El hecho de que el trabajador fuera formalmente beneficiario del Plan Jefes y Jefas de Hogar no es incompatible con la procedencia del reclamo

336660Partes: Orieta Azucena del Carmen c/ Provincia Seguros A.R.T. S.A. s/ indemn. por fallecimiento

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 30-nov-2012

Cita: MJ-JU-M-76683-AR | MJJ76683 | MJJ76683

Aún cuando no pueda determinarse la existencia de una prestación laboral subordinada si se han aprovechado de la prestación de tareas del actor los demandados deben hacerse cargo de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del infortunio sufrido, ya que el hecho de que aquel fuera formalmente beneficiario del Plan Jefes y Jefas de Hogar no es incompatible con la procedencia del reclamo a través de la vía civil.

Sumario:

1.-Aun cuando en la demanda se hayan invocado disposiciones de derecho del trabajo para fundar el reclamo, en virtud del principio iura novit curia , corresponde al juez la aplicación del derecho, con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen.

2.-La reparación de daños y perjuicios en el marco de las normas del derecho común, resulta indiferente la determinación de la existencia de una relación laboral en los términos del art. 23  de la LCT. por cuanto la responsabilidad consagrada en el art. 1113  y cc. del CCiv. recae sobre quien resulta dueño o guardian de la cosa productora del daño, entendiéndose que la guardia jurídica se vincula con el aprovechamiento económico de la cosa. Así, y debe considerarse tal a todo aquél que tiene, de hecho o por derecho, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa que ha resultado dañosa.

3.-La figura del guardián ha sido elaborada no para atribuirle prerrogativas sino para imponerle deberes frente a terceros damnificados por una culpa suya que ha quedado demostrada por la misma causa del daño derivado del hecho de la cosa, también debe tenerse por guardián a quien se sirve de la cosa, vale decir, quien aprovecha, usa y obtiene un beneficio económico o personal de dicha cosa.

4.-Las tareas que desempeñaba el trabajador (poda de árboles) había un riesgo creado no sólo porque para realizar las mismas debía subir a los árboles sino porque no ha sido adecuadamente demostrado que al mismo se le haya proveído de elementos de seguridad como arnes y casco o que se lo haya instruido en debida forma respecto de las normas de higiene y seguridad; el accidente invocado como causa del reclamo de autos ocurrió mientras cumplía las tareas asignadas y en el marco normativo de los arts. 1109  y 1113 del CCiv., en los que se fundó la pretensión resarcitoria, cabe atribuir responsabilidad en la producción del daño (arts. 512  y 1109 del CCiv.) a las demandadas que se sirvieron de los servicios del causante.

5.-Aún cuando no pueda determinarse la existencia de una prestación laboral subordinada con los demandados han aprovechado la prestación de tareas del actor y, por ende, deben hacerse cargo de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del infortunio sufrido.

6.-El hecho de que el trabajador fuera formalmente beneficiario del Plan Jefes y Jefas de Hogar no es incompatible con la procedencia del reclamo a través de la vía civil que se ordena reparar en primera instancia.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Noviembre de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I. La sentencia de fs. 827/836 ha sido recurrida por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo a fs. 840/841, por la actora a fs. 842/847, por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a fs. 850/857 y por la Municipalidad de José C. Paz a fs. 860/862. También apelan los honorarios regulados en autos el perito medico a fs. 848 y la perito contador a fs. 850.

II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se agravia, en primer lugar, porque se ha considerado la existencia de un contrato de trabajo que vinculara al causante Sr. Benito Orellana con el citado codemandado.

El recurrente reitera los argumentos expuestos en el responde acerca de que las tareas desarrolladas por el causante lo eran en el marco de un programa de ayuda social para personas desempleadas y no en el marco de una relación de dependencia.

En tal sentido, es menester señalar que ha quedado establecido que el causante, mientras prestaba realizaba tareas de poda a las órdenes de la Municipalidad de José Cl.Paz sufrió un accidente que le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo y que ello derivó en su posterior fallecimiento.

Aun cuando en la demanda se hayan invocado disposiciones de derecho del trabajo para fundar el reclamo, en virtud del principio “iura novit curia”, corresponde al juez la aplicación del derecho, con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen.

En tal inteligencia, considero que atento la naturaleza del reclamo intentado, donde se pretende la reparación de daños y perjuicios en el marco de las normas del derecho común, resulta indiferente la determinación de la existencia de una relación laboral en los términos del art. 23  de la L.C.T. por cuanto la responsabilidad consagrada en el art. 1113  y conc. del Código Civil recae sobre quien resulta dueño o guardian de la cosa productora del daño, entendiéndose que la guardia jurídica se vincula con el aprovechamiento económico de la cosa. Así, y debe considerarse tal a todo aquél que tiene, de hecho o por derecho, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa que ha resultado dañosa. Llambías sostiene que la figura del guardián ha sido elaborada no para atribuirle prerrogativas sino para imponerle deberes frente a terceros damnificados por una culpa suya que ha quedado demostrada por la misma causa del daño derivado del hecho de la cosa (“Obligaciones” T. IV A, pág 499/500). También debe tenerse por guardián a quien se sirve de la cosa, vale decir, quien aprovecha, usa y obtiene un beneficio económico o personal de dicha cosa (Confr. CNAT Sala III, S.D.86995 16/8/05 “Acosta, Alfonso c/Mazzeo, Carlos y otro s/ accidente acción civil”).

Sentado ello, considero que en las tareas que desempeñaba el Sr. Benito Orellana (poda de árboles) había un riesgo creado no sólo porque para realizar las mismas debía subir a los árboles sino porque no ha sido adecuadamente demostrado que al mismo se le haya proveído de elementos de seguridad como arnes y casco o que se lo haya instruido en debida forma respecto de las normas de higiene y seguridad. El accidente invocado como causa del reclamo de autos ocurrió mientras cumplía las tareas asignadas y en el marco normativo de los arts. 1109  y 1113 del C.Civil, en los que se fundó la pretensión resarcitoria, cabe atribuir responsabilidad en la producción del daño (arts. 512  y 1109 del C. Civil) a las demandadas que se sirvieron de los servicios del causante.

En tal inteligencia, aún cuando no pueda determinarse la existencia de una prestación laboral subordinada con la Municipalidad de José C. Paz o el Ministerio de Trabajo, se ha aprovechado la prestación de tareas del Sr. Orellana y, por ende, deben hacerse cargo de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del infortunio sufrido.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Trabajo hace referencia a la contratación de un seguro civil contra accidentes personales emitido a favor de dicho Ministerio a través de la Compañía Provincia Seguros S.A., surgiendo que dicha empresa aseguradora abonó una indemnización de $ 10.000 (ver fs. 834vta.), por lo que esa codemandada no puede negar la responsabilidad que le cabe en el evento.

La sola discrepancia de la Municipalidad de José C.Paz en relación a la valoración del testimonio de Vera no es causal suficiente para tildar de arbitraria la sentencia, trascendiendo del fallo que el sustento probatorio ha sido mensurado conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que no encuentro mérito para apartarme de lo decidido en origen sobre el punto.

En síntesis, considero que el hecho de que el Sr. Orellana fuera formalmente beneficiario del Plan Jefes y Jefas de Hogar no es incompatible con la procedencia del reclamo a través de la vía civil que se ordena reparar en primera instancia, por lo que propicio desestimar los agravios del Ministerio de Trabajo y de la Municipalidad de José C. Paz sobre el punto.

III. Lo argumentado en los agravios no permite descalificar la mecánica del accidente denunciada en la demanda y que surge de las declaraciones testimoniales valoradas en primera instancia. Sentado ello, estimo que a los fines de la apreciación de la responsabilidad a la luz del principio objetivo que emana del artículo 1113, 2° párrafo del Código Civil basta que el damnificado pruebe el daño y el contacto con la cosa dañosa para que quede a cargo de la demandada, como dueño o guardián del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Ratifica lo expuesto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído “in re” “Rodríguez, Ramón c/ Electricidad de Misiones S.A.”  del 21/4/09. Asimismo, el Alto Tribunal ha sostenido que a los fines de la operatividad del art. 1113 del C.Civil no cabe imponer al damnificado la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa, pues basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquella (CSJN, 28/04/92, “Machicote, Ramón Hugo c/ Empresa Rojas S.A.”. Fallos 315:854 y sus citas).

En tal inteligencia y a falta de prueba concreta de culpa de la víctima (ya que lo expresado sobre la declaración de Vera no basta para entender que hubo responsabilidad de Orellana por la ocurrencia del infortunio) o de un tercero por el cual no debe responder, se torna aplicable la responsabilidad objetiva contemplada por el art. 1113 Código Civil.

Consecuentemente, el decisorio también debe ser mantenido en cuanto establece que deben responder por el evento dañoso las codemandadas antes referidas.

IV. Sin perjuicio de lo expresado en el considerando II sobre la intrascendencia de la determinación de la existencia de una relación laboral subordinada entre el Sr. Orellana y las demandadas, que haría inaplicables las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, concuerdo con el decisorio en cuanto se ha declarado la inconstitucionalidad del art. 39  de la ley 24.557.

Al respecto, se aprecia que la a quo ha tenido en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidente” , el 21 de septiembre de 2004, a cuyos fundamentos se remite.El planteo del Ministerio de Trabajo no contiene una crítica concreta a lo resuelto en el fallo “Aquino” donde los fundamentos vertidos por los integrantes del Tribunal para decretar la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada son variados, inclinándose algunos votos por remitir la validez del régimen diferenciado a un juicio de “razonabilidad” en cada caso y a la demostración de la insuficiencia de las prestaciones con relación al daño que se acredita padecer y otros, directamente, por la declaración de inconstitucionalidad lisa y llana de la controvertida normativa que impide la reparación a la que se pretende acceder.

Esta Sala, en consonancia con lo resuelto en primera instancia, ha considerado que el art. 39 inc. 1 de la ley 24557 en cuanto exime a los empleadores, en virtud de las prestaciones de dicha ley, de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del art. 1072  de dicho código, puede entenderse que viola la garantía de igualdad ante la ley (art. 16  C.N.) y el derecho de propiedad (art. 17 de la misma) toda vez que impide que una persona, o sus derechohabientes, por su condición de trabajador, que sufra un daño por culpa de otra o por la cosa riesgosa o peligrosa de propiedad del empleador, acceda a una reparación plena en circunstancias que cualquier otra persona podría obtenerla sobre la base de lo dispuesto en los arts. 1113 y 1109 del C. Civil. (confr. autos “Ugalde, Juana Manuela y otros c/El Cóndor A.T.S.A. s/ Ind. por fallecimiento” , S.D. 78.176 del 22/06/01).

También cabe señalar que la reparación ofrecida en el sistema consagrado en la Ley de Riesgos del Trabajo no resulta plena y presenta una diferencia cuantitativa de tal magnitud que vulneraría las garantías y principios constitucionales básicos que merecen especial protección (arg. art. 14 bis, 16, 17, 19, 28, 75 inciso 22 y cc.Constitución nacional; CSJN en A. 2652. XXXVIII -“Aquino Isaci o c/Cargo Servicios Industriales SA s/accidente ley 9688”, sentencia del 21 de septiembre de 2004). Tal ha sido la orientación jurisprudencial de esta Sala en casos análogos (conf: “Soto c/Hipermac”, SD Nro. 82.067 del 25/10/04), cuando es evidente que en el caso concreto la reparación que otorga la A.R.T. resulta menor a la que se fundamenta en el derecho común, por más que no se trate del supuesto contemplado por el art. 1072 del C. Civil.

En este sentido, también es dable recordar que, el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación se ha expedido en torno al tema en debate, declarando la inconstitucionalidad del mentado art. 39 inc) 1 de la ley 24557, al haberse considerado que el propósito perseguido por el legislador mediante el referido precepto normativo no fue otro que consagrar un marco reparatorio de alcances menores que los del Código Civil ya que contrariamente con lo que ocurre con éste último, el sistema de la L.R.T. se aparta de la concepción reparadora integral, pues al eximir al empleador de la responsabilidad civil mediante la prestación del art. 15 inc. 2 segundo párrafo , no admite indemnización por ningún otro daño que no sea la pérdida de la capacidad de ganancias del trabajador. Por tal razón, y a pesar de haberse proclamado que tiene entre sus objetivos “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, el régimen de la L.R.T. no se adecua a los lineamientos constitucionales, en tanto niega la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Ley Fundamental. Asimismo, el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non laedere deben ser indemnizados sólo en los términos de la L.R.T., vuelve el art.39 inc.1) de la L.R.T. en contraria a la dignidad humana, ya que ello entraña una suerte de pretensión de rectificar a la persona, por vía de considerarla nada más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo. También se sostuvo que las reglamentaciones legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, deben evitar la fijación de límites que impliquen alterar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional ( art. 14 bis  y 28  C.N.) y que el régimen normativo cuestionado tampoco se encuentra en armonía con el principio de justicia social, en tanto mediante la eximición de la responsabilidad civil del empleador frente al daño sufrido por el trabajador se agrava la desigualdad de las partes, que regularmente supone la relación de trabajo ( C.S.J.N. 21/9/2004, Recurso de Hecho deducido en la causa ” Aquino Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/ Accidente – ley 9688″; A 2652- XXXVIII).

Desde tal perspectiva, debe desestimarse la queja contra la declaración de invalidez de la norma antes aludida.

V. Resta expedirse acerca de la crítica vertida por las partes en cuanto al monto de condena.

La reparación juzgada a la luz del derecho civil no está sujeta por el ordenamiento sustantivo a ninguna fórmula matemática o tarifa preestablecida, su cuantificación debe relacionarse con las particularidades del caso y orientarse a la integralidad. Se trata de reparar la incapacidad genérica y no la meramente laboral para lo cual debe partirse de una comprensión integral de la proyección existencial humana pues la persona no constituye un capital que se mide solamente por lo que pueda rendir o ganar.Así, cuando se trata del daño a la salud, es válido que ésta sea concebida no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social, que consiste en la ausencia de impedimentos para gozar de los bienes de la vida, independientemente de la capacidad de trabajar o de ganar dinero.

La jurisprudencia nacional es unánime en cuanto a que: “A fin de establecer la indemnización por incapacidad sobreviniente, las consecuencias de la lesión no sólo se miden por la ineptitud laboral, sino también por la incidencia de la misma en la vida de relación de la víctima y en su actividad productiva” (Conf. CNCivil, sala D, 28-12-1993, “Campos, Manuel S. c. Manchinelli, Gabriel y otro”, LL online; CNComercial, sala E, 15-3-1994, “Centurión de García, Angélica R. y otro c. Welder Argentina S. A. y otro”; CNCivil, sala M, 6-5-1994, “Fleitas, Samuel c. Empresa Ferrocarriles Argentinos”, LL, 1995-B, 310; ídem., íd., 10-11-1994, “Rosas Gómez, Mónica Emperatriz c. Empresa Ferrocarriles”, LL online; CNCivil, sala H, 30-4-1996, “Méndez Piñeiro, José A. c. Navenor S.A.”, LL, 1997-B, 156; ídem., sala E, 27-2-1997, “Giménez, Pablo M. y otros c. Schuartz, Eduardo”, LL, 1997-C, 262; ídem., sala J, 11-3-1997, “Mora, Silvia A. c. Disco S. A.”, LL, 1997-D, 574; ídem., sala H, 11-9-1997, “Abalos, Raúl C. c. López, Carlos A. y otros”, entre muchos otros), ya que los daños a la vida de relación también repercuten perjudicialmente en el plano patrimonial (Conf. CNCivil, sala F, 15/03/1994, “Romero, Victoria N. c. Transporte Automotor Varela S.A.”, DJ, 1995-1, 317).

En ese orden, cuando se habla de “vida de relación” se está refiriendo a un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los actos cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, tareas normales en la vida del ser humano, como conducir, transitar, etc.; actividades tales que, en la medida que se ven dificultadas o impedidas, como consecuencia del accidente, constituyen daño indemnizable (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, 15-5-2000, “N. N. c. Municipalidad de Buenos Aires”, LL, 2000-F, 11, del voto de la Jueza Elena Highton).La Corte Federal ha dicho en fecha reciente, que los parámetros de la fórmula conocida como “Vuoto”, en referencia a la carátula de la causa en la que fue aplicada históricamente (CNAT, sala III, sentencia del 16-6-1978, LL, 1979-C, Pág.620). sólo atienden a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, y que tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico del derecho común, dada la comprensión plena del ser humano que informa a éste (Conf. CS, 8-4-2008, “Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametaal Peluso y Compañía”, LL online).

Asimismo, la Sala VIII de esta Cámara ha establecido que no corresponde atenerse a la rigidez de fórmulas matemáticas las que si bien pueden ser útiles para objetivar el cálculo correspondiente requieren de un acomodamiento de sus resultados a las notas específicas del entorno configurado a fin de compatibilizarlos en proporción razonable con la realidad económica general (Ver el voto del doctor Luis A.Catardo en autos “Roa Mira, Felipe Neri c / Bacigalup, Oscar y otros s/ ley 22.250” , Expediente N º 16.557/2001, Sentencia N º 34.842 del 14 de marzo de 2008, al que adherí).

Este criterio se corresponde con lo que ya había dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pronunciamientos previos (Ver, Fallos 308:1109; 320:1361 , entre otros) y halla reflejo en algunas sentencias de esta Cámara (Conf. CNAT, sala IX, 24-9-2007, “Villagra, Marcos Daniel c. Zumbo, Juan y otros”, La Ley Online. En el mismo sentido, ver: sala VII, 4-62004, “Medrano, Silvio A. c. Transportes Atlántida S.A. y otro” , TySS 2005, 163).

Proyectadas estas premisas al caso en tratamiento, donde se persigue la reparación de los daños y perjuicios que ha producido a los reclamantes (su cónyuge y sus 6 hijos) para evaluar la justicia el importe del resarcimiento fijado en origen tendré en cuenta las particularidades propias del caso, es decir, la edad de la víctima al momento de los hechos (57 años); el tiempo probable de vida útil que le restaba permanecer disminuida en el mercado de trabajo; la tarea del damnificado, la asignación percibida ($ 150) y el salario mínimo vital y móvil vigente al fallecimiento del causante ($ 350), así como el daño emergente y el lucro cesante en que todo ello se traduce (cfr. autos “Ledesma Raúl c/Textil Charateña SA s/acc. Civil”, SD 72482 del 15/7/98; Sala II, “Alvez Pereyra Ramón c/Servicios Forestales El Bosque SRL s/accidente”, SD 94.182 del 27/4/2006, con cita de los fallos de la CSJN, “Audicio de Fernández c/Prov. de Salta” del 4/12/80, “García de Alarcón c/Prov.de Buenos Aires -Fallos 304:125 y “Badiali c/Gobierno Nacional”, L.L.24/12/86).

En ese marco, propongo, con base en el artículo 165  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se confirme la suma fijada en primera instancia en concepto de capital ($335.000).

VI. En cuanto a los intereses, considero que deberá confirmarse el fallo en cuanto establece que se deberán calcular desde la fecha del infortunio pues la sentencia que viabilizó la pretensión de la actora no es constitutiva, sino meramente declarativa de un derecho preexistente a percibir el resarcimiento que le corresponde.

Por su parte, el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir la obligación en tiempo y forma, o sea el retardo o retraso en el de la indemnización por parte del deudor. Así la demandada se encuentra en mora a partir del momento de configuración del daño que en el caso se compadece con la fecha determinada por la a quo, por lo que también corresponde el rechazo de este agravio.

VII. En cuanto a las costas, por el reclamo principal deben correr a cargo de las demandadas vencidas (art. 68  C.P.C.C.N.), no encontrando razones para eximir a las mismas.

El agravio de Provincia ART S.A. no lo encuentro atendible pues el art. 68, 2do. párrafo del CPCCN faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido “siempre que se encontrare mérito para ello”. El mérito a que alude la norma citada existe cuando se ha litigado mediante “convicción fundada” acerca de la ex istencia del derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de leyes nuevas o sobre las cuales se han dictado fallos contradictorios o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica.Debe agregarse a ello que también existen circunstancias de hecho no menos dudosas y eximentes que hacen caer el principio general enunciado, cuando la imposición de las costas a una de las partes no resulta equitativo (C.N.A.T., Sala I, S.D. 59.337 del 28/12/90, “Young de Aguirre, Beatriz c/ELMA s/art. 1113 C.Civil”).

De tal manera, y en virtud de las circunstancias de hecho que surgen del presente, la accionante pudo creerse con derecho a litigar contra la citada aseguradora de riesgos del trabajo, ya que no tenía certeza acerca de quien resultaría responsable de la reparación ocasionada por la muerte del causante, luciendo razonable que en esta parte de la acción hayan sido fijadas en el orden causado.

VIII. Finalmente, los porcentajes de honorarios los encuentro acordes al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y a lo normado por el art. 38  de la L.O. y disposiciones arancelarias de aplicación de aplicación (arts.1 , 6, 7, 8 , 9 , 19 y 37  de la Ley 21839 y art.3° inc.b y g  del D.16638/57), por lo que también deberán ser mantenidos, dejándose aclarado que se calcularán sobre el monto de condena que propicio (incluyendo intereses).

IX. Por todo lo expuesto, propicio que se confirme la sentencia apelada. Con costas de alzada a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Municipalidad de José C. Paz vencidos (art. 68 C.P.C.C.N.), regulándose los honorarios de los profesionales de la actora y de cada codemandada, respectivamente, en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada. Con costas de alzada a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Municipalidad de José C. Paz vencidos (art. 68 C.P.C.C.N.). Regular los honorarios de los profesionales de la actora y de cada codemandada, respectivamente, en el 25% de los que les correspondan por su actuación en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela A. Vázquez

Jueza de Cámara

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

mig. Ante mi:

Elsa I. Rodríguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

Elsa I. Rodríguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Elsa I. Rodríguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

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