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Procede la demanda por daños ante el matrimonio celebrado considerando ambos cónyuges hábiles cuando el cocontrayente era casado con anterioridad ante otra oficina del mismo registro.

shutterstock_72735805Partes: V. C. C. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 9-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-78131-AR | MJJ78131 | MJJ78131

Procedencia de la demanda por daños y perjuicios iniciada contra la Provincia de Mendoza, pues el matrimonio fue celebrado por el Oficial Público del Registro Civil de la Provincia, considerando a ambos cónyuges como hábiles para contraer matrimonio, cuando el cocontrayente de la accionante era casado ya con anterioridad ante otra oficina del mismo registro.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios iniciada por la actora contra la Provincia de Mendoza, estimando el sentenciante que la Provincia de Mendoza había incurrido en falta de servicio por la inadvertencia de la Dirección de Registro Público y Estado Civil de las Personas de Mendoza, que permitió la celebración del matrimonio de la actora con una persona que había contraído matrimonio con impedimento de ligamen, habiéndose celebrado el primer matrimonio apenas unos meses atrás en la provincia.

2.-Ninguno de los distintos deberes que el Registro debía observar para evitar la producción del matrimonio con impedimento de ligamen ha sido siquiera objeto de prueba en esta causa, con lo que debe concluirse que la responsabilidad por omisión (art. 1074 del CCiv.) ha sido acreditada, sin que resulte necesaria la imputación concreta a ninguno de los distintos funcionarios intervinientes, pues la misma se configura por la simple falta de servicio producida por el incumplimiento objetivo de los deberes de su cargo por comisión u omisión de parte de los funcionarios de la Administración Pública, en este caso del Registro Civil, sin relación a la negligencia de éstos.

3.-La responsabilidad del Estado Provincial en este supuesto no se rige por el segundo apartado, segundo párrafo del art. 1113 del CCiv., pues no existe aquí cosa riesgosa o viciosa ni actividad riesgosa alguna, debiendo recurrirse a la primera parte de la norma, esto es a la responsabilidad derivada del hecho de los dependientes, la que a su vez puede estar fundada en el art. 1112 del CCiv.-hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas.

4.-De la propia contestación de la demanda surge que el Estado Provincial eludió toda referencia al cumplimiento de los deberes que le imponía a los funcionarios del Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas la legislación provincial; quizás la prueba más importante que debió producir la demandada para eludir la responsabilidad fue la del cumplimiento del art. 61 del decreto reglamentario, acompañando o requiriendo por oficio copia de la rogatoria que debió ser enviada al lugar de nacimiento del esposo a fin de que se anotara el primer matrimonio.

5.-En lo que hace al resarcimiento de los gastos, resulta obvio que no puede pretenderse que en casos como el presente se asimile los gastos que puede eventualmente provocar una fiesta de celebración del matrimonio, con los gastos médicos provocados por lesiones o de última enfermedad o de sepelio; además, no existe más prueba de dichos gastos (los referidos a ropa especial para el casamiento y a los festejos) que las fotos acompañadas en la causa, las que no acusan ni siquiera atavíos distintos a los corrientes de calle, ni otra celebración que una copa entre escasas personas y una pequeña torta de bodas, y tampoco es posible saber cuál de los esposos pagó el ágape o si lo hicieron los familiares de la novia (lo que también es una costumbre) quienes no son parte en estos autos.

Fallo:

En Mendoza, a los nueve días del mes de abril de 2013 reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario, traje-ron a deliberar para resolver en definitiva los autos N° «148876/34306 «V., C. C. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza p/ d y p» originarios del Segundo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en vir-tud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 191 por la Provincia de Mendoza, a fs. 202 por Fiscalía de Estado, y a fs. 204 por la parte actora contra la sentencia de fs.182/189 y su aclaratoria de fs. 190.

Llegados los autos al Tribunal se ordenó expresar agravios a los apelantes, lo que se llevó a cabo a fs. 212/214 por la Provincia de Mendoza, a fs. 221/225 por la parte actora y a fs.234/237 por Fiscalía de Estado.

Corrido traslado de los fundamentos de los recursos interpues-tos a cada contraparte contesta a fs. 217/220 la actora el recurso de la Provincia de Mendoza, y a fs. 240/241 el recurso de Fiscalía de Esta-do. Por su parte, la Provincia de Mendoza contesta a fs. 230/231 y Fiscalía de Estado hace lo propio a fs. 234/237 el recurso de la actora, quedando los autos en estado de resolver.

Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. Mastrascusa, Colotto, Staib.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Consti-tución Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestio-nes a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN:

Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA MASTRASCUSA DI-JO:

I. Contra la sentencia de fs. 182/189 y su aclaratoria de fs. 190, por la que el Sr.Juez a quo hace lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios iniciada por la actora contra la Provincia de Men-doza, estimando el sentenciante en esencia que la Provincia de Men-doza ha incurrido en falta de servicio por la inadvertencia de la Direc-ción de Registro Público y Estado Civil de las Personas de Mendoza que permitió la celebración del matrimonio de la actora con una per-sona que había contraído matrimonio con impedimento de ligamen, habiéndose celebrado el primer matrimonio apenas unos meses atrás en la Provincia.

Los recursos de Fiscalía de Estado y de la Provincia de Mendoza están dirigidos a que se revoque la sentencia impugnada por falta de responsabilidad de la Provincia. En cambio el recurso de la actora tie-ne por contenido la pretensión de que se admitan rubros rechazados en la sentencia de primera instancia, a sus montos y a los intereses.

Por razones lógicas trataré en primer lugar los recursos de la Provincia de Mendoza y de Fiscalía de Estado, a fin de discurrir sobre si debe mantenerse la responsabilidad declarada, y sólo si correspon-diera conforme al resultado de los primeros, el recurso de la actora.

a) Recurso de la Provincia de Mendoza.

En sus fundamentos la Provincia se agravia por cuanto el Sr. Juez habiendo manifestado que el matrimonio se asienta como nota marginal en la partida de nacimiento, y habiendo constancia en el ex-pediente de que el Sr. Barrios es oriundo de la Provincia de Córdoba, ha ignorado que la falta de anotación de tal modificación del estado civil es responsabilidad de la Provincia de Córdoba, y no de la de Mendoza.

Dice que tampoco ha tenido en cuenta que los que declaran si los cónyuges tienen o no habilidad para contraer matrimonio son los testigos, los que a su vez son propuestos por los contrayentes señalan-do que sobre ellos pesa la responsabilidad conforme a lo preceptuado por los arts.186/187 del Código Civil.

Critica la resolución por haberse fundado el Sr. Juez en el des-conocimiento del Director que brindó testimonio en esta causa, y en la falta de informatización del Registro, señalando que el primero deten-ta un cargo político y no técnico.

Expresa que el matrimonio en cuestión se celebró cumpliendo el registro con la normativa vigente afirmando que se solicitaron los re-quisitos previos, se constato que en la Partida de Nacimiento no figu-rara la existencia de un matrimonio, los testigos declararon conocer a las partes y que eran hábiles.

Dice que la responsabilidad está basada en el art. 1113 y que en en el caso se configuran las eximentes legales, por la existencia de culpa de un tercero que atribuye a la Provincia de Córdoba, los testi-gos y el cónyuge bígamo.

Cita jurisprudencia.

b) Recurso de Fiscalía de Estado.

Al fundar su recurso adhiere a los argumentos del Gobierno de la Provincia, especialmente en cuanto sostiene que la falta de informa-tización del registro no puede constituir fundamento de responsabili-dad por no haber norma que así lo determine, y por cuanto se ha atri-buido a la Provincia responsabilidad por haber permitido que una per-sona se casara en ella dos veces, así como en el desconocimiento del Director.

Expresa que el fallo del inferior reconoce que el art. 61 del de-creto reglamentario 6279/67 establece que son los contrayentes los que deben presentar la partida de nacimiento en la que no conste ma-trimonio anterior y que haya sido expedida con una anterioridad no mayor de 30 días.

Afirman que el Registro solicitó dicha partida y que las compul-só constatando que ambos eran solteros, por lo que si hubo incumpli-miento lo fue de la Provincia de Córdoba.Se refiere también a la falta de conocimiento o de V.cidad de los testigos.

Luego se agravia por que la sentencia hace lugar al rubro corres-pondiente a los gastos correspondientes al proceso de nulidad de ma-trimonio. Dice que nada en la demanda hace suponer que la actora pretenda anular su matrimonio y que en todo caso tampoco aportó prueba alguna de cuáles serían los honorarios que deberían pagarse.

Afirma que si bien los juzgados pueden regular tales honorarios, hay muchos abogados que acuerdan sumas mucho menores y que también existen defensores oficiales y abogados ad hoc que son gra-tuitos.

III. Dada la similitud de ambos recursos trataré los argumentos relativos a la responsabilidad en forma conjunta.

En primer lugar hay que destacar que la responsabilidad del Es-tado Provincial en este supuesto no se rige por el segundo apartado, segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil, pues no existe aquí cosa riesgosa o viciosa ni actividad riesgosa alguna, por lo que la exi-mente de culpa de un tercero no actúa como eximente.

En el caso, hay que recurrir a la primera parte del art. 1113 del Código Civil, esto es a la responsabilidad derivada del hecho de los dependientes, la que a su vez puede estar fundada en el art. 1112 del Cód. Civil (hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregu-lar las obligaciones legales que les están impuestas.

Así si existieran otros responsables, como es evidente que en el caso lo es al menos el Sr. Barrios, o aún si se pudiera responsabilizar a los testigos (no se ha acreditado dolo, y el art.-187 inc.3 del Código Civil sólo pide que los testigos por el conocimiento que tengan de las partes los «crean hábiles» para contraer matrimonio) o a otro Regis-tro, las responsabilidades serían siempre concurrentes o indistintas, pero no liberarían a la Provincia de las omisiones o incumplimientos de sus funcionarios.

Ahora bien, en cuanto a cuáles han sido las omisiones o incum-plimientos de los funcionarios del Registro Civil que generan la res-ponsabilidad del Estado, estimo que ello no puede surgir de la decla-ración de quien era a la sazón Director del mismo cuando se produjo la testimonial en autos.

Sin embargo es obvio que en el caso no se ha probado de modo alguno los hechos impeditivos de la responsabilidad por falta de servi-cio, que estaban a cargo de la Provincia de Mendoza.

En efecto, el matrimonio fue celebrado por el Oficial Público del Registro Civil de la Provincia, considerando a ambos cónyuges como hábiles para contraer matrimonio cuando el cocontrayente de la accio-nante era casado ya con anterioridad ante otra oficina del mismo re-gistro.

La normativa que regía al tiempo en que los cónyuges celebra-ron su matrimonio con el impedimento de ligamen era, además del Código Civil con la reforma de la ley 23.515 , la ley provincial 3.259 que en sustancia contenía las mismas reglas que el viejo decreto ley 6082/57 sólo que sin las supresiones efectuadas por la ley 23.515 y el decreto reglamentario 6279/67.Estas últimas normas constituían la regulación específica de las funciones y deberes de la Dirección de Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que en Mendo-za actúa bajo la órbita de la Administración Pública Provincial.

Hago esta referencia al marco vigente al momento de la celebra-ción del matrimonio, por cuanto hoy en día no sólo se ha reformado el Código Civil sino que además, la ley 3259 y su decreto reglamentario fueron derogados el 25 de agosto de 2010 por la legislatura provincial por haber sido sancionada y puesta en vigencia en el año 2008 la ley nacional 26.413 .

Volviendo al régimen vigente al momento de la celebración del matrimonio del actor, debo decir que a los funcionarios del Registro Civil les competía el cumplimiento de los siguientes deberes:

1) Respecto del primer matrimonio del Sr. Barrios, debían remi-tir las comunicaciones que impone el art. 74 de la ley 3259 que impo-ne comunicar a la Dirección del lugar en la que se encuentren los res-pectivos registros y al Registro Nacional de las Personas, todo hecho o acto que implique una modificación del estado civil y en consecuencia una alteración de los documentos que lo certifiquen.

El decreto reglamentario 6279/67 en su artículo 36 inc. 2 esta-blece que de la celebración del matrimonio debe dejarse constancia o nota marginal en las partidas o Libros de nacimiento del luga r corres-pondiente.

2) Debían tomar nota del primer matrimonio en los libros esta-blecidos por el art. 6 de la ley 3259, por separado por los apellidos de cada contrayente.

3) Debían requerir la presentación de la partida de nacimiento originaria de Córdoba al Sr. Barrios, expedida con no menos de 30 días de anticipación para constatar su estado civil antes de realizar el matrimonio. (art.61 del decreto reglamentario 6279/67).

4) En caso de no tener acreditada la habilidad nupcial por este medio, aún cuando existieran testigos, el Registro no debió haber ce-lebrar el matrimonio conforme lo dispone el art. 195 del Código Civil, (a contrario).

Ninguno de estos actos se ha invocado al momento de la traba de la litis como cumplido por los funcionarios del Registro Civil, ni mucho menos acreditado en la causa.

Es más la alegación de haber el Registro requerido la partida de nacimiento del marido conforme lo dispone el art. 61 del decreto re-glamentario ha surgido sólo en la expresión de agravios, luego de que el Sr. Juez de la Instancia precedente hiciera mención de la obligación impuesta por el art. 61 del decreto reglamentario 6279/67, puesto que al momento de contestar la demanda, sólo se alegó que las únicas obligaciones de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia residían en el control de los requisitos establecidos en los arts.186 y 187 del Código Civil, y que por ello son los contrayen-tes los únicos obligados a declarar su estado civil, afirmándose ade-más que el Registro del Estado Civil de Córdoba no cuenta con archi-vos personales que pudieran dar cuenta del estado civil de una persona con base en una copia de un oficio librado en un expediente penal que nunca se trajo a la causa ad effectum videndi.

Si bien la cuestión del oficio referido no ha sido motivo de agra-vio, lo cierto es que de todos modos ninguna defensa válida podía sos-tenerse en el mismo ya que de ser verídica la actuación en copia traída a esta causa, se habría requerido al Registro de Estado Civil y Capaci-dad de las personas de la Provincia de Córdoba que informara sobre el estado civil de una persona, a lo que tal como hubiera ocurrido en Mendoza, se hubiera respondido que no se contaba con registros per-sonales de ese tipo. Es que lo que se debió solicitar fue la partida de nacimiento de esa persona y no al registro central de la provincia sino al de la localidad de su nacimiento, tal como lo señala el reglamento.

Por lo demás, no parece difícil que los registros de estado civil de cada provincia se comuniquen, aún cuando no se lo haga informá-ticamente, y mucho menos que cada Registro conozca el funciona-miento y organización de los demás registros provinciales.En Córdo-ba a la época de la celebración del matrimonio motivo de estos autos, existían registros municipales que tomaban las constancias de los ac-tos y hechos relevantes para el estado de las personas, y emitían las actas, partidas, certificados, celebraban matrimonios, etc, mientras que el Registro dependiente del Gobierno Provincial se ocupaba de tareas administrativas y organizativas generales (véase la ley 8.102 entre otras).

De todos modos, si se compulsa la página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba en el sitio correspondiente a la Dirección de Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, puede leerse: «

A través del oficial público el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdo-ba, se realizan las siguientes funciones:1. Registral: Labrar actas de nacimientos, matrimonio, defunción, reconocimiento, libretas de fami-lia, notas de referencias, etc. Planificar, coordinar, controlar e imple-mentar las políticas registrales de la Dirección General en el ámbito provincial, interpretando la legislación vigente a fin de atender a la registración de todo acto u hecho que cree, altere o modifique el esta-do civil y capacidad de las personas, tales como nacimientos, matri-monios, defunciones y sus correspondientes modificaciones adminis-trativas ó judiciales, adopciones, incapacidades, interdicciones habili-taciones o rehabilitación, capacitando a los Oficiales Públicos de la Provincia y personal de la Repartición.Planificar, coordinar y contro-lar el ingreso y egreso de todo requerimiento escrito y/o informático desde y hacia la Dirección General….»(www.cba.gov.ar/./direccion-general-registro-civil-y-capacidad-de).

Ello hace absurdo el argumento sostenido en la contestación de demanda, y deja sin sustento al agravio que insiste en que el error fue de la Provincia de Córdoba, cuando como se ha dicho de la propia contestación de la demanda surge que el Estado Provincial eludió toda referencia al cumplimiento de los deberes que le imponía a los fun-cionarios del Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, la legislación provincial.

En este sentido, quizás la prueba más importante que debió pro-ducir la demandada para eludir la responsabilidad, fue la del cumpli-miento del art. 61 del decreto reglamentario, acompañando o requi-riendo por oficio copia de la rogatoria que debió ser enviada al lugar de nacimiento del Sr. Barrios a fin de que se anotara el primer matri-monio.

De todos modos, como se ha dicho, ninguno de los distintos de-beres que el Registro debía observar para evitar la producción del ma-trimonio con impedimento de ligamen ha sido siquiera objeto de prueba en esta causa, con lo que debe concluirse que la responsabili-dad por omisión (art. 1074 del Código Civil) ha sido acreditada sin que resulte necesaria la imputación concreta a ninguno de los distintos funcionarios intervinientes, pues la misma se configura por la simple falta de servicio producida por el incumplimiento objetivo de los de-beres de su cargo por comisión u omisión de parte de los funcionarios de la Administración Pública, en este caso del Registro Civil, sin rela-ción a la negligencia de éstos (art. 1112 y 1113 primera parte del Có-digo Civil).

Ello sin perjuicio de que la ley 3259 estableciera en su art.79 que «Los oficiales públicos son civilmente responsables de los daños y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de las dispo-siciones de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria que correspondiere» , lo que sin duda cierra por comple-to el círculo de la responsabilidad del Estado por la omisión de sus funcionarios, pero resulta como tal irrelevante para la causa, pues és-tos últimos no han sido demandados.

En consecuencia de lo expuesto los recurso deducidos por la Provincia de Mendoza y Fiscalía de Estado (éste último sólo en lo que hace al agravio sobre la responsabilidad) deben ser rechazados.

IV. Recurso de la actora.

En un extenso y farragoso escrito la accionante se agravia de lo que considera el arbitrario rechazo por parte del Sr. Juez a quo de par-te de los ítems comprensivos del rubro gastos, del rechazo del daño psíquico y de la falta de declaración de oficio de la inconstitucionali-dad de la ley 4087 y 7198.

En cuanto a los gastos, estima que el Sr. Juez de la instancia pre-cedente yerra al requerir la prueba de los gastos de los festejos del ca-samiento pues entiende que debió asimilárselos a los gastos médicos por lesiones o a los gastos de sepelio.

Se agravia también por cuanto el Sr. Juez ha desestimado parte de los gastos por haber referido la actora en la demanda que se habían hecho con la ayuda de familiares.

En punto al daño psicológico que también fuera rechazado esti-ma que la relación de causalidad es indudable y que al demandar se ha reconocido la existencia de otras causas que contribuyeron al grave estado psíquico de la actora pues se ha reclamado una suma notable-mente menor.

Señala que la difusión mediática que tuvo el caso ya es en sí mismo un grave factor coadyuvante del daño psíquico y que además de no haberse casado no hubiera debido soportar la violenta conviven-cia el abandono intempestivo, etc.Se queja de los cálculos que hace el Sr. Juez a quo para sostener que la Sra. V. ya estaba embarazada antes de casarse y hace los propios, afirmando que no podía siquiera sospecharlo al concurrir al Registro Civil.

Luego se refiere al daño moral en los mismos términos critican-do la parte en que el Sr. Juez de la Instancia precedente entiende que no han sido causados por la demandada sino por el esposo de la ac-cionante o por su propia elección.

Finalmente se refiere en forma extensa al carácter expropiatorio de los intereses establecidos por la ley 4087 y 7198 señalando su in-constitucionalidad y que son expropiatorios.

V. En primer lugar, y en lo que hace al resarcimiento de los gas-tos, me parece obvio que no puede pretenderse que en casos como el presente se asimile los gastos que puede eventualmente provocar una fiesta de celebración del matrimonio, con los gastos médicos provoca-dos por lesiones, o de última enfermedad o de sepelio.

La jurisprudencia, en el caso de los gastos terapéuticos de una persona que ha sufrido daños en la salud con motivo de un hecho ilíci-to, no requiere de prueba en la medida que el reclamo sea razonable, pues la conexión causal entre la lesión a la salud física y los gastos te-rapéuticos es inmediata. Además es más fácil considerar la razonabili-dad de lo pedido en función de las características de la lesión infringi-da.

Aún en los gastos de sepelio se exige prueba cuando lo reclama-do no es lo que normalmente acostumbra a suceder según el curso na-tural de las cosas (art.902 del Código Civil).

En cambio los festejos por la celebración de un matrimonio civil no dejan de ser sólo una costumbre que puede hacerse o no.

En el caso de autos, no existe más prueba de dichos gastos (los referidos a ropa especial para el casamiento y a los festejos) que las fotos acompañadas en la causa, las que no acusan ni siquiera atavíos distintos a los corrientes de calle, ni otra celebración que una copa en-tr e escasas personas y una pequeña torta de bodas. Tampoco es posi-ble saber cuál de los esposos pagó el ágape o si lo hicieron los familia-res de la novia (lo que también es una costumbre) quienes no son par-te en estos autos.

Los demás gastos producidos por el conocimiento del estado de bigamia no han sido acreditados. Las gestiones policiales son gratui-tas, y la partida del primer matrimonio acompañada a la causa no tiene sellado.

Las averiguaciones y asesoramiento ante la Municipalidad de Godoy Cruz, también es gratuita, y los gastos de asesoramiento legal de los abogados de esta causa no han sido acreditados, por lo que debe presumirse que se sujetan a los honorarios regulados que son a costa de la demandada.

Estimo en consecuencia que la fijación del rubro sólo en aten-ción a los gastos futuros ciertos por la necesidad de ocurrir al juicio de nulidad de matrimonio es correcta.

En este sentido cabe destacar que el agravio formulado por Fis-calía de Estado es carente de todo sustento lógico pues la actora sí ha manifestado en la demanda la necesidad de ocurrir a tal remedio judi-cial, el que además está previsto por el ordenamiento jurídico.

Fuera de ello no puede pretenderse que la actora se contente con recurrir a un servicio gratuito, y debe otorgársele la suma que se con-sidere pueden fijarse como honorarios del art.10 de la ley de arance-les para que pueda contratar abogados de su confianza.

En lo que hace al daño psíquico, la crítica formulada en los agravios no es suficiente para desvirtuar las consideraciones y funda-mentos del Sr. Juez de la Instancia precedente, ni aún las que corres-ponden a si la Sra. V. estaba o no embarazada cuando se casó.

En rigor la suma de padecimientos físicos que se enumeran en el punto VI.a de la pericia no tienen relación de causalidad con el hecho del matrimonio putativo, sino con la relación personal frustrada y con los sucesos posteriores (abandono, falta de medios, etc.). Nada dice la perito psicóloga en cuanto a que la difusión de noticias por la prensa haya impactado de tal modo en el ánimo de la actora como para pro-ducir en parte su incapacidad psíquica.

Debo aclarar que el daño psíquico a mi juicio debe traducirse en una incapacidad que redunde en efectos patrimoniales para la actora, lo que en el caso si existe aparece mayormente producido por la frus-tración de su relación de pareja que por la existencia de un matrimo-nio nulo.

Estimo en consecuencia que el agravio debe ser rechazado.

En lo que hace al agravio por el monto del daño moral, el mismo es inconsistente, toda vez que el Sr. Juez a quo sí ha considerado que el mismo ha existido como consecuencia de la celebración del matri-monio nulo, pero ha cuantificado ese daño en sus justas dimensiones, en lo que es atribuible a la falta de servicio del Estado Provincial, sin extenderse a otras situaciones independientes de dicha circunstancia.

La suma otorgada por este concepto aparece como justa y razo-nable, debiendo rechazarse el agravio.

Finalmente y en lo que hace a la queja respecto de los intereses, el Sr.Juez a quo contrariamente a lo que afirma la recurrente ha decla-rado inaplicables los intereses de la ley 7198, fundándose en el plena-rio Aguirre y aplicando en consecuencia la tasa activa del Banco de la Nación a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia.

La aplicación de los intereses del 5% anual desde la fecha del hecho y hasta la fecha de la resolución impugnada, se debe -como el propio Sr. Juez a quo lo hace saber en sus fundamentos- a que las su-mas que toma para fijar el resarcimiento de los dos rubros que acoge (gastos futuros y daño moral) ha sido calculada a la fecha de la sen-tencia, y entonces debe considerarse como una deuda actualizada apli-cándose analógicamente el art. 1 de la ley 4087 para dichas cifras has-ta el momento en que se fijan.

Ninguno de los argumentos expuestos por la apelante hacen va-riar en lo más mínimo el criterio seguido por el Sr. Juez a quo, de-biendo en consecuencia rechazarse el recurso.

Sobre la primera cuestión voto entonces por la afirmativa.

Sobre la primera cuestión el Dr. Staib adhiere al voto que ante-cede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA MAS-TRASCUSA DIJO:

VI. Las costas de Alzada deben ser impuestas a cada recurrente por resultar vencidos (art. 36 del C.P.C).

Así voto.

Sobre la misma cuestión el Dr. Colotto y Staib adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 9 de abril de 2013.

Y VISTOS:

El acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I. Desestimar los recursos de apelación articulados a fs. 191 por la Provincia de Mendoza, a fs. 202 por Fiscalía de Estado, y a fs. 204 por la parte actora contra la sentencia de fs.182/189 y su aclaratoria de fs. 190, la que se confirma en todas sus partes.

II.Imponer las costas de Alzada a los recurrentes en la medida de sus recursos.

III. Regular los honorarios de los Dres. Martín Quiroga Nancla-res, Pablo Andres Teixidor por su participación en el recurso de la Provincia de Mendoza en las sumas de $. y $. respectiva-mente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4,15 y 31 LA).

IV. Regular los honorarios de los Dres., Pablo Andres Teixidor y Pedro García Espetxe por su participación en el recurso de Fiscalía de Estado en las sumas de $.y $. respectivamente y sin per-juicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4,15 y 31 LA).

V. Regular los honorarios de los Dres. Pedro García Espetxe, Martín Quiroga Nanclares y Pablo Andres Teixidor por su participa-ción en el recurso de la actora en las sumas de $.; $. y $ ., respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4,15 y 31 LA

Notifíquese y bajen.

Dra. Graciela Mastrascusa

Juez de Cámara

Dr. Alberto Staib

Juez de Cámara

Constancia: La presente es firmada por dos de los Ministros inte-grantes de la Cámara, atento a que el Dr. Gustavo Colotto, se en-cuentra de licencia. (Art 141 II del CPC).

Dra. Alejandra Iacobucci

Secretaria de Cámara Interina

Dr. Alberto Luis STAIB – Juez de Cámara

Dra. Graciela MASTRASCUSA – Juez de Cámara

Dra. Alejandra Iacobucci – Secretaria de Cámara Interina

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