Al no mediar renuncia se puede reclamar a la administradora del plan de ahorros lo faltante luego de haber recibido pagos parciales.

jurisprudenciaPartes: Conti Santos Carlos c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 2-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-76145-AR | MJJ76145 | MJJ76145

El reclamo que el actor efectúa se refiere a diferencias entre lo debido y lo efectivamente abonado por la administradora del plan de ahorros en concepto de capital correspondiente, por lo que nada impide que el acreedor acepte pagos parciales y reclame después lo faltante, salvo que medie renuncia.

Sumario:

1.- Todo fallo plenario en virtud de lo establecido por el art. 303  del CPCC, integra el ordenamiento jurídico, complementa las normas legales aplicables en la materia a que se refiere y es considerado como una sentencia con un efecto particular que la diferencia de las restantes, en tanto que la interpretación de la ley que aquél efectúa se convierte en doctrina legal obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia , y sólo cesa su obligatoriedad por modificación de la doctrina mediante una nueva sentencia plenaria o por el cambio de legislación que derogue o modifique la norma interpretada por aquél.

2.- A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de la protección de los consumidores a que alude el art. 42  de la Carta Magna, los razonamientos que dieron sustento al pronunciamiento plenario dictado en el caso Alaniz   del 27 de Noviembre de 1959,, han cobrado virtualidad y hasta incluso se ha robustecido su doctrina.

3.- La doctrina sentada en el caso Alaniz, Juan G. c/Cía. Aseguradora Argentina del 27.11.1959 (LL 96-674), donde se concluyó que no es lícita la abreviación convencional del plazo legal de prescripción permanece vigente y por ende, es obligatoria. Máxime cuando el recurrente no ha esbozado argumento idóneo que determine su inaplicabilidad al caso, en tanto la invocación de un precedente jurisprudencial aislado del año 1988 en nada altera la vigencia y actualidad del citado plenario.

4.- No cabe dejar de lado la calificación de orden público en lo que hace a la materia sujeta a examen, atento a que todo cuanto concierne a la prescripción reconoce interés público -general- y se halla regulado por un régimen normativo específico e inalterable por la sola voluntad de las partes.

5.- Si bien la autorización por la Inspección General de Justicia de las normas de contratación y actividad de las empresas de ahorro, otorga a los contratos una indudable presunción de legitimidad, equidad y corrección; es cierto que si una de sus cláusulas controvierte el ordenamiento jurídico positivo -la norma imperativa de orden público- debe ser declarada su nulidad.

6.- La abreviación del plazo de prescripción pactada en los contratos cedidos al actor es ilícito -y por ende nulo y en consecuencia corresponde en la especie aplicar lo dispuesto por el 4023 del Código Civil.

7.- El artículo 624  del Código Civil comprende únicamente los intereses del capital, de modo que si tales accesorios no fueren abonados y el acreedor no efectuase la correspondiente reserva, pierde el derecho a exigir su cobro, siendo inaplicable tal norma cuando el reclamo que el actor efectúa en autos no se refiere a tales conceptos, sino a diferencias entre lo debido y lo efectivamente abonado por la demandada en concepto de capital correspondiente, por lo que nada impide que el acreedor acepte pagos parciales y reclame después lo faltante, salvo que medie renuncia.Para que el pago posea un pleno efecto cancelatorio debe ser exacto, cumpliendo respecto de la obligación dos condiciones: identidad e integridad

9.- Quien alega la obligatoriedad de una costumbre como fuente de derechos, debe acreditar su notoriedad, más aún cuando no ha sido reconocida en precedentes jurisprudenciales o análisis doctrinarios.

10.- Desechada la aplicación del art. 624 CCiv., no cabe considerar que la obligación de efectuar la reserva por la diferencia del capital adeudado tiene su origen en la costumbre comercial mercantil, cuando no ha sido demostrada (art. 377 , CPCC).

11.- La aceptación de una suma de dinero por parte del actor, sin efectuar una reserva por la diferencia debida, no constituye un hecho que implique en sí mismo, la renuncia a un reclamo posterior. La intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (artículo 874  del Código Civil; CSJN, Fallo 319:1625). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 2 días del mes de agosto de dos mil doce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por “CONTI SANTOS CARLOS C/VOLKSWAGEN SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS S/ORDINARIO” (expte. N° 17697/08), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Machin, Villanueva, Garibotto.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 707/719?

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice:

I.- La sentencia de fs. 707/719 admitió la demanda incoada por Carlos Conti Santos contra Volkswagen Sociedad Anónima de Ahorro Para Fines Determinados S.A., por el cobro de la suma de $89.154,09 más intereses a la tasa activa, en concepto de diferencias en el pago de los haberes netos de varios planes de ahorro renunciados o rescindidos.

Para así decidir analizó en primer lugar la defensa de prescripción. Consideró aplicable la doctrina emanada del plenario “Alaniz” , según la cual, la abreviación convencional del término de prescripción no es lícita, declarando en consecuencia, la nulidad de la cláusula 18 del contrato de adhesión. Estuvo al plazo decenal previsto por el art. 4023  del Código Civil, que no halló cumplido en la especie, debido a la interrupción del plazo operado con el pago parcial realizado por la demandada.

En cuanto al pretendido efecto cancelatorio de los pagos efectuados por la administradora del plan, juzgó que la aceptación sin reserva por parte del actor no implicó la renuncia al capital adeudado, máxime cuando la accionada no había acreditado la integridad del pago realizado al acreedor.Ponderó inaplicable la doctrina de los propios actos atento a la ausencia de los presupuestos básicos para su configuración.

Convalidó la liquidación practicada por el actor, haciendo lugar a la demanda por la suma pretendida. Aplicó intereses desde el 29.2.2008 a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento e impuso las costas a la demandada vencida.

II.- De esa sentencia se agravió la parte demandada, fundando su queja en fs. 734/747, la cual fuera respondida por su contraria en fs. 749/761.

La apelante se agravió de que el sentenciante hubiere rechazado la defensa de prescripción, aduciendo que el plazo es computable desde que la obligación se torna exigible, lo que ocurrió a la fecha de finalización de los planes. Insiste en que el accionante no cuestionó oportunamente la validez de la cláusula 18 y que el juez debió resolver a la luz del principio del art. 1197  del Código Civil, sobre todo cuando el contrato fue aprobado por Inspección General de Justicia. Afirma que esa autorización de la autoridad de contralor, no puede ser dejada de lado con fundamento en que el magistrado revisa las decisiones administrativas. Además, sostiene que el plazo previsto no es abusivo ni vulnera el orden público, criticando la aplicación dogmática del plenario “Alaniz” y señalando asimismo, que esa doctrina fue dejada de lado por un fallo de la Sala B de esta Cámara del año 1988.

También cuestiona la decisión de grado, al considerar improcedente el cobro de los “cargos administrativos”. Indica que el reconocimiento del pago realizado mediante depósito bancario, corresponde a las tres cuotas impagas que provocaron la rescisión de los planes, que así se hizo constar en la cuenta liquidatoria conforme la Resolución N° 26/04 de la Inspección General de Justicia.

Insiste en el efecto cancelatorio del pago efectuado al actor debido a la ausencia de una reserva al momento de aceptar el dinero.Advierte al respecto, que la falta de recibo donde constara el cumplimiento íntegro de su obligación, tal como invocó el a quo, no es exigido por el art. 624 del Código Civil, según el cuál sólo basta el pago como tal para liberar al deudor. Agrega que la circunstancia de que el pago realizado mediante depósito bancario hubiera sido reconocido por ambas partes, extinguió su obligación, pues si bien no hay una norma que imponga la obligación de efectuar reserva del capital en el momento del pago, sí lo imponen los usos y costumbres y la buena fe. También controvierte la no aplicación de la teoría de los propios actos, explicando que: (i) el retiro del dinero fue la conducta jurídica relevante, (ii) el presente reclamo, la situación litigiosa y contradictoria, (iii) todo lo cual se dio entre las mismas partes de la relación.

También objeta los intereses fijados, cuando no medió incumplimiento de su parte. Sostiene que en la práctica de los planes de ahorro, luego de la convertibilidad se aplican intereses compensatorios a la tasa pasiva, pero siempre y cuando medie un incumplimiento por parte del acreedor, lo cual no ocurrió.

Por último, cita cuatro fallos idénticos donde los jueces de grado resolvieron no aplicar la doctrina del fallo “Alaniz”.

III.- Tal como ha quedado planteada la litis en esta instancia, corresponde examinar en primer término la defensa de prescripción cuestionada por la recurrente, para luego en su caso, estudiar los efectos cancelatorios de los pagos efectuados por la administradora del plan y la aplicabilidad o no de la teoría de los propios actos. Finalmente será analizada la cuestión relativa a los intereses.

En relación al primer agravio, la demandada persigue la aplicación del plazo de prescripción establecido en la Solicitud de Adhesión (reconocido por los litigantes en fs. 72) de cuatro (4) años (v. copia fs.71 vta.). No está controvertido que el presupuesto de hecho discutido en el sub lite es el mismo que ha sido resuelto por el plenario “Alaniz”, mas el recurrente afirma que ésta doctrina ha perdido vigencia por el mero transcurso del tiempo.

Es sabido que todo fallo plenario en virtud de lo establecido por el art. 303  del CPCC, integra el ordenamiento jurídico, complementa las normas legales aplicables en la materia a que se refiere y es considerado como una sentencia con un efecto particular que la diferencia de las restantes, en tanto que la interpretación de la ley que aquél efectúa se convierte en doctrina legal obligatoria “para la misma cámara y para los jueces de primera instancia”, y sólo cesa su obligatoriedad por modificación de la doctrina mediante una nueva sentencia plenaria o por el cambio de legislación que derogue o modifique la norma interpretada por aquél (CSJN, Fallos 271:381; 303:2091; 310:896; 313:635; 327:1700; 327:2617).

Contrariamente a lo sostenido por el apelante, a partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de la protección de los consumidores a que alude el art. 42 de la Carta Magna, los razonamientos que dieron sustento a este pronunciamiento plenario, han cobrado virtualidad y hasta incluso se ha robustecido su doctrina. Si bien no cabe considerar al actor como un consumidor, sí lo eran cada uno de los titulares originales del crédito cedido, quienes habían suscripto cada uno de los contratos de adhesión.

Sobre esa base, es que la doctrina sentada en el caso “Alaniz, Juan G. c/Cía. Aseguradora Argentina” del 27.11.1959 (LL 96-674), donde se concluyó que “no es lícita la abreviación convencional del plazo legal de prescripción” permanece vigente y por ende, es obligatoria.Máxime cuando el recurrente no ha esbozado argumento idóneo que determine su inaplicabilidad al caso, en tanto la invocación de un precedente jurisprudencial aislado del año 1988 en nada altera la vigencia y actualidad del citado plenario.

Tampoco cabe dejar de lado la calificación de orden público en lo que hace a la materia sujeta a examen, atento a que todo cuanto concierne a la prescripción reconoce interés público -general- y se halla regulado por un régimen normativo específico e inalterable por la sola voluntad de las partes (art. 21 del Cód. Civil; Sala A in re “Lanusse, Inés María de Fátima y otros c/ Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados y otro” del 27.5.10).

El recurrente también apoya su impugnación en la aprobación del contrato por la Inspección General de Justicia. Es criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que esta clase de órganos -centralizados o no- para cumplir con la función de policía social que tienen asignada, está condicionada a la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito administrativo (Fallos 244:548; 247:646; 249:715; 249:818; 251:472; 253:485). Por lo tanto, si bien la autorización por la Inspección General de Justicia de las normas de contratación y actividad de las empresas de ahorro, otorga a los contratos una indudable presunción de legitimidad, equidad y corrección; es cierto que si una de sus cláusulas controvierte el ordenamiento jurídico positivo -la norma imperativa de orden público- debe ser declarada su nulidad.

De este análisis, se desprende que la abreviación del plazo de prescripción pactada en la cláusula 18º de los contratos cedidos al actor es ilícito -y por ende nulo-. En consecuencia, conforme juzgó el a quo, corresponde en la especie aplicar lo dispuesto por el 4023 del Código Civil.Computado entonces el plazo decenal desde las fechas en que según surge de la sentencia de grado, cada uno de los planes rescindidos o resueltos por sus titulares y luego adquiridos por el actor, fueron parcialmente sufragados (ver fs. cuadro de 86 y 87, columna 8), es dable concluir que la acción de cobro de esa porción insoluta no se encuentra prescripta.

Cabe señalar que, contrariamente a lo insinuado por la recurrente, corresponde calcular el dies a quo del plazo decenal de prescripción desde la fecha tomada por el juez de grado, toda vez que el pago parcial formulado por la deudora implicó el expreso reconocimiento de su obligación y, p or lo tanto, tuvo aptitud interruptiva del lapso prescriptivo corrido con anterioridad (arts. 3956  y 3989  del Código Civil; cfr. Salas-Trigo Represas, en “Código Civil anotado”, tº. 3, pág. 323). La aludida calidad de “parcial” del pago efectuado fue expresamente reconocido por Volkswagen cuando admitió que el rubro “derecho de admisión debe integrar el haber neto a devolver en caso de rescisión o renuncia” (ver fs. 37, primer párrafo).

En suma, considero que la administradora del plan no ha logrado controvertir los fundamentos desarrollados por el a quo, lo que impone desestimar el recurso introducido, en lo que a la defensa de prescripción se refiere.

IV.- Siguiendo el orden de tratamiento establecido, la crítica relativa a la improcedencia de los cargos administrativos será desestimada por cuanto nada dijo sobre este tema al contestar la demanda. Sólo se limitó a desconocer la procedencia de algún reclamo cuando la actora no había realizado una reserva por la diferencia debida, admitiendo asimismo el derecho del accionante a obtener el pago de la suma retenida en concepto de “derecho de admisión”.

A lo que sumo, que tampoco existen elementos en autos que permitan discriminar esos cargos presuntamente retenidos por la administradora del plan, en tanto no fueron materia de expreso tratamiento en los escritos de ambos litigantes, ni las liquidaciones que presentaron en fs. 86/88.Esta circunstancia, es suficiente para desechar el segundo agravio.

V.- Cabe ahora analizar el fondo de la pretensión objetada por Volkswagen, quien insiste en la aplicación del art. 624 del Código Civil según el cual, ante la falta de reserva por parte del acreedor al momento de recibir el pago, se extinguió su obligación de pago por la diferencia reclamada. Debo adelantar que tal objeción no tendrá favorable acogida.

En efecto, el artículo 624 del Código Civil no resulta aplicable al caso, pues en dicha disposición se comprenden únicamente los intereses del capital, de modo que si tales accesorios no fueren abonados y el acreedor no efectuase la correspondiente reserva, pierde el derecho a exigir su cobro. Pero el reclamo que el actor efectúa en autos no se refiere a tales conceptos, sino a diferencias entre lo debido y lo efectivamente abonado por la demandada en concepto de capital correspondiente, por lo que nada impide que el acreedor acepte pagos parciales y reclame después lo faltante, salvo que medie renuncia (CSJN).

En ese orden, para que el pago posea un pleno efecto cancelatorio debe ser exacto, cumpliendo respecto de la obligación dos condiciones: identidad e integridad (Borda, Guillermo A., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, 4ª ed., Ed. Perrot, t. I, p. 545), las cuales no se presentaron en el sub lite. En autos, la insuficiencia del pago efectuado por la demandada fue reconocida por el propio apelante, al indicar que en los planes en cuestión no se había firmado ningún anexo a la Solicitud de Adhesión, que determinara la retención del rubro “derecho de admisión” (ver contestación de demanda y específicamente escrito de fs. 88), por lo que debía integrar el capital debido.Lo expuesto basta para considerar que no se han concretado los efectos liberatorios del pago pretendido por el recurrente.

El restante argumento invocado, atinente a que los “usos y costumbres y la buena fe” generaron la obligación de efectuar una reserva por el reclamo de la diferencia adeudada, por ser el acreedor un comerciante, tampoco es procedente. Es dable señalar al respecto que, -independientemente de analizar la calidad de comerciante o no del accionante- quien alega la obligatoriedad de una costumbre como fuente de derechos, debe acreditar su notoriedad, más aún cuando no ha sido reconocida en precedentes jurisprudenciales o análisis doctrinarios. Desechada la aplicación del art. 624 CCiv., no cabe considerar que la obligación de efectuar la reserva por la diferencia del capital adeudado tiene su origen en la costumbre comercial mercantil, cuando no ha sido demostrada (art. 377 , CPCC).

En ese orden, la aceptación de una suma de dinero por parte del actor, sin efectuar una reserva por la diferencia debida, no constituye un hecho que implique en sí mismo, la renuncia a un reclamo posterior. La intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva (artículo 874  del Código Civil; CSJN, Fallo 319:1625).

Por ese motivo, tampoco es de aplicación la teoría de los propios actos, cuando no existió una conducta contradictoria por parte del accionante, en virtud de los principios de identidad e integridad del pago precedentemente citados. Por lo que, si no cupo exigir de la actora la previa reserva por la porción insoluta del capital al tiempo de recibido su pago, resulta que la posterior deducción de la acción de cobro del monto insatisfecho de ese mismo capital no contradijo conducta alguna.

Este argumento me exime de formular mayores consideraciones sobre este extremo por lo que cabe desestimar también este agravio.

VI.- Resta analizar la objeción a los intereses que el a quo fijó en la sentencia apelada.En tanto el sustento de su objeción radica en la ausencia de derecho del actor a reclamar el pago de la diferencia adeudada, el rechazo de ese argumento precedentemente analizado, conlleva necesariamente la desestimación de este aspecto de la queja.

En cuanto a la tasa de interés, corresponde señalar que la tasa aplicada en la anterior instancia es la determinada en virtud del fallo plenario dictado por este Tribunal en autos “Sociedad Anónima La Razón s/ quiebra s/incidente de pago de los profesionales” del 27 de octubre de 1994 (v. ED. 160-205), donde establece la adopción de la tasa activa para el cálculo de los intereses debidos en razón de obligaciones como la generada en autos, criterio que debe ser aplicado en el caso de acuerdo con lo preceptuado por el art. 303 del Código Procesal.

VII.- Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, corresponderá desestimar el recurso expuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todos sus términos. Las costas de Alzada se impondrán a la demandada vencida (art. 68  del Código Procesal). Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Juan R. Garibotto y Julia Villanueva adhieren al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara, Doctores Machin, Villanueva, Garibotto . Ante mí: Rafael F. Bruno.

Es copia del original que corre a fs. del libro n° de Acuerdos de la Sala “C” de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

RAFAEL F. BRUNO

Buenos Aires, 2 de agosto de 2012.-

Y vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de la demandada y se confirma la sentencia apelada. Las costas de Alzada se imponen a la demandada vencida (art. 68; CPCC).

Notifíquese por Secretaría.

EDUARDO R. MACHIN – JUAN R. GARIBOTTO – JULIA VILLANUEVA – RAFAEL F. BRUNO

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s