Daños y perjuicios por las inundaciones

 shutterstock_69270463Autor: Pulvirenti, Orlando D. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 2-may-2013

Cita: MJ-DOC-6254-AR | MJD6254

Sumario:

I. La Corte Suprema de Justicia. II. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III. Jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires y particularmente en La Plata. IV. Dos reflexiones adicionales: acciones colectivas, y recepción de subsidios y renuncia a la acción judicial. V. Conclusiones.

Doctrina:

Por Orlando D. Pulvirenti (*)

Como consecuencia de las inundaciones sufridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios del Gran Buenos Aires y particularmente en la Ciudad de La Plata, y sus secuelas de daños, se suscitaron diversas consultas indagando sobre los medios jurídicos para reparar dichas consecuencias. Ello se tornó aún más presente al conocerse distintas iniciativas de ayuda estatal que implican subsidios directos e indirectos, estos últimos en forma de préstamos con tasas de interés menores y a largo plazo de devolución; y la pregunta respecto del efecto que podría tener sobre aquel potencial reclamo judicial la percepción de los mismos.

Ingresando en la cuestión central, aparecen una serie de aspectos a considerar. El primero si frente a la existencia de un fenómeno natural -por cuanto de ello se trata una inundación- corresponde que el Estado asuma la reparación de sus consecuencias; circunstancia que exige analizar si se reúnen los extremos que hacen a la responsabilidad estatal. Es decir, una relación de causalidad entre el evento y el obrar u omitir de las autoridades. El segundo tema, no menor, es determinar cuál es el alcance de la indemnización, o sea, de los rubros que comprende la misma. En tercer lugar, el análisis con relación a la vía judicial a intentar y finalmente, conforme anticipáramos en el párrafo precedente, si para el caso de recibirse subsidio media una renuncia a una reparación mayor.

A efectos de permitir una mejor lectura de los criterios que ha sostenido la Justicia, tratándose en el caso de varias jurisdicciones territoriales afectadas y en el marco de un Estado federal, distinguiré fallos pronunciados respecto de inundaciones producidas en la provincia de Buenos Aires y aquellos referidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; no sin mencionar los criterios rectores aplicados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

I.LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El Máximo Tribunal de la Nación ha dicho que, a los fines de que surja la responsabilidad estatal frente a acontecimientos climáticos de esta naturaleza, resulta necesario acreditar la existencia de una relación causal entre la deficiente -o nula- realización de obras públicas o servicios de mantenimiento de ellas, o la omisión de cumplimiento de actividades que le eran requeridas.

Este es el derrotero que puntualmente ha seguido a partir de las causas que tuvieron su origen en las inundaciones producidas en la década de 1980 en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires.

Sobre el particular, la CSJN, con base en los arts. 1112 y 1113 del Código Civil, ha exigido que concurran ciertos requisitos comunes, tales como la existencia de un daño, causalidad directa e inmediata entre el accionar del Estado y el perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente el daño al Estado. En este último sentido la CSJN ha desarrollado una antijuridicidad específica, determinada no ya por factores subjetivos -culpa o dolo- de suyo inaplicables a la persona jurídica estatal, sino por el hecho de la inexistencia de un deber jurídico del administrado a soportar el perjuicio ocasionado.

Dicho ello, tampoco resulta dato menor que, en sus pronunciamientos, se impusiese un límite al alcance de esas indemnizaciones y que no se modificase con el tiempo.En tal sentido, en la causa “Salvatore de López, Amelia c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios” , (1) se establecen como principios rectores que el daño debe ser concreto, afectar directamente el patrimonio del reclamante; y, tratándose de responsabilidad estatal por su obrar lícito, «que exceda de lo que puede considerarse cargas comunes de la vida social, lo que constituye un límite virtual a la reparación de verdaderos daños o lesiones patrimoniales en sentido jurídico, cuando por afectar a extensos sectores de individuos su reparación rebasa las posibilidades de las finanzas públicas, lo que obliga a calificarlas de cargas colectivas (confr. García de Enterría – Fernández, “Curso de Derecho Administrativo”, t. II, pág. 322, Madrid, 1977); en este caso se trata, en definitiva, de que el daño represente un “sacrificio especial” diferenciado del sacrificio que ineludiblemente debe ser soportado como consecuencia de la vida en sociedad (doctrina de Fallos: 293:617; 316:1465)».

Por ello, dependiendo de lo que se logre acreditar, la Corte traza una línea al decidir el importe del daño, diferenciando entre el daño ocasionado por actos ilícitos, de aquel causado por actos lícitos, caso último en el que dispone, no corresponde el pago del lucro cesante.

II. LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz de las inundaciones producidas en las últimas décadas se ha desarrollado una creciente jurisprudencia; aunque debe mencionarse que parte de ella fue pronunciada en tiempos en que la jurisdicción correspondía a la justicia nacional en lo civil; siendo que en la actualidad interviene la justicia en lo contencioso-administrativo de la Ciudad.Respecto de la jurisprudencia del fuero nacional, se ha dicho que resulta responsable la Ciudad de Buenos Aires por daños sufridos en el automóvil del accionante, a raíz de la inundación del garaje en la que estaba estacionado, si la causa está dada por la falta de obras de infraestructura adecuada, por parte del municipio, para evitar los desbordes de los canales, arroyos y desagües que se encuentran bajo tierra y que desbordan ante lluvias intensas. En tal sentido se hace una limitación del concepto del caso fortuito como excluyente total de la responsabilidad estadual.

Para ello se entiende que el daño es el efecto de la conjunción de dos causas autónomas, una es el caso fortuito de las lluvias intensas y otra, la negligencia de la ex-Municipalidad de Buenos Aires y actual Gobierno de la Ciudad, quien incumplió las obligaciones dentro del marco de su respectiva competencia (2).

En idéntico sentido se obligó al Gobierno de la Ciudad a responder por perjuicios ocasionados por las anegaciones ocurridas el 24 de enero de 2001, por no haber adoptado medida alguna destinada a evitar -o al menos disminuir- que la zona sucumba bajo el agua. A tales fines, la Justicia evaluó que la reiteración de hechos que se suceden desde el año 1985 da cuenta del incumplimiento incurrido por el Estado (3). Concluyendo que es precisamente esa repetición lo que quita al fenómeno natural el carácter de imprevisible (4). Ya bajo la competencia de la propia Justicia de la Ciudad, la misma reiteró el recaudo de acreditar ante un daño ocasionado por la inundación de qué manera la misma se vincula causalmente con las acciones u omisiones en las que pudo haber incurrido el Estado. En tal sentido el Dr.Casás, al revocar un fallo de segunda instancia, sostuvo la necesidad de que se constatara la falta de servicio frente a un fenómeno calificado por el Servicio Meteorológico Nacional como «una tormenta localmente muy intensa con récord de precipitación, medido en dos horas, de 132 mm y una intensidad máxima de 23.3 mm en cinco minutos […] superando los valores extremos de todo el récord del Observatorio de Buenos Aires» y «en cuanto a los vientos, en algunos barrios de la Ciudad (Villa Urquiza, Coghlan, Belgrano) las corrientes descendientes de la tormenta probablemente alcanzaron velocidades del orden de 100 km/h» (5).

Ello se reafirma en fallo de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo de la CABA, al señalar que si la inundación producto de la insuficiencia del sistema de drenaje, fruto de una omisión antijurídica en la medida en que no ha cumplido con la obligación de adoptar las medidas de precaución para evitar que las precipitaciones causen inundaciones, tan frecuentes -como es de público y notorio conocimiento- en dicha zona, existe responsabilidad estatal. Y añade un dato importante respecto del daño a bienes ubicados en las calles, tal como el supuesto de los automóviles; al afirmar que «el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado -considerado lato sensu- la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos, de ahí que la demandada debió adoptar las medidas de seguridad destinadas a prevenir a los usuarios sobre las peligrosas condiciones de emplazamiento que pudieran presentar (conf. causa “Pose, José Daniel c/ Chubut, Provincia del y otra s/ daños y perjuicios”, del 1/12/1992)» (6).

En conclusión, la jurisprudencia de la CABA ha transitado el camino indicado por la CSJN, reconociendo frente a los daños causados en anteriores inundaciones, la obligatoriedad de reparar los mismos, cuando medió omisión en desarrollar obras paliativas y las inundaciones no resultaron absolutamente excepcionales.

III.JURISPRUDENCIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y PARTICULARMENTE EN LA PLATA

En tal sentido, con motivo de las sucesivas y diversas inundaciones que afectaron distintas zonas de la Provincia, se fue generando una jurisprudencia que condenaba al Estado a resarcir los daños ocasionados a raíz de las inundaciones. Ello tanto por la deficiente realización de las obras hidráulicas como por la omisión en la realización de obras necesarias y cuya efectiva realización hubiese evitado el perjuicio o disminuido sus alcances.

En la evaluación de estas circunstancias, la Justicia consideró desde obra sobre rutas provinciales, ausencias de luces -alcantarillas y puentes-, (7) canales en cursos superiores sin compensación en los inferiores, (8) la morosidad en la construcción de obras anunciadas (9) o inclusive el error en no contemplar -a modo de diagnóstico- la posibilidad de las mayores precipitaciones (10).

En el caso particular de la ciudad de La Plata, ya tuvo oportunidad de expedirse el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 con relación a una anterior inundación producida en el año 2007, dejando algunas consideraciones que por el luga r de los hechos y radicación del juzgado me permito citar textualmente: «En ese marco conceptual, el fenómeno climático esgrimido por el municipio como eximente de responsabilidad, no constituye un caso de fuerza mayor, pues, para que las lluvias revistan tal carácter deben ser extraordinarias, atípicas, inusitadas e inusuales, sin precedentes cercanos y, en principio, de amplias proyecciones dañosas. Debe tratarse de un supuesto que la meteorología califica como acontecimiento atmosférico extraordinario, es decir, revestir las notas de inevitable, extraordinario, anormal y ajeno al presunto responsable.Los informes agregados a fojas 87/88 de autos y 15 del cuaderno prueba-demandada, producidos por la Universidad Nacional de La Plata, con relación a las lluvias registradas el día 1° de marzo de 2007 en la ciudad de La Plata, no permiten tener por acreditado que el fenómeno pluvial acaecido en esa fecha, configure un caso “extraordinario” de la naturaleza, tipificante de la fuerza mayor en los términos del art. 513 del Código Civil. Ello pues, no puede alegarse válidamente que se trató de un acontecimiento imprevisible, dado que puntualmente, los decretos Nº 623/02 y 1012/02 -invocados en su responde por el municipio-, mediante los cuales se aprueba el Plan de Emergencia Hídrico-Vial, diseñado por la Provincia, incluyéndose en el mismo, la obra del conducto aliviador de la Avenida 19 de la ciudad de La Plata, fueron dictados, precisamente, con motivo de “las frecuentes inundaciones que han afectado en forma severa a diferentes partidos del interior y del Conurbano Bonaerense durante los años 2000 y 2001, debido a las intensas precipitaciones acaecidas en esa época y que se pronostica también para el presente otoño…” (considerandos del Decreto N° 623/02)» (11).

En consecuencia, la Justicia bonaerense se ha inclinado por acordar derecho de ser indemnizado a aquellos que logren demostrar la existencia de daños ocasionados por inundaciones, cuyos efectos debieron ser evaluados y conjurados, mediante obras públicas o servicios estatales.

IV. DOS REFLEXIONES ADICIONALES: ACCIONES COLECTIVAS, Y RECEPCIÓN DE SUBSIDIOS Y RENUNCIA A LA ACCIÓN JUDICIAL

1. ¿Acciones colectivas?

Finalmente y desde el punto de vista procesal, me permito hacer un breve ejercicio especulativo.El mismo versa respecto de la posibilidad de poder ejercer una acción colectiva bajo cuyo amparo puedan discutirse los extremos procesales que hacen a la causa del daño, para luego discutir en expedientes individuales los daños concretos que cada uno de los reclamantes pudo haber sufrido.

En pocas causas en la Argentina se ha permitido la acumulación de peticiones por múltiples damnificados por un único evento (12). Posiblemente, sean los autos “Defensor del Pueblo c/ Edesur” (13) los que mejor grafican sobre este hecho. En efecto, allí, reconocida la existencia del daño y de la responsabilidad imputable a la empresa en el evento que afectó a un colectivo de personas, las pretensiones individuales tendientes a demostrar el perjuicio sufrido por cada quien quedaron sujetas a acciones o incidentes pero con aquellos extremos iniciales, ya acreditados.

En esta línea, es posible sostener que al menos en determinadas zonas geográficas exista una misma causa que coadyuvó a que las inundaciones adquiriesen las proporciones que asumieron y determinaran el grado de perjuicio sufrido (14). En tal sentido, no sería aventurado suponer, por ejemplo, que los inundados en la zona norte de la ciudad de La Plata lo fueron por la inexistencia de obras adecuadas o de falta de mantenimiento del cauce del Arroyo del Gato. Siendo así, pareciera que investigar y determinar la responsabilidad del Estado provincial o municipal por tal hecho no debiera originar centenas de expedientes, y consecuentes pericias, informes técnicos y demás cuando en uno de ellos podría centrarse todo el esfuerzo probatorio. Quedaría, en consecuencia, tan solo ampliar los límites procesales que prevé la Ley 12.008 para permitir un avance rápido en un solo expediente.

2. El subsidio, la renuncia al reclamo y su constitucionalidad (15)

En el caso particular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1575 (modificada por la Ley 3405 ) de 2004 creó el Fondo de Emergencia para Subsidios por Inundaciones, sobre la base de asignaciones presupuestarias que ya se habían previsto en distintas áreas de gobierno desde 2001.Ello con destino a atender las necesidades derivadas de los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad. El instrumento de ayuda resulta ser un subsidio no reintegrable a quienes resulten afectados por los fenómenos meteorológicos señalados en el artículo precedente en sus bienes muebles registrables (especialmente autos) e inmuebles. Dicho subsidio tiene un importe actual de hasta 20.000 pesos, cualquiera sea el daño efectivamente sufrido (el que debe ser sumariamente demostrado).

Por su parte, el decreto que reglamenta la Ley 1575 (16), que no ha sido modificado a pesar de la amplia reforma legislativa al texto de aquella en 2010, establece en su art. 4 que la solicitud del subsidio implica la renuncia a iniciar acciones judiciales contra la CABA. En otras palabras, la opción por el subsidio tarifado implica en simultáneo desistir de requerir otras compensaciones o reparaciones integrales por el perjuicio ocasionado.

Por cierto, tal recaudo ofrece algunas aristas discutibles desde el punto de vista de tutela del administrado y brinda una potencial observación sobre su constitucionalidad. En efecto. Por comenzar, el formulario que suministra el Gobierno de la CABA para iniciar el trámite en ninguno de sus puntos avisa detalladamente al presentante de la renuncia que efectuaría y parecería un exceso en la interpretación del art. 923 del Código Civil hacer jugar a favor de la Administración la presunción de conocimiento legal. Si ello no es suficiente razón, debo añadir que esa consecuencia no está prevista en la ley.

En tal derrotero, si la Ley 1575 y sus modificatorias fuesen entendidas como una mera autorización al Poder Ejecutivo para acordar subsidios, podría admitirse que el decreto reglamentario estableciera esa condición; pero del texto, a nuestro entender surge de que se trata de una determinación de política legislativa -y consecuente acordamiento de derechos- que implica una imposibilidad del Ejecutivo de cercenarlo por esa vía.Máxime cuando al menos en la sesión legislativa la razón invocada fue precisamente hacerle tomar conciencia al gobernante de turno del efecto de su no actuar y no el de beneficiarlo, poniéndole un límite al daño que el mismo ocasionare.

Esta alternativa no es por cierto única de la Ciudad de Buenos Aires. En la inundación que asoló a la ciudad de Santa Fe, ante las dimensiones de los reclamos y las dificultades que las mismas ocasionaron al presupuesto provincial, la Legislatura de dicha provincia procedió a sancionar las leyes 12.183, 12.259 y modificatorias, imponiendo un recaudo similar, lo que motivó una acción ante la CSJN, (17) para luego modificar el criterio, y autorizar al Estado a negociar las indemnizaciones mitigando el impacto de los reclamos (18).

La diferencia sustancial que se observa entre ambos criterios es que mientras la intervención judicial en la provincia de Santa Fe se asegura a los fines de revisar la razonabilidad de los acuerdos y posteriormente homologar los mismos, ella no se prevé en el caso porteño, generando la necesidad de que el peticionante renuncie ex ante a cualquier indemnización. Tal proceder, sostenido además sobre la existencia de un momento de obvia debilidad negocial, por parte de quien ha perdido todo, supone un argumento adicional para un eventual planteo de inconstitucionalidad de tal condicionante.

V. CONCLUSIONES

Resumiendo sobre las cuestiones abordadas en este artículo, podemos afirmar que la jurisprudencia es conteste en señalar frente a los daños ocasionados por las inundaciones que correspondería su reparación por parte del Estado en tanto y en cuanto se lograse acreditar en autos:

1. La existencia de un daño.

2. El daño debe estar causado -con prescindencia del meteoro- en acciones u omisiones imputables al Estado, las que deben ser acreditadas.

3. Las consecuencias deben resultar jurídicamente imputables a ese obrar estatal. Por ello se excluiría el caso de que probase el Estado que la inundación, por sus características y dimensiones, resultara completamente imprevisible (19).

4.Se indemnizan, conforme al caso, los daños, sin incluir los correspondientes al lucro cesante (excepto se lograse demostrar la negligencia estatal).

5. La percepción de subsidios, conforme al régimen establecido por la CABA, implica en simultáneo la renuncia a iniciar acciones judiciales. Tal renuncia, a criterio del suscripto, resulta de dudosa constitucionalidad, toda vez que: a. El recaudo no está previsto en la Ley 1575 sino en su decreto reglamentario. b. No incluye intervención judicial homologatoria y no se evalúa en concreto y en cada caso, el grado de renuncia que se impone contra el beneficio que se obtiene, pudiendo resultar desproporcionada e irrazonable. c. Quién la efectúa se encuentra condicionada en su voluntad por las dificilísimas circunstancias que atraviesa.

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(1) CSJN, 17/4/1997, MJJ78370.

(2) CNCiv, Sala H, “Boada Osvaldo Norberto c/ Consorcio de Prop. Av. Cramer 1754 y otros s/ daños y perjuicios” , 12/12/2006, MJJ10212.

(3) Íd.

(4) Ver CNCiv, Sala B, “Mejias Angela Mirta c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, 30/8/2007, y también CNCiv, Sala K, “Lamberti Luis Alfredo c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ interrupción de prescripción (art. 3986 CCiv.) – ordinario” , 11/03/2011.

(5) TSJBA, “Speroni Santiago c/ GCBA s/ queja p or recurso de inconstitucionalidad denegado en: Speroni Santiago c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)” , 26/3/2009.

(6) CCAdmyTrib CABA, Sala II, “Cons. de Propietarios Olazábal 2546/50 c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” , 4/5/2006, MJJ7860.

(7) CApelCC de Dolores, “Estancia Las Encadenas S. A. c/ Provincia de Bs. As. s/ daños y perjuicios” , 18/8/2009, MJJ46350.

(8) Ver CC La Plata, Sala II, “Lonlines S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, 15/8/2006.(9) «De nada vale que la ley imperativamente ordene la elaboración y posterior ejecución de un plan integral del manejo de aguas que erradiquen las inundaciones en una ciudad, si luego el Poder Ejecutivo provincial -que hizo suyo tal norma al promulgarla- no adopta en tiempo razonable las medidas conducentes que viabilicen al realización del fin querido por el legislador y los derechos que tuvo en mira preservar y garantizar. Y como tal, la pretensión amparista exhibe concreto y tangible interés, en el marco del art. 28 de la Constitución provincial», CC La Plata, Sala II, “Comisión Seguimiento del Partido de Pergamino y otro c/ Provincia de Buenos Aires s/ amparo”, 16/3/2004.

(10) Ver CS, 13/5/1982, “Gómez Alzaga c/ Provincia de Buenos Aires”; íd., con reclamo ampliatorio, fallo del 27/8/1985, La Ley, t. 1986-A, p. 557 con nota de Bustamante Alsina, “Reparación del daño causado por pérdida de fertilidad del suelo” y en JA, 1986-IV, p. 90; CS, 17/12/1985, “Torres Guillermo c/ Provincia de Buenos Aires”, La Ley t. 1986 p. 3, con nota de Mosset Iturraspe, “El Estado y el daño moral” y el ED, t, 118, p. 441, con nota de Cassagne, “De nuevo sobre la responsabilidad extracontractual de una provincia”; CS, 13/3/1986, “Salazar Bonifacio c/ Provincia de Buenos Aires”; CS, 24/3/1987, “Promar S. A. Minera c/ Provincia de Buenos Aires”; CS, 11/8/1987, “El Inca Hughes c/ Provincia de Buenos Aires”; 21/5/1987, “Carlos Moreira y Hnos. c/ Provincia de Buenos Aires”. Un estudio de esta jurisprudencia puede compulsarse en Ghersi, Carlos y otra, “La doctrina de la Corte en la responsabilidad por obras hídricas en la provincia de Buenos Aires”, ED, 125, p. 867.

(11) Juzgado en la Contencioso Administrativo Nº 2, en causa “Duffau Juan Ramón c/ Municipalidad de La Plata s/ pretensión indemnizatoria – otros juicios”, 10/11/ 2010.En sentido similar, puede verse CCAdm La Plata, “Lanusse Alberto Rómulo y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión indemnizatoria”, 31/8/2011, MJJ69993 . (12) Cabe citar CSJN, “Halabi Ernesto c/ PEN Ley 25.583 Dto. 1563/04 s/ amparo Ley 16.986” , 24/2/2009 con comentario Barra Rodolfo, “Avanza la legitimación del amparo colectivo”, ED 12.255, del 15/5/2009.

(13) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Edesur”, 16/3/2000. Publicado en: LL 2000-C, 399; Colección de Análisis Jurisprudencial, Elementos de Derecho Procesal Civil – Director: Osvaldo Alfredo Gozaíni, La Ley, 2002, 108; Colección de Análisis Jurisprudencial Contratos Civiles y Comerciales – Ricardo Luis Lorenzetti, 146; DJ 2000-2, 539; Colección de Análisis Jurisprudencial, Obligaciones Civiles y Comerciales – Director: Dora M. Gesualdi, La Ley, 2003, 12 con nota de Martín Alejandro Christello; LLP 2000, 912.

(14) En forma similar y frente a la inundación en la ciudad de Santa Fe, se decidió en Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala I; 19/10/2009; “Langhi, Rodolfo Oscar c/ Provincia de Santa Fe”; LL Litoral, 2010-203 – RCyS, 2010-IV, 72.

(15) He tenido oportunidad de referirme más en extenso al tema en Pulvirenti, Orlando, “Asistencia del Estado frente a los daños por inundaciones”, La Ley, 15/4/2013, 3.

(16) Decreto 1452/006, BOCBA 2527.

(17) CSJN, V. 1269. XL, “Valle Gonzalo, Crescente Carmelo c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios” , 11/7/2006, MJJ37307.

(18) Navas, Sebastián, La responsabilidad del Estado y la reparación de los daños causados por las inundaciones de Santa Fe del año 2003, La Ley Online.

(19) CC San Isidro, Sala II, “Torello c/ Municipalidad de San Isidro s/ daños y perjuicios”, 22/6/2004.

(*) Abogado, UNLP. Profesor Adjunto de Derechos Humanos y Garantías, Facultad de Derecho, UBA. Gerente de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

  1. Alejandro Silva 16 mayo 2013 de 1:37 PM

    Hola que tal. Muy interesante el articulo… yo soy de La Plata, y la verdad que perdi casi todo con la inundacion. Dos dias antes de la misma, me habia mudado a 7 e/ 526 y 527. Habia alquilado, y me tube que volver a mudar por recomendacion de Defensa Civil, dado que tengo un hijo con problemas en las vias respiratorias, y vivir en ese ambiente humedo no hubiese sido lo mejor. Actualmente vivo en un edificio cerca de ahi, en un 5to piso y me mude con lo que salve, mas cosas que me regalaron y me dieron… Ya compramos la cama de dos plazas nueva, y consegui una de una plaza casi como nueva, una mesa, 4 sillas, y el lavarropas, dado que el que teniamos murio.
    Perdi un mueble que data(ba) de 1850, juego de dormitorio completo (tenia un año y un poquito mas, lo habia terminado de pagar hacia poco), perdi sommier, mesa, sillas, un modular, otro mueble mas, microondas, telefono inalambrico, ademas de muchas cosas que equivalen a recuerdos, y no tienen un valor economico. A eso hay que sumarle los gastos por mudanzas y alquileres, que ascienden aproximadamente a $8000. Junto con las perdidas son aproximadamente $28000 perdidos, y ya llevamos gastados en cosas nuevas casi $7000 que nadie me reconoce. Adicionalmente, cosas que pude salvar, como computadora, monitores, tvs, y otras cosas estan en el piso de mi nuevo alquiler, dado que no tengo muebles, y tanto a mi como a los familiares se nos acabo el dinero para seguir comprando el mobiliario.
    Desde el ANSES no me dan subsidio porque soy trabajador en blanco de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto, no cobro nada por el ANSES, y por lo tanto, no soy subsidiable. Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no me dan el credito porque estoy en el Veraz (ojala la inundacion ubiese dicho “ah aca no entro porque el flaco esta en el veraz”). Fui al defensor del pueblo, de aca, para alla, estube casi un mes pidiendo y dando papelitos para que siempre me dijeran lo mismo: “NO”, poco mas como si fuese un delincuente o un cara rota que va a pedir que le regalen algo… NO QUIERO QUE ME REGALEN NADA. QUIERO QUE ME REPONGAN LO QUE POR SU CORRUPCION Y CHOREO ME PASO. Y va dirigido sobre todo a la Provincia y a la Nacion, dado que un Municipio no puede hacer frente a semejante obra hidrica.

    Solicito asistencia de un profesional, si se pudiese llegar a hacer algo por la via legal. Muchas gracias

  2. quisiera saber como hago una demanda por el tema de una inundación en la plata y un nene muere porque al contraer una infección intrahospitalaria lo ponen en terapia intensiva con respirador y por la inundación dejo de funcionar la corriente eléctrica y el hospital no tenia los generadores, y además los padres del menor tuvieron varios destrozos en su casa por la inundación. muchas gracias un modelo necesitaría.

  3. hola soy de san miguel de tucuman vivo en el barrio alejandro heredia y nos inundamos ya hicimos miles de reclamos al gobierno ni bolilla nos dan me gustaria saber como tengo ke hacer para solicitar un subcidio por inundacion por de eso nos se habla aki en el gobierno de esta provincia

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