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El perro de la pareja que se separa no es susceptible de reivindicación, porque no es una cosa en el sentido del art. 2311 del CCiv.

shutterstock_86529607Partes: P. G. L. c/ C. L. A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo de Río Cuarto

Sala/Juzgado: Primera Nominación

Fecha: 26-oct-2012

Cita: MJ-JU-M-75843-AR | MJJ75843 | MJJ75843

El perro de la pareja que se separa no es susceptible de reivindicación, porque no es simplemente una «cosa» en el sentido del art. 2311 del CCiv.

Sumario:

1.-Corresponde acoger parcialmente la demanda de reivindicación, condenando a la concubina a restituir al actor todos los bienes muebles reclamados en el inicio y que se encontraban en el departamento en el que habitaban, pues la accionada no ha probado que alguno de dichos bienes fueron adquiridos por ella; por el contrario, al no negarlo expresamente, debe considerarse que ha reconocido que el actor se hizo de los mismos de la manera expuesta en la demanda.

2.-La única razón por la que la demandada sostiene que el mobiliario que adornaba el departamento pertenecía a ambos integrantes de la pareja es una supuesta comunidad de bienes que resulta de la existencia del concubinato, relación que sólo puede ser invocada como fuente generadora de derechos en situaciones especiales y excepcionales, expresamente previstas por la ley (por ej. el art. 248  de la LCT.; el art. 9  de la ley 23091; los beneficios previsionales; el art. 257  de la ley 23264 etc).

3.-Si los bienes de que se trata fueron aportados por el actor para ser utilizados como mobiliario del departamento que habitaba junto a la accionada, aquél tenía todo el derecho a llevárselos consigo al concluir la convivencia, puesto que nunca dejó de ser su propietario; y si la parte demandada sostiene no estar obligada a restituirlos porque los bienes le fueron donados por el actor, como la intención de renunciar no se presume, corre por cuenta de la accionada la prueba de la existencia de tal liberalidad.

4.-Debe rechazarse la acción en cuanto persigue reivindicar al perro, pues éste no es simplemente una cosa en el sentido del art. 2311  del CCiv., ya que la relación con sus amos contiene un vínculo afectivo que trasciende lo jurídico y se resiste a ceñirse a la figura del derecho real de dominio, debiendo preguntarse entonces quién es el verdadero dueño : el que lo compró o quien ha convivido y cuidado de él durante diez años.-

5.-Condenar a la accionada a entregar el perro al demandante es susceptible de producirle un grave sufrimiento moral sin beneficio alguno para el actor, quien por el tiempo transcurrido perdió el vínculo que tenía con el animal, además de que el animal no tiene valor económico alguno, teniendo en cuenta su edad; así, hacer lugar a esa pretensión del accionante implicaría cohonestar un ejercicio antifuncional del derecho.

Fallo:

En la ciudad de Río Cuarto, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil doce, se reunieron en audiencia pública los señores Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, por ante mí, Secretaria autorizante, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: «P., G. L. C/ C., L. A. – ORDINARIO – EXPTE. N° 450237», elevados en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, a cargo de la Dra. Rita V. Fraire de Barbero, quien con fecha primero de febrero de dos mil doce resolvía: «I) No hacer lugar a la demanda de reivindicación deducida por G. L. P., en contra de L. A. C. II) Costas al actor vencido.- III) Regular los honorarios de las Dras. Perla Bertone y Silvina Smith en conjunto y proporción de ley en la suma de un mil setecientos cuarenta pesos ($ 1740), los que devengarán desde el presente y hasta su efectivo pago un interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual del BCRA con más el dos por ciento no acumulativo (art. 35 . CA). Protocolícese, hágase saber y dése copia».

El Tribunal sentó las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Debe prosperar el recurso de apelación?

2º) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

De conformidad al sorteo de ley practicado, se estableció que el orden de emisión de los votos es el siguiente: señores Vocales Julio Benjamín Ávalos, Eduardo H. Cenzano y Rosana A. de Souza.-

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Vocal Julio Benjamín Ávalos dijo:

I) El pronunciamiento recurrido contiene una relación de causa que considero suficientemente completa, por lo que a ella remito a fin de no incurrir en innecesarias repeticiones.-

Tramitado el proceso, la juez de primer grado dictó sentencia resolviendo no hacer lugar a la demanda que G. L. P. iniciara en contra de L. A. C.por reivindicación de los bienes muebles descriptos en el escrito inicial, imponiéndole las costas.-

El fallo fue impugnado por el actor por intermedio de su apoderado, quien interpuso en su contra el recurso de apelación.-

Concedido el recurso y radicados los autos ante esta Excma. Cámara, el apelante expresó agravios, los que fueron refutados por la apoderada de la demandada.

Dictado y consentido el proveído de autos y concluido el estudio de la causa, ha quedado el proceso en condiciones de dictar sentencia.

II) G. L. P. promovió en estos autos demanda en contra de L. A. C., por reivindicación de las cosas muebles que se detallan en el escrito inicial.- Manifestó el accionante que en el año 1999 comenzó a convivir con la demandada en un departamento ubicado en calle Mendoza 1242 de esta ciudad.- Que para concretar la convivencia y ante la carencia de medios económicos por parte de la accionada y de su grupo familiar, debió amoblar la vivienda por su cuenta, pidiendo prestados algunos muebles y adquiriendo otros, puesto que trabajaba y recibía ayuda de sus padres.

Que habiendo surgido una desavenencia en la pareja, decidieron de común acuerdo que el demandante regresaría a la casa de sus progenitores y que la accionada se quedaría en el departamento al cuidado de los muebles, hasta que consiguiera una ubicación definitiva en alguna pensión, ocasión en que devolvería los bienes.

Que el tiempo transcurrió sin que la demandada desocupara el departamento y restituyera los muebles, entreteniendo al actor con excusas, hasta que un día se mudó sin dar aviso ni comunicar su nuevo domicilio.Que luego de investigaciones realizadas personalmente y mediante actuaciones procesales, sin obtener resultados, pudo encontrar el lugar en que la demandada habita actualmente.

Que el 11 de abril de 2006 la intimó a devolver los bienes por carta documento, respondiéndole la accionada negándose a la restitución y afirmando que ellos eran de su exclusiva propiedad.

Que habiendo sido privado de la posesión de los bienes con engaños y con abuso de confianza y mala fe, los arts. 2758, 2759 , 2775  y 2778  del Código Civil le autorizan a reivindicarlos, por lo que pide que se haga lugar a la demanda, con costas.- Al contestar la demanda, L. A. C. reconoció haber convivido con el actor en el domicilio mencionado en el escrito inicial, desde el 19 de noviembre de 1999 hasta el 19 de noviembre de 2006.- Afirma que además de la relación afectiva que los unió, existió una sociedad de hecho.- Que hizo sus contribuciones económicas ocupándose de las tareas hogareñas y trabajando durante 5 años en la imprenta de la familia del actor, sin cobrar sueldo porque no era su dependiente y porque los ingresos eran para el hogar.

Que de esa manera ambos aportaban en lo económico en la formación del patrimonio común, con «animus societatis».

Que por ello no es cierto que los bienes denunciados en la demanda sean del actor, aunque las facturas estén a su nombre. Que los bienes eran para el hogar de ambos, como resulta de su naturaleza, puesto que son todos bienes que tienen como destino el ajuar de la casa, para comodidad y utilidad de la vida común.

Afirma que al finalizar el concubinato el actor le otorgó la posesión exclusiva de los bienes, los que le fueron donados por el demandante.- Invoca en su apoyo el art.2412  del Código Civil que atribuye el dominio al poseedor de buena fe, salvo que la cosa haya sido robada o perdida.

Afirma que tampoco puede prosperar la acción por las contradicciones que contiene la demanda, señalando que el accionante dijo haber comprado bienes con su trabajo y pedido prestado otros, por lo que existen bienes que serían de terceros, no habiéndose precisado cuáles son éstos.

Reconoce tener un perro Basset Haund, el que es de su propiedad porque le fue regalado por el actor.

Por todo ello solicita el rechazo de la demanda con costas.

III) Con muy escuetos fundamentos la a-quo se pronunció por el rechazo de la demanda.- Consideró que no estaba controvertido que unidos por una relación sentimental, actor y demandada convivieron durante casi 7 años y que los bienes reclamados integraban el ajuar de la vivienda familiar. Continuó manifestando, que tratándose de bienes muebles no registrables, de conformidad a lo normado en el art. 2412 del Código Civil, la posesión vale por título y el actor no ha probado que los bienes enumerados en la demanda sean de su propiedad y que los mismos estén bajo la custodia de la accionada, estando comprobada y reconocida la comunidad de vida que existió entre los litigantes.

Señaló también que la medida cautelar intentada no había sido diligenciada en forma.

Que entonces, no habiendo acreditado P. su calidad de propietario de los bienes y que la Sra. C.tenga obligación de restituirlos, la acción no merece recibo.

IV) De la breve reseña de la sentencia, efectuada precedentemente, fluye que el apelante tiene razón en cuanto a que el pronunciamiento no contiene argumentos suficientes para sustentar el fallo.- La actora no afirmó haber aportado en todo o en parte los bienes muebles enumerados en la demanda.

Sin mucha claridad, lo que dijo o quiso decir en el responde, es que entre actor y demandada existió una sociedad de hecho y que aunque los muebles hayan sido comprados por el actor, ellos tenían como destino integrar el ajuar del hogar. Que ambos trabajaban y que al existir comunidad de vida, todo lo compartían, inclusive los ingresos. Y aunque ella no percibiera sueldo, los ingresos eran comunes, por lo que los bienes adquiridos integraban el patrimonio común.

La demandada no admite haberse apropiado de los muebles, afirmando ser su propietaria, pero en ningún momento ha negado que el origen de los mismos fuera el indicado por el actor en la demanda.

Sostiene que por estar destinados a integrar el mobiliario de la casa, los bienes descriptos en la demanda formaban parte de un patrimonio común.- Como se advierte, L. A. C. de manera harto confusa sostiene que los bienes le pertenecen porque fueron aportados para la sociedad que formaba con el actor, en que compartían todo (vida, trabajo, ingresos y bienes), de manera que los bienes que componían el ajuar del hogar conformaban un patrimonio común, esto es una suerte de condominio, pasando a ser de su exclusiva propiedad cuando al concluir la convivencia, G. L. P.se los donó.

Es criterio recibido en doctrina y jurisprudencia que el concubinato, por prolongado que sea, no prueba por sí mismo la existencia de una sociedad de hecho entre los concubinos.- La sociedad puede existir, pero quien la alega debe demostrar hechos que acrediten que los concubinos, además de esa relación, tienen constituida una sociedad en la que realizan aportes en dinero, bienes o trabajo personal con el propósito de obtener alguna utilidad apreciable en dinero para dividir entre sí, como se requiere en el art. 1648 del Código Civil (Gustavo A Bossert «Régimen jurídico del concubinato» Astrea 1982 nº 36, 39, 46, 49, 50, 54; Eduardo A. Zannoni «Derecho de familia» segunda edición nº 786 y 788 y doctrina y jurisprudencia citada por ambos).

Tampoco puede considerarse que los bienes aportados como mobiliario del departamento en que habitaban las partes integraban un patrimonio común porque el concubinato supone una comunidad de vida y de bienes, semejante a un matrimonio.

Aunque se avecinan reformas, esta asimilación es inadmisible actualmente en el derecho positivo argentino.- Se ha dicho con razón que el concubinato es un hecho, que como regla no produce efectos jurídicos, es una simple posesión de estado que no puede asimilarse a la celebración del matrimonio y por lo tanto no le son aplicables las normas del régimen patrimonial del matrimonio por no haber sociedad conyugal (Augusto César Belluscio «Manual de derecho de familia» t. II Ed. Depalma, año 1974, pág. 391).- La accionada no ha probado que alguno de los bienes que figuran en la lista obrante en la demanda fueron adquiridos por ella.- Por el contrario, al no negarlo expresamente, debe considerarse -conforme a lo establecido en el apercibimiento contenido en el segundo párrafo del art.192  del Código Procesal- que ha reconocido que el actor se hizo de los mismos de la manera expuesta en el punto III de la demanda.- Así las cosas, la única razón por la que la demandada sostiene que el mobiliario que adornaba el departamento pertenecía a ambos integrantes de la pareja, es una supuesta comunidad de bienes que resulta de la existencia del concubinato. Y ya se ha dicho que esa relación sólo puede ser invocada como fuente generadora de derechos en situaciones especiales y excepcionales, expresamente previstas por la ley (por ej. el art. 248(RE:LEG801.248) de la Ley de Contrato de Trabajo; el art. 9  de la ley 23.091; los beneficios previsionales; el art. 257  de la ley 23.264 etc).- Descartado este argumento, no abrigo dudas que si los bienes de que se trata fueron aportados por G. L. P. para ser utilizados como mobiliario del departamento que habitaba junto a L. A. C., el actor tenía todo el derecho a llevárselos consigo al concluir la convivencia, puesto que nunca dejó de ser su propietario.- Si la parte demandada sostiene no estar obligada a restituirlos porque los bienes le fueron donados por el actor, como la intención de renunciar no se presume (arg. art. 874  del Código Civil), corre por cuenta de la accionada la prueba de la existencia de tal liberalidad.- Y al respecto, la nombrada nada ha probado y no puede para suplir esa carga, acudir -como pretende- a la presunción que establece el art. 2412  del Código Civil a favor del poseedor de buena fe, de tener la propiedad de la cosa y «el poder de repeler cualquiera acción de reivindicación, si la cosa no hubiera sido robada o perdida».- Es que L. C.no puede ser considerada un tercero que recibió la cosa de buena fe.

Como se ha visto, ella estaba obligada a restituir los bienes a su dueño, cuando le fueron requeridos después de cesar la convivencia, por lo que resulta aplicable al caso la norma del art. 2414 del Código Civil.- Por otra parte, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, el principio general de la irreivindicabilidad de las cosas muebles cede -entre otros casos- cuando se trata de cosas no robadas ni perdidas, de las que su propietario se desprendió voluntariamente siendo víctima de un abuso de confianza» (Beatriz Arean en «Código Civil» dirigido por Bueres y coordinado por Highton tomo 5 pág. 818).

De lo expuesto resulta que de conformidad a lo prescripto en los arts. 2758 , 2772  y demás concordantes del Código Civil, la demanda de reivindicación debe prosperar, debiendo las cosas enumeradas en la demanda ser restituidas a su legítimo dueño, sin que a ello obste -como pretende la demandada- el tiempo transcurrido hasta que fueran iniciadas las medidas cautelares previas a la promoción de la acción, puesto que como se dijo precedentemente, la intención de donar no se presume.- Es también en función de lo dispuesto en el último párrafo del art. 332 del Código Procesal, que señalo que tampoco es impedimento para el progreso de la acción la mención que hace el actor en la demanda, acerca de que algunos de los bienes que introdujo al departamento que habitara junto a la accionada le fueron prestados por sus padres.- Como aclara a continuación -al explicar cómo obtuvo cada uno de los bienes- resulta que lo que ocurrió fue que algunos de ellos fueron comprados por su padre, para él, lo que no significa que aquél haya continuado siendo su propietario, más allá de lo que L. A. P. haya declarado al respecto, testimonio que carece de todo valor conforme a lo prescripto por el art.309  del Código Procesal Civil (Oscar Hugo Vénica «Código Procesal Civil y Comercial comentado» tomo III pág. 63).- Un tratamiento especial merece la situación de uno de los bienes que se pretende reivindicar. Me refiero al perro raza «Basset Haund», llamado «Bauty» que cuenta actualmente con diez años de edad. Todos esos años el can los ha vivido con la demandada L. A. C.- Los primeros cuatro, en el departamento de la Calle Mendoza, como mascota de actor y demandada y después en el mismo lugar, sólo con esta última y desde el mes de octubre de 2007 con la accionada y su madre, en el departamento «B» del primer piso del edificio sito en Pasaje Jefferson 1364 de esta ciudad.- La raza del perro es muy conocida, símbolo emblemático de una conocida marca de calzados. Se trata de un perro muy sociable, de compañía, adaptable a la vida en departamentos, donde siempre ha estado.- Es conocida la especial relación que tienen los perros con la raza humana, en una alianza con mutuos beneficios nacida en los comienzos de la humanidad.- Por su fidelidad a toda prueba, se ha dicho de ellos con razón, que son nuestros mejores amigos. Es sabido también que los perros que como Bauty habitan en el interior de las viviendas, adquieren los hábitos de sus dueños. Ocupan un lugar en la familia. Se «humanizan», por así decirlo.

En estas condiciones la relación del perro con sus amos es muy especial.

Por propia experiencia sé del cariño y afecto que los humanos sentimos por nuestro perro y aunque no existe acuerdo científico al respecto, porque hay quienes dicen que los animales no tienen sentimientos, por las actitudes que observan hacia nosotros, estoy persuadido que ese afecto es recíproco.

Desde esa perspectiva, no creo que los perros sean simplemente una «cosa» en el sentido del art.2311 del Código Civil.- La relación del perro con sus amos contiene un vínculo afectivo que trasciende lo jurídico y se resiste a ceñirse a la figura del derecho real de dominio.- Cabría preguntarse entonces quién es el verdadero «dueño» de Bauty; el que lo compró o quien ha convivido y cuidado de él durante 10 años.- Así las cosas, condenar a la accionada a entregar el perro al demandante, es susceptible de producirle un grave sufrimiento moral sin beneficio alguno para el actor, quien por el tiempo transcurrido perdió el vínculo que tenía con el animal.- Asimismo, «Bauty» no tiene valor económico alguno, teniendo en cuenta su edad.- Siendo ello así, hacer lugar a esa pretensión del accionante, implicaría cohonestar un ejercicio antifuncional del derecho, un abuso que los jueces no deben tolerar, haciendo valer la prohibición que establece el art. 1071 del Código Civil aún de oficio, como lo tiene decidido el Tribunal Superior de Justicia (Sentencia nº 333 del 27 de diciembre de 2011, «Calvimonte c/ Coop. de Vivienda, Consumo y Crédito Horizonte Ltda.- Ord- Escrit. Recurso Directo», publicada en «Diario Jvridico» nº 2264, del 29 de febrero de 2012).- Con la salvedad que resulta de lo precedentemente expuesto, me pronuncio afirmativamente respecto de la primera cuestión planteada.-

Los señores Vocales Eduardo H. Cenzano y Rosana A. de Souza dijeron que estaban de acuerdo con lo expresado por el Vocal preopinante, por lo que adherían a su voto y se pronunciaban en idéntico sentido.-

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Vocal Julio Benjamín Ávalos dijo:

Que teniendo en cuenta el resultado que ha arrojado la votación a la precedente cuestión, correspondía que se sentencie la causa resolviendo hacer lugar parcialmente a la apelación y revocar la sentencia recurrida en todas sus partes.- Cabe hacer lugar parcialmente a la demanda de reivindicación y condenar a L. A. C.a restituir al actor, en el término de diez días contados a partir de que quede firme este pronunciamiento, las cosas inventariadas en el punto III del escrito de demanda, a excepción del perro raza «Basset Haund» descripto bajo el nº 36 del inventario.

En caso de que el cumplimiento de la condena resultare imposible, deberá procederse conforme a lo normado en la segunda parte del art. 820  del Código Procesal.

Las costas correspondientes a ambas instancias deben ser aplicadas a la demandada por haber resultado sustancialmente vencida.- Los honorarios de primera instancia del Dr. Isidoro Kupferschmidt deben ser regulados provisoriamente en la suma de . pesos, ($ .) equivalentes, en números redondos, a los . «Jus» que establece el art. 36  de la ley 9459 como regulación mínima en juicio ordinario (valor del «Jus»: $.).

Los honorarios del mismo letrado por los trabajos de la alzada, deben ser regulados provisoriamente en la suma de . pesos ($ .), importe equivalente, en números redondos, a la regulación mínima que para los trabajos en segunda instancia establece la última parte del art. 40 de la ley de aranceles.

Así voto.-

Los señores Vocales Eduardo H. Cenzano y Rosana A. de Souza adhirieron al voto precedente.

Por el resultado del Acuerdo que antecede y por unanimidad del Tribunal;

SE RESUELVE:

1º) Hacer lugar parcialmente a la apelación y revocar la sentencia recurrida en todas sus partes.- 2º) Hacer lugar parcialmente a la demanda de reivindicación y condenar a Lucrecia A. C. a restituir al actor, en el término de diez días contados a partir de que quede firme este pronunciamiento, las cosas inventariadas en el punto III del escrito de demanda, a excepción del perro raza «Basset Haund» descripto bajo el nº 36 del inventario y sin perjuicio de proceder conforme a lo normado en la segunda parte del art. 820 del Código Procesal en caso de resultar imposible el cumplimiento de la condena.- 3º) Imponer a la demandada las costas de ambas instancias.- 4º) Regular provisoriamente en la suma de . pesos ($ .), los honorarios del Dr. Isidoro Kupferschmidt por sus trabajos en primera instancia y en la suma de . pesos ($ .) por los de la alzada.- Protocolícese y oportunamente bajen.

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