fbpx

Condena a la empresa de transporte y a la aseguradora por los daños que sufrieron los autos en exposición al ser impactados por un colectivo.

Colect.Partes: Vera Julio Adalberto y otro c/ Transporte Automotor Plaza S.A.C.I. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: F

Fecha: 11-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-77261-AR | MJJ77261 | MJJ77261

Se hizo lugar a la demanda y se condenó a la empresa de transporte accionada y a la aseguradora a indemnizar a los actores por los daños que sufrieron los automóviles que se encontraban en exposición en su local de venta de autos usados, los que fueron impactados por un colectivo protagonista de un accidente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a la empresa de transporte y a la aseguradora a indemnizar a los actores por los daños que sufrieron los automóviles que se encontraban en su local de venta de autos usados que fueran impactados en un accidente por un colectivo.

2.-Los actores necesariamente se vieron perjudicados por los daños que sufrieron los vehículos que se encontraban dentro de su local a fin de ser vendidos, es que aun en el supuesto de que no fuesen ellos los titulares de los referidos automóviles, al hallarse estos últimos dentro del local de su propiedad -destinado a la venta de autos usados- de todos modos deberían responder ante los eventuales propietarios por los daños producidos a los vehículos mientras eran exhibidos en su negocio.

3.-Aunque los actores no hayan acreditado en autos ser propietarios de los autos dañados en el accidente que se encontraban en su local al ser impactados por el colectivo de la accionada, su legitimación para reclamar el resarcimiento en análisis resulta incuestionable en orden a lo dispuesto por el segundo párr. del art. 1110 del CCiv., pues resulta indudable que el daño a los vehículos ubicados en el local destinado a la venta de automóviles usados le ha irrogado perjuicio al derecho de los titulares del negocio, hayan sido ellos propietarios, poseedores, usufructuarios, usuarios o hubiesen tenido la cosa con la obligación de responder, como contempla la norma citada.

4.-La fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser ponderada en concordancia con las reglas de la sana crítica y los restantes elementos de juicio que obran en la causa y el juez puede apartarse del asesoramiento del perito cuando su informe contenga deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho o por fallas lógicas del desarrollo de los razonamientos empleados que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación.

5.-Además de que a la peritación del profesional designado de oficio debe reconocérsele imparcialidad, de la lectura del acto impugnatorio no se vislumbran los errores sobre técnicas aplicadas y/o sobre los principios científicos en los que se sustentó la experta, tal como lo impone el segundo párrafo del art. 472 del CPCCN.

6.-La opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre la del experto, máxime cuando aquellas aserciones carecen de fundamento técnico y no tienen la entidad suficiente para enervar estas últimas, ya que aun cuando el dictamen pericial no tenga carácter vinculante para el juez, el apartamiento de las conclusiones establecidas por el perito debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que su opinión se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia.

7.-La pérdida de la chance es un daño actual resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de obtener un beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable, y que la apreciación de la entidad y suficiencia de la probabilidad en cuestión es materia dependiente de las características y circunstancias de cada caso, que están libradas a la prudente estimación judicial.

8.-En el caso, los actores no han aportado elemento alguno tendiente a acreditar pérdida de la chance; nótese que la perito contadora designada en autos manifestó que no pudo tener acceso a los registros contables e impositivos de la parte actora y por lo tanto no pudo determinar a cuanto ascendían las ganancias que percibían los actores.

9.-Cabe recordar que el resarcimiento de la partida en estudio exige la frustración de obtener un perjuicio económico, siempre que éste cuente con probabilidad suficiente. De tal manera, si, como ocurre en el presente caso, no existen constancias que permitan determinar la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto, corresponde rechazarla (Conf. CNCiv., Sala G , mayo/5/2009, Sarmiento, Norberto E. y otros c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín y otro s/ daños y perjuicios , L.525.166).

10.-En cuanto a la extensión de la condena a la aseguradora, es de aplicación al caso la doctrina del fallo plenario dictado el 13 de diciembre de 2006 en los autos Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios y Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios .

11.-El 20 de abril de 2009 esta Cámara dictó una nueva doctrina plenaria en torno al tema de los intereses en los autos Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios en el cual se dejó sin efecto la anterior interpretación que había sido fijada en los fallos plenarios Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios del 2/8/93 y Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios del 23/3/04.

12.-En el nuevo fallo plenario Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios , se consideró conveniente establecer la tasa de interés moratorio, cuando no ha sido pactada o prevista legalmente, y se dispuso que corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, pero mediante una solución de consenso el tribunal en pleno admitió que esa tasa de interés debía computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, aunque se dejó a salvo el supuesto en que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

13.-Toda vez que el importe fijado en concepto de daños materiales fue el estimado por el perito ingeniero a las fechas en que fueron vendidos los vehículos en cuestión y estas fueron cercanas a la fecha en que ocurrió el accidente que motivó estas actuaciones, la aplicación de la tasa activa no ha de producir una alteración del contenido económico del pronunciamiento.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 11 días del mes de septiembre de 2012, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala «F» para conocer en los autos del epígrafe, respecto de las cuestiones sometidas a su decisión, a fin de determinar si es arreglada a derecho la sentencia apelada.

Practicado el sorteo correspondiente resultó el siguiente orden de votación: Sres. Jueces de Cámara Dres. GALMARINI. POSSE SAGUIER. ZANNONI.

A las cuestiones propuestas el Dr. Galmarini dijo:

I.- Julio A. Vera y Rubén J. González promovieron la presente demanda contra «Transporte Automotor Plaza S.A.C.I.» por los daños derivados del accidente ocurrido el día 29 de julio de 2008, sobre la avenida Mosconi en su intersección con la calle Amenabar de la localidad de San Justo, Provincia de Buenos Aires. Solicitaron la citación en garantía de «Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros.».

La Sra. jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la accionada a abonar al coactor Julio A. Vera la cantidad de $27.500 y al coactor Rubén J. González la suma de $27.000, con más los intereses y costas del proceso. Hizo extensiva la condena contra la citada en garantía.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron los actores y la empresa demandada. Los primeros expresaron agravios a fs. 451/60 y la demandada lo hizo a fs. 466/70.Los memoriales fueron contestados a fs.472/5 y 477/vta.

Los agravios de las recurrentes apuntan únicamente a cuestionar aspectos relacionados con el monto indemnizatorio fijado en la sentencia de grado y la oponibilidad de la franquicia opuesta por la aseguradora citada en garantía.

II.- Daños materiales:

Se queja la demandada por considerar excesivo el importe fijado por el magistrado en concepto de «daños materiales» ($55.000).

Bajo este acápite los actores reclamaron una indemnización por el menor valor obtenido de la venta de los vehículos que se encontraban en el local y resultaron dañados a raíz del accidente de marras.

Al fundar el agravio en análisis, la demandada critica el informe pericial elaborado por el perito ingeniero designado en autos y en el que la magistrada se basó para determinar la cuantía del resarcimiento fijado por «daños materiales». Sostiene la recurrente que la valuación que surge de la peritación respecto de los daños sufridos por los automóviles que se encontraban en el local contra el que impactó el colectivo, resulta infundada y es el resultado de «meras especulaciones del experto» ya que aquél no pudo examinar dichos rodados a fin de verificar el estado en que quedaron luego del siniestro de marras.

Por otra parte, alegan que los actores no han acreditado ser titulares de los vehículos en cuestión, por lo que carecerían de legitimación para efectuar el reclamo en análisis.

Con respecto a este último punto es de señalar que mediante el acta de constatación labrada el día del accidente y las fotografías acompañadas por los actores se ha acreditado que los vehículos allí individualizados se encontraban dentro del local en el que se introdujo el colectivo de la demandada y sufrieron importantes daños, que fueron descriptos en el aludido instrumento.

También obran agregados en autos los boletos de compraventa relativos a los vehículos antes referidos (fs.20/28).

Los elementos apuntados permiten colegir que los actores necesariamente se vieron perjudicados por los daños que sufrieron los vehículos que se encontraban dentro de su local a fin de ser vendidos. Es que aun en el supuesto de que no fuesen ellos los titulares de los referidos automóviles, al hallarse estos últimos dentro del local de su propiedad -destinado a la venta de autos usados- de todos modos deberían responder ante los eventuales propietarios por los daños producidos a los vehículos mientras eran exhibidos en su negocio.

Es así que aunque no hayan acreditado en autos ser propietarios, su legitimación para reclamar el resarcimiento en análisis resulta incuestionable en orden a lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 1110 del Código Civil, pues resulta indudable que el daño a los vehículos ubicados en el local destinado a la venta de automóviles usados le ha irrogado perjuicio al derecho de los titulares del negocio, hayan sido ellos propietarios, poseedores , usufructuarios, usuarios o hubiesen tenido la cosa con la obligación de responder, como contempla la norma citada.

A fs. 126/9 obra un acta notarial labrada el día del accidente que motivó estas actuaciones. En el referido instrumento el escribano actuante dejó constancia del estado en el que se hallaba el local de los actores luego del infortunio y de los vehículos que se hallaban en su interior, detallando los daños sufridos por dichos rodados.

El perito ingeniero designado de oficio en estos autos presentó su dictamen a fs. 368/71.Allí el referido profesional informó que resulta imposible establecer el valor de venta objetivo en que quedaron las unidades dañadas después del accidente debido a la forma en que se registraron las averías (mediante el acta de constatación antes referida). Explicó que resulta complejo establecer el valor de reparación de un daño como «bollos varios» o «muy abollado» ya que el costo de su reparación varía desde el precio que cobra un saca bollos, el importe de uno o dos días de chapa cobrado por un chapista, el importe del repuesto si fue necesario reponer alguna parte y la cantidad de daños de pintura involucrados (fs. 370 vta., pto. d).

Sin perjuicio de ello sostuvo: «considerando que el valor de un vehículo está dado por su modelo y año de fabricación, variando en más o en menos de acuerdo a su estado, a juicio de este experto resultaría más representativo del daño económico provocado, la diferencia entre precio en el mercado del vehículo a la fecha de venta y el importe que se habría abonado por el vehículo en el estado en que se encontraba. Estos datos pueden ser objetivamente obtenidos de las publicaciones dedicadas a este rubro y el precio de venta registrado en los boletos obrantes en autos y ofrecidos como prueba (fs. 370 vta.).

Seguidamente el profesional elaboró una tabla, considerando el valor de venta del vehículo, de acuerdo a su año y modelo a la fecha de venta y el precio de venta consignado en los boletos de compraventa adjuntados por los accionantes. En el referido cuadro consignó como valor de desvalorización de los rodados en cuestión el importe de $55.000.

Finalmente el perito afirmó que los valores a los que se vendieron los automóviles afectados eran adecuados, de acuerdo a los daños sufridos por cada rodado.

A fs. 374/vta.la demandada impugnó el peritaje en cuestión alegando que el profesional habría incurrido en una contradicción al sostener primero que era imposible determinar los daños reales sufridos por las unidades y luego afirmar que los valores de venta eran correctos.

El perito respondió la impugnación afirmando que las respuestas brindadas en su dictamen no eran contradictorias sino que se complementaban y que los valores a los que se vendieron los automóviles en cuestión fueron adecuados de acuerdo a los daños que se pueden inferir a través de la observación de las fotografías acompañadas en autos y la descripción de los daños efectuada en el acta notarial ofrecida como prueba (fs. 380).

La fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser ponderada en concordancia con las reglas de la sana crítica y los restantes elementos de juicio que obran en la causa y el juez puede apartarse del asesoramiento del perito cuando su informe contenga deficiencias significativas, sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho o por fallas lógicas del desarrollo de los razonamientos empleados que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación.

Además de que a la peritación del profesional designado de oficio debe reconocérsele imparcialidad, de la lectura del acto impugnatorio no se vislumbran los errores sobre técnicas aplicadas y/o sobre los princi­pios científicos en los que se sustentó la experta, tal como lo impone el segundo párrafo del art. 472 del Código Procesal.

Es de recordar que la opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre la del experto, máxime cuando aquellas aserciones carecen de fundamento técnico y no tienen la entidad suficiente para enervar estas últimas, ya que aun cuando el dictamen pericial no tenga carácter vinculante para el juez, el apartamiento de las conclusiones establecidas por el perito debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que su opinión se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia ( Conf.Palacio, «Derecho Procesal Civil», T IV, pág. 720; CNCiv. Sala «F», febrero/28/1994, «Expreso Esteban Echeverría c/ Empresa Monte Grande s/ daños y perjuicios», L. 132.097), lo cual entiendo, en el sub-lite, no ha ocurrido.

Por lo expuesto, considero que la cantidad de $55.000 fijada por la magistrada, con fundamento en el peritaje antes analizado, para resarcir el rubro en análisis resulta adecuada por lo que propongo su confirmación.

III.- Pérdida de chance:

Se agravian los demandados por cuanto la sentenciante desestimó el reclamo efectuado en concepto de «perdida de chance de ganancias».

Bajo este acápite los actores solicitan la indemnización de la posibilidad de obtener ganancias mediante la venta de automóviles, que se vio frustrada a consecuencia del siniestro de marras.

Al respecto se ha sostenido que la pérdida de la chance es un daño actual resarcible cuando implica una «probabilidad suficiente» de obtener un beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable, y que la apreciación de la entidad y suficiencia de la probabilidad en cuestión es materia dependiente de las características y circunstancias de cada caso, que están libradas a la prudente estimación judicial (Jor ge J. Llambías, «Obligaciones» T.I, p.296, nº 241, nota nº 20, 2a. Ed. actualizada, Ed. Perrot, Bs. As., 1973).

En el caso, los actores no han aportado elemento alguno tendiente a acreditar el perjuicio en cuestión. Nótese que la perito contadora designada en autos manifestó que no pudo tener acceso a los registros contables e impositivos de la parte actora (fs. 316/17) y por lo tanto no pudo determinar a cuanto ascendían las ganancias que percibían los actores.

Cabe recordar que el resarcimiento de la partida en estudio exige la frustración de obtener un perjuicio económico, siempre que éste cuente con probabilidad suficiente. De tal manera, si, como ocurre en el presente caso, no existen constancias que permitan determinar la existencia de un perjuicio con un concreto grado de probabilidad de convertirse en cierto, corresponde rechazarla (Conf.CNCiv., Sala «G», mayo/5/2009, «Sarmiento, Norberto E. y otros c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín y otro s/ daños y perjuicios», L.525.166).

Por lo tanto estimo que los actores no han logrado acreditar debidamente que a causa del accidente que motivó estos actuados hayan visto frustrada una posibilidad concreta de obtener determinado beneficio económico, voto por confirmar la sentencia de grado en cuanto desestimó el reclamo formulado por el rubro «pérdida de chance».

IV.- Franquicia:

Se agravian los accionantes por cuanto la magistrada resolvió hacer extensiva la condena a la citada en garantía «en la medida del seguro» y omitió expedirse sobre la cuestión relativa a la oponibilidad de la franquicia alegada por la aseguradora al contestar la demanda.

Es de aplicación al caso la doctrina del fallo plenario dictado el 13 de diciembre de 2006 en los autos «Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. s/ daños y perjuicios» y «Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro s/ daños y perjuicios» .

Para concluir así formularé las siguientes aclaraciones. En ese fallo plenario, adherí al criterio de la minoría, a cuyos fundamentos me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias y de dejar aclarada mi opinión en cuanto a la inoponiblidad al tercero damnificado del descubierto obligatorio previsto en la Resolución 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros. Pero, pese a mi opinión contraria a la doctrina sustentada por la mayoría del tribunal, juzgo que por aplicación del art.303 del Código Procesal corresponde resolver de conformidad con dicha doctrina plenaria y confirmar en este punto el pronunciamiento apelado.

Reiteradamente he sostenido que la circunstancia de que la Corte Suprema se haya expedido también sobre el recurso extraordinario deducido en los mismos autos en los que se dictó el fallo plenario y en sentido contrario, no cambia la solución, pues mientras no se modifique dicho fallo por otro plenario o por modificación de la ley (CNCiv. en pleno, julio 15/1977, «Kartopapel S.A.C.I. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires», E.D. T. 74, p. 322; J.A. T. 1977-III, p. 547; L.L. T. 1977-C, p. 366) resulta obligatorio para el fuero y debe resolverse de conformidad con esa doctrina, aunque sea distinta a la propiciada por la Corte. El Alto Tribunal sólo decide sobre el pronunciamiento del caso concreto emitido por la Sala correspondiente que interviene en el expediente en el que se dictó el plenario, por lo que la decisión contraria recae en esa causa, que es lo único que puede ser sometido a conocimiento de la Corte Suprema mediante recurso extraordinario. No puede serlo la doctrina plenaria en sí misma, que no decide un caso, sino que determina la doctrina legal obligatoria para el fuero en el que se dicta.

Si el tribunal al dictar el fallo plenario carece de facultad para emitir pronunciamiento sobre el caso particular (Carlos Eduardo Fenochietto, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», t.2, p. 156, n° 1 a), y sólo debe decidir sobre la doctrina legal obligatoria que establece en forma general la interpretación única que debe hacerse de la ley en cuestión, no cabe duda de que en ese pronunciamiento del pleno no hay decisión sobre el caso concreto y particular, y por tanto el plenario en sí mismo no es susceptible de ser atacado mediante un recurso extraordinario y sí, en cambio, lo es la decisión de la Sala que decida sobre ese caso particular.Aun cuando en algún caso -como pudo ocurrir en los autos «Gauna c/La Economía»- el fallo plenario definiera la situación allí controvertida en razón del alcance de los recursos que en ese caso se habían deducido, la decisión posterior contraria emitida por la Corte Suprema sólo tiene el alcance limitado a ese caso concreto, pero no podría alcanzar a la doctrina plenaria, la que en sí misma no es susceptible de ser dejada sin efecto por la Corte Suprema. Lo expuesto es suficiente para concluir en que resultaba obligatorio para la sentenciante la aplicación del fallo plenario, dictado el 13/12/2006, en los autos «Obarrio María Pía v. Microómnibus Norte S.A. y otro» y «Gauna, Agustín v. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro», aunque se haya pronunciado en contra la Corte en los recursos extraordinarios deducidos en ambos procesos en los que se pronunció la Cámara en pleno (CNCiv. Sala F, agosto 17/2010, «Gambarte, Roberto Martín c/ Transporte Larrazabal CISA (Línea 117) y otro s/daños y perjuicios», L. 544.706).

Estos fundamentos y los demás expresados en los votos emitidos en precedentes de las Salas «F» y «L» de esta Cámara (CNCiv. Sala F, marzo 8/2008, «Calderón, Héctor R. v. Línea de Colectivos 168 y otro s/daños y perjuicios», L. 493.822; id. Sala F, fallo antes citado, agosto 17/2010, L. 544.706; id. Sala «L», septiembre 16/2009, «Cohen, Daniel Edgardo y otro c/ Transportes Automotores Lujan S.A.C.I. TALSA Línea 52 y otros s/ daños y perjuicios», L. 520.868; id. Sala «L», marzo 17/2010, «De la Concepción, Elvira c/ Modo S.A. y otros s/ daños y perjuicios», L. 539.069, entre otros), a los que me remito en homenaje a la brevedad, me llevan a concluir en que es obligatoria obligatoria para el fuero civil la doctrina del plenario dictado en los autos antes mencionados.Por ello, habrá de modificarse este aspecto del pronunciamiento apelado, disponiendo que la franquicia alegada por la citada en garantía resulta inoponible a los demnificados.

V.- Intereses:

La Sra. jueza de primera instancia dispuso que los intereses relativos a los montos indemnizatorios admitidos en la sentencia habrán de devengarse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el día en que se produjo el accidente hasta su efectivo pago.

La demandada solicita que se fijen intereses a la tasa del 6% anual.

El 20 de abril de 2009 esta Cámara dictó una nueva doctrina plenaria en torno al tema de los intereses en los autos «Samudio de Martínez, Ladislao c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» en el cual se dejó sin efecto la anterior interpretación que había sido fijada en los fallos plenarios «Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios» del 2/8/93 y «Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios» del 23/3/04.

Ahora bien, en el nuevo fallo plenario se consideró conveniente establecer la tasa de interés moratorio, cuando no ha sido pactada o prevista legalmente, y se dispuso que corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, pero mediante una solución de consenso el tribunal en pleno admitió que esa tasa de interés debía computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, aunque se dejó a salvo el supuesto en que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.

Toda vez que el importe fijado en concepto de «daños materiales» fue el estimado por el perito ingeniero a las fechas en que fueron vendidos los vehículosen cuestión y estas fueron cercanas a la fecha en que ocurrió el accidente que motivó estas actuaciones, la aplicación de la tasa activa antes referida no ha de producir una alteración del contenido económico del pronunciamiento. Consecuentemente habrá de confirmarse este aspecto de la sentencia.

En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la sentencia recurrida, con costas de alzada por su orden de acuerdo a la forma en que prosperaron los recursos.

Por razones análogas a las aducidas por el vocal preopinante los Dres. POSSE SAGUIER y ZANNONI votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.

JOSE LUIS GALMARINI.

FERNANDO POSSE SAGUIER.

EDUARDO A. ZANNONI.

Es copia fiel de su original que obra en las páginas N° a N° del Libro de Acuerdos de esta Sala «F» de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, septiembre de 2012.

AUTOS Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia recurrida. Con costas de alzada por su orden.

En atención al monto del proceso, trabajos realizados, apreciados por su importancia, extensión y calidad, resultado obtenido, etapas cumplidas, teniendo en cuenta las apelaciones por altos de fs. 407 y 417 y por bajos de fs. 417, punto III y 429 y lo dispuesto por los arts. 6, 7 , 9, 10 , 37, 38 y concs. de la ley 21.839 y en lo pertinente por la ley 24.432 , se regulan los honorarios del DR. RAFAEL MATOZO GEMIGNANI, letrado apoderado del actor, en la suma de ($.) y los del DR. MARIANO EDUARDO ANGEL LIZARDO en la suma de ($.). Asimismo, se confirman por ajustados los honorarios del DR. FERNANDO JOSE EUSTAQUIO GARCIA, letrado apoderado de la demandada «Transportes Plaza SACI» y los de la DRA. MARIA DEL CARMEN CIRIGLIANO. También se confirman por ajustados los honorarios de las DRAS. GABRIELA ALEJANDRA MOZOLEWSKI y LARISA M.MENENDEZ, letradas apoderadas de la citada en garantía, «Protección Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros».

Por la tarea realizada por el perito ingeniero JOAQUIN GUMERSINDO VILLAR -ver informes de fs. 366/371 y fs. 380-, apreciada por su importancia y calidad y teniendo en cuenta las apelaciones por altos de fs.407 y 417 y por bajos de fs. 410, lo dispuesto por decreto ley 7887/55 (modif.por el dec. ley 16.146/57 y ley 21.165 ), y en lo pertinente por la ley 24.432 , se regulan sus honorarios en la suma de ($.).

Por la labor realizada por el perito contador EMILIO M. LLORENS -ver informes de fs. 316/319 y fs. 329/331-, apreciada por su importancia y calidad, teniendo en cuenta las apelaciones por altos de fs. 407 y 417 y lo dispuesto por el decreto ley 16.638/57 y en lo pertinente por la ley 24.432, se confirman sus honorarios, apelados únicamente por altos.

Por la labor en la alzada (art. 14 del arancel) se regulan los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, DR. RAFAEL MATOZO GEMIGNANO en la suma de ($.) y los de la DRA. MARIA DEL CARMEN CIRIGLIANO, letrada apoderada de la parte demandada en ($.). Notifíquese y devuélvase.

José Luis Galmarini

Fernando Posse Saguier

Eduardo A. Zannoni

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: