material de determinar la exclusión en el plazo legalmente previsto. Ahora bien, en ese caso, la tesis intermedia llevó a aplicar el art. 56 a una cláusula que excluía el «accidente de trabajo producido por violación a las reglas de la seguridad social» por-que:(a) la conducta ilícita atribuida a la asegurada era perfectamente comprobable por la aseguradora dentro del plazo legal; (b) en el juicio laboral, la actora no imputó ninguna circunstancia nueva que no hubiese sido verificable por la aseguradora con un mínimo de diligencia, y (c) pese a su posición c ontractual técnicamente favorecida, no usó ninguna de las facultades concedidas por la ley creando en el asegurado la legítima expectativa de que el siniestro estaba aceptado.

En cambio, en los decisorios del 9/6/2003 («Martínez en j: Lucero») y del 16/12/2003 («Centinela»), entendió bien excluida de la condena a la aseguradora, por cuanto el asegurado circulaba sin carnet de conducir, o con carnet vencido, aunque la causal no se invocara en el plazo del art. 56 sino al contestar la citación en garantía. Se fundó en que la cláusula era típicamente una causal de exclusión de riesgo, o de no seguro, que nada tenían de irrazonables».

A continuación, en el precedente que vengo citando, se analizó si la cláusula que excluye el seguro en los casos de ebriedad del conductor es una cláusula de no seguro o de caducidad.

b) UBICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUE EXCLUYE EL SEGURO EN LOS CASOS DE EBRIEDAD DEL CONDUCTOR.

Con el voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, que compartí plenamente, se dijo en ese caso lo siguiente: «Reconozco que la cláusula en cuestión tiene un tinte sancionador, propio de las cláusulas de caducidad; no obstante, es una cláusula de exclusión del riesgo, desde que de un modo descriptivo indica, ab initio, un riesgo no cubierto, colocándolo fuera del contrato; es una situación ajena al contrato (Conf. Babot, Fernando, «Seguro automotor: la exclusión de cobertura por ebriedad del conductor no asegurado», La Ley Noroeste 2008-21 y ss)».

Es decir, este Tribunal en aquella oportunidad sentó criterio respecto a que se trata de una cláusula de exclusión del riesgo o de no seguro.c) ¿ES UNA CLAUSULA ABUSIVA?

Finalmente, en dicha causa se analizó la posibilidad de que se tratase de una cláusula abusiva. Se llegó a la respuesta negativa, por las siguientes razones que bien vale la pena citar:

«(1) No desconozco algunas decisiones que, incluso pretendiendo fundar su posi-ción con cita de jurisprudencia de esta Corte, han declarado que «esta cláusula, por la que se amplía el no seguro resulta abusiva, pues su aplicación suprime la obligación de la compañía de seguros en contra de lo dispuesto por el art. 158 de la LS» (Cám. Nac. Civ. sala K, 6/4/2006, LL 2007-B-391; Cám. Nac. Civ. sala C, 6/3/2001, LL 2001-E-125 y Doc. Jud. 2001-2-1114).

Independientemente de que esos precedentes no distinguen los supuestos de ries-gos excluidos (objetivos) y causales de caducidad (subjetivas), señalo que en ambos supuestos se discutía si esa cláusula era o no oponible a la víctima. Por el contrario, en el caso a resolver, igual que lo que aconteció en el expediente resuelto por esta Sala el 10/9/2007 («Lima», LS 381-81, publicada en Rev. del Foro 84-133 y Actualidad Jurídica Región Cuyo 2008-2493), la cláusula se invoca frente al conductor y al propietario del vehículo asegurado no tomador.

(2) Tengo el convencimiento de que frente al conductor, la cláusula no parece abusiva, ni contraria a la buena fe negocial; las propias circunstancias de la causa muestran de modo manifiesto este aserto; el accidente se produjo cuando el conductor del vehículo asegurado circulaba en estado de ebriedad, en condiciones excluidas no sólo por la póliza, sino prohibidas por la propia Ley de Tránsito. No en vano la publicidad promueve que no se maneje cuando se ha tomado bebidas alcohólicas e insiste machaconamente que la ebriedad constituye una causa relevante de los accidentes de tránsito.

(3) La cláusula tampoco es confusa; puede ser perfectamente comprendida por cualquier persona que contrate un seguro contra la responsabilidad civil.No da lugar a interpretaciones diversas, a diferencia de lo ocurrido en el precedente del 11/4/2000 («Triunfo en j. Órdenes», LS 294-407) en el que, ante la duda, se interpretó en contra de la aseguradora predisponerte y en consecuencia se admitió la existencia de la cobertura.

(4) En el caso, la oponibilidad al asegurado, aún fuera del plazo previsto en el art. 56, pero dentro de un período razonable de haberse producido la prueba en el proceso penal, no se muestra desmesurada, dados los hechos definitivamente fijados (Conf. Corte Suprema de Catamarca, 6/10/2005, La Ley Noroeste 2006-156).

(5) Tampoco se contrapone a los arts. 3 y 37 de la Ley 24.240, desde que como lo tiene dicho esta Sala en los precedentes antes reseñados (ver especialmente sentencia del 9/6/2003, «Martínez en j: Lucero», LS 323-001, antes citada), la cuestión se vincula al riesgo asegurado y, consecuentemente, a la ecuación económica del contrato».

IV. APLICACIÓN DEL PRECEDENTE CITADO AL CASO DE AUTOS.

Como se advierte, la similitud entre el presente y el pronunciamiento citado, me inclinan a resolver del mismo modo en el que lo hice en aquella oportunidad.

Se trata de una cláusula de exclusión de cobertura, de no seguro, la cual no resulta abusiva, por cuanto:

a) la cláusula se invoca frente al conductor, no tomador del seguro;

b) respecto al estado de embriaguez del conductor, éste debe presumirse y considerarse acreditado, teniendo en cuenta su negativa infundada a realizarse el dopaje de alcoholemia. Esta negativa, que motivó incluso una actuación penal por desobediencia del imputado (autos n° 81.988/08) nunca puede interpretarse a favor del desobediente.

Asimismo, las razones religiosas y/o de salud que invoca, en modo alguno pueden ser atendidas, por cuanto, tal como lo resolvió el Fiscal actuante en los autos reseñados (fs.30 vta.), «no es explicable cómo el test mencionado puede afectar la salud de una persona, por su modalidad de ser meramente espirativo, como así también si el mismo constituye un impedimento basado en la fe, debiera haberse explicitado su ámbito y alcances, a fin de posibilitar su real incidencia en la determinación del acusado»;

c) la redacción de la cláusula no es confusa;

d) la oponibilidad de la cláusula, planteada por la aseguradora aún con posterioridad al plazo del art. 56 LS, no resulta desmesurada frente a los hechos probados.

V.- CONCLUSIONES:

Por todo lo expuesto, no encuentro razones para apartarme de los precedentes de esta Sala, rectamente interpretados; en consecuencia, los recursos deben ser acogidos, la sentencia de segunda instancia revocada, y la de primera instancia confirmada.

Así voto.-

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:

Atento lo resuelto en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar a los recursos interpuestos y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada a fs. 177/180 vta. dictada en los autos N° 86.824/36.265, caratulados: «FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS EN J° 86.577 RIERA CRISTIAN C/ ANTON ESCUDERO SERGIO P/ D. Y P. P/ INC.» por la Segunda Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial. En su lugar, se confirma la de primera instancia.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION, EL DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, DIJO:

Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas al demandado en el principal, Sr. Sergio Darío Antón, quien promovió la apelación de la sentencia de primera instancia.

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr.NANCLARES, adhiere al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 21 de mayo de 2.013.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

I.- Hacer lugar a los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 8/22 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada a fs. 177/180 vta. en los autos N° 86.824/36.265, caratulados: «FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS EN J: 86.577 RIERA CRISTIAN C/ ANTON ESCUDERO SERGIO P/ D. Y P.» por la Se-gunda Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, la que que-da redactada de la siguiente manera:

«1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 139 en contra de la decisión de fs. 136/138 la que se confirma».

«2. Imponer las costas al apelante vencido».

«3. Regular los honorarios profesionales por el trámite de alzada de la siguiente manera: Dr. Juan Pablo BECERRA, en la suma de pesos .($ .); Dr. Ernesto Alejandro LABIANO, en la suma de pesos . ($ .); Dr. Alberto Darío LUCERO, en la suma de pesos . ($ .) (arts. 15 y 31 Ley 3641)».

II.- Imponer las costas de la instancia extraordinaria al demandado vencido.

III.- Regular los honorarios profesionales por la instancia extraordinaria de la siguiente manera: Dres. Juan Pablo BECERRA y Carla GENOVESE QUINTANILLA, en la suma de pesos . ($ .) en conjunto y Dr. Ernesto Alejandro LABIANO, en la suma de pesos .($ .) (arts. 15 y 31 Ley 3641).

IV. Líbrese cheque a la orden del recurrente por la suma de pesos OCHOCIEN-TOS ($ 800), con imputación a la boleta de depósito obrante a fs. 24.-

Notifíquese.

DR. JORGE H. NANCLARES

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Omar PALER-MO, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 21 de ma-yo de 2.013.

 

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