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Cerámica Alberdi S.A. c/ Ponape S. A. s/ consignación y Ponape A. A. c/ Cerámica Alberdi S.A. s/ cumplimiento contractual

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe

Fecha: 20-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-78415-AR | MJJ78415 | MJJ78415

Por mayoría se concedió el recurso extraordinario deducido si la decisión recurrida dejó firme la decisión de la Cámara que admitió una consignación en pesos, cuando la moneda pactada era en dólares estadounidenses y rechazó el cobro de dólares reclamado por el recurrente sin considerar la internacionalidad del contrato, lo que violó sus derechos de propiedad y debido proceso, por ostentar entidad suficiente para operar la apertura de la instancia federal.

Sumario:

1.-Corresponde conceder parcialmente el recurso extraordinario interpuesto por la compareciente para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pues del análisis de las actuaciones surge que se encuentra en discusión la interpretación y aplicación en el caso del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, como así también normas de indudable naturaleza federal, como lo es el decreto 410/2001, resultando la decisión atacada contraria al derecho que la recurrente sustenta en aquéllas, lo que constituye cuestión federal suficiente como para operar la apertura de la instancia extraordinaria intentada.

2.-Habiéndose reprochado arbitrariedad al fallo atacado por haber incurrido en diversos vicios – afirmaciones dogmáticas, incongruencia, autocontradicción, prescindencia del texto legal, omisión de tratar cuestiones decisivas, etc.- al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad local, dejando firme la decisión de la Cámara que admite una consignación en pesos, cuando la moneda pactada era en dólares estadounidenses y rechaza el cobro de dólares reclamado por su parte, omitiendo considerar, en suma, la internacionalidad del contrato, lo que viola sus derechos de propiedad y debido proceso, ostenta entidad suficiente para operar la apertura de la instancia federal impetrada al guardar relación directa con lo resuelto en los términos del art. 15 de la ley 48, por lo que el recurso en este aspecto debe ser concedido a fin de no privar al justiciable de una respuesta jurisdiccional.

3.-No advirtiéndose la configuración de ningún supuesto que permita excepcionar -en resguardo de eventuales derechos del justiciable- la aplicación de lo dispuesto en dicha acordada, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas (del voto en disidencia parcial de los Ministros Dres. Gastaldi y Netri).

4.-A los fines de la concesión parcial del recurso extraordinario interpuesto por la demandada para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabe atender a que se encuentran cuestionadas la inteligencia de un Tratado Internacional (Montevideo, 1940) y una ley del Congreso (Decreto 410/2001 ), y habiéndose resuelto en el marco de lo establecido en la legislación de orden interno, en caso de duda o disyuntiva, debe optarse por mantener viva la instancia, asegurándose que todo individuo pueda hacer uso del derecho de apelar ante él por recurso extraordinario cuando estime conculcados los derechos que la Constitución le reconoce (del voto de la Dra. Abele).

Fallo:

Santa Fe, 6 de marzo del año 2013.

VISTOS: Los autos «CERAMICA ALBERDI S.A. c/ PONAPE S.A. -Consignación- y PONAPE S.A. c/ CERÁMICA ALBERDI S.A. -Cumplimiento contractual- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD» (Expte. C.S.J. nro. 26, año 2009); y,

CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que por sentencia registrada en A. y S. T. 243, pág. 412/433 esta Corte -por mayoría- declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido por Ponape S.A. contra el fallo de fecha 24 de setiembre de 2007 dictado por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, mediante el cual se resolvió hacer lugar a la apelación deducida revocando la sentencia atacada; disponiendo en su lugar: a) acoger la demanda de consignación efectuada por Cerámica Alberdi S.A. y otorgarle fuerza de pago con los alcances precisados en los considerandos, y b) rechazar la demanda de cumplimiento contractual articulada por Ponape S.A.; con costas a cargo de Ponape S.A.

El fallo de este Tribunal es impugnado por Ponape S.A. a través del remedio extraordinario previsto por el artículo 14 de la ley 48.

Manifiesta que la sentencia atacada pone en tela de juicio la inteligencia de un tratado internacional (cuestión constitucional directa) y es arbitraria, en tanto carece de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, violando los artículos 17, 18, 19 , 28 , 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.

Afirma que la llamada ‘cuestión federal simple’ aparece en tanto la sentencia en recurso, so pretexto del carácter doméstico del caso, lo sustrae al Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, siendo la resolución contraria al derecho fundado en aquélla fuente (artículo 37) al excluir la aplicación del derecho uruguayo, al que tal fuente conduce.En cuanto a la arbitrariedad imputada, invoca los siguientes vicios que a su entender habilitan la instancia extraordinaria:

a) Afirmación dogmática o sólo aparente: en tanto la decisión recaída, sin considerar si el contrato es o no es internacional, llega a la conclusión de que la relación jurídica entre acreedor y deudor se somete al derecho privado argentino; y en tanto hace mérito de circunstancias inconducentes al derecho al cual debe someterse el pleito.

b) Incongruencia: porque se dirime la litis no en función del contrato cuyo cumplimiento se reclama, sino en base a otro acto jurídico (pago de una deuda de la deudora) pese a que tal pretensión no fue incoada en origen sino que fue traída sorpresivamente a la alzada.

c) Autocontradicción: al tener una afirmación por meramente argumentativa, cuando aquélla es decisoria.

d) Prescindencia del texto legal: en tanto omite aplicar el artículo 37 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 y del derecho uruguayo que aquél impone; como así también el artículo 1, inc. e) del decreto 410/2001, que excluye de la pesificación aquéllas obligaciones a las cuales resulte de aplicación la ley extranjera y de aquellos preceptos relativos a la concurrencia de identidad de modo, tiempo y lugar de la obligación.

e) Omisión de tratar cuestiones decisivas: en cuanto a la internacionalidad del contrato, la conducta de las partes como elección del derecho, la conducencia de conducta inequívoc a posterior al contrato y anterior a la litis y la transgresión a los propios actos.

f) Apartamiento de las constancias de autos:respecto de la modificación del lugar de pago consignada en el contrato (cláusulas complementarias), de la nacionalidad y domicilio de la acreedora, y del inequívoco comportamiento de las partes, ya alterado el lugar de pago antes del conflicto.

g) Falta de motivación respecto de la irrazonable interpretación del contrato.

h) Quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para la válida constitución del Tribunal y la emisión de sentencia, en tanto la decisión impugnada fue dictada por un Juez que previamente se había excusado y la sentencia no se dictó en acuerdo que fuera el producto de un intercambio racional de ideas, no alcanzándose la mayoría de opiniones coincidentes.

La tercer cuestión constitucional invocada refiere a la gravedad institucional en que a su entender se configura en el caso, por la intervención de un Juez que debiera haberse abstenido de emitir el voto en razón de haberse expresado con anterioridad y mantener, con el estudio que ofreció sus servicios a la deudora, una relación de estrecha amistad y por desprenderse de sus epítetos al negar la causal, una ostensible enemistad con el representante legal de la actora.

2. Encontrándose los presentes a estudio de esta Corte, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la admisibilidad, o no, del recurso federal interpuesto.

Ante todo corresponde señalar que cabe desestimar los planteos vinculados a arbitrariedad por quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para la válida constitución del Tribunal y la emisión de la sentencia, y gravedad institucional «por las vicisitudes originadas con la participación del doctor Aníbal Erbetta en la presente causa», dado que dichos cuestionamientos refieren a las sucesivas recusaciones y excusación del señor Ministro doctor Aníbal Erbetta, que fueron debidamente resueltas por la Corte en la oportunidad correspondiente, con fundamentos suficientes para sustentar desde una óptica constitucional el rechazo de los pedidos de apartamiento y la excusación de dicho Ministro.Frente a ello, el compareciente con lo alegado, que no es más que una reiteración de argumentos anteriores, no logra traspasar la mera disconformidad con lo resuelto por el Tribunal, ni acreditar siquiera mínimamente que estemos en presencia de un supuesto que exceda el interés de las partes en litigio. Máxime si tenemos en cuenta lo ya señalado en cuanto al régimen estricto que impera en materia de recusación de los miembros de esta Corte (A.y S. T. 101, págs. 148 y 150; T. 103, pág. 265, entre otros.); como así también que, por regla, las cuestiones vinculadas con la excusación o recusación de los jueces no constituyen materia atacable a través del recurso extraordinario previsto en la ley 48 , al aparecer en ellas comprometidas normas de derecho procesal cuya interpretación corresponde a los jueces de la causa, lo que no resulta en principio controlable por la vía excepcional intentada, no siendo suficiente para lograr el acceso a la instancia excepcional la invocación, sin demostración suficiente, de violaciones de derechos de raigambre constitucional o el interés institucional comprometido en el asunto (cfr. en tal sentido, A. y S., T.41, pág. 163; T. 68, págs. 246/247; T. 69, pág. 400; T. 79, págs. 302/303;T. 94, pág. 25; T. 109, págs. 343/348; T. 111, págs. 151/152, T. 114, pág. 272; T. 157, págs. 140/142; T. 196, págs. 104/107, entre otros; Fallos C.S.J.N.200:345; 241:22; 262:37; 276:465; 302:346; 303:220; 305:1745; 306:189; 311:565; 314:649; 317:771; 322:1941).

No ocurre lo mismo con los planteos de la compareciente referidos a que la sentencia recurrida, so pretexto del carácter doméstico del caso, lo sustrae al Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, siendo la decisión contraria a dicha fuente; como así tampoco con los agravios relativos a la arbitrariedad en que habría incurrido la Corte -en su voto mayoritario- al declarar la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad deducido por su parte.

Al respecto cabe señalar que del análisis de las actuaciones surge que se encuentra en discusión la interpretación y aplicación en el caso del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, como así también normas de indudable naturaleza federal, como lo es el decreto 410/2001, resultando la decisión atacada contraria al derecho que la recurrente sustenta en aquéllas, lo que constituye cuestión federal suficiente como para operar la apertura de la instancia extraordinaria intentada (cfr. Criterio de Fallos 315:1492; A. y S. T. 329, pág. 215)

A ello se suma que la arbitrariedad que la recurrente le endilga al fallo atacado por haber incurrido en diversos vicios (en esencia:afirmaciones dogmáticas, incongruencia, autocontradicción, prescindencia del texto legal, omisión de tratar cuestiones decisivas, apartamiento de constancias de autos y falta de motivación) al declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad local, dejando firme la decisión de la Cámara que admite una consignación en pesos, cuando la moneda pactada era en dólares estadounidenses y rechaza el cobro de dólares reclamado por su parte, omitiendo considerar, en suma, la internacionalidad del contrato, lo que viola sus derechos de propiedad y debido proceso, ostenta entidad suficiente para operar la apertura de la instancia federal impetrada al guardar relación directa con lo resuelto en los términos del artículo 15 de la ley 48, por lo que el recurso en este aspecto debe ser concedido a fin de no privar al justiciable de una respuesta jurisdiccional adecuada a lo que fue materia sustancial de agravio.

Por todo ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Conceder parcialmente el recurso extraordinario interpuesto por la compareciente para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme los términos que surgen del considerando precedente. Oportunamente ordénese la elevación de los autos.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GASTALDI(en disidencia parcial)-ABELE(por su voto)-FALISTOCCO-GUTIÉRREZ- MüLLER-NETRI(en disidencia parcial)-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI Y DE LA SEÑORA PRESIDENTA DOCTORA GASTALDI:

1. Que el recurso deducido por Ponape S.A. (fs. 921/939) contra la decisión de este Órgano registrada en A. y S. T. 243, pág.412, no cumple con los recaudos establecidos en el artículo 3 incisos «d» y «e» d el reglamento aprobado por la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al no lograr la interesada refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas y al no demostrar que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso.

2. Con relación a los agravios expuestos en torno al derecho aplicable a la relación jurídica existente entre las partes, cabe señalar que aquellos resultan insuficientes para la apertura de la vía federal.

Adviértase que este Tribunal destacó -con remisión a la argumentación brindada por la Cámara- los antecedentes fundamentales del contrato que vinculaba a Cerámica Alberdi con Ponape S.A. motivo de este litigio: que se celebró en la ciudad de Rosario un convenio de reconocimiento deuda en dólares estadounidenses el 27 de febrero de 1998, estableciendo como lugar de cumplimiento de las prestaciones mensuales dinerarias el domicilio del deudor -en la idéntica ciudad-; que se pactó la competencia de los Tribunales rosarinos para dilucidar los conflictos que se suscitaran; que con posterioridad se celebró convenio de cláusulas complementarias en Rosario el 28 de marzo de 2001 mediante el cual las partes ratificaron la vigencia de las cláusulas originales, agregándose que los pagos se efectuarían «mediante transferencia bancaria» a la cuenta que el acreedor le indicara al deudor; que con posterioridad el acreedor señaló la cuenta de una entidad bancaria uruguaya a aquel fin; cumpliéndose de ese modo los pagos subsiguientes.En función de todo ello, se entendió que aparecía razonable -como una posible solución aceptable constitucionalmente- considerar que el convenio de marzo de 2001 no había modificado el lugar de ejecución de las prestaciones y que, por ende, no se había alterado el derecho privado aplicable.

Frente a esta argumentación sobre dicho crucial extremo, la recurrente opone su visión particular del asunto, insistiendo con su postura de que al contrato se le debía aplicar el derecho privado extranjero. Para ello, invoca distintas hipótesis de arbitrariedad que, según dice, estarían configuradas en el «sub lite»: por afirmaciones dogmáticas, por incongruencia, por autocontradicción, por omisión de tratamiento de cuestiones decisivas y por falta de motivación.

Empero, estas articulaciones conducen a expresar su discrepancia sobre la intelección del contrato original y especialmente del convenio complementario ya aludido, materia ajena a la vía federal intentada.

Por lo demás, sobre tal aspecto, el impugnante no acompaña ningún precedente del Máximo Tribunal de la Nación que imponga su entendimiento ni tampoco demuestra la decisividad de su argumentación con fundamento en el Tratado de Montevideo.

3. Acerca de los reproches sustentados en la intervención del señor Ministro doctor Erbetta, comparto los fundamentos vertidos en el voto de los señores Ministros Gutiérrez y Spuler, sin que se logre configurar una hipótesis idónea para franquear la vía federal.

4. En suma, resultando innecesario formular mayores consideraciones de conformidad con lo ordenado en el artículo 11 del reglamento citado y no advirtiéndose la configuración de ningún supuesto que permita excepcionar -en resguardo de eventuales derechos del justiciable- la aplicación de lo dispuesto en dicha acordada, corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas.

Fdo.: GASTALDI-NETRI- Fernández Riestra (Secretaria)

VOTO DE LA SEÑORA JUEZA DE CÁMARA DOCTORA ABELE:

1. Contra la sentencia registrada en A. y S. T. 243, ps. 412/433 (fs.890 a 911) dictada por esta Corte -en voto dividido- que denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la empresa Ponape S.A. contra el fallo de la Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, Sala Cuarta, mediante la cual se hizo lugar al recurso de apelación y consecuentemente se hizo lugar a la demanda promovida por Cerámica Alberdi S.A., otorgándole fuerza de pago y se rechazó la demanda presentada por Ponape S.A. cuyo objeto era el cumplimiento del contrato suscripto entre las partes, imponiendo las costas a la parte perdidosa, Ponape S.A. promueve recurso extraordinario en el marco de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 48 (fs. 931 a 939).

2. Fundamenta su recurso expresando que tres son los tipos de cuestiones constitucionales que la sentencia en recurso ingresa, los que desarrolla: (i) asegura que bajo el pretexto de que el caso es de carácter doméstico, se lo sustrae del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, y que la resolución ha sido contraria al derecho fundado en dicha fuente -«cuestión federal simple», en la terminología utilizada por Guastavino-; (ii) reprochando que la sentencia objeto del recurso presenta afirmaciones dogmáticas o sólo aparentes, incongruencia, autocontradicción, prescindencia del texto legal, omisión de tratar cuestiones decisivas, apartamiento de las constancias de autos, falta de motivación y quebrantamiento de las formas sustanciales establecidas para la válida constitución del tribunal y la emisión de la sentencia, concluye que dichos vicios hacen que quede configurada la arbitrariedad; (iii) gravedad institucional, por la intervención de un juez que debió abstenerse de emitir el voto por haber emitido opinión con anterioridad y por su relación de amistad con los integrantes de uno de los estudios jurídicos intervinientes; (iv) gravamen personal concreto y actual fundado en la lesión al derecho de propiedad.

3.En esta instancia compete a este Tribunal expedirse sobre la admisibilidad o no, del recurso federal interpuesto, sin ingresar a la cuestión de fondo.

4. Respecto al reproche de gravedad institucional que se le formula al fallo recurrido, por la participación del señor Ministro doctor Erbetta, comparto los argumentos y conclusiones expresados por los señores Ministros doctores Gutiérrez y Spuler. Voto por desestimar este agravio.

En cuanto al planteo de la cuestión federal simple cabe reconocer que es verdad que la sentencia recurrida ha resuelto aplicando legislación doméstica y no el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, que era la normativa en la que encuadró su pretensión y cuya aplicación reclamaba el ahora recurrente. En estos supuestos resulta «. formalmente admisibles porque en autos se ha objetado la validez e inteligencia de normas federales y las sentencias definitivas dictadas por el superior tribunal de la causa han sido contrarias al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3ro., de la ley 48)». (CSJN; Recurso de Hecho – Breitfeld, Diego Ariel y otro c. Salvatierra, Marta del Valle y sus acumulados causas: B. 527 XLV «Breitfeld, Diego Ariel y otro c. Salvatierra, Marta del Valle s. art. 250 CPCC, y B.619 XLVI «Breitfeld, Diego Ariel y otros c. Salvatierra, Marta del Valle s. ejecución hipotecaria, http://www.csjn.gov.ar). En igual sentido, dictamen del Procurador General de la Nación en : «Horacio O. Albano Ingeniería y Construcciones SACIFi c. Banco Central de la República Argentina» S.C. H.39, LXLIII; «Monner Sans, Ricardo c. Estado Nacional s. amparo ley 16.986» S.C.G. 1326. XXXIX; «Transportes JAC de Andrés José Capararo c. YPF SA» S.C.T. Nro. 307.LXLII (www.csjn.gov.ar).

Respecto de la arbitrariedad adjudicada al fallo en crisis es oportuno recordar que esta Corte ha sostenido que si la «arbitrariedad esbozada se encuentra inescindiblemente ligada con cuestiones referentes a la interpretación y aplicación de normas de carácter federal, ., y que tales cuestiones guardan relación inmediata y directa con la materia del litigio, aparece prima facie configurado el supuesto previsto por el inciso 3ro. del artículo 14, conforme al cual es admisible el recurso extraordinario cuando se halla en tela de juicio la inteligencia de normas de carácter federal y la sentencia ha sido adversa a las pretensiones que la recurrente fundó en dichas disposiciones (Citas: CSJN, Fallos 302:1116; 305:2130; 310:471; 311:2063; 319:1357 y 1873; 320:2630; 321:747; 303:1595; 319;1357; CSJ Sta.Fe, A. y S. T. 152, p. 339)» (CSJSF; 18/05/2000; «Banco Integrado Departamental»; http://www.abeledoperrot.online2.com.ar; cita nro. 18/18193. En igual sentido: CSJN: Fallos 321:703; 323:2519; 324:4307).

En el caso, se encuentran cuestionadas la inteligencia de un Tratado Internacional (Montevideo, 1940) y una ley del Congreso (Decreto 410/2001), y se ha resuelto en el marco de lo establecido en la legislación de orden interno.

Se comparte la postura que sostiene que en caso de duda o disyuntiva, debe optarse por mantener viva la instancia, custodiando así en forma efectiva el derecho de defensa y «Al ser el Alto Tribunal de la Nación el custodio de las garantias constitucionales, como tal, tiene el deber de asegurar que todo individuo pueda hacer uso del derecho de apelar ante él por recurso extraordinario cuando estime conculcados los derechos que la Constitución le reconoce. Ello así en razón de que, como la propia Corte lo ha destacado desde 1864 -en oportunidad de fallar en la causa Calvete-, ella debe asumir su misión constitucional de interpretar la Carta Magna en forma final y definitiva (Citas: CSJN Fallos: 279:240; 297:338 Ver Texto; 246:237; Calvete, Fallos 1:340)» (CSJSF; 18/05/2000; «Banco Integrado Departamental»; http://www.abeledoperrot.online2.com.ar; cita Nro. 18/18195).

Por todo ello, considero que corresponde conceder parcialmente el recurso extraordinario interpuesto por la

demandada para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fdo.: ABELE- Fernández Riestra (Secretaria)

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