Alerta en empresas: Un empleado que brindaba soporte técnico le ganó juicio a la firma principal y a la tercerizada

shutterstock_97356083Las compañías que deciden tercerizar servicios encuentran una solución a la sobrecarga de tareas que muchas veces deben soportar para cumplir sus objetivos corporativos y, al mismo tiempo, logran disminuir sus costos.

Sin embargo, también se enfrentan a una serie de responsabilidades legales respecto del personal involucrado en las actividades para los cuales fueron contratados.

Este es el motivo por el cual la Justicia laboral se encarga de resolver numerosos reclamos donde los empleados solicitan que la empresa principal sea condenada a resarcir a los dependientes de la contratista en forma solidaria.

También por ello uno de los reclamos que llevó adelante la Confederación General del Trabajo (CGT) en el paro de actividades que se llevó a cabo el martes, fue justamente el de ampliar la responsabilidad de las compañías que contratan a firmas tercerizadoras de personal.

En concreto, solicitaban que se apruebe el proyecto presentado por Facundo Moyano (hijo del líder sindical) que propone modificar el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo a través del cual se hace «solidariamente responsables» a las empresas que contratan estos servicios.

En parte, los jueces hacen eco de estos reclamos, aplicando un «concepto de integralidad» a partir del cual establecen que si la compañía que contrata no puede brindar su servicio sin recurrir a las prestaciones efectuadas por las contratadas, entonces estos servicios hacen a su actividad normal y específica.

Esto fue lo que sucedió en una reciente causa donde la Cámara del Trabajo condenó solidariamente a una empresa al pago de las indemnizaciones por despido de un empleado que pertenecía a una firma que se encargaba de prestar servicios de reparación de productos, y con quién no mantenía un vínculo laboral directo.

Responsabilidad solidaria

Todo comenzó cuando una firma de servicio técnico desvinculó a dos empleados que se encargaban de realizar reparaciones de productos para Whirpool. Ocurre que ambas compañías habían firmado un contrato de tercerización de trabajadores.

En el acuerdo se habían fijado las condiciones del servicio que debían prestar los diversos talleres y las normas operativas.

Por esta razón, los empleados despedidos decidieron reclamar una indemnización a las dos compañías, basándose en lo que establece artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La jueza de primera instancia consideró que ambas firmas eran solidariamente responsables. Para llegar a esa conclusión argumentó que, como Whirpool extendía una garantía escrita de los electrodomésticos que eran reparados por la otra firma, no podía desentenderse de la actividad que desarrollaba esta última.

No conforme con la decisión, la empresa contratista recurrió la sentencia ante la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, los magistrados decidieron avalar nuevamente a los empleados.

En primer término, los camaristas argumentaron que la responsabilidad endilgada a Whirpool no lo era en carácter de empleadora, sino como codeudor solidario en los términos del mencionado artículo 30.

Los jueces pusieron de relieve que en estos casos hay que verificar si la contratación que realiza un empresario consiste o no en una actividad que forma parte del giro normal y habitual del establecimiento.

En el caso, explicaron que debía determinarse si la reparación de los electrodomésticos, que se realizaban en el taller, era vital para el cumplimiento del objeto social de Whirpool.

Para los jueces, esta responsabilidad era ineludible a pesar de la falta de exclusividad -ya que los talleres también reparaban los productos de otras compañías de electrodomésticos-. Es decir, que Whirpool tenía una importante injerencia en la empleadora de los reclamantes.

Los magistrados consideraron que tal actividad no puede concebirse separada de la actividad normal y habitual que consiste en la fabricación y venta de electrodomésticos, y que incluye una garantía que se cumple a través de empresas que se encargan de reparar dichos productos.

De esta manera, remarcaron que el objeto comercial de Whirpool no podría llevarse a cabo sin la actividad desarrollada por quienes se encargan de reparar esos bienes.

En la sentencia se aclara que «no se concibe cómo el público consumidor podría adquirir dichos electrodomésticos sin una garantía que avale el funcionamiento de los mismos al punto que ella misma era quien proveía los talleres de reparación».

Además, destaca que «ésta última se beneficiaba, en definitiva, por los servicios prestados por los actores en tanto reparaban los electrodomésticos, lo que en definitiva alentaba el cumplimiento de su objeto social».

Por esta razón, los camaristas consideraron que «claramente» integraba la actividad normal y específica de Whirpool y, por lo tanto, la misma era responsable junto con las empleadoras, en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Problema complejo

Consultado por iProfesional.com, Ramiro Salvoechea, miembro del estudio Salvochea y Asociados, aseguró que las firmas importantes tienen en los intermediarios «una fuente apropiada de suministro de personal especializado, que les ofrecen un margen de flexibilidad de su fuerza de trabajo y les descargan de algunos costos y obligaciones sociales que tienen que soportar respecto de los empleados permanentes y directos».

En este tipo de relación, una persona presta servicios para una firma, pero el vínculo de subordinación real se establece con un tercero. Por ello, para el especilista,  «el único empleador es el intermediario, por más que el trabajo beneficie al empresario principal».

Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Perez & Boiani, afirmó que muchas veces los jueces aplican un «concepto de integralidad» a partir del cual establecen que si la compañía que contrata no puede brindar su servicio sin recurrir a las prestaciones efectuadas por las contratadas, entonces éstos hacen a su actividad normal y específica.

En tanto, Juan Carlos Cerutti, socios del estudio Cerutti – Darago & Asociados, destacó que «no deberían avanzar proyectos que retrotraigan el modelo de producción a la imposibilidad de participación de terceros ya que eso no parece ser el reflejo de la realidad productiva actual».

En caso de que se apruebe esta iniciativa, «los empleadores deberían contar con una estructura de control de una dimensión y complejidad inmensas, que abarque no sólo a quienes se desempeñen dentro del ámbito del empleador sino también fuera», concluyó García.

Fuente: http://legales.iprofesional.com

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: