Nuevo régimen de percepciones de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales. La realidad económica de un nuevo tributo: resoluciones generales 3378/12, 3420/12 y 3450/13

Autor: Careaga Quiroga, Sebastián

Fecha: 5-abr-2013

Cita: MJ-DOC-6218-AR | MJD6218

Doctrina:

Por Sebastián Careaga Quiroga (*)

La AFIP, mediante Resolución General 3378 , publicada en el BO el 31 de agosto de 2012, estableció un régimen de «adelantos de impuestos» (anticipos) de los impuestos a las ganancias y/o sobre los bienes personales que se aplica sobre las operaciones que allí se detallan.

El primer fundamento esgrimido para la creación de este régimen lo constituye el hecho de que, para la AFIP, los hechos generadores de la obligación constituyen un indicador efectivo de capacidad contributiva.

Ahora bien, las «operaciones» a las cuales alude la norma y a las que les atribuye la calidad de indicadores de capacidad contributiva no guardan ningún tipo de relación con los impuestos a los cuales se imputan dichos anticipos. (Ver hecho imponible del impuesto a las ganancias Ley 20.628 y hecho imponible del impuesto a los bienes personales Ley 23.966 ).

Lo expuesto resulta de suma importancia, dado que la propia AFIP en un dictamen estableció respecto a los anticipos del impuesto a las ganancias: «… por ser un pago a cuenta del impuesto, el cálculo del anticipo no se independiza totalmente de este, sino que por el contrario, su base debería estar constituida por la presunción del mantenimiento de la capacidad contributiva exteriorizada en el período anterior».

Tanto la alícuota establecida como las operaciones escogidas para la aplicación del régimen de percepción resultan, desde la óptica de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, sumamente caprichosa y arbitraria, ya que «no guardan relación alguna con una presunción de mantenimiento de capacidad contributiva exteriorizada el periodo anterior».

Es ilustrador el fallo de la CSJN “CADEPA Corporación Argentina de Productos Avícolas S.R.L.”, 12/9/1956, (238:787) en el cual se estableció: «El Poder Ejecutivo actúa en la esfera de sus facultades al exigir por vía de reglamentación el ingreso de anticipos […], basándolos en las operaciones del año precedente, por corresponder a una presunción razonable y que no desvirtúa el espíritu de la ley; tanto más cuando el contribuyente puede solicitar que se le dispense de aquella obligación, si las operaciones de año en curso no justifican el anticipo».

Dicho ello, podemos concluir contrario sensu que la resolución en análisis no resulta razonable y que desvirtúa el espíritu de la ley.

No caben dudas, desde mi humilde óptica, que se utilizó un sistema de «anticipos» -la elección de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales fue aleatoria- para frenar una realidad económica, elección esta que subsanó el problema que conlleva el dictado de una ley estableciendo un nuevo tributo a las operaciones en cuestión.

Si bien es cierto que La Ley 11.683 autoriza a la AFIP a efectuar una percepción de los tributos, la misma requiere que la percepción sea «en la fuente», esto es, «en el momento en que sucede el hecho generador del tributo». La resolución general en cuestión efectúa la percepción en una fuente distinta de los hechos generadores de la obligación de tributar impuestos a las ganancias o los bienes personales.

El peligro que representa, para la sociedad y para las instituciones, que se utilicen estos tipos de artilugios para violentar el principio de legalidad tributario no es menor.Nuestra Constitución Nacional es republicana, el principio de división de poderes no es nuevo, así como tampoco lo es la falta de atención que el país entero le da a este tipo de atropellos.

Muestra clara de lo expuesto resultan las «inconsistencias» de la norma que o bien no recabó en las consecuencias que puede traer aparejada la aplicación de esta «percepción» en determinados casos, o bien fue premeditada y tuvo un éxito rotundo.

Entre las consecuencias que puede traer aparejada la aplicación de esta norma encontramos que, en todos los casos en que se efectúe la percepción, se está violando palmariamente el principio de legalidad y el de razonabilidad.

En los supuestos en que el sujeto pasivo de la percepción esté adherido al régimen del monotributo y se encuentre exento del impuesto a los bienes personales, está tributando un adelanto de un impuesto que no lo alcanza o, en otras palabras, estará integrando un nuevo impuesto enmascarado en una percepción.

El hecho de que la norma prevea la posibilidad de concurrir a las dependencias de la Dirección General Impositiva para los sujetos que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias o, en su caso, impuesto a los bienes personales, termina de completar un cuadro tenebroso reflejo de la voracidad fiscal del Estado.

No satisfecha con ello, aprovechando la pasividad de los contribuyentes, la AFIP dictó la Resolución General 3379 mediante la cual amplió las «operaciones» comprendidas, incluyendo operaciones que sean canceladas mediante la utilización de tarjetas de débito y las compras de bienes y/o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas por residentes en el país, a través de portales o sitios virtuales y/o cualquier otra modalidad por la cual las operaciones se perfeccionen mediante la utilización de Internet en moneda extranjera.

Un simple análisis de las operaciones comprendidas nos permite afirmar que nos encontramos ante un nuevo tributo, y no ante un ANTICIPO como pretende encubrirlo la AFIP.

El principio de realidad económica en materia tributaria, del cual tanto se haescrito, es un claro norte para comprender el sentido de este atropello a los contribuyentes y a las instituciones.

Subiendo aún más su apuesta, la AFIP dicta la Resolución General 3450/13 ampliando las operaciones comprendidas a: las operaciones de servicios en el exterior contratados a través de viajes y turismo -mayorista y/o minorista- y a las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país.

Podemos concluir de lo expuesto -realidad económica- que nos encontramos ante un nuevo impuesto indirecto al consumo que tiene también una clara finalidad EXTRAFISCAL, el cual tiene claramente determinados los hechos imponibles (que nada tienen que ver con el impuesto a las ganancias ni a los bienes personales), con sus propias bases imponibles y alícuotas (que nada tienen que ver con las operaciones de años anteriores), así como los sujetos pasivos del mismo y sus propios vencimientos.

El hecho de que los montos ingresados tendrán para los sujetos pasibles el carácter de impuesto ingresado no obsta a lo expuesto anteriormente, no solo es un tema económico, sino formal.

La realidad económica nos indica que esta «percepción» implica un aumento del 20% en las operaciones «gravadas», que tienen fuertes consecuencias sobre los mercados afectados, impactando de lleno al consumidor de dichas operaciones, afectación esta que aumenta proporcionalmente a la menor capacidad contributiva de los mercados y sujetos pasivos afectados.

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(*) Abogado, UBA. Especialista en Derecho Penal Tributario y Derecho Tributario. Investigador, UNSL. Autor de artículos sobre temas de su especialidad.

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