Rechazo del pedido de la hija a ser nombrada curadora definitiva de su madre por conflicto de intereses entre ambas

shutterstock_71214808Partes: L. D. R. O. H. s/ incidente familia

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 15-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-78643-AR | MJJ78643 | MJJ78643

Se rechaza el pedido de la hija a ser nombrada curadora definitiva de su madre como consecuencia de la existencia de un conflicto de intereses entre ambas partes.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución recurrida y rechazar el pedido de la hija a ser nombrada curadora definitiva de su madre, manteniendo la designación de un tercero en dicho cargo, toda vez que existe un conflicto de intereses entre ambas partes a partir de las actuaciones penales labradas respecto de hechos relacionados con la disposición de bienes de propiedad de la causante, y teniendo en cuenta la actitud remisa de la peticionaria en determinar el patrimonio de su progenitora, el cual no podía desconocer por cuanto administraba su dinero y atendía todas sus necesidades.

Fallo:

Buenos Aires, abril 15 de 2013.CO

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vienen las presentes actuaciones para su conocimiento en virtud de la apelación interpuesta por A. R. contra la resolución de fs. 83/84 en cuanto rechazó su pedido a ser nombrada curadora definitiva de su madre O. H. L. d. R. Sus agravios de fs. 88/92 fueron contestados a fs. 93/95 y fs. 96/99. En su dictamen de fs. 105/106 la representante del Ministerio de la Defensa de Cámara solicita se confirme el decisorio en crisis.

II. En la especie no está en discusión la estrecha relación que mantiene la recurrente con su madre, ni se encuentra cuestionado el cuidado y la atención que la apelante -y sus hijos- le brindan a la persona de la causante, todo lo cual fue destacado por la magistrada a quo en la resolución recurrida.

Para resolver como lo hizo, la juez de grado puso de resalto que, al decidir la designación excepcional del Dr. G. A. C. S., como curador de O. H. L. d. R. tuvo en consideración las circunstancias de hecho analizadas al momento de dictar sentencia en el expediente principal (cfr. fs. 880/886, Expediente N° 97.607/04, a al vista).

Es cierto que del análisis de las presentes actuaciones y sus conexos que se tienen a la vista, no se evidencia que se hayan modificado las situaciones de hecho ponderadas en punto al evidente conflicto que persiste entre las hermanas A. y J. R. (cfr. informes sociales de fs. 470/476 y fs. 855/858, Expediente N° 97.607/04; y fs. 93/95 de estos autos).

Por su parte, no puede pasarse por alto las constancias que se desprenden de la causa penal n° 44.030/10, que no obstante haber concluido en virtud de la excusa absolutoria prevista en el art. 185 del Código Penal -en función del vínculo materno filial de la encausada con la que resultaría damnificada -O. H. L. d.R.- respecto de los hechos relacionados con la disposición de bienes de propiedad de la causante como heredera de B. R. (vgr. el retiro de un cuadro en Christie´s y el producto de la venta de otro; cfr. fs. 68/72) se ha interpuesto recurso de casación, el cual se encuentra concedido (cfr. fs. 266/280, Expediente N° 109.414/05, a al vista).

A lo expuesto debe agregarse la actitud remisa de la peticionaria, que -al menos- evidencia una total falta de interés en determinar el patrimonio de la causante, el cual no podía desconocer a poco que se repare en que la peticionaria administraba el dinero y atendía a todas las necesidades de su progenitora (cfr. fs. 46/48, fs. 54/55 y afs. 59/59bis, Expediente N° 109.414/05; y fs. 471 y fs. 473, Expediente N° 97.607/04, ambos a la vista).

Si bien es cierto que como principio resulta conveniente privilegiar para el cargo de curador a un familiar cercano de la persona declarada incapaz; no lo es menos que el juzgador no puede soslayar como recaudo fundamental la idoneidad del propuesto, en tanto el nombramiento tiene por objeto proporcionar a la persona con discapacidad mental el apoyo que necesita en el ejercicio de su capacidad jurídica, a fin de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y la remoción de los obstáculos que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad (cf. arts.1 y 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad).

Desde esa perspectiva, ha de señalarse que en el desempeño del cargo debe actuar con la mayor corrección, de modo que resulte beneficioso para la persona declarada incapaz en procura de la protección de sus intereses, al punto que procede disponer la remoción cuando incurre en actos u omisiones en el desarrollo de su función que puedan perjudicar aquellos por los que debe velar.

De tal modo, a partir de lo transcripto en la resolución absolutoria en sede penal respecto de la cual el curador -con asentimiento del Defensor de Menores e Incapaces- interpuso recurso de casación, se vislumbra el conflicto de intereses implicados a partir de las actuaciones penales labradas a instancia de la denuncia formulada en resguardo del patrimonio de la persona declarada incapaz (cfr. fs. 68/72, y fs. 266/280, Expediente N° 109.414/05, a al vista).

En ese marco circunstancial, en el caso, más allá de la dimensión económica del tema referido precedentemente, dado que la apreciación de la idoneidad para ejercer el cargo de curador definitivo es facultad privativa del juzgador, en tanto las particularidades del caso bajo examen justifican apartarse de la prescripción establecida en el art. 477 del Código Civil, la decisión arribada en la anterior instancia, en tanto importa mantener la designación de un tercero en el cargo de curador definitivo de O. H. L. d. R., resulta acertada.

Por lo demás, es sabido que la jurisdicción de los tribunales de alzada está delimitada por las cuestiones que fueron propuestas a conocimiento de la juez a quo (art. 277 código procesal).

En tales condiciones, no tendrán cabida en esta instancia las argumentaciones vertidas en torno a la actuación del curador actuante, en tanto no fueron puestas a la consideración de la primera instancia (arts. 271 última parte ; 277 primera parte y cc. de la ley del rito).

En su mérito, no cabe sino desestimar la apelación intentada.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado a fs. 105/106 por la Defensora de Menores e Incapaces ante esta Alzada, el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar lo resuelto a fs. 1216/1217. Con costas a la vencida (arts. 68 y 69 , cód. proc.). II. Notifíquese en su despacho a la representante del Ministerio Público de la Defensa de Cámara. III. Regístrese y devuélvase a la instancia de grado a la que se encomienda la notificación de la presente a los interesados.

Carlos A. Bellucci.

Beatriz A. Areán.

Carlos A. Carranza Casares

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