Un asalto con cuatro delincuentes armados es una circunstancia que sobrepasa las medidas de seguridad que se adoptan en los supermercados.

ArmaPartes: Garrido Luis Alberto c/ Disco S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: L

Fecha: 26-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-77839-AR | MJJ77839 | MJJ77839

El asalto protagonizado por cuatro delincuentes armados constituye una circunstancia extraordinaria que sobrepasa las medidas de seguridad que se adoptan regularmente en los supermercados, constituyendo un caso de fuerza mayor que opera como eximente de responsabilidad.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar la demanda por cuanto se tiene por acreditada la fractura del nexo causal entre los daños invocados por el actor y el hecho delictivo ocurrido en una sucursal de la cadena de supermercado demandada, pues se trató de un asalto en el que participaron cuatro delincuentes con armas de fuego, que redujeron al personal y a los clientes, constituyendo un caso de fuerza mayor que opera como eximente de responsabilidad.

2.-Las características del ataque perpetrado por la banda de asaltantes armados en el supermercado de la sociedad demandada, importó un caso de fuerza mayor que opera como eximente de la responsabilidad de la titular del supermercado, en tanto excede notablemente la obligación de seguridad a ella exigida por las normas que regulan la defensa del consumidor.

3.-El hecho de violencia ejercido por un grupo de personas armadas constituyó una circunstancia extraordinaria que sobrepasó los recaudos que se adoptan regularmente en los supermercados, es un hecho de terceros notoriamente ajeno a la relación de consumo, que no puede enrostrársele automáticamente a la demandada.

4.- Las relaciones de consumo no conllevan permanentes obligaciones de seguridad de resultado que impliquen siempre una responsabilidad objetiva, sino que depende del daño y de la situación en que ese daño se ha producido.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de diciembre del año dos mil doce, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado “Garrido, Luis Alberto c/ Disco S.A s/ daños y perjuicios” de acuerdo al orden del sorteo el Dr. Liberman dijo: I.- Contra la sentencia de fs. 253/259, que rechazara la demanda imponiendo las costas en el orden causado, expresó agravios a fs. 295/300 el actor; se respondieron a fs. 311/319. Por su parte, Disco apeló el modo de imposición de costas a fs. 309.En cuanto al pedido de nulidad del fallo, el art. 253 del Código Procesal prescribe que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia, habida cuenta que excepcionalmente puede presentar vicios en su construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional. Esto, en particular, cuando no guarda las formas y solemnidades legales: vale decir, tiene irregularidades que afectan a la sentencia “en sí misma” (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal.”, t. 1 p. 109, y citas jurisprudenciales en nota n? 2). En determinados casos puede ser declarada nula; ocurre cuando se advierten vicios de una gravedad tal que vulnera garantías constitucionales como las del derecho de defensa en juicio y debido proceso, atentando contra una adecuada administración de justicia. Más aún, el tribunal está obligado a hacer respetar las formas esenciales del proceso; y por esa razón no puede admitir que éste siga su curso cuando se advierten deficiencias que vulneran tales derechos.

Por el contrario, cuando los vicios obedecen a errores de derecho en la interpretación y aplicación de la ley, apreciación de los hechos o valoración de la prueba, no corresponde declarar la nulidad de la sentencia, pues todos los errores ‘in iudicando’ pueden ser subsanados por vía de apelación.En consecuencia, habida cuenta que no se advierten vicios, no cabe más que rechazar el pedido de nulidad introducido a fs. 300 y conocer en los agravios vertidos.

II.- La Sra. Juez ‘a quo’ rechazó la demanda sobre la base de tener por acreditada la fractura del nexo causal entre los daños invocados por el actor y el hecho delictivo ocurrido el 15 de mayo de 2006 en la sucursal de la calle Bulnes 1048, de esta Ciudad, del supermercado Disco S.A. Se trató de un asalto en el que participaron 4 delincuentes con armas de fuego, que redujeron al personal y a los clientes.Las críticas versan fundamentalmente en que no se encuadró el caso bajo la óptica de la ley de Defensa del Consumidor y la responsabilidad objetiva que se atribuye a la demandada por el incumplimiento del deber de seguridad propio de la invocada relación de consumo.En lo que aquí interesa, resulta reconocido por las partes la ocurrencia del asalto a mano armada en la forma descripta y que el actor se encontraba dentro del establecimiento, tal como se desprende de las constancias de fs. 1 de la causa penal caratulada: “Supermercado Disco s/Robo con armas” (N° I-48-10282/2006), que en este acto se tiene a la vista. El tenor de los agravios y las particularidades puestas de relieve autorizan a efectuar una referencia respecto del sistema legal de protección de los consumidores, para ponderar si el robo perpetrado puede tener el alcance del caso fortuito o la fuerza mayor, constituyéndose en una circunstancia eximente de responsabilidad en los términos del art. 513 y concordantes del Código Civil.

III.- La consagración de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios llegó a la cúspide normativa de nuestro orden interno al ser estatuidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional del año 1994.Constituyó uno de los hitos de la reforma constitucional que estableció que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.El art. 3 de Ley 24.240, modificada por la ley 26.361 , define que la “relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario”. Lo típico y distintivo de esta definición es la alusión a la existencia o configuración de un vínculo jurídico, donde la persona -consumidor- puede reclamar respecto de otra -proveedor- el cumplimiento del contrato por el bien y/o servicio comprendido en aquélla. Esta específica ligazón se encuentra impregnada por un deber de seguridad que surge del juego armónico de los arts. 5 y 6 del citado cuerpo legal, en coincidencia con el deber de buena fe en las relaciones contractuales, según la disposición del art. 1198 del Código Civil.En este sentido es atinado mencionar que el perjuicio que se categoriza en la demanda no responde a un daño provocado por el uso de las instalaciones comerciales, o por un defectuoso sistema de comercialización, por vicios de los productos y/o servicios ofrecidos a la venta, o por cuestiones de garantía, sino a un hecho delictivo que, en principio, resulta ajeno a la relación de consumo.Por lo tanto se impone considerar si la obligación de seguridad que se invocara como sustento de la pretensión, es de medios o de resultado. Dicha disquisición resulta fundamental, dado que en las obligaciones de medios la conducta “diligente” -o sea “encaminada” a la obtención del resultado anhelado por el acreedor-, es esencial para dar por cumplida la prestación, aunque se haya fracasado en el logro del interés final.En cambio, en las de resultado, la actividad del deudor se encuentra comprometida al logro ineludible del interés final esperado por el acreedor, de modo tal que no se cumplirá el deber si no se satisface aquella finalidad última (conf. López Mesa, Marcelo J., “Código Civil”, T° I, págs. 613/615, Editorial Lexis Nexis). Esto tiene preponderancia en el terreno probatorio, pues si la obligación fuese sólo la de conducirse con prudencia y diligencia, se torna necesario un examen de la conducta del deudor; mientras que si la obligación es determinada, basta al acreedor establecer que no se logró el resultado y con ello se tiene por demostrado que el deudor no cumplió con su obligación (conf. López Mesa, Marcelo J. / Trigo Represas, Félix A.; “Tratado de la responsabilidad civil – Cuantificación del daño”, pág. 473, Editorial La Ley).Lorenzetti señala que lo importante es examinar si lo que se juzga es una conducta o la acción de una cosa. En este caso, mayoritario por cierto, la imputación puede ser objetiva. Asimismo, pone de relieve que hay una infinidad de leyes y disposiciones que fijan parámetros en este sentido, que son de gran utilidad para fijar el contenido del débito de seguridad (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, “Consumidores”, pág. 404, Editorial Rubinzal Culzoni). Por su parte, Mayo explicaba que cuando se trata de las denominadas obligaciones tácitas de seguridad, el factor de atribución de responsabilidad es subjetivo, pues de ninguna norma o principio resulta que pueda ser objetivo; esto es, se atribuirá por la culpa o el dolo, matizados con todas las particularidades que las reglas sobre la carga de la prueba y los medios probatorios determinen para cada caso concreto. Distinta podrá ser la solución frente a las obligaciones de seguridad que ciertas normas imponen en casos específicos, como el supuesto del art. 184 del Código de Comercio, o cuando se trate de relaciones de consumo, a partir de la garantía constitucional específica establecida por el art.42 de nuestra Carta Magna (Mayo, Jorge A., “La obligación de seguridad y el factor de atribución” en “Obligación de seguridad”, pág. 14, suplemento La Ley, dirigido por Vázquez Ferreyra, septiembre de 2005).Así, los arts. 5 y 6 de la ley 24.240 establecen un concepto propio de seguridad sobre la idea de anticipación y prevención de daños (ver Lovece y García Ocio, en “Derechos del Consumidor”, pág. 111, Editorial La Ley), regulándose las circunstancias y los elementos que hacen a la esencia de toda relación de consumo.Las obligaciones impuestas normativamente al proveedor tienden a la tutela preventiva de la salud y seguridad de los consumidores con motivo de las cosas y servicios objeto de la relación de consumo propiamente dicha. El asalto llevado a cabo por un grupo de personas con armas de fuego es un hecho de terceros notoriamente ajenos a la relación de consumo, que no puede enrostrársele automáticamente a la demandada en la forma en que se sostiene en el escrito de fs 295/300.Las relaciones de consumo no conllevan, en mi opinión, permanentes obligaciones de seguridad “de resultado”, que impliquen siempre una responsabilidad objetiva. Depende del daño y de la situación en que ese daño se ha producido. Distinto es vender un producto que prestar un servicio; además hay infinidad de servicios diversos. Nótese por ejemplo, que la relación de consumo implicada en el tránsito por caminos concesionados con pago de peaje no conlleva una obligación de seguridad de la que necesariamente surja una responsabilidad objetiva. En algunos supuestos fácticos, el plano de análisis será el de la responsabilidad subjetiva. Así lo he sostenido como juez de primera instancia con mayor estudio de la cuestión en autos “Serrano c. Concesionaria.” (10-2-04). Dicho en palabras de Lorenzetti, “no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado” (consid. 7º de su voto en CSJN, 21-3-06, “Ferreyra, Víctor D. c.V.I.C.O.V. SA.” ; L.L. 2006-B, 451).La obligación de seguridad que se invoca no tiene una naturaleza objetiva, dado que no hay un precepto legal específico que así lo estatuya para la situación en estudio, a diferencia de lo que sucede con el transporte o para supuestos típicos de consumo.En definitiva, habrá de apreciarse si la demandada tomó los recaudos para afrontar este tipo de hechos de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar (art. 512 y cc del Cód. Civil), sobre la base de una obligación de seguridad genérica. IV.- La prueba ha de meritarse de conformidad a la regla de la sana crítica contenida en el art. 386 del Código Procesal, adquiriendo relevancia las constancias de la causa penal.A fs. 19 de la causa penal declaró Marcelo Fabián Porta, vigilador de la empresa AIPAA S.A., dijo que “estando realizando su tareas laborales, más precisamente a unos metros de la entrada del supermercado, próximo a la línea de cajas, ingresan cuatro personas del sexo masculino”, todos con armas de fuego y uno de ellos con una escopeta. Que las personas le apuntaron haciéndolo arrodillar y le sustrajeron el equipo de comunicaciones movilink que tenía. A los demás pormenores me remito en honor a la brevedad para evitar repeticiones innecesarias.Natalia Cristina Correa, supervisora de cajas, se manifestó en igual sentido (fs. 20) como también lo hicieron Carlos José Montiel (fs. 21), Silvina Paola Perdomo (fs. 22), Jorge Villanueva (fs. 23), Isabel Rosana Díaz (fs. 24) y Alba Rosa del Valle Unco (fs. 26).A fs. 7 de esa misma causa surge que el apoderado de la firma Disco S.A. denunció la existencia de personal de seguridad de la empresa “AIPAA” y acompañó 5 vistas fotográficas tomadas de la cámara filmadora, que se agregaron a fs. 16/18.En estos autos, el peritaje contable de fs. 90/93 da cuenta que la Gerencia de Prevención de Riesgos de Disco S.A.tenía contratado un servicio de seguridad con la empresa “AIPAA”. Y a fs. 136 declaró Juan Carlos Hermida, empleado de la demandada con el cargo de Jefe de Seguridad de la región Buenos Aires. Describió que existe por lo menos un vigilador en el local, que se encuentra uniformado pero que no usa armas. Es personal tercerizado y su misión principal es hacer contención sobre ilícitos de carácter menor y hacer control sobre movimiento interno de mercaderías y asistencia general sobre temas específicos de seguridad.La prueba informativa a la Policía Federal (fs. 216/231), a diferencia de lo sostenido a fs. 298, nada quita ni pone a la cuestión, porque de lo que se trata es de desentrañar si el asalto fue inevitable en los términos del art. 514 del Código Civil, más allá del tópico de la previsibilidad.A partir de las constancias arrimadas al expediente se aprecia que la empresa accionada tenía contratado un servicio de seguridad cuyo objetivo principal surge del relato del Sr. Hermida. También surge que los agentes que prestan ese servicio poseen un aparato de comunicaciones y no se encuentran armados. El local de referencia poseía cámaras de seguridad que permitieron la grabación del hecho.

V.- Para que en este supuesto el “caso fortuito” opere como ruptura del nexo causal debe de tratarse de un hecho imprevisible o inevitable ajeno a la actividad desarrollada por la demandada, o al menos debe acreditarse que se trató de un hecho prácticamente imposible de prever o de evitar a pesar de que se adoptasen las medidas de prevención que las circunstancias exigían (art. 514 del Código Civil). Los asaltos a mano armada son previsibles. ¿Son evitables?Resulta sumamente difícil medir este último tópico, por un lado, por cuanto en sede civil no se realizó un informe técnico sobre los elementos de seguridad activa y pasiva que disponía el local de la calle Bulnes 1048 y el cumplimiento de la normativa específica en esta materia, lo que hubiese aportado claridad a la cuestión. Pero por otro lado, si estamos a la naturaleza del hecho acaecido no se advierte qué otras medidas, aparte de las mencionadas, debió disponer la organización de la empresa para evitar el asalto por un grupo de personas con armas de fuego. No está demás recordar que las obligaciones relativas al control de los delitos de esta envergadura corresponden al Estado en sus distintas jurisdicciones.El propio relato del actor en sede penal da cuenta que la irrupción de los delincuentes fue sorpresiva y violenta. A fs. 6 dijo: “estando próximo al ingreso del comercio, cuando entran tres personas del sexo masculino, de quien puede decir que eran de estatura mediana, teniendo dos de ellos gorros de lana hasta las orejas, vistiendo muchas ropas, teniendo en su exterior colocados chalecos antibalas de color verde esgrimiendo armas de fuego, de color plateada, de calibre 45, teniendo uno de ellos una escopeta del tipo ITHACA” (sic).Weingarten repara en que un asalto a mano armada no configura por sí solo una circunstancia eximente de responsabilidad de las empresas de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta la frecuencia de este tipo de hechos, que los torna previsibles. Para que configure eximente debe tratarse de situaciones excepcionales; por ejemplo, hechos de vandalismo, robos en banda, que son hechos abruptos y extraordinarios que no pueden resistirse (conf. Weingarten, Celia, “Responsabilidad de las empresas de seguridad”, pág.71, Editorial Rubinzal Culzoni).Corolario de estas premisas es que, con mayor razón, esas situaciones serían eximentes de la responsabilidad de las locatarias del servicio de seguridad.El servicio de vigilancia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra regulado por la ley 1913 y las actividades que desarrollan esas empresas tienen como fin ejercer actividades de seguridad complementarias de la seguridad pública, sólo en lo concerniente a tareas de disuasión, protección de personas, resguardo de bienes, tratando de minimizar sus efectos en caso de que se produzcan (art. 2°). El artículo 3° establece que la vigilancia privada que tiene por objeto la seguridad de personas y de bienes en espacios privados de acceso público con fines diversos se realizará sin autorización de uso de armas de fuego.Paralelamente, en la Provincia de Buenos Aires, la ley 12.297 prohíbe el uso de armas de fuego en predios privados con libre acceso al público (art. 41).No puede perderse de vista que el servicio de vigilancia prestado en el local de la calle Bulnes 1048 resultaba, en principio, acorde con su actividad comercial y la normativa citada. Es que cuanto más compleja y peligrosa sea la actividad desarrollada y mayor el riesgo que comporte, más alto debe ser el nivel de vigilancia que corresponde prestar (conf. Weingarten, ob. cit., pág. 61), como ocurriría con los bancos o la actividad financiera en general. De ninguna manera se trata de avalar el uso de armas de fuego por parte de personas que no integren los cuadros estatales, sino simplemente mencionar las circunstancias que se vinculan con la prestación del servicio de vigilancia en un supermercado.Es sumamente difícil tomar posición en tema tan delicado. Pero la ley local y la bonaerense han adoptado un criterio que privilegia la seguridad sin armas en estos establecimientos. Los legisladores pudieron haber permitido las guardias armadas, pero no lo hicieron.¿Cuál debería ser el temperamento o los protocolos de actuación si una guardia fuertemente armada enfrentase a un grupo como el que irrumpió en este supermercado? Es de imaginar que podría generarse una batalla dentro del local, con la imaginable secuela de muertos o heridos dañados entre la clientela o el personal dependiente. ¿Qué diría el actor en ese caso? Seguramente diría que no había que tener guardia armada por la peligrosidad inherente.En fin, un hecho de violencia ejercido por un grupo de personas armadas constituyó una circunstancia extraordinaria que sobrepasó los recaudos que se adoptan regularmente para este tipo de comercios. Es más, la ley -por razones imaginables- no permite que la disuasión sea armada. Las circunstancias de tiempo y lugar con que debe juzgarse la conducta de la demandada exigen un criterio adecuado a la realidad de las cosas. De lo que se sigue que el asalto con las características puestas de relieve, representó una de las formas de caso fortuito porque resultó inevitable. Esto, sin perjuicio de señalar que en otros supuestos en los que no se advierta acreditado el hecho de terceros con el grado de violencia sobre las personas y/o bienes que informa esta causa, podría corresponder la atribución de responsabilidad del empresario como lo viene sosteniendo la doctrina y jurisprudencia.El hecho delictivo consistente en un robo en el que se han utilizado armas de fuego representa un hecho de tercero que configura el caso de fuerza mayor que exime de responsabilidad (conf. CNCiv., Sala F, 13-9-90, “Galíndez, Elizabeth M. c. Calzón Patalio, A.”, Infojus sumario C 0006906).VI.- Lo argumentado a fs.296vta./297 respecto de la utilización de mecanismos de marketing para fomentar la concurrencia a esos lugares de venta (como ser días de descuentos en precios, acordados con entidades bancarias) no tiene mayor asidero en razón de las características del hecho que causó el daño.Finalmente, no paso por alto la importancia, en el estatuto de defensa del consumidor, de la seguridad que se exige en las instalaciones y en los establecimientos de comercialización (conf. Hernández, Carlos A. y Frustragli, Sandra A., “Ley de Defensa del Consumidor”, T. I, pág. 94, Fondo Editorial de Derecho y Economía). Pero lo cierto es que no puede extenderse la responsabilidad de la demandada cuando ocurren hechos delictivos organizados y llevados a cabo en banda fuertemente armada. Resulta inevitable por las características descriptas y la reglamentación de los mecanismos de disuasión, y constituyó una barrera para el cumplimiento de la obligación genérica de seguridad anteriormente explicitada.VII.- La demandada recurrió el modo en que se cargara costas en la primera instancia. Cierto es que el principio es la imposición al vencido. Pero el juez puede eximirlo por razón fundada.Advierto algunas vacilaciones en la jurisprudencia acerca de la interpretación de la obligación de seguridad en las relaciones de consumo con referencia a situaciones de cierta similaridad con la del caso. Los t ribunales han particularizado algunas circunstancias de hecho para resolver de uno u otro modo.Estas discrepancias parecen suficientes para descargar costas porque razonablemente el actor pudo creerse con derecho a obtener una sentencia favorable. Votaré por sostener la decisión recurrida.Propongo entonces al acuerdo confirmar la sentencia en todo que fuera materia de agravios, con costas de alzada a cargo del actor, sustancialmente vencido.

El Dr. Galmarini dijo:Coincido plenamente con el análisis de los hechos debidamente comprobados que desarrolla el distinguido colega Dr.Víctor Liberman en su voto y con la conclusión a la que llega en el sentido de que las características del ataque perpetrado por la banda de asaltantes armados en el supermercado de la sociedad demandada, importó un caso de fuerza mayor que opera como eximente de la responsabilidad de la titular del supermercado, en tanto excede notablemente la obligación de seguridad a ella exigida por las normas que regulan la defensa del consumidor. Sólo aclaro que he considerado que es objetiva la responsabilidad prevista en el art. 40 de la ley 24.240, incorporado por la ley 24.999 , por los daños al consumidor, pero como esa misma norma contempla que las personas allí enunciadas como responsables solidarios se liberarán total o parcialmente si demuestran que la causa del daño le ha sido ajena, juzgo que la inevitabilidad del ataque como el ocurrido en el caso, configura esa eximente que generó la ruptura del nexo causal y la liberación de responsabilidad de la sociedad demandada por los perjuicios sufridos por el actor.Con esta aclaración y por razones análogas a las desarrolladas por el Dr. Liberman, especialmente atendiendo a las circunstancias de hecho que presenta el caso, adhiero a su voto.

La Dra. Pérez Pardo dijo: Adhiero a las conclusiones del Dr. Liberman, con las aclaraciones del Dr. Galmarini.

Con lo que terminó el acto.

Firmado: Víctor Fernando Liberman, José Luis Galmarini y Marcela Pérez Pardo.

Es copia fiel del original que obra en el Libro de Acuerdos de esta Sala.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

Buenos Aires, de diciembre de 2012.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: confirmar la sentencia en todo que fuera materia de agravios, con costas de alzada a cargo del actor.Fíjanse los emolumentos del Dr. Rojo Vivot en la suma de ($.) y los del Dr. Ancel en la de ($.) de conformidad con el art. 14 de la ley 21839.-Conociendo de los recursos interpuestos a fs. 260, 268 y 273 con relación a las regulaciones de honorarios practicadas a fs. 259, teniendo en consideración el monto reclamado al accionar, labor profesional desarrollada, etapas procesales cumplidas, resultado obtenido y lo preceptuado por los arts. 6, 7 , 9 , 19 , 38 y ccs. de la ley 21839 modificada por ley 24432 , decreto 1467/11 , por reducidos los correspondientes a la mediadora se los eleva a la suma de ($.). Por no ser elevados los correspondientes al Dra. Rojo Vivot, se los confirma. Por elevados los correspondientes a los peritos se reducen, los del psiquiatra a la suma de ($.) y los de la contadora a la de ($.).-Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

VICTOR FERNANDO LIBERMAN

JOSE LUIS GALMARINI

MARCELA PEREZ PARDO

(P.A.S.)

 

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