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La concurrencia del acreedor concursal a la sede comercial importa el abandono de la vía individual por la colectiva.

QuiebraPartes: Barbagallo Miguel Angel Osvaldo s/ pedido de quiebra por Semino Néstor Alberto

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 13-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-75950-AR | MJJ75950 | MJJ75950

No corresponde desestimar el pedido de quiebra ya que no existe norma positiva que imponga al acreedor el agotamiento de la ejecución individual promovida sin éxito contra su deudor, debiendo entenderse que la concurrencia a la sede comercial ha importado el abandono de la vía individual por la colectiva.

Sumario:

1.-No existe norma positiva que imponga al acreedor el agotamiento de la ejecución individual promovida sin éxito contra su deudor, como recaudo de habilitación de esta vía prevista en la LCQ: 83.

2.-La ocurrencia a esta sede comercial ha importado el abandono de la vía individual por la colectiva, descartándose de este modo el ensayo argumental relativo a la coexistencia de dos vías.

3.-Supeditar el decreto falencial a la previa existencia de activos a fin de impedir un procedimiento universal inconducente- sin bienes para liquidar y distribuir- implica una existencia impropia que carece de base legal normativa y que debe ser desestimada, por cuanto la ley 24522:83 a 85  y 87 – 1er párrafo., regulatorios de los aspectos procesales del trámite que antecede a una declaración de quiebra, no requieren para ello la existencia de bienes en cabeza de la deudora.

4.-La carencia total de activos no es óbice para la procedencia de la declaración de la falencia, ya que no puede obviarse la existencia de acciones específicas de recomposición del patrimonio falencial, como ser: las de inoponibilidad por actos ineficaces de pleno derecho- art 118  LC; o por conocimiento del estado de cesación de pagos (art 119 y 120  LC), la acción de revocatoria o pauliana -art 120 párr. 3° , LC; las acciones genéricas de reintegro de bienes arts. 122,149 y 150 LC; las de responsabilidad previstas en el art 173  y ss. de la LC, o aquellas que permiten la extensión de la quiebra- art 160  y 161  LC-, y aún en la hipótesis de que no se detecten bienes, de lo cual sólo puede tenerse certeza en el respectivo procedimiento concursal, se reitera, que la admisibilidad de un pedido de quiebra no puede estar condicionado a la existencia o inexistencia de bienes para tornarlo efectivo.

5.-No está demás, en estas épocas de mutaciones legislativas profundas, destacar la conveniencia de regular de modo diferenciado la frecuente declaración de quiebras sin activo. En efecto, se ha hecho casi un lugar común desde hace un cierto tiempo destacar la inconveniencia de admitir la apertura de procesos falenciales que carecen de bienes susceptibles de desapoderamiento y ulterior liquidación, sometidos a la regulación de pequeños concursos y quiebras que disponen los arts. 288 y 289 de la LCQ (del voto del Dr. Rafael Barreiro).

6.-Es evidente que cuando la ausencia de activos liquidables sea palpable, el dispendio que implica la tramitación de un proceso de quiebra -aun los que se rigen por ese régimen tenuemente abreviado- que no alcanza a dar satisfacción a los intereses económicos de los acreedores, no significa otra cosa que un dispendio de actividad y recursos que se distraen de cuestiones ciertamente de mucho mayor preponderancia. Se aprecia, en la dirección indicada, que la legislación sobre concursos y quiebras debiera prever soluciones que reduzcan el tiempo y el costo de los actos a cumplir y, esa celeridad hay que pagarla, en este caso con la garantía de una amplia sustentación (del voto del Dr. Rafael Barreiro).

7.-Es cierto que los arts. 288  y 289  LCQ establecen una secuencia procesal un tanto más abreviada que el régimen común; pero también lo es que si lo que se quiso es economizar tiempo, costos y esfuerzos, ello no ha sido logrado de manera rotunda. Las disposiciones mencionadas excluyen la aplicación de unas pocas normas, solución adoptada con la intención de hacer más flexible el procedimiento, y la reducción de los honorarios (del voto del Dr. Rafael Barreiro).

8.-Es un error, en el que corrientemente se incurre, pensar que la preservación de la economía únicamente guarda vinculación con la tarea que se cumple en los tribunales. Sostener tal implica fraccionar la apreciación de un espectro mucho más amplio. No se trata exclusivamente de aliviar la labor del juez o sus auxiliares, sino de simplificar el procedimiento en bien de todos para lograr un rápido resultado satisfactorio para los sujetos involucrados, cumpliendo con la manda constitucional de afianzar la justicia. La tramitación compleja dudosamente pueda resultar en soluciones ágiles y mucho menos útiles. Apréciese que en el pequeño concurso el deudor no se halla relevado de acompañar los legajos individuales, carga impuesta por el art. 11, inc. 5°, LCQ (del voto del Dr. Rafael Barreiro).

9.-La obvia inadecuación del régimen concursal para atender expeditivamente el pequeños concurso, imponen la consideración de regular diferenciadamente el fenómeno de las quiebras sin activo, mediante la previsión de un esquema abreviado que permita tramitar causas de personas físicas con patrimonios reducidos (del voto del Dr. Rafael Barreiro). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012.

Y Vistos

1. Viene apelada la resolución de fs. 49/50 -mantenida en fs. 82/83- que desestimó oficiosamente el pedido de quiebra por considerarse perjudicado el trámite, al existir un embargo trabado sobre un inmueble propiedad del presunto falente en las actuaciones caratuladas «Semino Jorge A y otros c/Barbagallo Miguel Angel Osvaldo s/ejecución «.

El recurso se encuentra fundado a fs. 80/81.

2. En los términos en los que ha quedado ceñida la cuestión litigiosa, y a partir de los elementos de convicción incorporados en la causa, no se aprecia que las contingencias procesales invocadas en la resolución en crisis puedan perjudicar la tramitación del pedido de quiebra.

El argumento de que no corresponde el ejercicio simultáneo de las vías individual y colectiva, no se compadece con la requisitoria normativa del art. 80  de la ley 24.522, que sólo exige la verificación sumaria de la existencia de un crédito.

Así de la propia compulsa de las actuaciones y copias agregadas por el propio presentante -y sin perjuicio de lo que eventualmente se decida en la oportunidad de cumplirse la citación al presunto fallido- se advierte que existe un crédito líquido -y que se predica impago- a favor del Sr. Semino (v. fs 26/31) y que en principio, conforme liquidación practicada a fs. 3vta. , al 23/8/2011 ascendía a $ 249.653,70; circunstancias éstas que habilitarían el requerimiento de quiebra del deudor.

Y en tanto no existe norma positiva que imponga al acreedor el agotamiento de la ejecución individual promovida sin éxito contra su deudor, como recaudo de habilitación de esta vía prevista en la LCQ: 83 (Conf. CNCom. Sala A, «Colucci Marcel Gustavo le pide la quiebra Colucci Delia del Carmen» del 14.9.05; Sala D, » La Adolfina SA s/ped.de quiebra por Ratti, Luis Fernando» del 30/05/2000), no cupo desestimar el pedido de quiebra.

A todo evento, bien puede entenderse que la ocurrencia a esta sede comercial ha importado el abandono de la vía individual por la colectiva, descartándose de este modo el ensayo argumental relativo a la coexistencia de dos vías (Conf. CNCom. Sala B, «Gambale, Jose s/pedido de quiebra por Cooperativa de Vvda. Credito y Consumo Dielmar Ltda.» del 29/08/2003, íd. «Kronex S.A. s/ped. de quiebra por Escudero, Sergio» del 17/07/1997; en igual sentido Sala E, «Sapego SA s/ped. de quiebra Meneses Abreu, Aldemir Sergio y otros» del 07/02/2003).

Por otro lado, supeditar el decreto falencial a la previa existencia de activos a fin de impedir un procedimiento universal inconducente- sin bienes para liquidar y distribuir- implica una existencia impropia que carece de base legal normativa y que debe ser desestimada, por cuanto la ley 24522:83 a 85  y 87- 1er párrafo. , regulatorios de los aspectos procesales del trámite que antecede a una declaración de quiebra, no requieren para ello la existencia de bienes en cabeza de la deudora. Es claro que la carencia total de activos no es óbice para la procedencia de la declaración de la falencia, ya que no puede obviarse la existencia de acciones específicas de recomposición del patrimonio falencial, como ser: las de inoponibilidad por actos ineficaces de pleno derecho- art 118 LC; o por conocimiento del estado de cesación de pagos (art 119 y 120  LC), la acción de revocatoria o pauliana -art 120 párr. 3°, LC; las acciones genéricas de reintegro de bienes arts. 122,149 y 150 LC; las de responsabilidad previstas en el art 173  y ss.de la LC, o aquellas que permiten la extensión de la quiebra- art 160 y 161 LC-, y aún en la hipótesis de que no se detecten bienes, de lo cual sólo puede tenerse certeza en el respectivo procedimiento concursal, se reitera, que la admisibilidad de un pedido de quiebra no puede estar condicionado a la existencia o inexistencia de bienes para tornarlo efectivo (Cfr. Cam Com, sala A en autos » Fibrax SA s/pedido de quiebra p/Velazquez Raul Nuñez Angelica Zulema» 30/9/09).

3.Consecuentemente con lo expuesto, estímase el recurso deducido y revócase el decisorio de fs. 82/83 . Sin costas de Alzada, por no mediar contradictorio.

Notifíquese por Ujiería y oportunamente devuélvase.

Alejandra N. Tevez, Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael F. Barreiro. Ante mí: María Eugenia Soto. Es copia del original que corre a fs. 86/87 de los autos de la materia.

María Eugenia Soto

Prosecretaria de Cámara

El Dr. Barreiro agrega:

No obstante compartir íntegramente la solución propiciada por mis distinguidos colegas, creo necesario incorporar algunas reflexiones que no alteran en modo alguno la decisión fundada en el texto expreso de la ley.

No está demás, en estas épocas de mutaciones legislativas profundas, destacar la conveniencia de regular de modo diferenciado la frecuente declaración de quiebras sin activo. En efecto, se ha hecho casi un lugar común desde hace un cierto tiempo destacar la inconveniencia de admitir la apertura de procesos falenciales que carecen de bienes susceptibles de desapoderamiento y ulterior liquidación, sometidos a la regulación de pequeños concursos y quiebras que disponen los arts.288 y 289  de la LCQ.

Es evidente que en tales casos, cuando la ausencia de activos liquidables sea palpable, el dispendio que implica la tramitación de un proceso de quiebra -aun los que se rigen por ese régimen tenuemente abreviado- que no alcanza a dar satisfacción a los intereses económicos de los acreedores, no significa otra cosa que un dispendio de actividad y recursos que se distraen de cuestiones ciertamente de mucho mayor preponderancia. Se aprecia, en la dirección indicada, que la legislación sobre concursos y quiebras debiera prever soluciones que reduzcan el tiempo y el costo de los actos a cumplir y, esa «celeridad hay que pagarla, en este caso con la garantía de una amplia sustentación» (Osvaldo J. Maffia, «Procedimiento especial (solo que sin procedimiento especial) para los pequeños concursos», ED 165:1227).

Es cierto que los arts. 288 y 289 LCQ establecen una secuencia procesal un tanto más abreviada que el régimen común; pero también lo es que si lo que se quiso es economizar tiempo, costos y esfuerzos, ello no ha sido logrado de manera rotunda. Las disposiciones mencionadas excluyen la aplicación de unas pocas normas, solución adoptada con la intención de hacer más flexible el procedimiento, y la reducción de los honorarios (Adolfo A. N. Rouillon, Daniel fernando Alonso y Delinda Solange Tellechea, «De los pequeños concursos y quiebras» en Código de Comercio Comentado, IV-B, La Ley, Bs. As., 2007, p. 845).

He opinado en otra oportunidad (Rafael F. Barreiro, «Precisiones acerca de concursos pequeños, crisis «sistémicas» y consumidores endeudados en demasía» en el «Libro de Homenaje al Dr. Osvaldo J. Maffia», Lerner Editora SRL, Córdoba, 2008, p. 573) que es un error, en el que corrientemente se incurre, pensar que la preservación de la economía únicamente guarda vinculación con la tarea que se cumple en los tribunales. Sostener tal implica fraccionar la apreciación de un espectro mucho más amplio.No se trata exclusivamente de aliviar la labor del juez o sus auxiliares, sino de simplificar el procedimiento en bien de todos para lograr un rápido resultado satisfactorio para los sujetos involucrados, cumpliendo con la manda constitucional de afianzar la justicia. La tramitación compleja dudosamente pueda resultar en soluciones ágiles y mucho menos útiles. Apréciese que, como se ha opinado también con base en algún precedente jurisprudencial, en el pequeño concurso el deudor no se halla relevado de acompañar los legajos individuales, carga impuesta por el art. 11, inc. 5° , LCQ (Ernesto Eduardo, Martorell, «Tratado de Concursos y quiebras», Lexis Nexis, Bs. As., 2004, Tomo III, «de la quiebra», p. 659.).

Frente a este cuadro de situación, la obvia inadecuación del régimen concursal para atender expeditivamente estas situaciones, imponen la consideración de regular diferenciadamente el fenómeno de las quiebras sin activo, mediante la previsión «de un esquema abreviado que permita tramitar causas de personas físicas con patrimonios reducidos» (Hector Ricardo Fragapane y Fernando Gabriel Games, «Juguemos a los concursos» «Libro de Homenaje al Dr. Osvaldo J. Maffia», Lerner Editora SRL, Córdoba, 2008, p. 609).

Dejo así expuesta mi opinión en este sentido, que no tiene otro objeto que llamar la atención acerca de un problema insoluble a la luz de las directivas legales vigentes.

Rafael F. Barreiro. Ante mí: María Eugenia Soto. Es copia del original que corre a fs. 87/88 de los autos de la materia.

María Eugenia Soto

Prosecretaria de Cámara

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