Prisión preventiva por el delito de homicidio simple del conductor de un camión que en una discusión embistió intencionalmente a la víctima.

Camion IIPartes: L. R. A. s/ incidente de apelación del auto de prisión preventiva

Tribunal: Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 18-dic-2012

Cita: MJ-JU-M-77089-AR | MJJ77089 | MJJ77089

Por mayoría, se confirmó la prisión preventiva del imputado por el delito de homicidio simple del conductor de un camión que en el marco de una discusión de tránsito embistió intencionalmente a la víctima, quien se hallaba parada frente a la unidad vehicular.

Sumario:

1.-Corresponde homologar la decisión que convirtió en prisión preventiva la detención que sufría el imputado en la causa seguida por la presunta comisión del delito de homicidio (art. 79 CPen.) -en el caso, en el marco de una discusión de tránsito habría embestido intencionalmente con un camión a la víctima, quien se hallaba parada enfrente de dicho rodado y deliberadamente la pasó por encima causándole letales-, pues la conducta del imputado en el contexto en que se produjo la lesión y, específicamente, el medio empleado, en modo se advierte que pudiera tratarse de una maniobra imprudente propia del tránsito vehicular. Es ineludible para la experiencia común que el arremetimiento contra un grupo de personas, a corta distancia, con un vehículo de gran porte, permite inferir la voluntad de causar la muerte, resultado exigido por la locución matare a otro contenida en el tipo penal aplicable. El resultado muerte fue directamente perseguido por el agente pues resulta poco menos que obvio que una embestida con un vehículo a una persona es idóneo para causar ese resultado. De ello se infiere la ideación de un plan homicida utilizando un medio capaz de producir el mayor daño posible al oponente (del voto del Dr. Cámpora al que adhiere el Dr. García Maañón -mayoría).

2.-El dolo requerido para abastecer el aspecto subjetivo del tipo se configura con el conocimiento de los elementos objetivos de la prohibición y la voluntad de poner en marcha la causalidad, asumiendo su dominio, dirigiéndose a la obtención de un fin determinado, en base al conocimiento que se tiene -en el caso, se confirmó la prisión preventiva del imputado en orden al delito de homicidio simple- (del voto del Dr. Cámpora al que adhiere el Dr. García Maañón -mayoría).

3.-Corresponde revocar la prisión preventiva dictada respecto del imputado en orden al delito de homicidio simple (at. 79 del CPen.) -en el caso, en el marco de una discusión de tránsito habría embestido intencionalmente con un camión a la víctima, quien se hallaba parada enfrente de dicho rodado y deliberadamente la pasó por encima causándole letales- , pues la omisión escuchar a los testigos que declararon en Comisaría y de realizar una pericia planimétrica viene a incumplir con la manda del art. 318 del CPP, en razón de que el imputado, al ejercer su acto de defensa manifestó no haber visto a la víctima desde su ubicación al volante del camión, con lo cual atendiendo a las constancias incorporadas, no se advierte la presencia de dolo en el actuar del encartado y lo cierto es que no puede presumirse sino probarse (del voto en disidencia del Dr. Quintana).

4.-El dolo es un concepto normativo que delimita el hecho psíquico. Como todo lo psíquico, solo puede conocerse por ser inferencia a parte de los datos objetivos. La valoración de tales datos – como cualquier conjunto de indicios- debe llevarse a cabo en cada caso y a su respecto. Cuando se pretende que del conocimiento se deriva la finalidad, se esta introduciendo un sistema de prueba legal de dolo, cuando se deja esa inferencia a cargo del juzgador, se adopta el criterio procesal de la sana crítica (del voto en disidencia del Dr. Quintana).

Fallo:

San Isidro, 18 de diciembre de 2012.

AUTOS Y VISTOS:

A fin de resolver el recurso de apelación concedido a fs. 33 de esta incidencia, interpuesto por los Señores Defensores Particulares de R. A. L., Dres. Germán Diego Balaz, Luciano Zorrilla y Hernán Zavalía Lagos, a fs. 25/32vta., contra el auto cuya copia obra a fs. 10/19vta., por el que se resolvió convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo el imputado en el marco de la causa que se le sigue en orden a la presunta comisión del delito de homicidio (art. 79 CP);

Y CONSIDERANDO:

Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto y practicado el sorteo de rigor, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Duilio Alberto Cámpora, Oscar Roberto Quintana y Ernesto A. A. García Maañón, para el caso de disidencia.

Seguidamente los señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es admisible la impugnación interpuesta?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:

A mi juicio, la impugnación intentada resulta formalmente admisible. Ello así, toda vez que además haber cumplido con los recaudos de tiempo y forma que regulan su interposición, el recurso abastece los requisitos de impugnabilidad tanto en el aspecto objetivo como subjetivo, puesto que fue deducido contra una resolución expresamente prevista como apelable, por quien se encuentra legitimado para ello, en tanto posee interés directo en el fondo del asunto, indicando específicamente los motivos de agravio y los fundamentos en que se sustenta su pretensión (arts. 18 , 31, 33 y 75 inc. 22 CN; 168 y 171 Const.Prov.; 164 , 421 , 439 , 441, 442, 443 , 446 a contrario sensu CPP).

Voto por la afirmativa.

A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Oscar Roberto Quintana dijo:

Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Cámpora, por los mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; 21 inc. 1, 106 , 164, 421, 439, 441, 442, 443 , 446 a contrario sensu y ccdtes. CPP).

Voto por la afirmativa.

A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:

Adhiero al voto del Dr. Cámpora, por los mismos motivos y fundamentos (arts. 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; 21 inc. 1 , 106, 164, 421, 439, 441, 442, 443, 446 a contrario sensu y ccdtes. CPP).

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Duilio Alberto Cámpora dijo:

I. Llegan los autos a consideración de Tribunal como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por los Señores Defensores Particulares de R. A. L., Dres. Germán Diego Balaz, Luciano Zorrilla y Hernán Zavalía Lagos, contra la resolución dictada por el Señor Juez titular del Juzgado de Garantías en lo Penal Nro. 4 Departamental, Dr. Esteban Rossignoli, que, con fecha 24 de octubre de 2012, resolvió convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo el imputado en el marco de la causa que se le sigue en orden a la presunta comisión del delito de homicidio (art. 79 CP).

II. Los impugnantes se agravian de la decisión del magistrado a quo, por entender que la caracterización realizada respecto de la conducta de su asistido no encuentra sustento en la evidencia producida hasta el momento en el marco de la investigación.

Afirman que no hubo voluntad homicida de parte de L.y que el único propósito era retirarse del lugar debido a las agresiones de las que era objeto, sosteniendo que el resultado producido tuvo lugar como consecuencia de una falla humana.

Entienden que no ha mediado dolo de parte del imputado, siquiera eventual y que en el peor de los casos sólo podría afirmarse la existencia de una culpa grave o temeraria.

Cita prestigiosa doctrina en aval de su posición y, en definitiva, solicita se revoque el auto en crisis y se disponga la inmediata libertad de su asistido.

III. Puesta a estudio la cuestión planteada y analizada la evidencia adunada al sumario, entiendo que el recurso interpuesto no debe tener favorable acogida.

Liminarmente, cabe recordar que en consonancia con las exigencias que se derivan del bloque de constitucionalidad federal, el art. 157 del rito penal local en función del 146 del mismo cuerpo normativo, reclama como requisitos esenciales para la conversión de la detención en prisión preventiva que se encuentre justificada la existencia del delito (157 inc. 1), el imputado haya tenido la oportunidad de ser oído (157 inc. 2), existan elementos que permitan afirmar la probable participación responsable del incuso en el hecho (157 inc. 3), circunstancias que posibilitarán afirmar la apariencia de responsabilidad del incusado (146 inc. 1), para luego constatar la necesidad de la medida de coerción por la verificación de peligro cierto de frustración de los fines del proceso si no se la adopta (146 inc. 2), circunstancia que se deducirá de la concurrencia de los presupuestos establecidos para denegar la excarcelación (148, 157 inc. 4 y 171), constatando, finalmente, la proporcionalidad entre la medida y el objeto de tutela, a partir del hecho de que la coerción no implique una reacción mayor que la que pudiera adoptar el estado en caso de arribar a un veredicto de condena o ello suceda por el transcurso del tiempo de encierro, con la consecuente depreciación de la contingencia de evasión (146 inc. 3)(arts. 1, 14, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 inc.22 CN; 7.1, 7.2, 7.6 y 8.2 CADH, 9.1, 9.3, 9.4 y 14.3.5 PIDCyP; 3º y 11 ap.1° DUDH; I, XXV y XXVI DADyDH; 10, 11, 21 Const. Prov. Bs. As.; 144, 146, 148, 157, 159 y 163 ambos a contrario sensu CPP).

El a quo tuvo prima facie por acreditado “Que el día 22 de septiembre de 2012 siendo aproximadamente las 13.25 hs., el aquí imputado que se encontraba al mando del camión marca Ford dominio GKC-779, luego de mantener un altercado por cuestiones de tránsito con los ocupantes de la camioneta Ford Eco Sport dominio HKO-409, al llegar a la intersección de las arterias Mitre y Zufriategui de la localidad de Villa Martelli, Pdo. de Vte. López, intencionalmente embistió con el camión a la víctima Silvia Edith Carboni -que se hallaba parada enfrente de dicho rodado-, y deliberadamente la pasó por encima causándole lesiones que la llevaron a la muerte en forma casi instantánea en el Hospital de Vicente López al que había sido trasladada para su urgente atención médica” (conf. fs. 10vta. del presente incidente).

La materialidad ilícita del hecho y la probable participación responsable del imputado fueron tenidas por acreditadas a partir de los elementos probatorios relevados por el magistrado garante en el auto en crisis.

El hecho fue calificado jurídicamente como constitutivo del delito de homicidio (art. 79 CP).

Sobre esta base, corresponde dar tratamiento a los motivos de agravio introducidos por la parte.

En punto al análisis de los extremos exigidos por el art. 157 incs.1 y 3 CPP, en tanto los recurrentes no criticaron la materialidad del hecho ni la participación del incuso en el evento, sino sólo las caracterización que de ellas hace el representante del Ministerio Público Fiscal, al entender que la conducta investigada fue realizada intencional y deliberadamente, no mediando crítica respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como tampoco respecto de aquéllos extremos que no implican un juicio de valor respecto de la conducta del imputado, no advirtiendo la existencia de irregularidades o vicios lógicos en el decisorio recurrido, las tengo prima facie por acreditadas, con esos alcances, con la evidencia relevada por el a quo en el auto en crisis, no correspondiendo introducir mayores consideraciones sobre el punto por exceder la competencia de ésta Alzada (arts. 157 incs. 1 y 3 en función del 146 inc. 1, 158 y 434 CPP).

El embate central de la defensa estriba en que, a su ver, mediaría una discordancia entre los extremos de la hipótesis Fiscal y el hecho realmente sucedido, con basamento en la falta de configuración del aspecto subjetivo del tipo en que se encuentra subsumido el evento atribuido a su asistido, expresando que, en el peor de los casos podría hablarse de culpa grave o temeraria y no de una conducta intencional y deliberada.

Ello tiene incidencia en el abastecimiento de los extremos que reclama el art. 157 incs. 1 y 3 del rito, pues a los efectos de analizar la configuración de la prohibición, no puede escindirse al hecho de su autor y su significación jurídica, dado que, de otro modo, no podría hacerse un estudio como el que impone la dogmática de la infracción punible.

Claro está, que los aspectos normativos deben evaluarse sobre la base fáctica construida en función de los extremos exigidos por los incs. 1 y 3 del art. 157 del rito.Ello así, pues no puede obviarse que el primero de tales dispositivos reclama que se encuentre justificada la existencia del delito, lo que, como dije, no puede ser analizado escindiendo artificialmente al hecho de su autor, y demanda la valoración jurídica de los extremos exigidos por alguna de las figuras legales establecidas en el elenco de prohibiciones que prevé el digesto punitivo, con más los extremos relativos a la antijuridicidad y culpabilidad, en tanto no podría imponerse una medida de coerción al imputado por la realización de una conducta inocua, justificada o irreprochable; máxime, cuando la medida es de la intensidad del encarcelamiento.

Ahora bien, ingresando concretamente al análisis del agravio de la defensa, estimo que el reclamo de la parte no puede prosperar.

Tengo dicho que es regla de la dogmática que el dolo requerido para abastecer el aspecto subjetivo del tipo se configura con el conocimi ento de los elementos objetivos de la prohibición y la voluntad de poner en marcha la causalidad, asumiendo su dominio, dirigiéndose a la obtención de un fin determinado, en base al conocimiento que se tiene.

‘Y si bien en punto al conocimiento del agente en esas circunstancias no pueden formularse mayores consideraciones pues no puede invadirse la psique del sujeto como para advertir o no su presencia, no es menos cierto que por las características propias de la prohibición seleccionada por el Ministerio Público Fiscal para encuadrar la conducta del agente, la voluntad, como segundo momento de análisis, es un requisito objetivable que se infiere de determinados indicadores, que deben ser acreditados por la acusación (.) (Causas Nro.11.046/I y 11.312/I, entre muchas otras).

Claro que, en el sub examine, la cuestión no se agota en los requerimientos precedentemente descriptos, sino que, por las especiales circunstancias en que tuvo lugar el evento, exige precisiones, en tanto la defensa, al expresar sus agravios, no sólo intentó desechar la existencia de dolo directo sino también la de dolo eventual en el obrar del imputado.

En mi opinión, habrá dolo directo de primer grado cuando teniendo conocimiento efectivo y al menos actualizable de los elementos constitutivos del aspecto objetivo del tipo el agente se proponga de modo directo la producción del resultado prohibido; existirá dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias cuando teniendo conocimiento efectivo y al menos actualizable de los elementos constitutivos del aspecto objetivo del tipo aparece necesaria la producción de un resultado prohibido concomitante al directamente perseguido como consecuencia de los medios utilizados y el agente aún sabiéndolo pone en marcha la causalidad; y, finalmente, habrá dolo eventual cuando teniendo conocimiento efectivo y al menos actualizable de los elementos constitutivos del aspecto objetivo del tipo, el agente se representa la posibilidad seria de producción de un resultado prohibido concomitante al directamente perseguido como derivación de los medios utilizados y lo incorpora a la voluntad realizadora de la prohibición poniendo en marcha la causalidad.Digo esto para fijar los alcances del marco analítico en que se asentará el estudio de la cuestión, fundamentalmente en lo referido a los extremos requeridos para advertir la existencia de dolo eventual, pues se han esbozado multiplicidad de racionalizaciones justificantes para explicar desde distintos abordajes su configuración como forma de atribución subjetiva de un resultado, partiendo de aquéllas posturas que afirman su existencia frente a la mera presencia de conocimiento de la posibilidad de producción de un resultado lesivo, sin exigir ningún componente volitivo, hasta aquéllas que le dan tratamiento como una forma de imprudencia consciente.

En mi humilde opinión, en tanto se trata de una forma de dolo, el dolo eventual exige para su configuración conocimiento y voluntad. Conocimiento que deberá ser efectivo y actual o en cierta medida actualizable (pues no siempre hay un pensar en los elementos configurativos del tipo cuando se pone en marcha un curso causal) y voluntad basada en ese conocimiento que permita estructurar un plan concreto y dominar la causalidad, pues en esta modalidad de atribución subjetiva lo único eventual es el resultado (y no el dolo como tal).

De tal modo, no se trata de un simple conformarse con o resignarse a, tampoco el mero conocimiento de los elementos configurativos del tipo soslayando toda referencia a la voluntad o emparentar el obrar voluntario a la infracción de una norma de cuidado, reduciéndolo a una modalidad de la imprudencia.

Se trata, en todo caso, de verificar el grado de actualización del conocimiento del agente en relación a los elementos objetivos del tipo (pues de acuerdo a cada tipo penal particular, si no se actualizó el conocimiento o si no era actualizable porque por alguna razón, aunque efectivo, ese saber no resultaba disponible, no habrá dolo) y si el resultado paralelo o concomitante al directamente perseguido fue incorporado a la voluntad realizadora, decidiéndose, en definitiva, por la probable lesión de bienes jurídicos.Lo expuesto tiene por fin dejar sentado que, en mi opinión, todas las modalidades del hacer doloso requieren similares elementos, variando sólo en lo que respecta a la forma de poner en marcha la causalidad e incorporar el resultado a la voluntad realizadora.

Sin perjuicio de ello, existe una última modalidad del dolo, pocas veces escrutada en la jurisprudencia, que puede confluir con cualquiera de las variantes expuestas (directo y eventual): el dolo alternativo.

La nota característica de esta clase de dolo se encuentra en el hecho de que la voluntad abarca dos o más resultados queridos aunque excluyentes entre sí. Puede tomar la forma de una acción dirigida contra alguno de dos objetos equivalentes, contra alguno de dos objetos no equivalentes o contra objetos identificados sólo alternativamente, en los que la voluntad del agente se contenta con alcanzar a alguno de ellos; o bien contra un mismo objeto queriendo un resultado o al menos otro, que siempre serán determinados en el plan concreto del autor (quiere causar a muerte o al menos lesiones) -vid. modernamente, Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; Derecho Penal. Parte General. Segunda edición actualizada; Ediar, Buenos Aires, 2002, págs. 529/530; Welzel, Hans; Derecho Penal Alemán. Parte General. Traducción de la undécima edición alemana por Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez; Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2011, págs. 120/121; Roxin, Claus; Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito. Traducción de la segunda edición alemana de Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal; Thomson-Civitas, Madrid, 2008, págs. 455/456; Jakobs, Günther; Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. Segunda edición corregida. Traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo; Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 335/336; Stratenwerth, Günter; Derecho Penal. Parte General I. El hecho punible. Cuarta edición totalmente reelaborada.Traducción de Manuel Cancio Meliá y Marcelo A. Sancinetti; Hammurabi, Buenos Aires, 2005, págs. 197/198; Puppe, Ingeborg; La distinción entre dolo e imprudencia. Comentario al § 15 del Código Penal Alemán. Traducción de marcelo A. Sancinetti. Revisión de María de la Mercedes Galli; Hammurabi, Buenos Aires, 2010, págs. 147/149; aunque la categoría no es novedosa y ya fue analizada por Binding, Karl; Die Normen und ihre Übertretung; Tomo II, Shuld, Vorsatz, Irrtum; Leipzig, 1916, pág. 843, aunque dentro de la categoría de dolo eventual).

Esta modalidad no debe confundirse con el denominado dolo de ímpetu, donde no necesariamente hay dos objetos de la acción sino sólo uno que puede abarcar multiplicidad de resultados no determinados. En general se trata de supuestos de conductas agresivas armadas contra la integridad física de una persona en las que a causa de la parcial superposición entre la resolución y la acción, abarca una voluntad realizadora de cualquier resultado o varios resultados conjuntamente. No se quiere matar o al menos lesionar a uno u otro (dolo alternativo) o lesionar aceptando la posibilidad de un resultado letal (dolo eventual), sino dañar en la medida que sea. Se trata de una modalidad vedada en nuestra legislación en tanto el art. 42 CP exige el fin de cometer un delito determinado, incompatible con la indeterminación de los resultados posibles que supone.

En el caso, según puede advertirse de la filmación del suceso así como de las declaraciones brindadas a lo largo de la investigación, L. y su acompañante arribaron al escenario de los hechos manteniendo un altercado con los ocupantes de la camioneta Ford Eco Sport.Cesada la reyerta originaria y dispuestos a continuar con su itinerario, desde el camión tripulado por el imputado se profirieron nuevas agresiones hacia los ocupantes del rodado de menor porte que motivaron el descenso de sus pasajeros, lo que dio lugar al inicio de un nuevo entuerto en el que Maidana, acompañante de L., propinó un golpe en la cabeza con un elemento contundente a Sergio Carboni; para, finalmente, ubicados Sergio y Silvia Carboni y Erica Greco a la derecha del vehículo conducido por el imputado, iniciar la marcha en reversa, virando el rodado hacia la izquierda por donde aparentemente podría haberse retirado sin riesgo para terceros -conforme puede observarse- y desistiendo de ello direccionar el camión hacia donde se encontraba el grupo de personas integrado por la víctima, su hermano, su cuñada y otros eventuales transeúntes.

En ese contexto, arremetió contra el grupo con el vehículo que conducía, frenó intempestivamente, haciendo trastabillar a algunos de los miembros del grupo e inició nuevamente la marcha y aplastó con el camión a Silvia Carboni, lo que motivó su deceso casi instantáneo.

Analizando entonces la conducta del imputado en el contexto en que se produjo la lesión y, específicamente, el medio empleado para ello, en modo alguno advierto que pudiera tratarse de una maniobra imprudente propia del tránsito vehicular.

Es ineludible para la experiencia común que el arremetimiento contra un grupo de personas, a corta distancia, con un vehículo de gran porte, permite inferir la voluntad de causar la muerte, resultado exigido por la locución matare a otro contenida en el tipo penal del art.79 CP.

Desde esta perspectiva y siempre a luz de la sana crítica, no puede más que concluirse que el resultado muerte fue directamente perseguido por el agente pues resulta poco menos que obvio que una embestida con un vehículo a una persona es idóneo para causar ese resultado.

Lo expuesto, en mi opinión, permite inferir la ideación de un plan homicida utilizando un medio capaz de producir el mayor daño posible al oponente.

Se trata, a mi ver, de una caso arquetípico de dolo alternativo directo.

El agente arremetió contra el grupo integrado por objetos de acción equivalentes, contentándose con alcanzar a cualquiera de ellos con el fin de causarles lesiones o la muerte.

Tales indicadores no permiten desechar, de momento, la posibilidad concreta de afirmar una voluntad homicida pues por las características del elemento seleccionado como medio para su comisión y la forma de realización de la conducta, se corresponden con el propósito de causar el óbito.

Los argumentos de la parte destinados a sostener la versión de que la única finalidad del imputado era la de retirarse del escenario de los hechos, se desvanece al advertir que podía generarse un espacio por la izquierda y, consecuentemente, la posibilidad de retirarse por el lado contrario a aquél en el que se encontraba el grupo de personas. En caso contrario, adoptar una actitud conforme a derecho, esperando que la gente que lo interceptaba (por un conflicto al que por cierto ni el conductor ni su acompañante resultaban ajenos) se retirase o, en su caso, pedir la presencia policial, como finalmente ocurrió, pero por el resultado letal que motivó la presente.

El resto de las afirmaciones, a mi juicio, no constituyen más que descontextualizaciones y parcializaciones de la evidencia colectada, guiadas por el natural interés de parte.

Luego, la alegación de una falla humana como causa determinante del luctuoso resultado no viene sustentada por ninguna evidencia; al par que sostener que debería admitirse que “L.previó intelectualmente que la víctima trastabillaría con su hermano, que caería al suelo exactamente debajo del camión, y que quedaría inmóvil en ese lugar” desnaturaliza los alcances y la ineludible relatividad del conocimiento humano que no puede prever todas las posibles implicancias causales del hacer sino sólo las que son directamente perseguidas. Poco importan las particularidades del hecho si se sabe que al arremeter con un camión contra un ser humano se le causará la muerte, único conocimiento exigido por el dolo, pues éste se contenta con el saber los extremos del tipo objetivo (el resultado, el curso de acción -nexo causal- y que se domina la causalidad) y no las circunstancias específicas del evento.

Lo expuesto, a mi juicio, impone rechazar el agravio ensayado por la defensa en esta instancia.

Determinada la procedencia sustantiva (art. 146 inc. 1 CPP), resta analizar la necesidad de la medida de coerción (art. 146 inc. 2 CPP), en la intensidad impuesta (art. 146 inc. 3 CPP), a fin de garantizar la realización del juicio y la aplicación de la ley material.

En el caso, se advierte que el riesgo de fuga advertido por el magistrado garante, sustentado fundamentalmente en la magnitud de la pena en expectativa y las particulares características del suceso valoradas en el auto en crisis, no han sido criticados por la defensa y, por ende, llegan firmes a esta Alzada.

En este marco, aprecio que la medida de coerción, en la intensidad impuesta, resulta proporcional con el objeto de tutela, toda vez que no implica una reacción mayor por parte del Estado que aquella que tendría lugar en caso de recaer sentencia condenatoria, a la vez que el tiempo que el imputado lleva en detención no le permite acceder a ningún instituto que implique libertad total o parcial, con lo que el peligro de fuga no se ve depreciado frente a la contingencia de evasión que implica la pena en expectativa (art. 146 inc.3 CPP).

En virtud de lo expuesto, propongo al acuerdo no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto en crisis en todo cuanto fuera materia de recurso (arts. 1, 14, 16, 18, 31 y 75 inc. 22 CN; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH; 9 ap. 1º y 3º PIDCyP; 3º y 11 ap.1° DUDH; I, XXV y XXVI DADyDH; 10, 11, 21, 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; 79 CP; 106, 144, 146, 148, 157, 169 incs. 1 y 3 a contrario sensu, 171, 210 y 434 CPP).

Es mi voto.

A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Oscar Roberto Quintana dijo:

En virtud de la propuesta de mi distinguido colega Dr. Duilio Cámpora, no puedo adherir a la misma, pues entiendo que la resolución recurrida debe ser revocada por las razones y motivos que paso a exponer.

Asi pues el titular de Juzgado nro. 4 departamental, Dr. Rossignoli, resolvió convertir en prisión preventiva la actual detención que pesa sobre R. A. L. por encontrarlo ¨prima facie¨ responsable del delito de homicidio simple regulado en los art. 45 y 79 Cód Penal.

Contra dicha resolución los Sres defensores Dres. Zorrilla, Balaz y Zavalia Lagos, del Sr. R. A. L., han interpuesto recurso de apelación, agravios que han sido debidamente fundados y reseñados por mi Colega en su voto, obrantes a fs. 25/32 del presente incidente.

Asi las cosas, reitero no comparto la opinión de mi distinguido colega de Sala, Dr. Cámpora.

Antes de comenzar, no puedo dejar de mencionar las falencias investigativas llevadas a cabo por el representante del Ministerio Publico Fiscal, refiriéndome especialmente a dos circunstancias puntuales:en primer lugar no haber escuchado en sede judicial a ningún testigo que oportunamente declarara en comisaría, y en segundo término no haber efectuado pericia con apoyatura en un experto en planimetría, mas la sola inspección ocular realizada por el Fiscal no puede determinar exactamente los ángulos visuales, distancias, posiciones posibles de las partes, debiendo haber acompañado placas fotográficas a fin de documentar la medida y version ensayada por el aqui imputado. No obstante advertir que dicha medida fue cuestionada por la defensa en el presente incidente y tachada de irregular.

Asi las cosas, la omisión de dicha pericia viene a incumplir con la manda del art. 318 del CPP, en razón de que el imputado, al ejercer su acto de defensa manifestó no haber visto a la víctima de autos desde su ubicación al volante del camión.

Ahora bien, sin perjuicio de lo antes mencionado y con los elementos obrantes en autos, no puedo más que decir que no advierto la presencia de dolo en el actuar del aquí imputado y que el mismo no puede presumirse sino probarse.

Citando a Arteaga Sánchez, Kargl y Feijoo Sánchez, El Dr. Zaffaroni menciona ¨ Ninguna de estas formas de dolo puede presumirse, de modo que solo su presencia efectiva permite habilitar el poder punitivo. Sin embargo se ha observado que, cuando el problema de la respuesta punitiva sin lagunas se vuelve obsesión, el in dubio pro reo es percibido como obstáculo liberal; ante ello, y como resulta evidente que el mito de la emergencia no alcanza para derogarlo, se opta por un recurso dogmático: la presunción de dolo, una amenaza equivalente que tiene por enemigo al concepto psicológico. Como el concepto psicológico presenta dificultades para su prueba procesal, se lo reemplaza por una ficción de dolo, afirmando que habra dolo cuando asi lo indique su inequívoco sentido social. Derecho Penal. Parte General Segunda Edición. Eugenio Raúl Zaffaroni. El conocimiento en el dolo. Pag. 527. Año 2005.Basándome principalmente en el material fílmico obrante en autos, advierto que el aquí imputado al realizar la maniobra que terminara con la vida de Silvia Edith Carboni, intentó alejarse del lugar donde se suscitaba un conflicto vehicular, tal como surge de su declaracion a tenor del art. 308 CPP de fs. 76/78 vta., y en mi opinión no pudo advertir la presencia de la víctima de autos o al menos, no surge de autos que la advirtiera y arremetiera contra ella. Nótese dos circunstancias que descartan de plano el dolo en su actuar: en primer término si hubiera tenido el dolo homicida, el aquí imputado abordo de un camión de gran porte como lo es el secuestrado en autos, hubiera podido arremeter con todo aquello que tenía por delante, aún con la camioneta Ford que se encontraba cruzada en la calzada por delante del camión. En segundo término, debe destacarse que el aquí imputado intento alejarse del lugar del conflicto sin la intención de dañar la camioneta antes mencionada y que interrumpia su paso, ya que a la izquierda la misma tenia sus puertas abiertas, lo que lo llevó a realizar la maniobra de esquive; es decir, que no tuvo voluntad de dañar un bien material, por lo que mal puede pensarse en su intención de quitarle la vida a una persona. Pero lo mas destacable es el hecho de que, de haber tenido el dolo homicida, se hubiera retirado del lugar del hecho luego de embestir a la víctima, es decir, no hubiera dado marcha atrás (por lo gritos de las personas presentes en el lugar) y mucho menos descender del camión para corroborar lo sucedido, quedando asi de forma inmediata y sin resistencia a disposición de la autoridad policial presente.

Como enuncia el Dr. Eugenio Zaffaroni en su libro ¨Estructuta Básica del Derecho penal” pag. 112; ¨El dolo es un concepto normativo que delimita el hecho psíquico. Como todo lo psíquico, solo puede conocerse por ser inferencia a parte de los datos objetivos.La valoración de tales datos – como cualquier conjunto de indicios- debe llevarse a cabo en cada caso y a su respecto. Cuando se pretende que del conocimiento se deriva la finalidad, se esta introduciendo un sistema de prueba legal de dolo, cuando se deja esa inferencia a cargo del juzgador. se adopta el criterio procesal de la sana crítica.¨

En segundo lugar, sin perjuicio de no estar criticada por la defensa, entiendo que siendo el presente un análisis de una medida de coerción, corresponde abordar la existencia de peligros procesales, en concordancia con los parámetros establecidos en el art. 148 del CPP. El análisis sobre la posible intención del imputado de evadir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación puede -según el caso- ser realizado valorando la severidad de la pena conminada en abstracto; la gravedad de los hechos concretos del proceso; la naturaleza del delito reprochado; el grado de presunción de culpabilidad del imputado; la peligrosidad evidenciada en su accionar y su actitud frente al daño causado; las circunstancias personales del encartado (individuales, morales, familiares y patrimoniales, si tiene arraigo, familia constituida, medios de vida lícitos, antecedentes penales o contravencionales, rebeldías o violaciones a la libertad condicional anteriores, procesos paralelos en trámite, entre otros) que pudieran influir u orientar su vida, el cumplimiento de futuras obligaciones procesales y aumentar o disminuir el riesgo de fuga; la posibilidad de reiteración de la conducta delictual; la complejidad de la causa y la necesidad de producir pruebas que requieran su comparecencia, así como la posibilidad de que obstaculice la investigación impidiendo o demorando la acumulación de prueba o conspirando con otros que estén investigados en el curso normal del proceso judicial; el riesgo de que los testigos u otros sospechosos pudieran ser amenazados; el estado de la investigación al momento de resolverse la cuestión; las consecuencias que sobre la normal marcha del proceso habrá de tener la eventual libertad del acusado; la necesidad de proceder a la extradición del justiciable; la conducta observada luego deldelito; su voluntario sometimiento al proceso, y en definitiva, todos los demás criterios que pudieran racionalmente ser de utilidad para tal fin. (Plenario N° 13 del 30/10/08 pronunciado por la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa ‘Díaz Bessone’ , Voto del Dr. Riggi).

Así pues y de conformidad con el criterio que esta Sala ha sostenido en otros pronunciamientos estimo que no se dan en el caso los dos presupuestos esenciales para mantener la medida de coerción oportunamente impuesta por el “a quo”. El primero es el “fumus boni iuris” o “apariencia o justificación del derecho subjetivo”. Ello significa que sólo quien se encuentre sindicado de la presunta comisión de un ilícito a partir de indicios concretos de criminalidad puede sufrir una limitación en sus derechos fundamentales.

El segundo presupuesto que tampoco se comprueba en autos es el “periculum en mora” o “el daño jurídico derivado del retardo del procedimiento”, que impone disponer las medidas necesarias y oportunas para evitar que se entorpezca la reconstrucción del acontecer histórico investigado impidiendo el ingreso al proceso de los medios de prueba disponibles, así como el aseguramiento de que el sospechado no se sustraiga al cumplimiento de sus obligaciones procesales o penales tanto personales como patrimoniales.

Sentado ello y analizando el caso concreto sometido a análisis, se advierte que existen indicadores claros que, a mi entender, tornan innecesaria la prisión preventiva de L.

En efecto, se debe destacar, en primer lugar, la actitud de L. al momento del hecho, y esto es tal como se desprende de la videofilmación de las cámara de seguridad, de donde surge que instantes luego del hecho automáticamente L. descendió del vehículo para conocer que había ocurrido y al encontrarse presente personal de la policía metropolitana es llevado demorado, sin que se advierta la mas mínima actitud evasiva y no demostró ningún tipo de conducta que indique falta de voluntad de someterse al proceder de la justicia.

Por otra parte se debe remarcar que, L.resulta ser un hombre de 61 años de edad, con demostrado arraigo y condiciones personales de vida del medio que lo rodea, ha vivido en el mismo domicilio toda su vida, tiene un familia constituida, excelente concepto vecinal y un trabajo fijo y permanente, lo que implica un aumento en las dificultades que este tendría si fuera su intención darse a la fuga.

A dichas circunstancias, debe sumarse la falta de antecedentes penales y el estado de salud del imputado que padece Hipertensión y Fibrilación Auricular Crónica, Y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica con episodios de broncospasmos, dicho cuadro clínico fue evaluado en el marco del pedido de excarcelación ordinaria y extraordinaria de donde a fs. 11/12 el médico de policía Dr. Marcelo Pavon determino que su permanencia en calabozo no era aconsejable y recomendó por peligro a descompensaciones su permanencia en el hospital carcelario.

Todo ello me inclina por revocar el fallo del ¨a quo”, y proponer el cese de la medida de coerción impuesta al imputado Roberto L.

Es mi voto.

A la misma cuestión planteada, el Señor Juez Dr. Ernesto A. A. García Maañón dijo:

Adhiero al voto del Dr. Duilio Alberto Cámpora, en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos (arts. 1, 14, 16, 18, 31 y 75 inc. 22 CN; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH; 9 ap. 1º y 3º PIDCyP; 3º y 11 ap.1° DUDH; I, XXV y XXVI DADyDH; 10, 11, 21, 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; 79 CP; 106, 144, 146, 148, 157, 169 incs. 1 y 3 a contrario sensu, 171, 210 y 434 CPP).

Es mi voto.

Por ello, el Tribunal

RESUELVE:

I. POR UNANIMIDAD, DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por los Señores Defensores Particulares de R. A. L., Dres. Germán Diego Balaz, Luciano Zorrilla y Hernán Zavalía Lagos, a fs. 25/32vta., contra el auto cuya copia obra a fs. 10/19vta., de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión primera (arts.168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; 21 inc. 1, 106 , 164, 421, 439, 441, 442, 443, 446 a contrario sensu y ccdtes. CPP).

II. POR MAYORÍA, NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto y CONFIRMAR el auto en crisis en todo cuanto fuera materia de recurso, de conformidad con los motivos expuestos al tratar la cuestión segunda (arts. 1, 14, 16, 18, 31 y 75 inc. 22 CN; 7mo., aps. 1º y 2º y 8.2 CADH; 9 ap. 1º y 3º PIDCyP; 3º y 11 ap.1° DUDH; I, XXV y XXVI DADyDH; 10, 11, 21, 168 y 171 Const. Prov. Bs. As.; 79 CP; 106, 144, 146, 148, 157, 169 incs. 1 y 3 a contrario sensu, 171, 210 y 434 CPP).

Regístrese, actualícese el RUD, notifíquese al Fiscal General y devuélvase de conformidad al Acuerdo Extraordinario de esta Alzada Nro. 693, encomendando al señor secretario del Juzgado actuante la realización de las notificaciones restantes, sirviendo el presente de atenta nota de envío.

Duilio Alberto Cámpora

Oscar Roberto Quintana

Ernesto A. A. García Maañón

 

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