La compra de campos, la cotitularidad de camiones y las cuentas a la orden recíproca hacen presumir que existe sociedad de hecho.

trabajoAgrarioPartes: Nasif Margarita Silvia c/ Nasif Juan José y otro s/ disolución de sociedad de hecho

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Dolores

Fecha: 20-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78336-AR | MJJ78336 | MJJ78336

La compra por partes iguales de varios campos para explotación ganadera, la cotitularidad de camiones y acoplados para transportar ganado y la existencia de cuentas bancarias a la orden recíproca o indistinta de las partes, hacen presumir la existencia de la sociedad de hecho denunciada por la actora.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda, declarando la existencia de una sociedad de hecho entre la actora y sus hermanos demandados, en una participación societaria equivalente al 33,33% para cada uno de ellos, teniendo por disuelta la sociedad con efecto retroactivo, pues el haber adquirido los presuntos socios inmuebles rurales en partes iguales y no habiéndose demostrado que ellos fueran destinados al arrendamiento a terceros en forma total y permanente, cabe concluir que su compra lo fue con el único destino final de ser explotados por sus titulares registrales en forma conjunta afrontando pérdidas y ganancias; por lo tanto no sólo integran el patrimonio social sino que son prueba medular de la formación y consecuente existencia del ente societario.

2.-Refuerza la presunción de la existencia de una sociedad de hecho la apertura de cuentas bancarias en orden recíproca o indistinta de las partes, haciendo presumir el ánimo de sus titulares de realizar depósitos y extracciones sin que medie autorización del cotitular, denotando además un conocimiento sin restricciones de los vaivenes económico financieros y por supuesto la existencia de un vínculo comercial de relevancia.

3.-La existencia indubitada de un condominio entre un codemandado y la actora en partes iguales sobre ciertos vehículos -camiones y acoplados- de transporte, en coincidencia con los dichos de la actora en su escrito postulatorio, llevan a concluir que la totalidad de camiones y acoplados, aún los que se encuentran en cabeza íntegramente del coaccionado, integran el patrimonio de la sociedad de hecho y se encontraron afectados al transporte de ganado bajo el nombre de fantasía la sociedad formada.

4.-Surge probada como una de las operatorias que se desarrollaban con la intervención de todos los litigantes, el arrendamiento de campos a terceros para su explotación a nombre individual, al tiempo que las erogaciones y ganancias habidas en esos conceptos eran denunciados como propios de las sociedades de hecho registradas con nombre de fantasía.

5.-El hecho de que la marca con que se individualizaba el ganado estuviera a nombre del demandado no resulta suficiente para dar por tierra con los indicios que por su número, precisión, gravedad y concordancia forman la convicción de que la totalidad de semovientes conformaban el patrimonio societario, lo que constituye otro corroborante de la existencia de la sociedad de hecho.

Fallo:

En la ciudad de Dolores, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 91.894, caratulada: “NASIF MARGARITA SILVIA C/ NASIF JUAN JOSE Y OTRO S/ DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD DE HECHO”, habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Doctores María R. Dabadie, Silvana Regina Canale y Francisco Agustín Hankovits.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1a. ¿Es justa la sentencia apelada?

2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA

DOCTORA DABADIE DIJO:

I. En lo que resulta de interés a los efectos del tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el letrado apoderado de los accionados Juan José y Nora

Susana Nasif (fs. 3449), cabe señalar que el sentenciante de la primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Silvia Margarita Nasif en contra de los ahora apelantes, declaró en consecuencia la existencia de una sociedad de hecho entre las partes de autos, en una participación societaria equivalente al treinta y tres con treinta y tres por ciento (33,33%) para cada uno de ellos. Tuvo por disuelta la sociedad con efecto retroactivo al día 5 de mayo de 2005 -v, cargo de la contestación de demanda de fs. 209-; difirió la determinación del activo y del pasivo societario y el modo de liquidar la sociedad para la etapa de ejecución de sentencia. Impuso las costas del proceso a los codemandados vencidos (art. 68 , CPCC.).(fs. 3440 y vta.).

Los agravios de los quejosos fueron expresados mediante la pieza de fs. 3490/3504, la que mereció el responde de la accionante a fs.3509/3518 y vta.; cumpliendo de este modo ambas partes con la carga procesal que les está impuesta.

A fs. 3519 se dictó la providencia de “autos para sentencia”, ante su firmeza se realizó el sorteo de estilo quedando los autos en condiciones de ser resueltos por esta Alzada (art. 263 cód. cit.).

II. Los agravios traídos por el Dr. Lucio Fontana, apoderado de los demandados recurrentes, están centrados en criticar la elección y valoración de los medios probatorios producidos en la causa; señala que el juez de la primera instancia ha parcializado su interpretación en desmedro de sus representados.

Indica que el sentenciante incurre en una incongruencia al referir que debe dilucidarse en primer lugar si se trata la cuestión sobre la liquidación de una sociedad de hecho o un condominio entre las partes.

En tal sendero, destaca sólo que si bien el condominio sobre ciertos inmuebles -campos-ha sido reconocido por sus poderdantes, nada dijo al respecto y solamente se refirió a la sociedad de hecho, sin mencionar en forma alguna el tema que el mismo planteó, en referencia a la división de aquél.

Luego, resalta que ha incurrido en confusión al referirse a la sociedad con distintas denominaciones -las que enumera-, como igualmente hace referencia a que algunas estarían integradas por dos y otras por los tres hermanos. Que dicha confusión, a su entender, se origina en las actividades que tuvieron en la compra de los campos y sus arrendamientos o la explotación de la estación de servicio “La Huella” y el campo “La Huella”,

bienes que nada tienen que ver con esta acción tal como lo ha reconocido la actora en su demanda a fs.64 -Pto.

II, “HECHOS”-.

Sostiene que no debe arribarse a una interpretación tan amplia como la que realizó el iudex a quo, comprendiendo actividades como la cría de animales vacunos, transporte de hacienda, adquisición de camiones y otros bienes cuya realización no ha sido acreditada en autos.

También hace hincapié en que no debe quedar ningún margen de duda respecto de la existencia de la sociedad.

Insiste en la errónea evaluación de la prueba documental, que se reitera al considerar la prueba confesional -respecto de las actividades que desarrollaban las partes-la que considera insuficiente para tener por acreditada la sociedad de hecho. Hace lo propio respecto de los testigos que han depuesto en autos, resaltando que se ha dado mayor valor de convicción a unos sobre otros, sin argumento alguno, dejando a consideración de este Tribunal la valoración de dicha prueba testimonial.

En definitiva, que el decisorio resulta erróneo, considerando que no se ha logrado acreditar en forma

alguna la existencia de una sociedad de hecho integrada por las partes de autos, tal como pretende la accionante.

Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, solicita en definitiva se revoque la sentencia apelada con costas.

Por su parte la actora, al responder los agravios, principia por peticionar la deserción de la expresión de agravios por incumplimiento del art. 260 CPCC.

En subsidio, la contesta poniendo de resalto que en autos obran elementos suficientes para tener por acreditada la sociedad de hecho invocada y que los mismos han formado la convicción en el sentenciante.

Sustenta tal afirmación, reseñando meticulosamente la prueba que a su entender asiste su posición en el conflicto.

Considera ajustada a derecho la decisión del a quo y solicita se confirme la misma, rechazándose los agravios vertidos, con costas a la recurrente (fs.

3509/3518 y vta.).

III.En razón del requerimiento del letrado apoderado de la parte actora al contestar los agravios, corresponde que me expida sobre el pedido de deserción de la fundamentación de los agravio por no cumplir con la carga que impone el art. 260 del citado digesto (SCBA, Ac. C. 85.339, “Menéndez”, sent. 19-09-07), ya que en caso de prosperar la pretensión cerrará el embate recursivo (SCBA, Ac. C. 92.588, “López”, sent. 31-10-07).

La expresión de agravios en estudio, si bien se aprecia que se sustenta en ciertas objeciones a la valoración de la prueba son de naturaleza subjetiva que rozan la mera discrepancia con lo decidido, ya que en el curso de la queja sólo se advierte una selección parcial de la prueba que hubo de tener en consideración el juez de primer grado más no existe en momento alguno referencia a la existencia de otras pruebas idóneas para dar por tierra con la fundamentación de la sentencia, podemos decir que se realiza un paralelismo con lo decidido. No obstante, lo cierto es que esa actividad es muestra de una denodada actividad del letrado apoderado de los demandados por revertir el decisorio recurrido; esa acción procesal hace que cumpla aún de modo mínimo con la manda del legislador, pues constituye una crítica razonada y lógica de la sentencia apelada, razón que la exime de la sanción de deserción.

Ha de tenerse en consideración que aquella pieza procesal ha superado el examen de suficiencia toda vez que hube de hacerlo con un criterio amplio de apreciación

(CC0202 LP 97 133 RSD-244-2 S 26-9-2002; MORELLO, Augusto Mario, Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso, v. I, pág. 175 a 180; art.260 CPCC).

Trazado aquel sendero debo señalar que la actividad revisora, genuina de esta instancia, se encuentra limitada por el agravio traído por el recurrente, fijándose así la frontera de aquella tarea.

Así se han de examinar las cuestiones de hecho y de derecho que hubieron de ser sometidas a la decisión del juez de la primera instancia, siempre que resultaran materia de agravios. Más aún, esta Alzada se encuentra dispensada de examinar aún cuestiones decisivas para el desenlace del proceso, si al expresar sus agravios el quejoso no realizó un planteo expreso a su respecto; al igual que aquellas sobre las que el iudex a quo guardara silencio. Estos principios resultan de inexorable cumplimiento, sin perjuicio del acierto o desacierto con que se hubiera dictado la sentencia puesta en crisis (arts. 260, 261 , 266 , 272 del CPCC; S.C.B.A., Acs. 74.366 S 19-2-2002, 16.832 S 16-III-1971; CSJN, diciembre 2 de 1980, Fallos, v. 302, pág. 1435).

IV. Agravios. Su tratamiento.

Para dar respuesta satisfactoria a los agravios de los quejosos tal como han sido formulados, entiendo

que resulta de buena técnica establecer en primer término el marco jurídico de la prueba de la sociedad de hecho y los criterios de valoración con especial referencia a la prueba de testigos, para ir en el segundo a la determinación de la plataforma fáctica con pié en los hechos alegados y probados en la causa, a fin de arribar a su correcta resolución.

a. Marco jurídico de la prueba en la sociedad de hecho. Criterios de valoración.

No obstante que el Dr. Val se ha referido a la sociedad de hecho y a la prueba de su existencia (fs. 3433 vta. y 3434) considero necesario reafirmar algunos conceptos concernientes a esos tópicos.

Las sociedades de los tipos autorizados no constituidas en forma regular y las sociedades de hecho con un objeto comercial se rigen por el art.21 y sgts.

L.S.; respecto de las últimas la norma se limita a diferenciarlas de las sociedades irregulares.

La diferencia entre ambos tipos societarios radica en la existencia o no de contrato constitutivo, pues las sociedades de hecho propiamente dichas son aquellas en las que ni siquiera ha mediado contrato escrito y que derivan su existencia de una empresa llevada en común.

Estos entes jurídicos se caracterizan por la inexistencia de contrato escrito, por el ejercicio de una actividad mercantil común y un acentuado tinte personalista de uno o varios de sus miembros.

En cuanto a la prueba de la sociedad de hecho se produce una mezcla de principios rectores del derecho sustancial y del procesal. Este fenómeno que arrastra tras de sí diversas posiciones tanto doctrinarias como jurisprudenciales tiene su génesis en la multiplicidad de modalidades asociativas que originan las denominadas sociedades no c onstituidas regularmente, abarcativas de las de hecho.

Por su parte el art. 25 L.S. establece que la sociedad queda acreditada en cuanto a su existencia por cualquier medio de prueba, aclara la Exposición de Motivos que la comprobación debe realizarse de conformidad con las normas del derecho común; no obstante hay limitaciones, ya que no cualquier medio de prueba resulta idóneo para crear la convicción acerca de la existencia de una sociedad de hecho, sino que se deben analizar en cada caso los elementos aportados.

Un segundo límite finca en la distinción entre la prueba del contrato social, que se encuentra presente en los hechos económicos que importan tales entes

asociativos y la de ciertos hechos, vale decir operaciones sociales.

En cuanto a los primeros rige la limitación de los arts. 209 del Cód. de Comercio y 1193 Cód. Civil, que vedan la prueba de testigos en defecto de la existencia de principio de prueba por escrito. En los segundos no existe restricción alguna, como principio general (MOSSET ITURRASPE, Jorge; Contratos, pág. 243, 253; NISSEN, R.; Sociedades irregulares y de hecho, pág.96).

De lo expuesto es dable concluir en el sentido de que la realidad de la sociedad puede ser acreditada por cualquier medio de prueba, ello no implica amplitud en el criterio de apreciación de la prueba sino sólo de los medios de prueba propuestos (BARREIRO, Rafael; La prueba de la sociedad de hecho en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Año 26, Volumen 1993-A (enerojunio), 151-153, págs. 407 y sgts.).

b. Plataforma fáctica. Hechos alegados y probados.

El objeto de la litis es la disolución de la sociedad de hecho que la actora entiende existió entre ella y sus hermanos Juan José y Nora Susana, el inicio de la relación societaria según sus dichos habría sido en forma contemporánea con la compra de las fracciones de

campo (fs. 64 vta.) mientras que la voluntad disolutoria se ubica en el mes de octubre de 2004 (fs. 66 y vta.).

Resulta de toda claridad que tal cómo lo hizo el sentenciante de grado para dirimir el entuerto resulta suficiente y necesario establecer si existió una relación societaria entre actora y demandados; en caso afirmativo nada más habrá de decirse en esta instancia pues los porcentajes que a cada parte corresponderían llegan firmes por ausencia de agravio y la determinación de los bienes que integran el patrimonio social ha sido diferida para la etapa de ejecución de sentencia.

Sin perjuicio de que no analizaré todas las argumentaciones de los demandados recurrentes, sino aquellas susceptibles de incidir en mi voto (Conf. CSJN, 13-XI-96, in re: “Altamirano, Ramón c/Comisión Nacional de Energía Atómica ; ídem, 12-II-87, in re: “Soñes, Raúl c/Administración Nacional de Aduanas , adelanto que no les asiste razón en su postura.

Sabido es que de conformidad con el art.384 del CPCC, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba con las reglas de la sana crítica, que no son otras que las normas de la lógica que operan en el criterio personal de los jueces, o bien son reglas del entendimiento humano, criterios de la lógica no

precisados en la ley, meras directivas señaladas al sentenciante cuya necesaria observación queda sometida a su prudencia, rectitud y sabiduría (SCBA, 3/6/75, LL, 1975-D-89; 9/12/82, DJBA, 124-289, 7/9/82, Doctrina de los Fallos, setiembre de 1982, nº 276).

Ante la queja de los apelantes en cuanto a que refieren que el juzgador no valoró la totalidad de las pruebas producidas por su parte, es necesario recordar que ante el deber del juzgador de considerar las cuestiones conducentes y esenciales para la correcta solución del litigio, se ha dicho en forma reiterada que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver de modo correcto el caso particular, pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales (SCBA, 16/5/89, DJBA, 1364459; CSJN, 14/9/93, JA, 1994-II-222; SCBA, 14/6/96,

DJBA, 151-5577).

Por otra parte el principio de legalidad de la prueba supone que ni las partes ni el juez pueden discrecionalmente disponer de los medios de prueba o del procedimiento de ofrecimiento y producción; postulado

aplicable a la carga de la prueba, dado que los sujetos del proceso no pueden de modo arbitrario crear reglas o principios que tengan por objeto dirigir el destino de la última. Como consecuencia de lo dispuesto por el art. 15 del Cód.Civil, los jueces no pueden abstenerse de dictar sentencia, de allí que la carga de la prueba le indicará clara y terminantemente el contenido de su pronunciamiento pues partiendo de los hechos no probados, estimará la pretensión o la defensa, según el caso.

Como hube de decir al votar la Causa nº 88.351 de este Tribunal, el problema de la carga de la prueba se presenta en la formación lógica de la sentencia cuando falta prueba; bien por insuficiente, incompleta o simplemente a consecuencia de la frustración de la actividad procesal de las partes, en el sub judice el problema radica en la idoneidad de los medios probatorios producidos para acreditar la existencia de una sociedad de hecho ante la negativa de los demandados y la inexistencia de contrato por escrito aún deficitario.

Abrevando en el derecho romano, se ha edificado un sistema de soluciones sobre la base de aforismos que resulta apreciable, así decimos que la carga de la prueba incumbe al actor o no probando el actor, el demandado debe ser absuelto, la carga de la prueba incumbe a quien

afirma, no a quien niega; estos son sólo indicadores generales, que no excluyen en cada tipo de relaciones jurídicas soluciones particulares (CSJN, 16/2/93, ED, 28496).

Al afirmar la actora la existencia de una relación societaria con sus hermanos, la carga de la prueba en principio se encontraba sobre ella.

Desde la otra cara de la figura, negada la situación fáctica por los contradictores, la distribución de la carga probatoria se impone no sólo a quien ha afirmado los hechos constitutivos de la pretensión sino también a los accionados, composición que impera en el sub examine.

Este introito resulta ineludible ante la formulación del agravio por los accionados, en tanto señalan que la sentencia no tiene en cuenta las claras pruebas obrantes en la causa para decidir la cuestión en el sentido de la inexistencia de la sociedad.

Con los límites a la verificación de los medios probatorios ofrecidos y producidos en la causa talcomo lo he reseñado, es destacable que han de adquirir relevancia las denominadas pruebas directas de la existencia de los elementos configurativos de la sociedad de hecho, me refiero de modo puntual a la verificación de

los aportes de capital que hubieren realizado los presuntos socios, la existencia de affectio societatis y la participación en las ganancias y pérdidas.

Corresponde que aclare el valor que daré en este proceso a las escrituras traslativas de dominio que obran en los autos caratulados “NASIF, Margarita Silvia c/ NASIF, Juan José y otra s/ MEDIDAS CAUTELARES” – expediente ofrecido como prueba instrumental- que tengo a la vista (fs. 9/62), las que ilustran sobre la adquisición por la actora y los accionados en partes iguales de varias fracciones de campo ubicadas en el Partido de Tordillo (105) realizadas entre los años 1985 y 1997.

Si bien las parcelas habrán de ser divididas en la etapa de ejecución de sentencia y por la vía más adecuada, aquella instrumental que está revestida de toda validez pues goza de la fe pública y se encuentra debidamente registrada ante la autoridad de contralor, constituye un medio de prueba de relevancia en la causa para decidir sobre la existencia de la sociedad de hecho.

Ello así por cuanto la compra de las fracciones fue realizada dentro del período en que la actora señala como límite temporal para el inicio y desarrollo pleno de las actividades mercantiles de la sociedad.

Con relación a las fracciones de campo insisto que su adquisición ha sido considerada aquí como prueba de la integración de los aportes societarios en partes iguales por las partes de este proceso.

No hay confusión ninguna como lo intenta demostrar el recurrente en cuanto a que las fracciones de campo no integran el patrimonio social, por el contrario el haber adquirido los presuntos socios inmuebles rurales en partes iguales y no habiéndose demostrado que ellos fueran destinados al arrendamiento a terceros en forma total y permanente, no tengo duda que su compra lo fue con el único destino final de serexplotados por sus titulares registrales en forma conjunta afrontando pérdidas y ganancias; por lo tanto no sólo integran el patrimonio social sino que son prueba medular de la formación y consecuente existencia del ente societario.

Se vislumbra en esa conducta la existencia de la affectio societatis elemento que tiene importancia vital en toda relación societaria.

Este elemento está presente en diferentes medios de prueba obrantes en la causa, el que destaco por resultar de relevancia es la apertura de cuentas bancarias bajo la modalidad de orden recíproca, sean corrientes o cajas de ahorro. En este sentido el Banco de

la Provincia de Buenos Aires a fs. 1212 informa de la existencia de la cuenta corriente 269/3 y la caja de ahorros 60449/6, ambas de la Delegación Tordillo (6905) cuyos titulares son Juan José Nasif y Margarita Silvia Nasif de Sigillito. La existencia de cuentas bancarias en orden recíproca o indistinta hace presumir el ánimo de sus titulares de realizar depósitos y extracciones sin que medie autorización del co-titular, hay además un conocimiento sin restricciones de los vaivenes económico financieros y por supuesto la existencia de un vínculo comercial de relevancia.

Los bienes denunciados por la actora constituyen básicamente un trípode; los campos, la hacienda y los camiones de transporte de hacienda mencionados en el punto VI. PATRIMONIO d) Automotores (fs. 70), esta enumeración no resulta excluyente de los muebles denunciados sino que se realiza a los fines argumentativos para demostrar la existencia de los elementos fundantes de todo vínculo societario; aportes, affectio societatis y participación en las pérdidas y en las ganancias.

Con relación a la prueba pericial ofrecida por la parte actora, visto el dictamen de la contadora Manazzoni (fs. 30513/3054, la impugnación de fs. 3079/3080 y el

responde de la experta de fs. 3166/3283; corresponde que haga algunas reflexiones sobre su valor pues considero este medio de prueba idóneo para establecer los extremos técnico contables de la integración social (art.474 CPCC).

Sabido es que las aclaraciones y adiciones al dictamen forman parte de éste y constituyen con él una unidad, de modo que el estudio y apreciación de la opinión deben ser tomados juntamente con la relación original, como un solo cuerpo; de otra manera, no se podría saber cuál es el concepto definitivo y completo de los peritos (SCBA, 20/7/79, Ac. 23.719, DJBA, 113-79 y ED, 78-362).

El juez es soberano al sentenciar en la apreciación de la prueba y de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen. Así lo interpreta de modo unánime la doctrina judicial; pero, en consonancia con las reglas de juzgamiento enunciadas por el precepto, se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones; razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno, en principio, al hombre de derecho.

Debe quedar en claro que la ley ritual no prevé un procedimiento impugnatorio de las conclusiones del perito sino tan sólo aquel estatuido por el art. 473 del CPCC, mas no por ello ha de desecharse de plano un cuestionamiento de esa índole que hace al ejercicio de defensa en juicio por la indudable trascendencia que el o los dictámenes de expertos pueden tener en la definición de intereses litigiosos controvertidos, dado que el órgano jurisdiccional acude a tal o tales opiniones frente a la necesidad de dilucidar determinadas circunstancias fácticas para las cuales es necesario detentar un conocimiento de rigor científico con incumbencia en la especificidad temática y respecto del cual el director del proceso en principio podría carecer, y es allí donde acude -para integrar sus conocimientos- a los servicios de un auxiliar de la justicia que ha demostrado previamente -en el caso-su específica idoneidad a tal fin en virtud de ostentar un título universitario de nivel científico (Liebman, E.T., Manuale de diritto processuale civile, 2ª ed. T. II.I, pág.93).

La situación del justiciable para el caso de considerar de su lado que el dictamen pericial se encuentra afectado bien su validez o en su eficacia -lo que en manera alguna cercena la facultad del órgano

jurisdiccional-debe brindar certeros fundamentos (si de eficacia se trata, de indudable rigor científico) demostrativos de sus argumentos de ataque, pues no se debe favorecer la fácil y reiteradamente observada postura de cuestionar las conclusiones del experto en tanto ellas no se compadezcan con los fines del impugnante perseguidos en el proceso.

La pieza de fs. 3079/3080 que se ha titulado “PIDE IMPUGNACIÓN A PERITO” en cuanto a su contenido no constituye una impugnación al dictamen y mucho menos a la persona de la experta, es en pocas palabras un pedido de explicaciones o un pedido de cumplimiento estricto de los puntos de pericia ofrecidos en su oportunidad, razones estas por las que he de dar al informe pericial el más absoluto valor y eficacia probatoria.

Ahora bien, con pie en la experticia tengo por probada la existencia de dos sociedades de hecho entre las partes registradas ante la AFIP (fs. 3013/3014); “Nasif Hnos.” integrada por la actora y los demandados e “Hijos de Félix Moisés Nasif” que se infiere tiene igual integración ante los dichos concordantes de las partes respecto de la desvinculación de Moíses Félix Nasif (hermano de los litigantes) previa venta de su parte indivisa. Tales personas jurídicas tienen denunciada una

actividad en común ante la autoridad fiscal de contralor consistente en la cría de ganado bovino y la de servicios inmobiliarios, arrendamientos propios y de terceros. La identificación del ente irregular con un nombre de fantasía no les resta a sus integrantes de las responsabilidades societarias entre socios ni frente a terceros.

Tengo por probada como una de las operatorias que se desarrollaban con la intervención de todos los litigantes, el arrendamiento de campos a terceros para su explotación (fs.3017 y 3030/3033) a nombre individual, al tiempo que las erogaciones y ganancias habidas en esos conceptos eran denunciados como propios de las sociedades registradas con nombre de fantasía que se han identificado en el párrafo precedente (fs. 3052 vta. punto c.). No debe perderse de vista que la información brindada por la experta con fecha 18 de mayo de 2007 (fs.

3054 vta.) refiere a la actividad de aquellos entes desde los años 1997, 1998, 1999, 2003 hasta el tiempo de presentar el informe; en síntesis en forma contemporánea con el inicio de las actividades que acusa la actora y hasta la promoción de la acción.

Los dichos de los accionados respecto de que Margarita Silvia le arrendaba sus partes indivisas en los inmuebles rurales a Juan José, carece de todo andamiaje probatorio no sólo por la mecánica como se desarrollaba la actividad de arrendamientos que he descripto sino también porque quien alegó -el accionado-ese hecho, no ha acercado contrato de arrendamiento alguno ni ha producido medio probatorio útil demostrativo de sus dichos.

No puede dejarse de lado que tanto Margarita Silvia cuanto Nora Susana tienen ante la AFIP denunciada como actividad la cría de ganado en forma individual, excluyo la venta por menor de combustible por no integrar ese objeto esta litis, en tanto que Juan José sólo denunció la de servicios veterinarios y transporte de animales.

Aquí es menester hacer un alto y preguntarse ¿qué sentido tiene registrarse ante la AFIP como criador de ganado sino se es propietario de semovientes?La respuesta emerge cristalina, las nombradas se encontraban inscriptas en esa categoría de contribuyentes por tener que declarar ganancias originadas en esa actividad; en negro sobre blanco eran propietarias de ganado bovino.

El hecho de que la marca número inmutable 269.818 con que se individualizaba el ganado estuviera a nombre del demandado Juan José Nasif, no resulta suficiente para

dar por tierra con los indicios que por su número, precisión, gravedad y concordancia forman en mi la convicción de que la totalidad de semovientes conformaban el patrimonio societario, lo que constituye otro corroborante de la existencia de la sociedad de hecho.

Este convencimiento refiere al conformado sobre la base de indicios que relacionados entre sí, por su carácter grave, precisión y concordancia, constituyen presunción judicial (art. 163 inc. 5 CPCC).

En el sendero de la prueba presuncional, en virtud de la importancia que este medio probatorio tiene en la materia bajo revisión, he de precisar que las presunciones hominis o presunciones simples son un conjunto de razonamientos o argumentaciones mediante las cuales, a partir de hechos conocidos, se concluye afirmando otros desconocidos; no es un medio de prueba sensu stricto, sino más bien un procedimiento de prueba consistente en inferir, a partir de un hecho probado (indicio) y de una regla de expediente, la existencia de un hecho desconocido. El resultado de ese procedimiento, es un razonamiento enderezado a probar (indirectamente) la existencia de ciertos hechos, estas mal llamadas presunciones se han presentado tradicionalmente como los elementos que soportan la convicción del juez en relación

con esos hechos, identificado en el proceso civil con la sana crítica (GASCON ABELLAN, M., Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba., pag.152, Ed.

Marcial Pons, Madrid, 2004).

En cuanto a la tercera pata del trípode supra mencionado como base del patrimonio societario y la existencia del ente fáctico social, me refiero a los camiones afectados al transporte de hacienda, como quedará expuesto son también propiedad de las partes de autos.

Resulta prueba irrefutable de ese extremo en primer lugar los informes producidos por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (fs. 2848/2905) sobre la titularidad de los vehículos dominios B-1052326 y B

1.711.911 como pertenecientes a Juan José y Margarita Silvia Nasif en partes iguales. Por otro lado el primero al tiempo de realizar su manifestación personal de bienes ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires (fs. 2316 vta./2319) denunció como integrantes de su patrimonio los vehículos dominios VCS 738 (ex B-1.647.220), RAN 136, RAN 135, B-1.349.139 y AES 350, en condominio (50%) con Margarita Silvia Nasif).

La existencia indubitada de un condominio de Juan José y Margarita Silvia Nasif en partes iguales sobre

ciertos vehículos -camiones y acoplados-de transporte, en coincidencia con los dichos de la actora en su escrito postulatorio, me llevan a concluir que la totalidad de camiones y acoplados aún los que se encuentran en cabeza íntegramente de Juan José integran el patrimonio de la sociedad de hecho y se encontraron afectados al transporte de ganado bajo el nombre de fantasía “Transporte LERE”.

Téngase en consideración que el Banco de la Provincia de Buenos Aires informó sobre la existencia de una cuenta corriente abierta en el año 1988 cuyos titulares eran “Transportes LERE, Margarita Silvia Nasif de Sigillito y Juan José Nasif” bajo la modalidad de orden recíproca, los nombrados denunciaron como actividad la de estación de servicio y comerciantes (fs. 469/470).

A mayo r abundamiento se puede señalar que lucen a fs.52/63 cartas documento que suscribieron los tres hermanos Nasif aquí en conflicto, esas misivas refieren a cuestiones relativas a la adquisición de un camión a varios años vista.

En la actividad comercial es posible enmarcar sin restricción alguna el transporte de ganado, por su parte al absolver posiciones Juan José Nasif reconoció la existencia de esa cuenta corriente como una cuenta más

(ver posición 30), por lo que es dable inferir que los hermanos tenían más de una cuenta afectada a los negocios comunes.

A mayor abundamiento la existencia de una tarjeta de presentación (fs. 11) en la que se puede leer “Juan José Nasif & Cía.-“LERE”-Transporte de Hacienda Generales” consignando como dirección dos; una en la de calle Alberdi 384 de Dolores domicilio de la actora Margarita Silvia Nasif y otro en la Ruta 11 km. 284 de Conesa, lugar en que se encontraba el negocio de veterinaria de Juan José Nasif. Sumado a ello el hecho de leer en la tarjeta la expresión “& Cía.” precedida por el nombre del demandado me lleva a inferir la existencia de un ente diferente de la persona física, es dable concluir en la existencia de otras personas que pueden ser consideradas socios; esas otras personas son la actora y su hermana Nora Susana.

También es posible inferir que a más de 20 años de iniciada la relación societaria, los vehículos sufren un desgaste mecánico lógico y razonable realizándose su reposición por medio de la entrega o venta de una unidad y compra de otra más moderna ya sea en el mercado del usado o de las denominadas 0 km.Téngase en consideración que el demandado Juan José Nasif no ha acreditado la

adquisición de los vehículos de transporte con las facturas a su nombre y emisión de cheques de cuentas propias, sino que sólo ha acreditado la anotación registral a su nombre, verificándose una vez más los dichos actoriles.

Por último he de decir que los testigos Racioppe (fs. 2472), Yaquinta (fs. 2543), Escalante (fs. 2545), Sarasola (fs. 2841) y Redmond (fs. 2843), poco y nada aportan para dirimir la cuestión, en principio porque el conocimiento que tienen de la existencia de la sociedad de hecho lo ha sido por comentarios de terceros más no ha sido percibido por sus propios sentidos. Se advierte además que las testimoniales han sido prestadas en pro de su parte proponente, razón esta que sumada a la rigidez que en su valoración impera en la materia, los testigos propuestos por las partes se neutralizan entre sí.

Para finalizar reitero que la posibilidad de acreditar la existencia de la sociedad por cualquier medio de prueba, no implica amplitud en el criterio de apreciación de la prueba, sino sólo en los medios de prueba, extremos que encuentran su fundamento racional en las gravosas consecuencia que derivan de la calificación que como sociedad de hecho se formule respecto de una relación, ya sea a nivel pasivo y activo.

En definitiva tengo por acreditados los aportes tanto de la actora en la integración del patrimonio social por medio de las pruebas valoradas, ello así pues no es requisito en las sociedades de hecho de formas sacramentales demostrativas de la existencia de aquellas, sobretodo cuando se trata de empresas dedicadas al comercio y a la realización de diferentes actividades durante un tiempo prolongado.

No tengo duda alguna sobre la existencia la denominada affectio societatis, vale decir la exteriorización de la existencia del ente y la relación intra societaria de los socios que deben gozar de plena confianza, el cumplimiento de ese elemento hace presumir la realización de una actividad organizada propia de la génesissocietaria.

En lo que refiere a la participación en las pérdidas y ganancias resulta de los resúmenes que ilustran los movimientos de las cuentas bancarias de las que surgen depósitos -ver posición 46 de Juan José Nasif, pago de impuestos, gastos y extracciones por parte de los socios. En particular la actora hizo retiro de dinero en el año 2005 conforme emana de fs. 2170 y 2173, concretamente las extracciones se realizaron de la caja

de ahorros 604496/6 de la que es co-titular con el nombrado Juan José Nasif.

En definitiva la prueba producida en la causa y valorada tanto por el juez de la primera instancia cuanto en este voto forman un serio poder de convicción que me llevan a tener por existente una relación societaria de hecho entre la actora y los demandados.

V. Costas.

Las costas de esta instancia se imponen a los recurrentes en su condición de vencidos (art. 68 CPCC; CSJN, 17-10-94, LL, 1995-D-926 nº 1631).

VOTO POR LA AFIRMATIVA

LOS SEÑORES JUECES DOCTORES CANALE Y HANKOVITS

ADHIRIERON AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA

DOCTORA DABADIE DIJO:

En razón de los argumentados dados, citas legales y jurisprudenciales, propongo al acuerdo confirmar la sentencia dictada a fs. 3429/3440. Costas de esta instancia a los recurrentes vencidos. (arts. 17, 18 CN; 168 , 171 Const. Prov.; 68, 165 inc. 5 , 242, 246, 260, 261 , 266 , 272 , 375 , 473, 474 CPCC; 21 a 26 ley 19.550; 15 Cód. Civil)

La regulación de los honorarios correspondientes a las tareas cumplidas en esta instancia se difieren para la oportunidad en que lo hayan sido las de la primera.

(art. 31 dto.ley 8904/77)

ASI LO VOTO

LOS SEÑORES JUECES DOCTORES CANALE Y HANKOVITS

ADHIRIERON AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.

CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO,

DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE

S E N T E N C I A

CONSIDERANDO:

Corresponde declarar que resulta ajustado a derecho lo decidido a fs. 3429/3440 (arts. 17, 18 CN; 168, 171 Const. Prov.; 68, 165 inc. 5, 242, 246, 260, 261, 266, 267, 272, 375, 384, 473, 474 CPCC; 21 a 26 ley 19.550; 15 Cód. Civil; art. 15 Ac. 2514/92).

Por ello: y demás fundamentos del precedente Acuerdo se confirma la sentencia interlocutoria de fs.

1008/1018. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado (arts. 17, 18 CN; 168, 171 Const. Prov.; 68, 165 inc. 5, 242, 246, 260, 261, 266, 272, 375, 384, 473, 474 CPCC; 21 a 26 ley 19.550; 15 Cód. Civil).

La regulación de los honorarios correspondientes a las tareas cumplidas en esta instancia se difieren para

la oportunidad en que lo hayan sido las de la primera (art. 31 dto. ley 8904/77).

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.

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