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Otras dos medidas cautelares contra la reforma judicial

VotoDos nuevos fallos, dictados por los jueces federales de Santa Fe, Francisco Miño, y de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, declararon la inconstitucionalidad de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, al hacer lugar a sendos planteos presentados por el comité provincial de la Unión Cívica Radical de Santa Fe y el Colegio de Abogados de la capital bonaerense.

En ambos casos, se ordenó la suspensión de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Por otro lado, la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, rechazó una medida cautelar presentada por el Colegio de Abogados de Morón y desestimó el planteo por inconstitucionalidad de la reforma judicial.

La jueza Forns, que ya había rechazado una presentación similar, sostuvo que «no se ha redactado de manera expresa en el artículo 114 de la Constitución que la elección de los consejeros deba ser por vía estamentaria, lo cual ha dado lugar a diferentes interpretaciones».

Los fundamentos

Los dos nuevos pronunciamientos que frenan la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura se suman a otros fallos similares dictados la semana última, que jaquean la reforma judicial que el Gobierno logró aprobar en el Congreso.

El juez Miño, de Santa Fe, declaró también la inconstitucionalidad de la ley que limita la posibilidad de presentar medidas cautelares en cuestiones en las que esté involucrado el Estado.

En este fallo, el magistrado santafecino se expidió sobre la cuestión de fondo y ordenó al Poder Ejecutivo de la Nación que se abstenga de aplicar la ley 26.855, referida al nuevo sistema de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Miño sostuvo que el sistema de elección de consejeros que impulsa el kirchnerismo «rompe con el equilibrio exigido por nuestra Carta Magna» y «refleja una hegemonía política que contraría el espíritu de la referida Constitución Nacional».

En tanto, la medida cautelar a la que hizo lugar el juez Ziulu había sido presentada por el presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Fernando Pablo Levene, quien sostuvo que varias disposiciones de la ley 26.855 «transgreden de manera flagrante» el artículo 114 de la Constitución.

El juez Ziulu sostuvo que de la lectura del artículo 114 y de los debates que precedieron a la reforma de 1994 «se advierte que los convencionales constituyentes tuvieron en miras que el nuevo órgano tuviera una representación estamentaria», dejando a un lado la representación exclusivamente política, para lograr, de ese modo, dar mayor transparencia a los mecanismos de selección de los jueces y cumplir con una de las premisas más elementales del Estado de Derecho, la cual es afianzar la Justicia».

El magistrado cita a la constitucionalista Ana María Gelli, quien recuerda que «el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento fueron creados para despolitizar los nombramientos y destituciones de magistrados y para desembarazar al Poder Judicial de las tareas no ligadas directamente con la función jurisdiccional».

En el fallo que rechaza la medida cautelar, la jueza de San Martín, en cambio, sostiene que la Constitución de 1994 ha «jerarquizado los partidos políticos como institutos fundamentales del sistema democrático» y «son ellos los que tienen la competencia para la postulación de candidatos a cargos electivos».

Fuente: La Nación

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