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El nuevo Código Civil que impulsa el Gobierno trae importantes cambios para las franquicias en Argentina

FranquiciasCuando Isaac Singer inventó la máquina de coser mecánica -allá por 1850- no imaginó que su forma de comercialización se iba a propagar de tal manera que en pleno siglo XXI continúa en vigencia y está en pleno auge.
Ocurre que Singer, para lograr una buena distribución de sus productos, entregó licencias a distintos emprendedores de todos los Estados Unidos, a quienes -además- les brindaba entrenamiento sobre el uso de la máquina.

En la actualidad, el sistema de franquicia tiene una extensión de mercado inagotable y ya alcanza a diversos sectores, como gastronomía, vestimenta y estética, por solo nombrar algunos rubros.
El punto central de este negocio es que el inversores -conocidos como franquiciados- deben invertir muy poco dinero para recibir un negocio ya funcionando, que a su vez es atrayente y conocido para los consumidores.

A pesar de su popularidad este tipo de vínculo contractual no está regulado en Argentina. No obstante, esta situación puede cambiar si se sanciona el Proyecto de Código Civil y Comercial que está analizando el Congreso.

Uno de sus temas clave dentro del contrato de franquicia es el de la información económica, financiera y técnica que previo a la celebración del mismo debe proporcionar el franquiciante al futuro franquiciado para que este pueda comprobar que la franquicia que va a tomar es un negocio realmente exitoso.
Que dice el proyecto
La iniciativa, en su artículo 1512, contempla que habrá franquicia comercial cuando una parte -franquiciante- otorga a otra -franquiciado- el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado.

Por otro lado, estipula que el franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor o, al menos, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato.

Desde el punto societario, es importante señalar que el que otorga no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado y que el plazo del contrato no puede ser inferior a dos años.

Otro de los aspectos que establece el proyecto, apunta al tema laboral. En efecto, el artículo 1520 dice que las partes son independientes y que no existe relación laboral entre ellas. En consecuencia:
El franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal en contrario.
Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral.
El franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia.
También se regulan las causas de extinción del contrato por muerte o incapacidad de cualquiera de las partes y se establece la imposibilidad de resolver el acuerdo sin justa causa dentro del plazo de vigencia original pactado entre las partes y declara aplicables las normas referidas a la resolución por incumplimiento.

Asimismo, se establece que los tratados con plazo menor a tres años justificado por razones especiales quedan extinguidos de pleno derecho al vencimiento del plazo.

Se prevé que, cualquiera sea el plazo de vigencia del contrato, la parte que desea concluir el mismo a la expiración del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas, debe preavisar a la otra con una anticipación no menor de un mes por cada año de duración, hasta un máximo de seis meses, contados desde su inicio hasta el vencimiento del plazo pertinente.

Agrega que en los acuerdos por tiempo indeterminado, el preaviso debe darse de manera tal que la rescisión se produzca, cuando menos, al cumplirse el tercer año desde su concertación.

En ninguno de estos casos se requiere invocación de justa causa y la falta de preaviso da derecho a una indemnización.

También establece una previsión referida a las cláusulas de no competencia por parte del franquiciado respecto de la comercialización de productos o servicios propios o de terceros después de extinguida la franquicia, lo cual puede hacerse, siempre que no se pacte por más de un año y dentro de un territorio razonable.
Con respecto al plazo, la especialista Victoria Darsaut advertió una «cierta incongruencia», dado que al plazo mínimo de dos años establecido en el artículo 1512, mientras que el artículo 1506 -primer párrafo- prevé un plazo mínimo de cuatro años.

«También, en el citado 1516, se consigna la posibilidad de pactar un plazo inferior (suponemos que inferior a cuatro años y no a dos) en situaciones especiales como ferias o congresos, actividades desarrolladas dentro de predios o emprendimientos que tienen prevista una duración inferior, o similares», agregó.
Por otro lado, dicho artículo establece que al vencimiento del plazo, el contrato se entenderá prorrogado tácitamente por plazos sucesivos de un año, salvo que exista una decisión expresa de una de las partes. Además, agrega que a la segunda renovación el mismo se transforma en un contrato por tiempo indeterminado.

«Se prevé la exclusividad para ambas partes, tanto en lo relativo al territorio como a la actividad o ramo de los negocios, con posibilidades de limitarla o excluirla por acuerdo de las partes», remarcó.

En el artículo 1520 se refuerza la idea de la independencia jurídica de las partes, al señalar que no existe relación laboral entre ellas y en consecuencia, se establece que, salvo disposición legal expresa en contrario, el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado.
Una visión desde el derecho del trabajo
Para Andrea Amarante, colaboradora de Microjuris.com.ar, la reforma pone de relieve un retroceso que en materia de derechos laborales.

Las diferentes salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) receptaron mayoritariamente el planteo de responsabilidad solidaria entre franquiciante y franquiciado, interpuesto por dependientes del segundo, en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

«El tratamiento normativo de este contrato en la reforma es una puerta que se abre al fraude laboral, sin embargo, solamente cuando se implemente, sabremos si el pequeño/mediano empresariado de nuestro país la cruzará a tropel o permanecerá en el marco de sostén normativo», consideró la especialista.

«La reforma lleva un sello legislativo: la involución hacia una jurisprudencia que priorizó el orden público económico por sobre los derechos laborales, mediante una interpretación restrictiva de institutos protectorios de la parte más débil de la relación de trabajo», agregó.

Por ese motivo -la importante expansión de este tipo contractual- la especialista sostiene que se hacía necesaria una clara delimitación normativa de las responsabilidades de ambas partes de este contrato respecto a los terceros y especialmente respecto a los trabajadores dependientes.

Según Amarante, con esta reforma se le quita de manera absoluta la responsabilidad al franquiciante y «en nada ayuda a la clarificación del tema de las deudas generadas por el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del franquiciado».

«Aparece como necesaria la búsqueda de soluciones alternativas para proteger a quien solo tiene su fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado. Si la franquicia -analizada a la luz del principio de la realidad- resulta asimilable a otros tipos de relaciones contractuales, actualmente reguladas como supuestos de cesión o subcontratación, entonces tal norma deberá aplicarse y, para ello, está el vigente art. 30 LCT», concluyó.

Fuente: Infobae

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