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Inician juicio político a dos magistrados del caso Marita Verón

Susana TrimarcoSAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Los integrantes oficialistas de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana decidieron acusar a dos de los tres jueces que absolvieron a los 13 imputados del secuestro y la promoción de la prostitución de María de los Ángeles «Marita» Verón, en coincidencia con los 11 años de la desaparición de la joven.

Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena deberán enfrentar ahora el jury de enjuiciamiento, acusados de «falta de cumplimiento de los deberes a su cargo».

Emilio Herrera Molina quedó momentáneamente fuera del proceso de destitución, luego de que la Justicia obligara al gobernador José Alperovich a rever su decisión de no aceptarle la renuncia para acceder a su jubilación.

Sisto Terán, presidente de la comisión acusadora, señaló que «los magistrados no tomaron los recaudos necesarios para proteger a las testigos que habían sido víctimas de la trata de personas».

«Estamos convencidos de que habrá un antes y un después de este proceso en relación con la forma en la que deben ser tratadas las víctimas de explotación sexual cuando ofician de testigos o como víctimas. Queda claro que los camaristas ahora acusados no tomaron las previsiones para preservar la intimidad de los testigos e incluso mencionaron sus nombres en la sentencia», explicó Terán, quien era vicegobernador cuando desapareció Marita Verón.

Terán negó que se trate de una conspiración del gobierno en contra de los jueces. Sin embargo, Alperovich había señalado que haría todo lo que Trimarco pidiera.

El ex vicegobernador de Julio Miranda calificó de insólito el tiempo que se demoró la elevación a juicio oral y sugirió que hubo irregularidades, como la pérdida de varios cuerpos del expediente, y relató que existe un mail anónimo que denuncia un acuerdo sellado en la finca del abogado Cergio Morfil, quien defendió a los hermanos Víctor y María Jesús Rivero, ex pareja de Rubén «la Chancha» Ale, imputados por el crimen.

La acusación contra los jueces se basó en el supuesto maltrato del tribunal hacia las víctimas de trata que declararon durante las audiencias.

Sin embargo, los abogados Arnaldo Ahumada y José Toledo, que defienden a Piedrabuena, negaron que los jueces hayan maltratado a las víctimas.

«La actuación de la Comisión de Juicio Político está plagada de ilegalidades, arbitrariedades y desaciertos», señalaron los letrados.

Ricardo Bussi, el único opositor que integra la comisión, fue también el único que votó a favor de archivar la denuncia presentada por Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida.

La acusación será girada hoy al jury de enjuiciamiento, órgano que está integrado por Daniel Posse (ex funcionario de Alperovich y actual miembro de la Corte Suprema); cinco miembros de la Legislatura (los oficialistas Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, y el opositor Alberto Colombres Garmendia ); uno del Poder Ejecutivo (Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado y hermano de Daniel Posse), y un representante de los abogados, Sebastián Herrera Prieto.

En un proceso paralelo, los jueces Piedrabuena y Romero Lascano plantearon la inconstitucionalidad de la integración del jury de enjuiciamiento.

Esto está en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Además, recusaron a Daniel Posse por su amistad con el gobernador Alperovich, quien había señalado que haría todo lo que Trimarco le pidiera.

Fuente: La Nación

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