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No subsiste en los hijos mayores de edad un deber alimentario ya que no tienen la presunción legal de daños al perder a sus padres.

Código CivilPartes: B. C. A. c/ E. P. E. L. S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-nov-2012

Cita: MJ-JU-M-75683-AR | MJJ75683 | MJJ75683

Los hijos mayores de edad no tienen la presunción legal de daños que tienen los hijos menores que pierden a sus padres, pues no subsiste en estos un deber alimentario, debiendo probarse el real y efectivo perjuicio sufrido. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Debe modificarse la sentencia reduciendo el importe de la condena por valor vida y dejando sin efecto el resarcimiento por daño psíquico, en un caso de accidente de tránsito con fallecimiento de la madre, al entenderse que todo sujeto no amparado por la presunción de los arts. 1084  y 1085  del CCiv., tiene la carga de acreditar que ha sufrido un daño patrimonial vinculado causalmente con la muerte imputada a las demandadas, el cual debe ser cierto y concreto.

2.-Los arts. 1084 y 1085 del CCiv. crean una presunción en favor de los hijos menores de edad, que determina que la muerte de la madre les genera un daño susceptible de apreciación pecuniaria, que se traduce en aquello que habrían recibido para su subsistencia de no haber ocurrido el suceso, hasta el cese de esa condición.

3.-Una vez alcanzada la mayoría de edad, está en el orden normal de las cosas, que los hijos obtengan por sí lo necesario para mantenerse e incluso, en muchos casos, que sean ellos los que contribuyan para el mantenimiento de sus progenitores cuando a éstos ya no les sea posible realizar trabajos remunerativos, no existiendo para ellos presunción sobre daños patrimoniales.

4.-En las zonas urbanas, los peatones deben cruzar por la senda peatonal o la parte de la calzada que prolonga la acera en sentido longitudinal, De modo que en caso de no hacerlo, la infracción podría crear una presunción de culpabilidad como factor de interrupción de la causalidad legal.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los . días del mes de de Noviembre de 2012, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, en los términos de los Acuerdos Extraordinarios del 3-9-2012 (arts. 33, 34, 35 , 36  y ccdtes de la ley 5827), doctores CARLOS ENRIQUE RIBERA y HUGO O. H. LLOBERA para dictar sentencia en el juicio: «B. C. A. c/ E. P. E. L. S.A. s/ daños y perjuicios S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» causa nº 97437-0; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168  de la Constitución de la Provincia y 263  del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

CUESTION

¿Debe modificarse la sentencia apelada?

VOTACION

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RIBERA DIJO:

1.- La sentencia de fs. 791 hizo lugar parcialmente a la demanda iniciada por C. A. B. contra Expreso Parque El Lucero S.A. y Empresa de Transportes El Litoral S.A., condenando a las demandadas a abonar al actor la suma de $92.480, más intereses a la tasa «pasiva», para resarcirlo por el 80% de los daños sufridos como consecuencia del accidente de tránsito en el que falleció su madre, ocurrido el 31 de marzo de 1997, a metros del cruce de la Avenida San Martín con la calle Gabriela Mistral, de la localidad de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas. A criterio de la Sra. Juez de Primera Instancia, el hecho debe atribuirse en ese porcentaje a la culpa del chofer del colectivo y el riesgo propio de ese rodado, mientras que en el 20% restante obedecería a la conducta temeraria de la víctima, que no cruzó por la senda peatonal.Impuso las costas a las demandadas en su condición de vencidas, quienes apelaron el fallo.

2.- A fs. 819 fundó el recurso el letrado apoderado de las accionadas, con contestación del actor a fs. 829.

Se agravia por la distribución de la responsabilidad. Aunque admite que cierta cuota de culpa debe ser atribuida al chofer del colectivo, considera que la principal causa del daño fue la actividad de la víctima, quien actuó en forma negligente e imprudente, al cruzar por un lugar prohibido, apurada para intentar alcanzar y subir al colectivo y sin adoptar las medidas de seguridad correspondientes. Se refiere a la prueba en cuanto la considera relevante para resolver el caso y cita precedentes de jurisprudencia.

Pide que se revoque la sentencia, rechazando la demanda o en su caso, se otorgue mayor grado de responsabilidad a la víctima.

Critica el progreso del resarcimiento por «valor vida» y eventualmente su importe, pues entiende que resulta injustificado y exorbitante, tomando en cuenta que no se acreditó que la causante trabajara ni que contribuyera en el sustento del actor. Pide que se rechace el rubro.

Cuestiona el monto acordado por daño moral, argumentando que carece de sustento fáctico y jurídico, debiendo ser reducido a sus justas medidas.

Se queja por la reparación del daño psíquico en forma autónoma y por no haberse probado algún perjuicio referente al mismo.

Por último, impugna la suma otorgada por gasto de tratamiento psicológico, pues lo considera excesivo. Asimismo, hace hincapié en que la perito manifestó que el cuadro se presenta como irreversible, por lo que no se justificaría el extenso tratamiento que prescribe.

3.- La medida de la responsabilidad de los sujetos involucrados en el accidente

No es un hecho controvertido que en la causa penal tramitada con motivo del accidente, el conductor del colectivo interno 72 de la línea 379 fue condenado por considerárselo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo del que resultó víctima la Sra. Antonia Salustiana Campos, madre del actor de este proceso civil (fs.792 de autos y sentencia de fs. 249 del expediente «Gaioli, José Luis s/homicidio culposo», tramitado ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional de Transición nº 2 Departamental, recibido en fotocopias certificadas).

Lo resuelto en la causa penal significa que, en orden a lo dispuesto por el art. 1102  del Código Civil, no podrá discutirse aquí la culpa endilgada a Gaioli ni cabría admitir la eximición total de la responsabilidad civil de las empresas demandadas por el hecho de su dependiente y la cosa de su dominio (art. 1113, párrafos primero y segundo , del Código Civil).

Sin embargo, ello no impide ponderar la culpa de la víctima, para limitar el deber de resarcir de las accionadas en la medida en que aquélla haya influido causalmente en la producción del daño (SCBA., Ac. 58840, 5/9/95, AyS 1995 III, 434; anterior Sala 1 de esta Cámara, causas nº 92976, reg. 514/2003 y nº 95.432). La conducta de la mujer fallecida debe ser analizada en el marco del art. 1113 del Código Civil que establece, por principio, la responsabilidad objetiva del dueño o guardián por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa. Se parte de la presunción legal de que existe causalidad adecuada entre el daño y el riesgo propio de un vehículo en movimiento (doct. art. 1113 del Código Civil; CSJN, Fallos 308:1597; ídem 310:2103; ED 164-295 y 41-361; SCBA., Ac. 87874, 30/3/2005), en la medida en que el aquél no obedezca a la culpa del chofer del microómnibus, que está fuera de discusión (doct. art. 1102  del Código Civil). Es carga de los sujetos sindicados por la ley como responsables presuntos, desvirtuar dicha presunción, con prueba acabada de la causalidad ajena alegada como fundamento de su defensa (doct. art. 1113 citado; art.375  del CPCC.; causas de esta Sala n° 107.600, 107.636 y de la anterior Sala 1, n° 97.411, 101.825, 77.625, 103.633, entre otras).

Tratándose de una circunstancia excepcional, que impide la aplicación de la norma general, eliminando o disminuyendo los efectos de la responsabilidad objetiva basada en el riesgo creado, es necesario extremar el rigor al apreciar la prueba. Si quedaran dudas acerca de la causa real del daño (siempre en la porción no atribuible a la culpa del Sr. Jorge Luis Gaioli) cobraría relevancia jurídica la presunción legal que lo atribuye al riesgo propio del microómnibus (doctrina art. 1113 del Código Civil; esta Sala, causa 96.345 y esta Cámara, anterior Sala 1, causa 77.179, entre muchas otras).

Por las circunstancias expuestas y los límites del recurso (arts. 260, 261 , 266, párrafo final , del CPCC.), la cuestión a resolver se centra en dilucidar si el hecho de la madre del actor contribuyó en desencadenamiento del daño en el 20% que le asignó la Sra. Juez de Primera Instancia, o si lo hizo en el porcentaje mayor que alegan las recurrentes.

4.- La culpa de la víctima como fundamento de la defensa

En nuestro derecho, el concepto de culpa se encuentra definido con carácter general en la norma del art. 512  del Código Civil, como «la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar». Consiste en no prever lo que era previsible, o en no adoptar las previsiones necesarias para evitar un daño (CS, abril 2 de 1998, «Risolía de Ocampo, María J. c/ Rojas Julio C. y otro», D J Año XIV, nº 40 del 7 de octubre de 1998; C.N.Civ., Sala L junio 21 de 2000, E D. 190-64).

Para que la culpa de la propia víctima tenga relevancia en el marco del art.1113 que rige el caso, debe estar causalmente relacionada con el resultado dañoso, interrumpiendo al menos en alguna medida, el nexo de causalidad legal (art. 1113, segundo párrafo, segundo apartado, del Código Civil). En realidad, aún cuando el art. 1113 se refiere a la «culpa», lo decisivo como eximente, es la intervención de la víctima como autora de su propio perjuicio, sin olvidar que para que opere la causalidad legal, al damnificado le alcanza con acreditar el daño y la participación de una cosa riesgosa de propiedad o guarda de la demandada (esta Sala, causas 107.636, 107.187 y esta Cámara, anterior Sala 1, causa 92444).

El Código de Tránsito vigente al momento del suceso (ley 11.430 ) establece que en las zonas urbanas, los peatones deben cruzar por la senda peatonal o la parte de la calzada que prolonga la acera en sentido longitudinal (art. 49 inc. 2º ). De modo que en caso de no hacerlo, la infracción podría crear una presunción de culpabilidad como factor de interrupción de la causalidad legal (SCBA Ac. 74331 S 4-6-2003, «Tomazo, Antonio Cruz y otra c/ Brallard, Roberto y otros s/ Daños y perjuicios», sum. Juba B26745, LLBA 2003, 1130). No obstante, por regla, los reglamentos de tránsito no pueden prevalecer sobre normas de jerarquía superior como las del Código Civil (art. 31  de la Const. Nacional), razón por la cual la infracción de las leyes de tránsito no implica necesariamente la culpa del infractor desde el punto de vista civil (SCBA, Ac. 30.302 del 29 de marzo de 1988) ni tiene influencia en la exención de la responsabilidad que les cabe a las demandadas por el hecho de su empleado y como dueña y guardiana del rodado (doctrina arts.1113, párrafo primero y segundo, del Código Civil). Salvo, lógicamente, que la violación del reglamento de tránsito aparezca relacionada causalmente con el resultado dañoso; situación que debe ser probada por las responsables presuntas (SCBA., Ac. 38.302 del 29-3-88; DJJ: 134, 297; «Acuerdos y Sentencias» 1987-V-238, 1987-V-398; SCBA. Ac. 34.801 del 23-9-85; causas nº 110.668 rsd. 69/11, 110.822 rsd 155 del 1.12.11 y 106.441 del 19.02.09. RSD 14/09, 45.517/08, de esta Sala).

Al analizar la relevancia jurídica de la falta de tránsito hay que contemplar todas las circunstancias que rodearon al suceso. Especialmente, deben tomarse en consideración que si bien tanto auto movilistas, como peatones deben respetar las normas destinadas al tránsito ordenado en un espacio de uso compartido, el cruce fuera de la senda peatonal no permite a los automovilistas arrasar con cuanto encuentren a su paso, debiendo en todo supuesto mantener el dominio de su vehiculo a fin de evitar daños a sí mismos o a terceros (SCBA «Acuerdos y Sentencias» 1987-V-238, 1987-V-398; causa nº 110.822 rsd 155 del 1.12.11).

5.- La prueba reunida

La autoridad de la cosa juzgada que emana de la sentencia penal de condena, alcanza no solamente al hecho principal y a la culpa atribuida al condenado, sino también a las circunstancias en que se cometió el accidente y que fueron meritadas por el juez de la causa. Así se infiere del art. 1102 del Código Civil y su doctrina, que tiende a evitar el escándalo jurídico que se produciría si distintos jueces apreciaran la misma prueba con criterio contradictorio (SCBA. Acs. 55369, sent. 22/8/1995, AyS 1995 III, 287; 65895, sent.6/7/1999; 72490, sent. 13/9/2000; 81032, sent.4/12/2002; y 85461, sent. 18/11/2003, entre otros).

El Magistrado que dictó la sentencia penal (fs. 249 de las fotocopias certificadas recibidas como prueba) tuvo por acreditado con los testimonios de los Sres.Spíndola y Méndez y el resto del material probatorio que indicó a fs. 250 vta., párrafo primero, que el conductor del colectivo de la línea 379 interno 72 retomó en forma negligente la marcha de la unidad, luego de haberla detenido en la parada ubicada a tal fin sobre la Avenida San Martín, metros después del cruce con la calle Gabriela Mistral, de la localidad de Los Polvorines, Partido de Malvinas Argentinas, sin prestar la debida atención al tránsito ni advertir que por delante del rodado se encontraba cruzando la Sra. Antonia Campos (fs. 250).

A juicio del Señor Juez en lo Criminal, los testimonios de Spíndola y Méndez, corroborados por el acta de constatación de fs. 3/4, las fotografías de fs. 24 vta./26 y las declaraciones del chofer a fs. 128 y 225, demuestran que la víctima cruzó por delante del microómnibus con intención de abordar la unidad que aún estaba detenida en la parada, siendo arrollada por el comportamiento desaprensivo del chofer, que al reiniciar la marcha no tomó las precauciones debidas. Aunque calificó como temeraria la actitud de la víctima, el sentenciador estimó que de haber adoptado el conductor las precauciones necesarias, razonablemente habría advertido la presencia del peatón que se hallaba a una distancia aproximada de dos metros delante del colectivo (fs. 253 de las fotocopias certificadas de la causa penal).

Los testigos Spíndola y Méndez también prestaron declaración en autos (fs. 612 y 613, respectivamente). Ambos ratificaron que el conductor del microómnibus retomó la marcha, sin advertir que delante de la unidad se encontraba la madre del actor, quien incluso levantó el brazo pero no logró ser vista por el chofer.

Al absolver posiciones en este proceso, Jorge Luis Gaioli admitió que detuvo el colectivo casi 20 mts. después de salir de la parada ubicada en la avenida San Martín y la calle Mistral, y en ese momento se dio cuenta de que había atropellado a la Sra. Campos (fs.230 y 231, pliego de fs. 226, arts. 421 del CPCC.).

Todos los elementos de juicio analizados, apreciados conforme las reglas de la sana crítica y juntamente con el dictamen del perito mecánico, prueban que la víctima inició el cruce muy cerca de la esquina, por delante del microómnibus y mientras la unidad aún estaba detenida, pero no logró ser vista por el chofer, quien recién se percató de la trágica situación, 20 metros después de arrollar a la Sra. Campos, al ser advertido por los pasajeros (testimonios de fs. 612 y 613, dictamen mecánico de fs. 683 y sentencia penal; arts. 384 , 401 , 456 , 462, 474 del CPCC.).

En mi opinión, la única conducta que podría reprocharse a la víctima es el cruce por delante del colectivo detenido, que no tendría una incidencia causal mayor que la estimada en Primera Instancia, pues sin duda los factores preponderantes, los que han tenido mayor gravitación en el desencadenamiento de este lamentable hecho, fueron la negligencia del chofer que no tomó todas las precauciones necesarias al retomar la marcha de un rodado de gran porte y el riesgo propio de ese vehículo, del que las empresas demandadas obtienen beneficios económicos (arts. 512 , 902, 1109, 1113, párrafos primero y segundo, del Código Civil).

Siempre la víctima de un accidente de tránsito pone algo de sí, pues de otro modo no podría resultar damnificada. Pero la cuestión debe ser examinada desde la óptica de la relación causal adecuada, atendiendo a la incidencia del hecho del damnificado en el eslabonamiento del resultado dañoso generado. La doctrina y la jurisprudencia son unánimes al establecer que para que el hecho de la víctima libere al demandado o reduzca su responsabilidad, tanto objetiva como subjetiva, debe haber sido causa (o concausa) adecuada, preponderante o inmediata del daño (Belluscio-Zannoni, «Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado», edit.Astrea, 1° reimpr., Buenos Aires, 1990, t. 5, pág.391; causa de esta Sala 2, n° 107.187, entre otras). De lo contrario, carecería de trascendencia jurídica a los fines que se analizan, aún cuando no haya observado la damnificada todas las diligencias que exigían las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar (doctrina arts. 902 y ss., 1109, 1111  y ccs. del Código Civil; causas de esta Sala n° 110.427, 107.187, 45.517/2008; entre otras).

Y en este caso, tomando en consideración el comportamiento previo de ambos sujetos involucrados y los demás pormenores que desencadenaron la tragedia, no creo que la contravención que se le reprocha a la progenitora del actor, haya tenido mayor gravitación causal que la estimada en la sentencia.

Por los fundamentos expuestos, propongo mantener el progreso parcial de la demanda en el porcentaje establecido por la Sra. Juez de Primera Instancia, que alcanza el 80% del daño sufrido por el actor en directa vinculación causal con la muerte de su madre (arts. 499 , 902, 1077 , 1081, 1084, 1111, 1113 y ccs. del Código Civil, 163 inc. 5º(ref.leg4234.163), 384  y ccs. del CPCC.). Rechazo la apelación en el aspecto analizado.

6.- El monto de la indemnización del daño emergente

En Primera Instancia el rubro fue fijado en la suma de $ 36.000, con crítica de las demandadas que la consideran injustificadas.

Es sabido que la vida humana no tiene valor económico por sí misma. Sin embargo, su supresión, aparte del desgarramiento que provoca en el plano afectivo, podría ocasionar efectos de orden patrimonial, como proyección secundaria de aquel hecho trascendental. Lo que se mide, en signos económicos, no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes (conf.CSJN, fallo del 22/12/94 «Brescia c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios»). El resarcimiento que se otorga a título de «valor vida» tiene por objeto reparar la frustración de la ayuda económica que la víctima le proporcionaba a quien acciona, para su subsistencia.

Los artículos 1084 y 1085 del Código Civil crean una presunción en favor de los hijos menores de edad, que determina que la muerte de la madre les genera un daño susceptible de apreciación pecuniaria, que se traduce en aquello que habrían recibido para su subsistencia de no haber ocurrido el suceso, hasta el cese de esa condición (en concordancia con los arts. 265, 267  y 370 del Código Civil). Pero una vez alcanzada la mayoría de edad, está en el orden normal de las cosas, que los hijos obtengan por sí lo necesario para mantenerse e incluso, en muchos casos, que sean ellos los que contribuyan para el mantenimiento de sus progenitores cuando a éstos ya no les sea posible realizar trabajos remunerativos (arts. 1068, 1077 y ccs. del Código Civil; arg. arts. 367 inc. 1°, 370 y ccs. del Código Civil; art. 375  del CPCC.; conf. Belluscio-Zannoni, «Código Civil Comentado», Tº V, Ed. Astrea, págs. 178/180; causa nº 111.532 rsd 163 del 13.12.11)).

Ello no significa que en ese caso se agoten las posibilidades de reclamar la indemnización, pues el art. 1079 del Código Civil legitima para demandar por daño patrimonial a toda persona que haya sido perjudicada por el suceso. No obstante, es preciso recordar que, como todo sujeto no amparado por la presunción de los arts. 1084 y 1085  del Código Civil, tiene la carga de acreditar que ha sufrido un daño patrimonial vinculado causalmente con la muerte imputada a las demandadas. Este daño, para ser jurídicamente protegido y, en consecuencia, indemnizable, debe ser cierto y concreto.La prueba debe ser apreciada con criterio riguroso por tratarse de una situación excepcional (arts. 1067, 1068, 1069, 1071, 1077 y 1109 del Código Civil; arg. arts. 367 inc. 1°, 370 y ccs. del Código Civil y 375 del CPCC.; Salvat, Tratado. Fuente de las Obligaciones, 1946, tomo III, números 2991 y 2992; Cazeaux, Pedro N. y Trigo Represas, Félix A., «Derecho de las obligaciones», La Plata, 1969, tomo III, pág. 512, 2 edición actualizada, 1979-1980; Llambías, Jorge, «Tratado de derecho civil. Obligaciones», tomo IV-A, pág. 52 y ss.; Zannoni, «El daño en la responsabilidad civil», n° 48, pág. 157).

En mi opinión, el demandante logró demostrar la existencia de un daño patrimonial cierto por la frustración de la ayuda económica que le brindaba su madre para su subsistencia. Con los testimonios coincidentes de los Sres. Luis Spíndola (fs. 612 vta.), Cirila Méndez (fs. 613 vta.) y Siria Bachin (fs. 614 vta.), que me ofrecen plena credibilidad (doct. art. 456  del CPCC.), estimo demostrado que al momento del accidente l a víctima era el sostén económico del hogar, pues su hijo tenía problemas de salud, había sido operado y no realizaba tareas remunerativas, salvo alguna «changa».

Sin embargo, creo que no existen elementos para suponer que esa situación excepcional se habría mantenido durante el lapso que contempla la sentencia, pues no se demostró una imposibilidad real del actor de procurarse los ingresos necesarios para su propia subsistencia. Máxime, tratándose de un hijo varón, que ya había formado su propia familia y que una vez superado el período de convalecencia postoperatoria, verosímilmente se encontraría en condiciones de realizar tareas remunerativas. Al menos, no se aportó prueba fehaciente que lleve a inferir lo contrario ni surge con precisión que el aporte patrimonial que recibía el Sr. Baez de su madre, que en mi opinión es indiscutible (según lo atestiguado a fs. 612 vta., 613 vta. y 614 vta.; arts.384, 456 del CPCC.), se habría mantenido más allá del tiempo que razonablemente le lleve restablecerse de la operación a la que había sido sometido. Ni siquiera se demostró el nivel de ingresos de la mujer fallecida, las características de la intervención quirúrgica a la que fue sometido su hijo, su estado de salud u otras circunstancias que permitan suponer que una mujer que tenía 69 años cuando murió (fs. 37 y 671), habría continuado contribuyendo con el sustento de su hijo varón, de 47 años (fs. 5) durante mucho tiempo.

Debe tomarse en consideración que no basta probar la existencia de un aporte patrimonial de parte de la persona fallecida, sino que además, debía demostrarse que esa contribución verosímilmente se habría mantenido (arts. 375  del CPCC.; causas de la anterior Sala 1 de esta Cámara, n° 102.084, 104.302, 102.690, entre otras). Y es aquí donde advierto una escasez probatoria que me lleva a fijar la indemnización con extrema prudencia, contemplando que la ayuda económica era transitoria y de todos modos habría cesado luego de la recuperación del requirente.

Teniendo en cuenta la presunta extensión del daño patrimonial en consideración y las condiciones personales del actor y de su madre, propongo reducir el importe de la condena a la suma de cinco mil pesos ($5.000) (arts. 163 inc. 5º, 165, 384 y ccs. del CPCC.; 499, 1071, 1083, 1084, 1085 y ccs.del Código Civil). De este modo, admito el recurso de las accionadas en el punto tratado.

7.- El daño moral

La sentencia fijó el rubro en $50.000, con crítica de las demandadas.

Según la definición de nuestro Superior Tribunal, el daño moral es aquel que tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen valor fundamental en la vida del hombre, y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (art. 1078 C. Civ., SCBA, Ac. 63.364 del 10 de noviembre de 1998, DJBA 156-17, causa de esta Sala n° 108.290, entre otras). No es necesario el aporte de prueba ni recurrir a la psicología para evaluar el daño irreparable que le genera al hijo la muerte trágica de su madre, y que debe resarcirse en los términos del art. 1078 del Código Civil. Está en el orden natural de las cosas, que el fallecimiento de un ser de tan estrecha vinculación espiritual y biológica, ha de herir los sentimientos de quien se dice afectado por esa situación. La lógica sensación de dolor por la privación de la ayuda, compañía y aporte al sostenimiento del grupo familiar que brindaba el ser querido fallecido, se agrava cuando fue causada por un hecho intempestivo e injusto (esta Sala, causas acumuladas n° 107.591 y 108.434 de la Sala 2).

Para cuantificar el daño, aprecio las condiciones personales de la Sra. Campos y de su hijo, así como el dolor y la angustia que verosímilmente debió soportar el peticionario y que se prolongará durante el resto de su vida (dictamen psicológico de fs. 691 y 713; causa nº 104.302 de esta Sala 2).

A mi criterio, el resarcimiento fijado en la suma de $50.000 no es elevado en su relación con el daño espiritual que se intenta reparar.En consecuencia, propongo que se confirme la partida, rechazando el recurso de las demandadas en este aspecto.

8.- El resarcimiento del daño psicológico

La sentencia otorgó al actor la suma de $20.000 por incapacidad psíquica y $9.600 por el gasto futuro para afrontar el tratamiento sugerido por la perito.

La psicóloga dictaminó que las circunstancias en las que se produjo la muerte de su madre, afectaron la actitud psíquica del actor, generando un trastorno por estrés postraumático y un trastorno depresivo ansioso moderado, como efecto residual cronificado. Los tests practicados luego de transcurridos aproximadamente dos años del hecho, mostraron que el Sr. B. cursaba un duelo patológico que le acarrea serias dificultades (fs. 693 a 695). Aunque la experta consideró que el cuadro es irreversible y estimó un porcentaje de incapacidad (10% de la t.o.) de carácter parcial y permanente, indicó un tratamiento con carácter paliativo, que colabore en la elaboración del duelo patológico y en la disminución de los síntomas, evitando que siga agravándose el cuadro depresivo (fs. 695 vta. y 714). Doy pleno valor probatorio al dictamen de la perito psicóloga, pues no ha sido desvirtuado con otra prueba y cuenta con el respaldo del conocimiento de la experta en la materia que es de su incumbencia específica y el origen de su designación (arts. 375, 384, 462, 474 del CPCC.).

Sin embargo, en mi opinión, el daño psicológico no constituye en sí mismo un capítulo independiente del daño moral o material, sino una especie del uno o del otro (arts. 519, 522, 1068, 1069 y 1078 del C. Civil). En efecto, el daño psíquico que afecte a una persona, puede traducirse en un perjuicio material, por la repercusión que pueda tener en su patrimonio, o bien en un daño extra-patrimonial o moral, por los sufrimientos que sea susceptible de producir (Cám. Nac. Civ. y Com.Fed., Sala III?, 14/11/89 citada por Bueres, Alberto y Vázquez Ferreyra, Roberto, en «El daño a la persona en la jurisprudencia», Revista de Derecho Privado y Comunitario. Daños a las personas, T. I, pág. 293).

Si se analiza la cuestión desde su resultado patrimonial, se advierte que la disminución de la capacidad incide tanto el aspecto físico como el psíquico. Por esta razón el daño psicológico debe ser tratado como incapacidad sólo si se probara su carácter irreversible. De no ser así, habrá que tenérselo en cuenta al considerar el daño moral, sin perjuicio del tratamiento de recuperación que se imponga (causa de la Sala 1 de esta Cámara, nº 107.733, «Stroczuk, Vladimir c/ Jockey Club S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios», sent. 28/9/09).

En este caso, la perito psicóloga calificó las secuelas psíquicas de irreversibles (fs. 695), pero a la vez indicó un tratamiento destinado a aliviar los síntomas y el malestar, relativamente extenso, de un año de duración y frecuencia de dos sesiones semanales (fs. 695 vta. y 714). Al requerírsele explicaciones sobre el particular, justificó su dictamen en el hecho de que la patología se mantuvo vigente pese a haber transcurrido más de diez años desde el accidente (fs. 714, párrafos segundo y tercero, apartado 3).

En realidad, hasta ese momento no resulta que el actor hubiese realizado algún tratamiento y en su caso, lo infructuoso del mismo. Tampoco explica la experta por qué razón el tratamiento a realizar sería ineficaz para revertir el cuadro ni ofreció el peticionario otra prueba idónea.

En consecuencia, no procede indemnizar la incapacidad psíquica como definitiva, pues dicha condición no fue suficientemente justificada. Entiendo que en el plano patrimonial, que es el que aquí se contempla, sólo corresponde otorgar al damnificado el importe necesario para costear la psicoterapia indicada por la psicóloga, como resarcimiento pleno del daño (arts. 499, 1071, 1083 y ccs.del CPCC.)

Tomando en consideración la extensión del tratamiento (de un año de duración y frecuencia de dos veces por semana) y el costo por sesión que a juicio de esta Sala resulta razonable ($150; causa de esta Sala nº 41.293/08 y de la Sala 1 de esta Cámara, nº 1748/05, de fecha 6/2/2012, reg. 4), propongo dejar sin efecto la condena por daño psíquico y mantener la indemnización por gasto futuro en la suma de nueve mil seiscientos pesos ($9.600), pues a mi entender, no resulta elevada (arts. 1068, 1069, 1071, 1083, 1086 y ccs. Código Civil; 163 inc. 5º, 165, 384, 474 del CPCC.). Con el alcance expuesto, admito la apelación.

9.- Las costas de Alzada

Dada la forma en la que propongo resolver el recurso, aconsejo que las costas de la apelación de las demandadas corran en un 50% a cargo de las recurrentes y en el 50% a costa del actor (arts. 68 , 71  y ccs. del CPCC.).

Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.

Por los mismos fundamentos, el Señor juez Doctor Llobera votó también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada, reduciendo el importe de la condena por «valor vida» a la cantidad de cinco mil pesos y dejando sin efecto el resarcimiento por «daño psíquico». Se confirma el pronunciamiento en lo demás que fuera materia de agravio.

Las costas del recurso de las demandadas serán soportadas en un 50% por las apelantes y en el 50% por el actor. Se difiere la regulación de los honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31  de la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Hugo O. H. Llobera

Juez

Carlos Enrique Ribera

Juez

Guillermo Daniel Ottaviano

Secretario

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