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Tras 14 horas de debate en el Congreso, el documento por la investigación de la causa AMIA recibió 131 votos a favor y 113 en contra. Hubo fuertes objeciones de la oposición, que no logró su objetivo de frenar la sesión no dando el quórum necesario. La comunidad judía manifestó su rechazo.
En sesiones extraordinarias y luego de 14 horas de discusión, la Cámara baja aprobó el proyecto que avala el acuerdo entre la Argentina y Teherán para interrogar a dirigentes iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
El documento fue aprobado cerca de las 2 de la madrugada del jueves, por 131 votos a favor y 113 en contra.
Durante la sesión, el proyecto del Ejecutivo fue duramente cuestionado, entre otros aspectos, por “inconstitucional”, “garantizar la impunidad en la causa AMIA”, “blanquear el régimen iraní” y “dar de baja las alertas rojas de Interpol que pesan sobre cinco ciudadanos iraníes”, según dijeron los opositores.
Para habilitar su tratamiento y garantizar el quórum de 129 presentes, el oficialismo hizo volver a sus bancas a dos diputados que habían pedido licencia y debieron renunciar a sus cargos provinciales -el chubutense Carlos Eliceche y la tucumana Beatriz Mirkin-, lo cual generó fuertes críticas y el planteo de algunas cuestiones de privilegio por el episodio.
Aunque en realidad a las 12:15 de ayer, 15 minutos antes de cumplirse la media hora de tolerancia, el Frente para la Victoria celebró tener en sus bancas 130 diputados, que treparon enseguida a 132, cuando se ubicaron en sus sitios el jefe del bloque, Agustín Rossi, y su vicepresidenta, Juliana di Tullio. Al comenzar formalmente la sesión, había 135 diputados en el recinto.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el kirchnerista Guillermo Carmona, defendió el proyecto oficial al asegurar que el objetivo “central” del memorándum “es que presten declaración indagatoria los imputados iraníes” por el atentado a la mutual judía, cometido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertos.
Señaló que Irán “es un Estado que no está denunciado en la causa como imputado” y que “no hay posibilidad” que se lo someta a proceso porque, de comprobarse su participación, sería una responsabilidad de tipo política pero no penal.
Carmona enfatizó que las alertas rojas de Interpol que pesan sobre cinco ciudadanos iraníes sospechados por el atentado “no se pueden modificar sin intervención del juez de la causa”, por lo cual siguen vigentes.
No obstante, el memorándum recibió fuertes objeciones. Por caso, la presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, acusó, por su lado, al Gobierno de “no querer esclarecer los crímenes” producto del ataque terrorista, y denunció que se sometió la causa “a las necesidades, primero que nada, financieras y fiscales” del Ejecutivo.
Para el macrista Pablo Tonelli, el convenio “es inconstitucional” porque se distancia de la Carta Magna que “establece la competencia” de los tribunales argentinos y la tramitación y decisión de todas las causas bajo “las leyes de la Nación”. Asimismo, el legislador alertó que no se puede considerar como “declaración indagatoria” la que se le tome en Irán a los acusados.
La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió que el acuerdo con Irán es “demasiado peligroso”, y acusó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de “cambiar la política exterior” en línea con la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y con ello de “meterse en el conflicto de Medio Oriente con implicancia nuclear”.
También el radical Mario Negri dijo que el entendimiento termina “con uno de los consensos básicos más importantes” mantenidos en esta etapa democrática de la Argentina, que es la “búsqueda de verdad y justicia” por el atentado a la mutual judía.
Al respecto, el peronista disidente Felipe Solá señaló que la llamada Comisión de la Verdad, que habilita el memorándum, es en realidad “una comisión pseudojudicial” que contará con “un carácter supranacional por encima del Código Penal Argentino”. En tal sentido, acusó al canciller Héctor Timerman de ser “tibio” y favorecer a un “blanqueo” de Irán.
Mientras, el jefe de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, indicó que el “memorando” es “un error”, y reclamó “la desclasificación total de los archivos de la SIDE que tienen que ver con la causa de la AMIA, y la creación de una comisión investigadora independiente”.
Fuente: http://www.iprofesional.com/
