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Responde el supermercado frente a los daños sufridos por el actor quien se cayó y quebró la cadera tras pisar una sustancia similar al azúcar siendo irrelevante el tipo de calzado que usaba ese día.

 shutterstock_41021971Partes: Arman Efraín Daniel c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 23-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78391-AR | MJJ78391 | MJJ78391

Debe responder el supermercado frente a los daños sufridos por el actor quien se cayó y quebró la cadera tras pisar una sustancia similar al azúcar que se encontraba derramada en el suelo, siendo irrelevante el tipo de calzado que usaba el día del accidente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda por la cual el actor reclamaba los daños y perjuicios sufridos al caer en la playa de estacionamiento del centro comercial demandado, tras pisar un material similar al azúcar y sufrir una fractura de cadera, en tanto el centro comercial no ha cumplido con el deber de seguridad objetivo que tiene frente al consumidor.

2.-El ingreso a un local comercial implica la configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo, que conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de la que se desprende un deber de seguridad objetivo.

3.-Se configura entre el consumidor y el centro comercial una relación de consumo protegida por el art. 42 de la CN., que genera para la demandada una obligación de seguridad dada por la necesidad de mantener en buen estado el lugar de compras, que se refleja en una responsabilidad objetiva, de la que sólo puede liberarse acreditando la causa ajena.

4.-Resulta inatendible el argumento de que hubo culpa de la víctima quien cayó tras resbalar con una sustancia similar al azúcar en el centro comercial demandado porque su zapato tenía suela común, en lugar de una suela especial de goma que evite resbalar, confirmando este razonamiento la responsabilidad del demandado, pues no es una verdad sabida que para asistir a este tipo de lugares sea necesario un calzado especial que evite riesgos de caídas.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de marzo de 2013, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: «Arman, Efraín Daniel c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A. y otro s/Daños y Perjuicios» y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 623/55), que hizo lugar a la demanda por la cual el actor reclamaba los daños y perjuicios sufridos al caer en la playa de estacionamiento del centro comercial demandado, expresan agravios la citada en garantía (fs. 676/85), y la demandada (fs. 687/97).

La citada en garantía cuestiona, en primer lugar, que se le haya atribuido la responsabilidad del evento. Sostiene que no se ha probado que los hechos sucedieran en la forma descripta por el actor, y aceptada por el a quo, en especial que haya habido azúcar derramada en el piso que provocó el resbalón. A tal fin, impugna lo declarado por los testigos, poniendo en duda la veracidad del relato, y señalando la relación de algún testigo. En subsidio, cuestiona la procedencia y/o los montos indemnizatorios fijados, y que se haya admitido la tasa activa de interés.

Agravios similares contiene el escrito de expresión de agravios de la demandada. Esta parte insiste en que el hecho se debió a la culpa de la propia víctima, para lo cual intenta demostrar posibles contradicciones que surgirían del relato expuesto en la demanda, y señala que el actor se ubicó en un lugar incorrecto, y que la suela de su zapato no era adecuada al no contar con goma. Se explaya sobre el dictamen del perito, y sobre las declaraciones de los testigos.En subsidio, considera excesivos los montos fijados en concepto de indemnización.

Por razones metodológicas, comenzaré por el examen de los agravios vertidos en torno a la responsabilidad.

Es un hecho no controvertido en esta instancia que el actor, el día 7 de mayo de 2005, aproximadamente a las 18,45 hs, se encontraba en la playa de estacionamiento del supermercado Makro, de la localidad de Avellaneda, y que se cayó en el lugar sufriendo la fractura de su cadera. Adujo que ello ocurrió al pisar un material similar al azúcar que se encontraba sobre el piso. Relató que asistió al lugar en compañía de su conviviente Cristina Mares, y del hijo de ésta, Lucio Otegui. Indicó que al ingresar al predio en auto, Otegui los acercó hasta la senda peatonal existente en la puerta de ingreso para que descendieran mientras el conductor buscaba donde estacionar. Mientras esperaban, mirando hacia la playa de estacionamiento y delante de unos bloques de cemento, al intentar caminar hacia delante resbaló y cayó sobre dicho bloques. Señaló que sus zapatos eran de suela común, y que en el piso había una sustancia que terminó siendo azúcar, y lo que provocó la caída.

Antes de examinar los agravios, quiero recordar el régimen legal que, a mi entender, es aplicable al caso.

Conocida es la clasificación de la responsabilidad, como sanción, una condena a satisfacer una indemnización generalmente pecuniaria, derivada del incumplimiento de un deber jurídico, en dos campos diferentes; cuando ese deber se origina exclusivamente en una norma legal que no ha sido respetada, provocando un daño, se está en presencia de un hecho ilícito es decir, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual; en tanto ese deber de indemnizar derive del incumplimiento de un contrato o relación jurídica anterior, del incumplimiento de una obligación contraída por un acto lícito, dicha responsabilidad suele denominarse como contractual u ordinaria (conf. Belluscio y Zannoni, Mayo, «Código Civil y. comentado», t. 2. p. 617, coment. art. 512, n.13 y sus citas en notas 53 a 56; Cazeaux y Trigo Represas, «Derecho de las Obligaciones», t. 4, ps. 139 a 153, ptos. VIII a X, 1976; comp. Salvat y Acuña Anzorena, «Derecho Civil.»; «Fuentes de las obligaciones», t. IV, «Hechos ilícitos», 1958, p. 3, n. 2702-a y ss., coment. Acuña Anzorena).

El ingreso a un local comercial implica la configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo, que conlleva la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de la que se desprende un deber de seguridad objetivo. En toda relación jurídica entre un consumidor y un centro comercial, éste asume un deber de seguridad objetivo frente a aquél (CNCiv, sala L, 6/3/2008, Fernández, Alfredo Daniel c. Easy Cencosud S.A. LA LEY 18/6/2008, 8, con nota de Federico M. Alvarez Larrondo, RCyS 2008-VI, 103).

Asimismo, el dictamen del perito pone en evidencia que no es insólito ni imprevisible que el piso en tales condiciones provoque caídas, poniendo en funcionamiento el riesgo latente de la cosa.

Sabido es que en ciertos contratos, el deudor de la prestación principal (vendedor de mercadería, organizador de un espectáculo, empresa de transportes, etc.), además de la obligación principal, asume lo que suele denominarse como «deber de seguridad» o de «indemnidad», por el cual debe responder de los daños sufridos por la contraria, en el lugar en que se formaliza o perfecciona la relación jurídica (local comercial, sala de espectáculo, estadio), cuando no haya adoptado las previsiones necesarias para evitar todo perjuicio en el curso del cumplimiento del acuerdo de voluntades.

En mi opinión, como expuse al votar en la causa «Rodas Rojas, Cayetana v. Coto C.I.C.S.A.» (sent. Del 7/8/2006, JA 2007-I-223), y reiteré en la causa «Dioca, Roberto Gabriel c/Cencosud SA y otro s/daños y perjuicios» (sent. de setiembre de 2008), hubo una «relación de consumo» protegida por el art.42 de la Constitución Nacional, que generó para la demandada una obligación de seguridad dada por la necesidad de mantener en buen estado el lugar de compras, que se refleja en una responsabilidad objetiva, de la que sólo puede liberarse acreditando la causa ajena. La obligación de seguridad asumida por la demandada exigía que el usuario o consumidor pudiera hacer uso del local y retirarse del mismo sin daño alguno.

El factor de atribución objetivo está consagrado por el art. 1198, primer párrafo del Cód. Civil, del cual nace un deber de seguridad accesorio destinado a preservar la integridad de las personas que son parte en el negocio jurídico. Se ha expresado que la obligación de seguridad es de resultado y su incumplimiento lleva aparejada responsabilidad contractual objetiva (Bueres, Alberto J., «Responsabilidad contractual objetiva», JA, 1989-II-964).

Admitido ello, debo recordar que ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquél. Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901 CCiv.; Ac. 37535, «Cardone v. Borasi», DJJ 135-171; Ac. 41868, «Ferraro v. Di Módico», DJJ 137-9455). De este modo, y como lo afirmara en otra oportunidad, la casación bonaerense «recibe la postura doctrinal según la cual el juez, para determinar la relación causal adecuada contenida en el art. 906(ef:LEG1308.906) del CCiv.debe formular ex post facto un juicio de probabilidad, o pronóstico póstumo u objetivo del resultado dañoso, según el curso ordinario de las cosas y la experiencia de vida, para verificar si ese daño era previsible que se aprecia en abstracto» (Compagnucci de Caso, Rubén H., «Responsabilidad civil y relación de causalidad», p. 30; aut. cit., «Dos elementos de la responsabilidad civil: antijuridicidad y culpa», Rev. Notarial Bs. As., n. 845, 1979, p. 980 y ss.; Goldenberg, lsidoro H., «La relación de causalidad en la responsabilidad civil», p. 229; Gesualdi, Dora, «Responsabilidad civil», p. 45; Alterini, Atilio y López Cabana, Roberto, «Presunciones de causalidad y de responsabilidad», LL 1986-E-981; Alterini, Atilio, «Responsabilidad civil», p. 160; Orgaz, Alfredo, «La relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño», LL 55-804. nota 39; aut. cit., «La culpa», p. 129; Carranza, Jorge, «Notas para el estudio de la relación causal», LL 145-746; Bustamante Alsina, Jorge, «Teoría general de la responsabilidad civil», ps. 220/221).

Debo también recordar aquí que pesa sobre la demandada y sobre la citada en garantía la prueba de la circunstancia liberadora, sea la culpa de la víctima, de un tercero, o el caso fortuito (CNCiv., sala D, L. 45.938/2000, 11-3-03 referido al hecho ocurrido en la escalera de un local de comida rápida; Vázquez Ferreyra, Roberto A., «La obligación de seguridad y la responsabilidad contractual», en Revista de derecho privado y comunitario, N 17, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires – Santa Fe, 1998, p. 79).

Esta obligación de resultado generadora de una responsabilidad objetiva en caso de incumplimiento, sólo admite como causa de exoneración, una de carácter objetivo, absoluta y no imputable al proveedor, ya sea directa o indirectamente (Bueres, cit.)). Ante este enfoque de la doctrina que la LDC consagra expresamente (art. 40 «in fine» ) implementando la directiva constitucional del art.42 que debe considerarse directamente operativa, el proveedor no se liberará si el hecho dañoso se produce en lugares o mediante cosas bajo su control, o si en la causación participara personal bajo su dependencia. Bastará que esta participación causal de personas o cosas fuese concurrente directa o indirectamente, para que la responsabilidad se genere y sólo la «causa ajena» que rompa el nexo causal libera. Esta exigencia impone al proveedor ante la sola demostr ación de un hecho dañoso en circunstancias comprendidas por la obligación de seguridad, una conducta procesal dinámica (art. 53 LDC 3er. párrafo ) que acredite esa «causa ajena» absoluta. La solución es válida para supermercados, «shopping centers» y ámbitos equivalentes, con prescindencia que el usuario haya o no contratado pues la relación de consumo excede al contrato (Gregorini Clusellas, Eduardo L., El daño resarcible del consumidor accidentado en un supermercado, RCyS 2011-VII , 62).

Quiero insistir en esta idea: cualquier daño sufrido en el lugar, que no responda al hecho de la víctima, o a un caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser reparado por el titular del supermercado (conf. Alvarez Larrondo, Federico, Contrato de paseo en un shopping, deber de seguridad, daños punitivos y reforma de la ley 26.361 , LA LEY 2008-D, 58).

El tercer párrafo del articulo 53 de la reformada ley 24.240 expresamente establece que «Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio».

Esto implica la aplicación directa de la inversión de la carga probatoria, la entronización del deber de buena fe, y la aplicación de los principios fundantes del Derecho del Consumo, entre ellos el in dubio pro consumidor.Un análisis sistemático del ordenamiento de protección de los consumidores y usuarios, permite establecer, como regla general, el carácter objetivo de la responsabilidad del proveedor en todos los casos regidos por ella; así, una interpretación ceñida al texto del art. 10 «bis» de ese cuerpo normativo, extensible a los arts. 5 y 40 de la ley 24.240, directamente o por vía analógica, permite concluir que la única eximente que puede invocar válidamente el proveedor es el caso fortuito o fuerza mayor, descartándose la posibilidad de invocar el hecho (o culpa) del tercero o de la víctima, en la medida en que no reúnan, a su vez, los caracteres del caso fortuito (Picasso, Sebastián, «La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema», LA LEY 2008-C, 562, nota al fallo de la Corte de la Nación, del 4/22/2008, «Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A.»).

Tanto la demandada como la citada en garantía tratan de poner en duda la veracidad de lo declarado por los testigos, pero olvidan que a ellas le incumbe la prueba de la eximente, al haberse acreditado la caída del actor en el predio de la demandada y que ello fue la causa del daño.

A fs. 117/21 y 367/71 pueden verse las fotografías del lugar, que permiten tener una noción del espacio en el que ocurrió el hecho. También a fs. 346/7 pueden verse los planos.

El testigo Pérsico, en su extensa declaración, confirmó la versión del actor. Señaló que estaba en Makro, y que mientras esperaba un remise, «había un señor que aparentemente intenta caminar unos pasos, e inmediatamente lo que es si se quiere un revoloteo de brazos, que esto le llamó la atención al testigo, y el señor cae, y que va ligeramente el testigo hacia el lugar y encuentra a este hombre tirado por el piso por encima de un bloque» (fs.235) … «lo retiran al hombre y por debajo del cuerpo de él vio un polvo blanco que con exactitud no puede precisar, que estima que puede ser azúcar, porque era dulce … que entiende que un conjunto de circunstancias, que este polvo, que para el testigo era azúcar en el piso, los zapatos de suela de este hombre, el estar por delante del bloque, y la luminosidad moderada, por ahí este hombre no lo vio» (fs. 236). Agregó que el actor estaba detenido esperando a alguien «por encima de la senda peatonal marcada y por delante de un bloque» y que una vez levantado el accidentado, vieron «que había más polvo blanco por debajo del cuerpo de él pegado a la ropa» (fs. 236 vta/7).

Por su parte, el testigo Otegui Mares, hijo de la conviviente del actor, quien no presenció el accidente, relató que «lo encontró tirado en el primer bloque de cemento … ahí se encontraba la madre del testigo y un señor que lo estaba ayudando … en el piso había una sustancia que no era mucha, que parecía como azúcar, que trató de limpiarlo y de acomodar al actor un poquito mejor» (fs 333).

Finalmente, se cuenta con el dictamen del perito ingeniero. Explicó que, con referencia al lugar de la caída, «ante la presencia de un material granular fino derramado -tal como el azúcar- resulta razonable suponer que la adherencia y rugosidad se verán disminuidas sobre todo si la cantidad de substancia derramada es suficiente como para evitar todo contacto del calzado con la superficie firme del pavimento. En este caso es dable suponer que los granos de azúcar interpuestos entre la superficie del calzado y el piso impedirán o disminuirán la fricción entre ambos materiales, facilitando así el posible desplazamiento. Llegado este punto tal vez convenga reparar en el hecho que, justo delante del bloque de marras, se halla pintada una leyenda ‘prohibido estacionar’ con pintura del tipo esmalte sintético amarillo.Esta pintura -obviamente en el sector donde ha sido aplicada- ha contribuido a disminuir allí la rugosidad propia del pavimento debido a su textura más lisa. En el caso que hubiera habido azúcar derramada también sobre la zona de pavimento pintada con la leyenda, sin duda ese sector hubiera presentado una superficie aún más resbaladiza» ( fs. 374).

Surge también del informe que el actor estaba detenido en un lugar permitido para ello, máxime cuando ninguna señal lo impedía. En cuanto a los bloques y su ubicación, señaló el experto que «si la intención del proyectista o constructor del edificio era que el público ingresar caminando por el espacio de 4.30 m existente entre los dos cordones más separados, debería haber centrado clara e inequívocamente la traza de la senda peatonal en ese espacio de modo que el público se sintiera claramente guiado y compelido a caminar por entre los dos cordones en cuestión. Por el contrario, lo que se observa en la realidad es que la senda peatonal no se encuentra centrada en ese espacio sino levemente desplazada hacia la derecha, pudiéndose observar que, así ubicado, el cordón puede constituir un obstáculo que se interponga en la eventual trayectoria de algún peatón desprevenido». También formuló algunas críticas a la geometría de los cordones, por ser sus aristas rectas en vez de redondeadas (fs. 376).

Pues bien, esta es la prueba producida. La demandada y su citada en garantía ponen en tela de juicio las declaraciones testimoniales pero debo observar que: a) los dichos de los testigos resultan convincentes, apreciados los testimonios a la luz de la sana crítica; b) no se produjo prueba contraria, con las consecuencias que ello implica, teniendo presente el régimen legal aplicable.

En cuanto al peritaje técnico.Si bien el ingeniero no presenció el accidente, da a entender que el relato expuesto en la demanda es verosímil.

Por último, resulta inatendible el argumento de que hubo culpa de la víctima porque su zapato tenía suela común, en lugar de una suela especial de goma que evite resbalar. Este razonamiento confirma su responsabilidad, pues no es una verdad sabido que para asistir a este tipo de centros comerciales sea necesario un calzado especial que evite riesgos de caídas. El actor no fue descalzo sino con zapato común, como el que utilizan la mayoría de los hombres, y que suele tener suficiente estabilidad.

Para terminar, no hay pruebas en esta causa que ofrezcan otra explicación de la caída del actor. Lo que se hace en estos casos es un juicio de probabilidad y, aunque no sea lo que ocurre a diario, basta para determinar la responsabilidad si la posibilidad existe. Se suma a lo expuesto que los presuntos responsables debieron acreditar la causa ajena, y no lo han conseguido.

A mayor abundamiento, recuerdo el «in dubio pro consumidor» instaurado en nuestra legislación nacional por la ley 24.240 (art. 3 ).

Considero, pues, que lo expuesto es suficiente para desechar los agravios, y confirmar lo resuelto en el fallo apelado en torno a la responsabilidad de la demandada.

Examinaré a continuación los agravios vertidos en torno a la procedencia y cuantía de los montos indemnizatorios reclamados.

En primer lugar, la citada en garantía expresa que el fallo apelado ha fijado montos superiores a los reclamados en el escrito de demanda. Sin embargo, una atenta lectura de dicho escrito revela que, en lo que concierne a la incapacidad sobreviniente, expresó el actor que la estimaba en un 30% «sin perjuicio de la que informará el perito», y que reclama una suma que «no deberá ser menor a $1500 por cada punto de incapacidad» (ver fs.47 y 47 vta). Lo mismo sucede con el daño psicológico, por el que reclamó una suma «que no deberá ser inferior a $20.000» (fs, 47 vta), terapia de apoyo para la que expresó que estimaba «mínimamente» el rubro «difiriendo a la resulta de la pericial psicológica» (fs. 48), y con el daño moral en el que la suma estimada fue un mínimo. Debo también advertir que estas cantidades fueron estimadas a mediados de 2007, que han pasado unos años, y que se trata en casi todas de deudas de valor.

Ha resuelto esta Sala que en los procesos de indemnización de daños y perjuicios, siempre y cuando aquellos no puedan ser determinados con exactitud por ser necesaria la estimación pericial o alguna otra prueba para establecer su magnitud, la suma reclamada en la demanda seguida por la fórmula «y lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse en autos», resulta meramente indicativa, y el juzgador al momento de dictar sentencia, puede elevarla o reducirla, sin incurrir en ultra petita y/o violación del principio de congruencia (Aguirre, Reyes c. Elías Eliana Marian s/ daños y perjuicios , 13/10/2011).

En segundo lugar, cuestiona la citada en garantía la suma fijada en concepto de incapacidad, que estima excesiva, teniendo en cuenta su edad (69 años al momento del hecho), su condición de jubilado, y que el perito no pudo realizar todos los estudios complementarios al fallecer aquél, y fijó un porcentaje de incapacidad muy elevado. En sentido similar se expide la demandada.

El actor, a causa de la caída, sufrió fractura de cadera izquierda, anemia y excitación psicomotriz. Se le practicó una intervención quirúrgica, que según el perito dejó algunas secuelas que comprometían la deambulación. Estimó la incapacidad en el 50% de la total.El juez tuvo en cuenta el largo tiempo que el actor permaneció en cama, y que debió ser atendido por otras personas, lo que no es rebatido por los apelantes.

Además, aunque la víctima sea un jubilado y la incapacidad no provoque una limitación actual de sus ingresos, la posibilidad de que en un futuro necesite usar de la capacidad de trabajo disminuida por el hecho dañoso justifica la indemnización de aptitudes o facultades importa una lesión patrimonial que debe ser indemnizada no sólo en el aspecto laborativo sino genérico.

No obstante, considero que la suma fijada, en función a las características particulares del actor, es elevada. Propongo reducirla a la cantidad de $100.000.

También se agravia la citada en garantía de la cantidad fijada para resarcir el daño moral ($20.000). Los argumentos son inatendibles, ya que hacen alusión a que se le ha dado carácter sancionatorio en lugar de resarcitorio, y se transcriben citas de fallos sin explicar qué relación guardan con el presente caso.

Por otra parte, dicha suma no es elevada sino que se muestra prudente, teniendo en cuenta las lesiones padecidas por la víctima.

La misma recurrente dice que los gastos de farmacia y medicamentos no fueron probados. Esto tampoco puede ser admitido.

Reiteradamente la jurisprudencia ha establecido que tratándose de los gastos en que debió incurrir la víctima como consecuencia de un hecho ilícito, su reclamo resulta procedente, aun cuando su concreta extensión no haya sido demostrada de manera precisa y directa, siempre que resulte razonable su existencia y la presencia de un adecuado nexo causal con aquel, de acuerdo a los daños padecidos por el pretensor.

Tal presunción, aplicable a erogaciones de diversa índole, resulta rebatible por la prueba en contrario, cuya producción incumbe a quien alega la improcedencia del reclamo, contrariamente al curso natural y ordinario de las cosas.Ello es así -dentro de los alcances que la apuntada razonabilidad permita presumir-, en atención a la dificultad probatoria que generalmente se presenta para el actor en estos casos, vinculada a la demostración exacta de la cuantía del menoscabo invocado.

Aplicando dicho criterio al sub lite, ante la ausencia de la prueba en contrario mencionada, y valorando las lesiones padecidas y la necesidad de una intervención quirúrgica, considero que la sentencia apelada es justa en este aspecto, por lo que propongo su confirmación y el rechazo del agravio de la demandada vinculado al punto.

A continuación, impugna la admisión del reclamo en lo concerniente a gastos de personal para cuidados y atención, que a su entender no ha sido probado. Sin embargo, el juez tuvo en cuenta la gran cantidad de recibos acompañados, y que «la veracidad de dicha documental se encuentra respaldada por las declaraciones testimoniales de las personas que los extendieron. A fs. 295 Magdalena Apollaro manifiesta que cuidó al actor por casi un año…A fs. 297 presta declaración Susana Etelvina Ludier, quien cuidó al actor…» (ver fs. 647).

Llama la atención que la recurrente manifieste que «dichos recibos no han sido sometidos al reconocimiento de los supuestos emisores de los mismos», cuando lo contrario surge del fallo, y no se menciona siquiera esta circunstancia en el memorial. El escrito de expresión de agravios, en lo que al punto respecta, no cumple con el requisito de adecuada fundamentación, al no contener una crítica concreta y razonada de los argumentos principales expuestos por el a quo.

Finalmente, la citada en garantía cuestiona que se haya aplicado la tasa activa de interés.De conformidad con lo establecido en el precedente «Northlands» -24/04/2009, La Ley Online-, esta Sala ha desestimado planteos similares y ha resuelto reiteradamente que los intereses correspondientes a la condena recaída en una acción de daños deben liquidarse aplicando la tasa activa prevista en el plenario «Samudio de Martínez» -20/4/2009- por todo el período de mora (ver entre otros: Maydana, María Florencia c. Metrovías SA s/daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte) , 7/5/2012).

Por todo lo expuesto, propongo que se modifique la sentencia apelada, que se reduzca la indemnización fijada en concepto de incapacidad sobreviviente a la suma de pesos cien mil ($100.000), y que se la confirme en todo lo demás que decide; con costas de esta instancia por su orden teniendo en cuenta la falta de contradicción.

La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

Se deja constancia de que la Vocalía 22 se encuentra vacante (art. 36 del RLFMyEJN).

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.-

Fdo.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.-

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013.-

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide:

Modificar parcialmente el fallo apelado, reduciendo la indemnización fijada en concepto de incapacidad sobreviviente a la suma de pesos cien mil ($100.000), debiendo confirmarse en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravios. Con costas de esta instancia por su orden teniendo en cuenta la falta de contradicción

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.-

Fdo.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.-

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