Condena al club por lesiones del actor que al terminar el partido recibió un sillazo de la hinchada contraria

Partes: Morganti Sebastián Gabriel c/ Club Atlético River Plate s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: G

Fecha: 10-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-75005-AR | MJJ75005 | MJJ75005

Se condena al club deportivo y su aseguradora a indemnizar al actor por las lesiones que sufrió cuando se encontraba en el estadio a la espera que, finalizado el partido, se retirara la hinchada visitante ubicada en la parte superior, y recibió en su cabeza, el impacto de una silla arrojada por hinchas del equipo contrario.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y consecuentemenre condenar a los demandados a indemnizar al actor por los daños que sufrió mientras se encontraba en el estadio de una de las codemandadas luego de un partido de fútbol aguardando para salir y recibió el impacto de una silla arrojada por la hinchada contraria, pues la obligación de seguridad a cargo de los organizadores de un espectáculo deportivo no es de medios, sino de resultados.

2.-El deber de seguridad que emana de la ley 23.184  se halla implícito en el contrato de espectáculo deportivo, como una obligación de resultado que impone al organizador una responsabilidad objetiva, la cual solamente puede excusarse por la prueba de la culpa exclusiva de la víctima, contrariamente a la normativa del art. 1113  del CCiv. para los actos ilícitos de fuente extracontractual, en la hipótesis de responsabilidad específicamente legislada en el art. 33  de dicha ley, no se puede excusar esa responsabilidad probando el hecho de terceros ajenos a las partes y por los cuales no se debe responder.

2.-En materia de responsabilidad civil por daños sufridos por concurrentes al espectáculo deportivo, se consagra, en forma inequívoca, la existencia de una obligación de seguridad que es, sin duda, de resultado, y que gravita solidariamente sobre las entidades o asociaciones que participan en dicho evento, y es objetiva con fundamento en el riesgo de empresa, y sólo excusable en aquellos supuestos extremos que no son el del sub examine .

3.-En la determinación de responsabilidad del club de fútbol por los daños sufridos por un espectador, no corresponde admitir como eximente al accionar de los simpatizantes del club visitante o bien la conducta de los efectivos policiales desplegados en el estadio -en buena medida contratados por la entidad-, ya que no se trataría de terceros por los que el organizador no deba responder.

4.-El lucro cesante, entendido como la ganancia dejada de percibir por el damnificado, no se presume y quien reclama su indemnización debe aportar los elementos de prueba que acredite fehacientemente su existencia, pero este daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían ser logradas por el perjudicado con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el hecho, sin que se exija una certeza absoluta, sino apreciada aquella probabilidad con criterio objetivo y de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso.

5.-No todo impedimento para trabajar o hacer algo ocasiona la perdida de beneficios económicos o materiales, el lucro cesante no reside en la inactividad productiva sino en las ganancias frustradas con motivo de ello, en consecuencia, debe existir suficiente relación causal entre dicha inactividad y los beneficios que se dicen malogrados.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de septiembre de dos mil doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la sala “G” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “MORGANTI, SEBASTIÁN GABRIEL C/ CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 350/358 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: CARLOS ALFREDO BELLUCCI – CARLOS A. CARRANZA CASARES- BEATRIZ A. AREÁN.-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Bellucci dijo:

I.- Durante la disputa del “clásico” llevada a cabo en el estadio “Monumental” el 25 de octubre de 2009, el actor que estaba en la platea baja “Centenario” a la espera que, finalizado el encuentro, se retirara la hinchada visitante ubicada en la parte superior, recibió en su cabeza, frente y ojo izquierdo una silla arrojada por algún ignoto homúnculo de la conocida “La Doce” que lo lesionó, por lo que debió ser asistido en uno de los centros médicos del estadio denominado “Posta Centenario”, nivel 22 por una médica que allí se encontraba.-

Con beneficio de litigar sin gastos concedido a fs.53/54 del acólito incidente a la vista n° 40.376/2010, demandó al club local (“River Plate”) la indemnización de las yacturas padecidas.-

II.- Trabada la litis, el club emplazado, substancial y sintéticamente admitió la realización del partido pero negó la presencia del actor y del hecho que éste relató, así como se excusó de toda responsabilidad que se le atribuyó porque afirma haber adoptado todas las medidas de seguridad pertinentes.- En su caso, endilga imputabilidad a la Policía Federal a quien contrató para prevenir y reprimir, en todo caso, hechos u actos del caletre del mencionado por aquél.- Citó en garantía a su aseguradora, la que se presentó admitiendo la existencia de cobertura, pero también pidiendo el rechazo de la pretensión inaugural con fundamento en la no probada concurrencia de tal espectador al evento y la consecuente ausencia de denuncia alguna (policial o penal) al respecto.-

III.- Finiquitados sendos estadios de cognición y debate, a fs.350/58 vta. la sra. juez “a-quo”, con fundamento en la demostración del suceso lesivo invocado, sobre la base de las pruebas meritadas, admitió parcialmente el reclamo del accionante, y condenó concurrentemente al club “De la Banda” y a su aseguradora a indemnizar a su hincha, en la medida, accesorios y las costas, dentro del plazo que allí dispuso y les impuso.-Reguló honorarios a favor de los sres. profesionales que dieron asistencia en la lid.- No estableció, salvo respecto de la mediadora, el lapso en que tales emolumentos debían serles honrados.-

IV.- Protesta el club condenado argumentando que no resulta de aplicación la responsabilidad objetiva en la que se fundó la primer magistrada, habida cuenta de lo previsto por la regulación del código civil que admite eximentes que, precisamente, afirma haber demostrado merced a contratar a las fuerzas de seguridad a las que, insiste, se desplaza el reproche.- Epiloga con diatriba respecto a la prueba del hecho, ya que los testigos han incurrido en contradicciones que no fueron valoradas por la “iudex”.- (conf. síntesis de fs.393/395, sin respuesta pese al traslado conferido a fs. 411).-

La citada en garantía rezonga porque se ha tenido por probado el hecho que no ha existido porque el actor no era socio de la institución asegurada, y por ende, no podía haber adquirido una entrada como la que exhibió, ni ha existido constancia de atención médica en algún nosocomio de la zona, y la constancia adjunta por el propio asegurado, sólo acredita que fue atendido pero no su causa.- Finaliza cuestionando la procedencia y cuantificación de ciertas partidas dañosas.- (fs. 402/408 vta., con el silencio por respuesta ante el traslado corrido a fs.409).-

También se queja el peticionario por la rata del accesorio; porque no se ha considerado la autonomía del daño estético que pidió, y por lo escaso de lo acogido como tratamiento psicológico.- (fs.397/99 vta., con repulsa a fs. 412/vta. y a fs. 414/ vta.-).-

V.- Por obvia razón de método he de analizar, en primer lugar, los dardos críticos lanzados en contra de la imputabilidad fallada, adelantando que no darán en el blanco esperado.-

El 3 de marzo de 1993 se sanciona la ley 24.192 , titulada “Régimen Penal y Contravencional para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos”, publicada en el Boletín Oficial el 26/3/1993.- Esta ley subroga a la ley 23.184 .- El art. 51  de dicha normativa dispone que “…las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generan en los estadios…”.-

Este artículo sustituyó el art. 33  de la ley 23.184 que decía: “… las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo público deportivo son solidariamente responsables civiles de los daños sufridos por los espectadores de los mismos en los estadios y durante su desarrollo, si no ha mediado culpa por parte del damnificado…”.-

El prof.Bustamante Alsina consideraba que el deber de seguridad que emana de la ley se halla implícito en el contrato de espectáculo deportivo, como una obligación de resultado que impone al organizador una responsabilidad objetiva, la cual solamente puede excusarse por la prueba de la culpa exclusiva de la víctima.- Contrariamente a la normativa del art. 1113  del cód. Civil para los actos ilícitos de fuente extracontractual, en la hipótesis de responsabilidad específicamente legislada en el art. 33 de la ley 23.184, no se puede excusar esa responsabilidad probando el hecho de terceros ajenos a las partes y por los cuales no se debe responder.-

Contrariamente a lo axial de las quejas, no se trata en el caso, de la aplicación de los cánones legales contenidos en los artículos 513 y 514  de la ley sustantiva, ya que más allá del hecho sobre cuya prueba existe discrepancia en las quejosas, dada su descripción, en modo alguno puede incluírselo en aquella normativa, ya que no pueden éstas excusar su responsabilidad cuando, como en el “sub lite”, no se está en presencia de hechos externos o ajenos a los presuntos responsables, o al riesgo de las circunstancias o condiciones en que el acontecimiento se desarrolló.- Otra sería la solución si por ejemplo, las lesiones padecidas por el espectador en cuestión, hubieren sido producto de un desastre en el estadio a causa de un meteoro, una inundación, la propagación de un incendio, la caída de un avión que sobrevolaba, etc. (Bustamante Alsina, Jorge, “Los Concurrentes a los partidos de fútbol están amparados por la obligación de seguridad impuesta a los organizadores del espectáculo por el art. 33 de la ley 23.184”.- La Ley 1994-D, 426 Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales, t.V, 1241).-

Desde otro ángulo que ofrecen las piezas de revisión que examino, éstas soslayan que en materia de responsabilidad civil por daños sufridos, entre otros, por concurrentes al espectáculo deportivo, se consagra, en forma inequívoca, la existencia de una obligación de seguridad que es, sin duda, de resultado, y que gravita solidariamente sobre las entidades o asociaciones que participan en dicho evento.- Y es objetiva con fundamento en el riesgo de empresa, y sólo excusable, según explicité antes, en aquellos supuestos extremos que no son el del “sub examine”.-

Pero además, la normativa vigente en materia de espectáculos públicos que ya expuse y que citó acertadamente la colega de mérito, debe ser complementada con las disposiciones de la ley 24.240 , cuya normativa (como ya lo señalara con la solvencia que le reconozco, mi estimada par titular de la vocalía n° 20: libre n° 577.645, del mes de marzo de 2012), es aplicable al espectáculo público a tenor de lo que disponen sus artículos 1°,2°,3°  y cc. (conf. Pizarro, Ramón D, “El fallo de la Corte Suprema de Justicia y la violencia en el fútbol: una bocanada de aire fresco”, RC y S, 2007,448).-

En casos como el presente, para ampararse el damnificado en el mecanismo estatuido por la mentada ley 23.184 y su modificatoria ya reseñada, aquél debe demostrar, en principio, los siguientes extremos: a) su estadía en el estadio al tiempo del espectáculo deportivo b) que el entuerto que padeció se produjo durante su desarrollo.- (conf. Mazzinghi (h), Jorge Adolfo en ” La responsabilidad de los organizadores de un espectáculo deportivo”, en L.L:, al to.1995-B-969).-

A contrapelo de otro argumento que exhiben las disidentes, en la determinación de responsabilidad del club de fútbol por los daños sufridos por un espectador, no corresponde admitir como eximente al accionar de los simpatizantes del club visitante o bien la conducta de los efectivos policiales desplegados en el estadio -en buena medida contratados por la entidad-, ya que no se trataría de terceros por los que el organizador no deba responder.-

En cuanto a la negativa del hecho y de la presencia del actor en el escenario deportivo ese día, sobre los que también baten parches críticos estas agraviadas, me basta desoírlas con sólo advertir que el propio club, a fs, 258/260, admitió dos extremos que ponen coto a tales quejas: que ese día el actor era espectador y que fue atendido de una herida supraciliar derecha de 1 cm. de largo a la que le tuvieron que adosar los bordes y le indicaron un tratamiento “ATB AINE ATT.”.-

Es que no es concebible que se fuera a atender médicamente, si no por razón de lesión sufrida allí, ya que no resulta razonable que lo fuera sin haber estado en el espectáculo, ya que lo contrario, es decir ir sin tal calidad (e spectador) contraría toda lógica.- (arts. 163  y cc. del rituario).-

No es pertinente desautorizar tal demostración, con el argumento que no se establece la causa de tal afectación, ya que es obvio que tal yactura, al conjuro de todo lo barruntado, pero especialmente de las declaraciones testificales que mencionó y bien valoró la anterior magistrada, y que no fueran convincentemente tachadas de no idóneas, no pudieron deberse a otra distinta de la afirmada en el escrito de inicio.- (arts. 163, 330 , 377 ,396 , 456 , y cc. de la ley formal; arts. 901 , 906  y cc.de la sustancial).-

En tal piso de marcha, es de toda aplicación la doctrina del fallo de nuestro cimero Tribunal Federal “in re” “Mosca c/ Provincia de Buenos Aires y otros” del 6 de marzo de 2007 que se registra en Fallos: 330:563; ídem en Fallos:302: 1284; y precedentes de este pretorio, en libre n° 32.662, datado el 27 de Octubre de l999, y sus citas en lo pertinente; ídem libre n° 499.101, fechado el 26 de setiembre de 2008, entre varios otros concordantes que por razón de brevedad omito aquí mencionar.-

Propicio confirmar este aspecto axial del pronunciamiento en crisis, que las inanes quejas examinadas no logran corroer en un ápice.-

VI.- Toca en suerte examinar la cuestión meramente crematística, respecto de la que existe tironeo en las antípodas, por parte de las recurrentes.-

Premito que algunas partidas serán evaluadas en conjunto porque existen reproches enfrentados a su respecto.-

a).-“la incapacidad que se dice no acreditada”.-

Por más esfuerzo discursivo que se realiza a fs. 404/vta., en el que se arguye porcentajes rectificados, es sabido que éstos no son exclusivos y definitorios para valorar la minusvalía derivada del entuerto lesivo. Sólo un elemento más a considerar al conjuro de muchos otros, tales como edad, ocupación, estado civil, ubicación socio económica, etc. respecto del damnificado.- Como el disenso transita por el número porcentual exclusivamente, la protesta de fs. 404/405 no tendrá en mí favorable acogida.-

b).- “el daño psicológico que se dice no demostrado”.-

No asiste razón a la quejosa de fs. 405 vta./406vta., porque el experto que dictaminó a fs.224/240, lo sindicó y acompañó apoyatura científica que las impugnaciones realizadas no desvirtúan, antes bien son ratificadas a fs. 269/270. (en especial fs. 269 último párrafo).- (arts. 386, 477 y cc.del rito).-

c).- “del tratamiento psicológico”.-

Habida cuenta que este ítem va dirigido a evitar un agravamiento de la dolencia descripta por la experticia, y sobrellevar tal yactura a fin de ayudar a restañar la integridad lesionada por el evento, no encuentro asidero a las quejas espetadas a fs. 406 vta., ni las opuestas de fs.391 vta., porque en este caso correctamente descontó la colega de grado el período de receso necesario que es “notitia rerum”.-

d).- “de la cuestionada proyección económica de lo dado por incapacidad sobreviniente”.-

Probado como ha quedado el menoscabo a su integridad físico psíquica, no es sustento suficiente para remover lo concedido en tal renglón que se afirme que el actor trabaja con una ganancia mensual de pesos dos mil quinientos ($2500), porque la partida bajo lupa de examen no se circunscribe a tal argumento, sino que contempla otros parámetros (edad, naturaleza de la lesión, tiempo probable de pasividad, incidencia negativa en la actividad vivencial etc.).-

En lo tocante a este menoscabo, sabido es que la indemnización en estudio tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laboral, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc. (conf.: sala “F” en causa libre nº 49.512 del 18-9-89; Llambías, J.J. “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones-” t. IV-A, pág. 120, nº 2373; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni, “Código Civil y Leyes Complementarias, comentado, anotado y concordado” t. 5, pág 219, nº 13; Cazeaux-Trigo Represas , “Derecho de las Obligaciones”, t. III, pág.122; Borda, G.A. “Tratado de Derecho Civil Argentino- Obligaciones-“, t. I, pág. 150, nº 149; Mosset Iturraspe, J. “Responsabilidad por daños” t. II-B, pág. 191, nº 232; Alterini-Ameal-López Cabana “Curso de Obligaciones” t. I, pág.292, nº 652).- En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psíquica (conf. CNCiv. Sala “A” en causa libre nº 59.662 del 22-3-90).-

Por ende, coincido con la primer magistrada en la que considero equilibrada y prudente valúa que propicio confirmar.- (arts.163;165 , 386 , 456 , 477 y cc. de la ley formal).-

e).-“de la noxa moral y su cuantía”.-

El mero disenso subjetivo, muy respetable por cierto, que se vierte a fs.407 vta. resulta inane a los fines de avenirse a la prescripción contenida en el artículo 265  de la ley de forma, de modo que cae en la deserción que predica el artículo 266 del mismo códice.-

Sin perjuicio de lo afirmado, advierto que la epítema concedida para paliar la presura derivada del entuerto coincide con la aflicción que pudo padecer quien, un domingo de clásico, fue a la cancha a alentar y gozar (o sufrir) con el desempeño de su equipo, y terminó lesionado cuando seguramente, previó un tiempo de distracción que el espectáculo debía darle.- (arts. 163, 165 y cc. del rito; 1078 , 1083  y cc. de la ley de fondo).-

Ello, claro está, independiente de la alegría o sinsabores que el resultado del partido podía entregarle, sentimientos éstos totalmente ajenos a una agresión como la padecida.-

f.-) “del lucro cesante no demostrado”.-

Sabido es que el lucro cesante, entendido como la ganancia dejada de percibir por el damnificado, no se presume y quien reclama su indemnización debe aportar los elementos de prueba que acredite fehacientemente su existencia (conf. Orgaz, “El daño resarcible”, 3a. ed., pág. 24 nº 7; Mayo en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, t. 2 pág.720 nº 43; Llambías, Tratado de Derecho Civil -Obligaciones-, t. I pág. 209 nº 232), pero también lo es que se ha decidido reiteradamente que este daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían ser logradas por el perjudicado con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el hecho, sin que se exija una certeza absoluta, sino apreciada aquella probabilidad con criterio objetivo y de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso (conf. C.N.Civ. Sala “F”, causas 59.502 del 11-12-89, 88.218 del 13-5-91 y 133.444 del 31-8-93, entre muchas otras).-

Así esta yactura se atiene a la ganancia frustrada, es decir los daños que se producen por falta de ingreso de determinados bienes o derechos al patrimonio de la víctima, que se ve privada de beneficios que hubiera obtenido de no mediar el hecho dañoso (Moisset de Espanes, “Reflexiones sobre el daño actual y el daño futuro con relación al daño emergente y al lucro cesante” E.D.59,792).-

Aunque la certeza del lucro cesante sea relativa, impone, sin embargo, suministrar elementos de juicio que la avalen, al efecto de descartar un daño sólo conjetural o hipotético.- En esa orientación, se ha entendido que si bien es dable admitir en materia de lucro cesante una mayor flexibilidad en la apreciación de los hechos que constituyen fuente del perjuicio (a diferencia del daño emergente en que se aplican con todo rigor las reglas que rigen el “onus probandi”), ello no implica en modo alguno reconocer sin más la reparación, ya que la “restitutio in integrum” no es automática, debiendo demostrarse siempre la existencia de los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende, para evitar de esa manera el enriquecimiento injusto del damnificado a costa del responsable; corresponde por tanto al demandante la acreditación del daño alegado porque el lucro cesante no se presume” (C.N.Com., Sala A, 19/12/80, J.A.:, 1982-I-230)

Ello es así, porque no todo impedimento para trabajar o hacer algo ocasiona la perdida de beneficios económicos o materiales.- El lucro cesante no reside en la inactividad productiva sino en las ganancias frustradas con motivo de ello.- En consecuencia, debe existir suficiente relación causal entre dicha inactividad y los beneficios que se dicen malogrados.-

Y en tal derrotero, asiste razón a la queja de fs. 408, en la medida que ninguna prueba existió respecto de que el lesionado dejara de laborar en lo que hacía comúnmente.- (arts. 377 y c. del rito).-

La muy parca fundamentación expuesta a fs. 357 ante último párrafo resulta a mi juicio, respetuosamente, insuficiente como para dar cabida a este renglón certeramente criticado.-

Propongo revocar esta parte del decisorio, y rechazar este ítem dañoso.-

g).- “de la no concedida autonomía del daño estético”.-

El actor predica omisión en el “dictum” acerca de una concesión autónoma del así denominado “daño estético”, que la sra.juez de grado incluyó en la incapacidad sobreviniente derivada del vandálico suceso que motivó el reclamo inaugural. Insiste en que lo requirió por separado y solicita que así se lo conceda en revisión.- (“vide” fs. 399/vta.).-

Ha fallado correctamente y con apego a la ley sustantiva la “a-quo”.-

Es que nuestra clasificación dual de daños que prohíja y regula la ley civil, no admite un “tertium genus”.- O se demuestran daños patrimoniales directos o indirectos, o extra patrimoniales.-

En tal sentido me place citar el precedente de este pretorio “in re”: “Tía c. Casagrande” publicado en La Ley, 1995-E, 461/66, IV consid. y sus citas, con nota de “Xanthos”, fundamentación jurisprudencial y doctrinaria, mi querido ex colega de sala doctor Greco docentemente explica la improcedencia -por ausencia de autonomía- de partidas como la yactura psicológica, la estética (que es el caso en examen) y otras tantas que conforman un innecesario festival de rubros que la ley sustantiva no sólo no prohíja, sino que criteriosamente regula de forma omnímoda, tal cual lo he sindicado.-

En sentido concordante, véase su voto preopinante en “Montesi de Pons c. De Guzmán s/ daños”, en el ED, t. 177 p. 275/77, especialmente II considerando, en lo pertinente, a cuyas citas remito por razones de brevedad.-

Si la afectación a la integridad física -caso de lesiones como el que aquí se trata- genera disminución de posibilidades patrimoniales, integra la incapacidad; es, por consiguiente un daño patrimonial indirecto.- Si no produce esa disminución, forma parte del daño extrapatrimonial o moral.-

Daré las razones. En el derecho italiano se entiende, en general, que el daño no patrimonial es resarcible sólo en los casos determinados por la ley (art. 2059 del código de 1942), precepto que su doctrina vincula con el art.185 de su código penal por lo que limita su procedencia a los casos de delito, a los que adiciona, excepcionalmente, alguna otra situación siempre que exista norma que así lo prevea (ver por todos Adriano DE CUPIS, “Il danno. Teoria generale della responsabilità civile”, vol 2, Milano, Giuffrè, 1970, extenso desarrollo en el nº 149, págs. 236/242; en igual sentido Francesco MESSINEO, “Manual de Derecho Civil y Comercial”, traducción de Santiago Sentis Melendo, Bs. As., E.J.E.A., 1954, to. VI, nº 53, págs. 565/567. Más recientemente Guido ALPA, “Responsabilità Civile e danno. Lineamenti e questioni”, Génova, 1991, Società Editrice Il Mulino, págs. 506/512, con análisis de la evolución del concepto en la jurisprudencia que glosa).- Aparte de las críticas a lo restrictivo del precepto, formuladas como aspiración “de lege ferenda”, se advierte en la reseña de fallos (tanto en los citados por ALPA como en los que se registran en el fallo de primera instancia dictado por la Dra. Elena Highton, EL DERECHO, to. 152, págs. 451/455 y que la alzada hizo mérito, para confirmarlo, de la insuficiencia de los recursos, págs. 499/500) una preocupación de los jueces italianos por dar solución favorable a casos en que no había delito penal, al extremo que no faltan decisiones que dilatan la intelección del art. 2043 (“cualquier hecho doloso o culposo que ocasiona a otro un daño injusto, obliga a aquél que ha cometido el hecho a resarcir el daño”; como se ve, conceptualmente idéntico al art. 1109 de nuestro código), para lo cual se recurre a la creación de una suerte de “tertium genus” (“metà tra il danno patrimoniales a quello morale”) al que denominaron daño psicológico (ALPA, ob. cit., pag. 507).-

En nuestro derecho el problema es diferente. El art.1078 salido de la pluma de Vélez era, literalmente, tan limitativo como lo fue después el 2059 italiano (“si el hecho fuese un delito del derecho criminal.”); omito las distintas comprensiones que le dieron ciertas jurisdicciones del país -capital y provincias- por ser ya arqueología jurídica.-

Con la reforma de 1968, el nuevo texto del art. 1078 y el progresivo abandono de la tesis punitiva o sanción ejemplar que en un tiempo gozó de cierto predicamento, hoy en día es prácticamente “ius receptum” que el daño moral es resarcible, en sede extracontractual, se trate de delito o acto ilícito culposo corrientemente llamado cuasidelito, y aun en los casos en que juega un factor objetivo de imputación.-

De consiguiente, no se justifica querer importar una exótica teoría, formulada sobre bases normativas diferentes, que tiene el vicio lógico de transgredir el principio de tercero excluido.-

En efecto, si un daño no es patrimonial, necesariamente es extrapatrimonial; y si no es lo uno ni lo otro, no es daño.- No queda margen para la recepción de una pretendida clasificación tripartita entre daño patrimonial y estético, carente de principio de división (esta sala, en L.Nº 218111 del 27 de mayo de 1997, autos “Delbue Guillermo c/ Quezada Ríos”, entre tantísimos otros concordantes que omito referir por no abundar).-

Ergo, hago ponencia concreta al acuerdo en el sentido de no auditar este reproche, y confirmar lo que sobre el particular vino decidido de la anterior instancia.-

h).- “de la rata del accesorio mandada correr desde el evento y hasta el dictado de la primer sentencia, y que el actor predica fallida en orden a la plenaria dispuesta “in re” “Samudio….” .-

Habida cuenta que claramente, a fs. 357 vta.último párrafo de los considerandos allí desarrollados, la sentenciadora estableció valores actuales al tiempo de su acogimiento, la revisión que pretende el peticionario resulta improcedente porque este aspecto de los réditos queda atrapado “dentro de las fauces” (pido disculpas por la licencia literaria que utilizo a modo de metáfora) del 4° interrogante al que se sometió el pleno en el caso antes sindicado, por lo que la protesta en cuestión deviene acidiosa y no admisible.-(arts. 303  y cc. de la ley rituaria; 622  y cc. de la fondal).-

“Breviloquens”: Si mi voto suscitara concurrencia en mis distinguidos y muy queridos pares, corresponderá revocar parcialmente la decisión de grado en cuanto admitió la partida “lucro cesante” que cabe rechazar; confirmarla en todo lo demás que decidió y fue materia de inanes quejas, con costas de alzada a cargo de las co-condenadas por la naturaleza propia de los pleitos del jaez del presente, en que la carga causídica no es sanción, sino el reconocimiento de las erogaciones que debió realizar la víctima en procura que su derecho, aún menguado, le fuera admitido, a lo que agrego la frustración revisora de todo lo substancial de su soflama recursivo, del que destaco las acidiosas quejas respecto de la imputabilidad fallada que he propuesto confirmar.- (arts. 68  y cc. de la ley adjetiva).-

Tal es mi convencida y fundada ponencia al cónclave.-

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carlos A. Carranza Casares y Beatriz A. Areán votaron en igual sentido y por análogas razones a las expresadas en su voto por el Doctor Bellucci. Con lo que terminó el acto. Conste.-

Buenos Aires, de septiembre de 2012.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:I.- Revocar, en parte, el pronunciamiento dictado, en cuanto admitió la partida “lucro cesante” que se desestima.- II.-Confirmarlo en todo lo demás que decidió y fue materia de no atendibles quejas, con costas de alzada a cargo de las co-condenadas apelantes frustradas en lo substancial de su discurso revisor (arts. 68 y cc.).-III.- Conforme lo establece el art. 279  del Código Procesal, corresponde adecuar los honorarios regulados en la sentencia de primera instancia al nuevo monto del proceso. En consecuencia, en atención a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, resultado obtenido, etapas cumplidas y lo que disponen los arts. 6, 7 , 9 , 14 , 19 , 37, 38  y conc. de la ley 21.839 y la ley 24.432  se regulan los honorarios del letrado patrocinante del actor, DR. HORACIO DANIEL MOSQUERA en la suma de ($.), los de la letrada apoderada de la demanda DRA. VERONICA ANDREA GALEANO en la suma de ($.) y lo del letrado apoderado de la citada en garantía DR. ENRIQUE JOSÉ QUINTANA en ($.).-

Por los trabajos de alzada se regula el honorario de la DR. MOSQUERA en ($.), el de la DRA. GALEANO en ($.) y los del DR. QUINTANA en ($.).-

En atención a la calidad, mérito y eficacia de la labor pericial desarrollada en autos; a lo normado por los arts. 10 , 13  y conc. de la ley 24.432 y a la adecuada proporción que deben guardar los honorarios de los expertos con los de los letrados intervinientes (Fallos: 314:1873; 320:2349; 325:2119, entre otros) se establecen los honorarios del perito médico DR. ANTONIO SANTIAGO COSENTINO en la suma de ($.).- Fíjase el plazo de diez (10) días para su pago.-

En atención a la fecha en que fuera realizada la tarea, los honorarios de la mediadora, ADRIANA MARTA CRESPIN, deben fijarse conforme lo establece el artículo el art. 21 inc. 5°  del decreto 91/98 modificado por el decreto 1465/07  en la suma de ($.)).- IV.-Al volver los autos, el tribunal de mérito arbitrará lo conducente al logro del ingreso del faltante tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que en ello trae e impone la ley 23.898 .-V.- Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sujeta a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal.- Notifíquese, regístrese y devuélvase.- CARLOS A. BELLUCCI – CARLOS A. CARRANZA CASARES – BEATRIZ A. AREÁN.- ES COPIA.-

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