Daños al actor resultan prueba suficiente para acreditar que la información difundida por el Banco resulta desactualizada.

Partes: Rodríguez Fabiana Rosa Alejandra c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 21-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-74886-AR | MJJ74886 | MJJ74886

En procesos de habeas data, a los fines de obtener el resarcimiento de los daños derivados del negligente y descuidado manejo de la información crediticia, deben resultar los daños de la misma prueba necesaria para acreditar que la información difundida resulta desactualizada, falsa, inexacta, incompleta, discriminatoria, o debe ser suprimida o rectificada.

Sumario:

1.-El art. 16  de la ley de habeas data dispone que toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos ; lo que debe complementarse con lo establecido por el art. 4, inc. cuarto  de la norma en cuanto a la calidad que deben revestir los datos a suministrar: …deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuera necesario .

2.-De conformidad con los arts. 4°, incs. 4 y 5, 26  y 33  de la ley 25326, los datos relativos a información crediticia deben ser exactos y completos. En tal sentido, lo dispuesto en el art. 43  de la CN. con relación al derecho del afectado a obtener la supresión o rectificación de toda información personal que incurra en falsedad debe ser interpretado conforme a los términos de la respectiva ley reglamentaria, según la cual no basta que lo registrado como verdadero sea tal si, al tomar razón de los datos relevantes al objeto y finalidad del registro de manera incompleta, la información registrada comporta una representación falsa. Al respecto, el art. 33 de la ley 25.326 confiere la acción de protección de los datos personales toda vez que la información registrada sea incompleta o inexacta, por lo que su procedencia debe ser juzgada de acuerdo con estos parámetros.

3.-La obligación del responsable del archivo -o, en este caso, del informante de los datos- de comprometerse activamente para que la información almacenada sea adecuada y pertinente, se encuentre al día, sea exacta, verdadera y completa y se refuerza esta responsabilidad asumida por las entidades crediticias que proporcionan información a los bancos de datos, si se considera la importancia y consecuencias que poseen tales informes relativos a la solvencia y al riesgo crediticio de las personas.

4.-El especial interés para su titular, por motivos que hacen a la protección de bienes jurídicos como la intimidad o el honor, se potencia por el hecho de que tales datos son útiles para la adopción de diversas decisiones en el mercado del crédito, en el cual una historia negativa cierra las puertas de acceso al sistema.

5.-En principio, considero que no procede el otorgamiento de daños en la acción de habeas data y ello así, a excepción de aquellos que no requieran de mayor prueba que la arrimada para decidir el fondo del asunto en los estrictos términos del art. 33  y 43  de la ley 25326.

6.-Si bien existen diversas posturas respecto de la naturaleza de la acción de habeas data, pero mas allá de las numerosas opiniones de la doctrina -y de las que, incluso, podrían llegar a vertirse con relación a su naturaleza jurídica- lo cierto es que existe cierto consenso general en punto a la aplicación al habeas data de los principios basilares que presiden el régimen legal del amparo.

7.-Fácil resulta advertir que el primer párrafo del art. 43 de la CN. reconoce primero la acción de amparo y, de seguido, regula sus recaudos constitucionales. Por su parte, el segundo apartado de dicha norma disciplina los llamados amparos colectivos y en tal sentido prescribe textualmente que: Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización .

8.-Es la propia redacción del tercer párrafo del art. 43 de la CN. que conceptualiza a la acción de habeas data como una especie de amparo. De allí que le resultan aplicables sus principios esenciales. Ello, claro está, siempre que no desnaturalicen su peculiaridad, pues no debe pasar inadvertido que el objeto de la pretensión difiere en ambos casos y en este sentido, deberán satisfacerse los principios de celeridad, ausencia de condicionamiento acción-, viabilidad de declaración de inconstitucionalidad de normas, desarrollo procesal con bilateralidad atenuada, privilegio del logro de sus objetivos frente al rigorismo de las formas y protección de los derechos constitucionales.

9.-La aplicación de los principios del amparo al habeas data, podría también obtenerse de lo dispuesto en el art. 37  de la ley 25326. Dicha norma establece, en relación al procedimiento aplicable, lo siguiente: la acción de habeas data tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento que corresponda a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo atinente al juicio sumarísimo y de allí que es la misma normativa específica la que dispone que este proceso tramitará, también y supletoriamente, según las normas correspondientes a la acción de amparo común.

10.-La aplicación de los principios del amparo al habeas data no supone que para la procedencia del habeas data deban configurarse los requisitos de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y esta conclusión es conteste con el principio que surge del art. 33 de la ley 25.326 que dispone que la acción de habeas podrá entablarse, en los casos que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trate…. Y de tal manera no es requisito ineludible la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (que, en cambio, deben estar presentes en el amparo), bastando la presunción de que el adversario obra fuera del marco de la ley 25326 .

11.-La ley 25326 nada dice respecto de la pertinencia de reclamar en el mismo proceso de habeas data los daños derivados de la infracción a la normativa. Solo los arts. 31 y 32 refieren a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que su inobservancia acarrea.

12.-Si bien como principio no corresponde, en principio, reclamar daños en acciones de habeas data, tal principio general reconoce una excepción: aquellos daños que no requiriesen para su demostración de otra prueba más que la necesaria para decidir el fondo del asunto involucrado en el habeas data y cuando se alude al fondo del asunto debe referirse a la prueba necesaria para acreditar que la información difundida resulta desactualizada, falsa, inexacta, incompleta, discriminatoria, o debe ser suprimida o rectificada (conf. arg. art. 33 y 43 de la ley 25326.).

13.-El reconocimiento de la facultad al actor de reclamar daños y perjuicios en la acción de habeas data no importa desnaturalizar la rapidez del proceso, que es acorde con la garantía constitucional que se intenta proteger. Ello así pues la prueba del daño que podría concederse deberá surgir solo de aquella rendida para resolver la procedencia o improcedencia de la acción.

14.-La sola publicación de una persona como deudor moroso, cuando no lo es, provoca un perjuicio moral que debe ser resarcido y desde esta perspectiva, a los efectos de tener por acreditado el daño resulta necesaria la sola demostración de la publicación errónea en una base de datos pública o privada de informes crediticios. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los veintiun días del mes de junio de dos mil doce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “RODRIGUEZ FABIANA ROSA ALEJANDRA C/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SOBRE AMPARO” (Registro de Cámara 23.739/2008; causa nº 059163; Juzgado nº 6 Secretaría nº 11) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 286  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Ojea Quintana y Doctor Barreiro.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 199/207?

La Sra. Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

a. Fabiana Rosa Alejandra Rodríguez (en adelante, “Rodríguez”), promovió la presente acción de habeas data contra el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, “Banco Ciudad”) a fin de que:i) se suprima y se ordene el bloqueo de la información sobre su persona, tanto actual como histórica, publicada por Organización Veraz; y ii) se condene a la entidad accionada al pago de pesos treinta mil en concepto de daño moral.

Relató que solicitó un crédito al Banco de la Nación Argentina, que fue rechazado, entregándosele en esa oportunidad un informe de Organización Veraz del que surgía que en los años 2006 y 2007 figuraba, sucesivamente, como deudora de riesgo medio, alto e irrecuperable.

Afirmó que, dado que el monto informado no coincidía con suma alguna que adeudase, efectuó un reclamo ante la demandada, quien le entregó una certificación de inexistencia de deuda.

Aclaró que, pese a esta constancia, la solicitud crediticia le fue rechazada.

Detalló las diferentes misivas enviadas al Banco Ciudad requiriendo la supresión de la información sobre su persona, que no obtuvieron respuesta.

Relató los malestares que padeció, consecuencia de la información errónea publicada y el rechazo de la solicitud de crédito.

Ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión.

b. En fs. 94/102 contestó la acción el Banco Ciudad en los términos de la ley 25.326:39.Solicitó su rechazo con imposición de costas.

En forma introductoria destacó la improcedencia de la acción de habeas data, pues a la fecha de su promoción no existía información -actual o histórica- desfavorable respecto de Rodríguez.

Adujo, asimismo, que el desconocimiento por parte de su contraria de su condición de deudora no justifica tampoco la admisión de la acción.

De seguido, efectuó una negativa pormenorizada de los hechos narrados y dio su versión de lo acontecido.

Explicó que otorgó a la accionante un préstamo personal -nº 5605313/3- y que dentro del paquete de productos contratados, aquélla solicitó la apertura de una cuenta corriente en pesos -nº 829/5-, una caja de ahorro en dólares y una tarjeta de crédito.

Especificó que, aun cuando la cuenta corriente poseía una autorización para girar en descubierto por $ 1.000, la misma registró diversos saldos deudores en diferentes períodos.

Expresó su obligación legal de comunicar la deuda al Banco Central de la República Argentina; y afirmó que no posee ninguna vinculación con Organización Veraz o injerencia alguna en los informes por ella brindados.

Sostuvo que su responsabilidad se limita a la eventual existencia de hipotéticos errores en la información suministrada al B.C.R.A.; y señaló que, en el caso, los saldos de la cuenta corriente son verídicos y no fueron impugnados por Rodríguez.

Destacó que la actora no pudo desconocer su condición de deudora e insistió en el hecho de que la información brindada no fue errónea o inexacta.

Por otro lado, indicó que el objeto de la acción devino abstracto ya que al momento de su promoción no surgía de la Central de Deudores del B.C.R.A. ni de los informes de Organización Veraz, información desfavorable alguna respecto de la accionante.

Postuló la improcedencia del daño moral reclamado.

Ofreció prueba, citó jurisprudencia y fundó en derecho su pretensión.

c. Mediante la presentación de fs.107/12 Rodríguez contestó el traslado conferido en los términos del artículo 42  de la ley de habeas data; mereciendo aquélla la contestación de la defendida de fs. 114/9.

d. En fs. 124 la actora denunció como hecho nuevo la subsistencia de información crediticia errónea mediante el formulario correspondiente.

Sustanciada tal presentación, fue respondida por el Banco Ciudad en fs. 127/8.

En la audiencia celebrada en los términos del cpr. 360  -v. fs. 143- se resolvió la desestimación del hecho nuevo denunciado.

II. La sentencia de primera instancia.

En fs. 199/207 se dictó sentencia y se condenó al Banco Ciudad a: i) suprimir la información histórica respecto de la actora que pudiese existir en su sistema de datos; ii) comunicar el decisorio al B.C.R.A. y a las diversas entidades financieras y de información a las que pudiese haber sido comunicada la deuda de aquélla; y iii) pagar a Rodríguez en concepto de daño moral pesos seis mil ($ 6.000) más intereses desde la fecha del resolutorio. Asimismo le fueron impuestas las costas del proceso.

Para decidir en el sentido indicado, la “a-quo” en primer lugar analizó las constancias aportadas por el Banco Ciudad, como así también el informe brindado por el B.C.R.A.

Así, evaluó que al 25.03.08 la entidad demandada informó a Rodríguez que no poseía deuda vencida y exigible y que, posteriormente -en mayo de 2008- le comunicó telegráficamente la regularización de su situación en Organización Veraz, haciendo hincapié en la existencia de una deuda por comisión por mantenimiento de cuenta corriente.

Empero, la magistrada observó que de los resúmenes de cuenta adjuntados por la accionada se desprendía que la deuda mantenida por Rodríguez ascendía a un importe sensiblemente menor a aquél por el cual había sido informada como deudora.En esa línea, destacó que si bien el Banco Ciudad afirmó que lo adeudado correspondía a la totalidad de los productos contratados, el único importe acreditado era el correspondiente al saldo deudor de la cuenta corriente, y por sumas menores.

De esa manera, concluyó en la inadmisibilidad de la postura de la demandada, puntualizando que la existencia de una deuda por una suma ínfima no la habilitaba a comunicar a su contraparte como irrecuperable por una suma mayor.

Meritó la jueza de la anterior instancia, por otro lado, que gran parte del objeto del litigio se hubo consumido durante el transcurso del proceso ya que: i) en el mes de agosto de 2007 la demandada calificaba en condición “1” a Rodríguez; y ii) ésta hubo de obtener el préstamo requerido al Banco de la Nación Argentina.

No obstante ello, y dado que el Banco Ciudad no explicó ni acreditó con claridad, exactitud y completitud el origen y el monto de la supuesta deuda mantenida por la accionante, lo que originó su calificación negativa; estimó procedente la eliminación de los datos históricos desfavorables a aquélla.

Finalmente, concedió la suma de pesos seis mil ($ 6.000) en concepto de daño moral.

III. Los recursos.

Contra tal pronunciamiento apeló la demandada en fs. 208/11. Su recurso fue concedido a fs. 212.

Asimismo, apeló la sentencia Rodríguez en fs. 213. Su recurso fue concedido en fs. 214.

El incontestado memorial del Banco Ciudad luce en fs. 208/11.

Los agravios de la accionante obran en fs. 217 y merecieron la respuesta de fs. 220/2.

A través de la providencia de fs. 227 se dispuso dar vista de las presentes actuaciones a la señora Fiscal General ante esta Cámara, quien dictaminó en fs. 228.

IV. Los agravios.

El contenido del recurso deducido por la demandada transcurre por los siguientes carriles:i) arbitrariedad de la sentencia e inexistencia de obrar antijurídico; ii) improcedencia del daño moral; y iii) imposición de costas.

De su lado, la queja sostenida por la demandante concierne al quantum concedido por daño moral.

V. La solución.

a. Analizaré separadamente cada uno de los agravios introducidos por los apelantes.

Mas, liminarmente, me introduciré por razones de orden lógico en las quejas que planteó el Banco Ciudad. Ello pues, de prosperar, dado que pretende aquél la íntegra revocación del fallo apelado, devendrá abstracto el análisis del agravio de la actora, que tiene como premisa fundamental la procedencia de la acción.

b.1. Arbitrariedad de la sentencia e inexistencia de obrar antijurídico.

Adujo el recurrente que el decisorio se contrapone con las constancias obrantes en la causa, y que la “a-quo” omitió indicar cuál fue el incumplimiento en que incurrió.

Expresó que, como reconoció la sentencia, existió una deuda mantenida por Rodríguez; lo que la llevó a calificarla como deudora e informarla al B.C.R.A.

Sostuvo que cursó tal comunicación solo a dicha entidad y no a Organización Veraz, por lo que resultó improcedente condenarlo a modificar la base de datos de un tercero.

Manifestó que el agravamiento de la calificación otorgada al deudor obedecía al plazo por el que se prolonga el incumplimiento y no se relaciona con el monto adeudado.

Concluyó que no incurrió en obrar antijurídico alguno; pues, por un lado, al momento de contestar la demanda Rodríguez ya se encontraba en situación de cumplimiento regular, y, por otro, no fue acreditada la denegatoria de la solicitud de crédito por parte del Banco de la Nación Argentina.

En forma preliminar al tratamiento de la queja ensayada precisaré el marco fáctico en que ha quedado circunscripto el conflicto.

Rodríguez inició la acción con fundamento en lo dispuesto por el art.33  de la ley 25.326 a fin de obtener la supresión de la información a su respecto -tanto actual como histórica- publicada en Organización Veraz y originada por la accionada.

Asimismo, requirió se condene al Banco Ciudad a resarcir el daño moral padecido.

La resistencia del banco se centró en diversos argumentos: i) abst racción del reclamo, pues al momento de ser iniciada la demanda no existía ya información desfavorable; ii) existencia de diversos saldos deudores de la cuenta corriente y la consecuente obligación legal de informar tal circunstancia al B.C.R.A.; y iii) corrección y exactitud de la información comunicada.

Detalló la entidad bancaria, en tal línea argumentativa, los diferentes productos contratados por la accionante: cuenta corriente, caja de ahorro en dólares, mutuo en pesos y tarjeta de crédito.

Corresponde, entonces, a fin de dilucidar el conflicto, determinar si el reclamo objeto de la acción devino abstracto y, eventualmente -de no ser así-, considerar si el informe cursado al B.C.R.A. resultó exacto o no.

Veamos.

Del informe brindado por la entidad bancaria surge que, si bien es cierto que en la actualidad la actora se encuentra informada por la demandada como deudora del sistema financiero en situación “1” (normal; cumplimiento normal o situación normal), también lo es que: i) en el mes de julio de 2006 su situación fue calificada como “2” (con seguimiento especial; cumplimiento inadecuado o riesgo bajo); ii) en el período 08/06 a 09/06 fue calificada en situación “3” (con problemas o de cumplimiento deficiente o riesgo medio); en el período 10/06 a 03/07, en situación “4” (alto riesgo de insolvencia o de difícil recuperación o riesgo alto); y iii) en el período 04/07 a 07/07, en situación “5” (irrecuperable). A partir del mes agosto del año 2007 la situación de Rodríguez fue nuevamente calificada como “1” (v. fs.145/9).

Precísase que en el período referenciado precedentemente (julio del 2006 a julio del 2007) el monto de la deuda informada ascendió inicialmente a $ 15.300, disminuyendo, posteriormente, hasta la suma de $ 10.200 (fs. 146).

Ahora bien.

Como señalé más arriba, el demandado indicó que la relación comercial con Rodríguez comprendía una cuenta corriente, una caja de ahorro en dólares, un contrato de mutuo y la emisión de una tarjeta de crédito (v. fs. 96 vta.).

No obstante ello, lo cierto es que la documental aportada por Banco Ciudad sólo evidencia la existencia de una solicitud de apertura y contrato de cuenta corriente (fs. 30/5 y 37/48) y los resúmenes de ésta (fs. 49/70), los cuales, como certeramente indicó la “a-quo”, revelan únicamente la existencia de saldos deudores por sumas asaz inferiores a aquellas por las que se informaba a Rodríguez.

Ninguna otra constancia documental fue aportada a fin de esclarecer cómo se conformó la deuda informada.

Agréguese que, ante el reclamo de la actora de rectificación del informe, el banco comunicó que “su situación en Organización Veraz ha sido regularizada y que el motivo por el figuró en situación irregular obedeció a la deuda en mora originada por la falta de pago de comisión por mantenimiento de la cuenta corriente nro. 829/5, abierta por Ud. en oportunidad de otorgársele el crédito 5605313/3” (sic; v. fs. 76, el subrayado me pertenece).

Así, puede colegirse que, aun con abstracción de la referencia efectuada al crédito supuestamente concedido -extremo no acreditado, a pesar de la adversa consecuencia que ante tal proceder regla el cpr. 377 -, el banco comunicó a su adversaria que el importe por el cual era informada como deudora ante el B.C.R.A. correspondía a la deuda por mantenimiento de la cuenta corriente.

Tales sumas -la informada y la comunicada como adeudada-, como ya dijera, no coinciden.

En este punto cabe señalar que el art.16  de la ley de habeas data dispone que “toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco de datos”; lo que debe complementarse con lo establecido por el artículo 4, inciso cuarto  de la norma en cuanto a la calidad que deben revestir los datos a suministrar: “.deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuera necesario”.

Es que como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con los arts. 4°, incs. 4 y 5, 26  y 33  de la ley referida, los datos relativos a información crediticia deben ser exactos y completos. En tal sentido, lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional con relación al derecho del afectado a obtener la supresión o rectificación de toda información personal que incurra en “falsedad” debe ser interpretado conforme a los términos de la respectiva ley reglamentaria. Según ésta, no basta que lo registrado como verdadero sea tal si, al tomar razón de los datos relevantes al objeto y finalidad del registro de manera incompleta, la información registrada comporta una representación falsa. Al respecto, el art. 33 de la ley 25.326 confiere la acción de protección de los datos personales toda vez que la información registrada sea incompleta o inexacta, por lo que su procedencia debe ser juzgada de acuerdo con estos parámetros (CSJN in re:”Di Nunzio Daniel c/ The First National Bank of Boston” , del 21.11.06).

De allí. la obligación del responsable del archivo -o, en este caso, del informante de los datos- de comprometerse activamente para que la información almacenada sea adecuada y pertinente, se encuentre al día, sea exacta, verdadera y completa (Ruiz Martínez, Esteban – Travieso, Juan A., La protección de datos personales y los informes crediticios, LL 2006-E, 1008; Palazzi, Pablo, La protección de los datos personales en la Argentina, Ed. Errepar, Bs. As., 2004, pág. 28/9; el mismo autor, Informes comerciales, Ed. Astrea, Bs. As. 2007, pág. 122).

Más aún se refuerza esta responsabilidad asumida por las entidades crediticias que proporcionan información a los bancos de datos, si se considera la importancia y consecuencias que poseen tales informes relativos a la solvencia y al riesgo crediticio de las personas. El especial interés para su titular, por motivos que hacen a la protección de bienes jurídicos como la intimidad o el honor, se potencia por el hecho de que tales datos son útiles para la adopción de diversas decisiones en el mercado del crédito, en el cual una historia negativa cierra las puertas de acceso al sistema (Gils Carbó, Alejandra, “Régimen legal de las bases de datos y habeas data”, Ed. La Ley, Bs. As., 2001, pág. 150 y ss.; CNCom. Sala D, “Cardinale Miguel c Banco de Galicia y Buenos Aires”, del 01.09.05).

En síntesis, aun cuando asiste razón a la recurrente en el sentido de que al momento de ser promovida la acción Rodríguez se encontraba informada como deudora en la Central de Deudores del Sistema Financiero en “situación 1” -es decir, cumplimiento normal-, lo cierto es que durante el intervalo habido entre el mes de julio del año 2006 y el mismo mes del año 2007, la informó como deudora hasta la calificación de “irrecuperable” por una deuda superior a la efectivamente mantenida.Corresponderá por ello desestimar la queja.

Una consideración final se impone.

El banco se agravió especialmente de la obligación impuesta en el decisorio cuestionado relativa a la supresión de datos de los registros históricos de Organización Veraz. Adujo que tal base pertenecía a un tercero y, por otro lado, que jamás remitió informe alguno a aquella empresa.

Adelanto que no le asiste razón pues el agravio se centra en un error de interpretación de lo dispuesto por la primer sentenciante.

En efecto, véase que el decisorio determinó que la accionada debía comunicar la sentencia y corrección de datos al B.C.R.A. y a las diversas entidades financieras y de información a las que con anterioridad hubiese comunicado deuda a nombre de la actora (v. fs. 206, parte resolutiva).

De ello se desprende que no le fue impuesta la modificación de la base de datos de Organización Veraz y/o la supresión de información alguna, sino que, antes bien, sólo se le ordenó que comunicara lo decidido.

b.2. Daño moral. Procedencia. Prueba. “Quantum”.

1. Se queja la accionada pues: i) sostiene que en una acción de habeas data no es posible reclamar daños; y ii) arguye que Rodríguez basó su perjuicio en el rechazo de cierta solicitud de un crédito que fue finalmente concedido.

De su lado, la accionante centra su agravio en la insuficiencia de la indemnización concedida.

2. Procedencia del daño en la acción de habeas data.

De acuerdo al contenido de los agravios, corresponde determinar liminarmente si en una pretensión de habeas data resulta posible o no el reclamo de daños.

A los fines de decidir el punto y con el objeto de dar sustento a la solución que propondré, estimo oportuno efectuar ciertas consideraciones referidas a la naturaleza de esta acción, los principios que resultan aplicables y determinadas previsiones de la ley 25.326.

Adelanto que, en principio, considero que no procede el otorgamiento de daños en este tipo de proceso.Ello así, a excepción de aquellos que no requieran de mayor prueba que la arrimada para decidir el fondo del asunto en los estrictos términos del art. 33 y 43 de la ley 25.326.

Me avocaré a fundamentar esta anticipada conclusión.

Existen diversas posturas respecto de la naturaleza de la acción de habeas data. En efecto, se sostiene que: i) se trata de un proceso constitucional específico (Masciotra, Mario, “El habeas data. La garantía polifuncional”, Ed. Librería Editora Platense, La Plata, 2003, p. 536; Bianchi, Alberto, “El habeas data como medio de protección del derecho a la información objetiva en un valioso fallo de la Corte Suprema”, LL 1998F-297); ii) no es una subespecie del amparo (Padilla, Miguel, “Banco de datos y acción de habeas data”, Ed. Abeledo Perrot, 2001, Bs. As., p. 198); iii) constituye un procedimiento autónomo del amparo (Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “Derecho Procesal Constitucional. Habeas Data. Protección de datos personales”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2011, 2da. Edición Ampliada y reformada, p. 446 y ss; en igual sentido, “Puccinelli, O scar, “Protección de datos de carácter personal”, Ed. Astrea, Bs. As., p. 523, 2004); iv) es una subespecie del amparo por su ubicación constitucional (Gils Carbó, Alejandra, “Régimen legal de las bases de datos y hábeas data”, Ed. La Ley, Bs. As., p. 254; 2001); v) es una variable de aquél (Sagües, Néstor, “Acción de Amparo”, Ed. Astrea, 4ta. edición ampliada, Bs. As., p. 679, 1995); y vi) constituye una modalidad o subespecie suya (Peyrano, Guillermo F, “Régimen Legal de los datos personales y hábeas data”, Ed. Lexis Nexis. Depalma, Bs. As., 2002, p. 322).

Más allá de las numerosas opiniones de la doctrina -y de las que, incluso, podrían llegar a vertirse con relación a su naturaleza jurídica- lo cierto es que existe cierto consenso general en punto a la aplicación al habeas data de los principios basilares que presiden el régimen legal del amparo.

Veamos. El primer párrafo del art.43  de la CN, establece que: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.” (el subrayado me pertenece).

Fácil resulta advertir que el párrafo transcripto reconoce primero la acción de amparo y, de seguido, regula sus recaudos constitucionales.

El segundo apartado disciplina los llamados amparos colectivos. Así, dice textualmente: “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.

En lo que aquí interesa referir, el tercer párrafo del art. 43 de la CN dispone: “Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a preveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística” (.) (el subrayado me pertenece).

Como puede observarse, he destacado que el texto reza: “toda persona podrá interponer esta acción.”. Gramaticalmente, debe concluirse que el pronombre demostrativo “esta” remite en forma tácita al amparo.

Así las cosas, es la propia redacción del texto constitucional que conceptualiza a la acción de habeas data como una especie de amparo.De allí que -como anticipé-, le resultan aplicables sus principios esenciales. Ello, claro está, siempre que no desnaturalicen su peculiaridad, pues no debe pasar inadvertido que el objeto de la pretensión difiere en ambos casos (conf., SCMendoza, en pleno, “Costa Esquivel, Oscar A: c/ Co.de.me. s/ acción de habeas data”, del 17.11.97).

En este sentido, deberán satisfacerse los principios de celeridad, ausencia de condicionamiento acción-, viabilidad de declaración de inconstitucionalidad de normas, desarrollo procesal con bilateralidad atenuada, privilegio del logro de sus objetivos frente al rigorismo de las formas y protección de los derechos constitucionales (Masciotra, Mario, op. cit. p. 537).

Esta primera conclusión -aplicación de los principios del amparo al habeas data- podría también obtenerse de lo dispuesto en el art. 37 de la ley 25.326. Dicha norma establece, en relación al procedimiento aplicable, lo siguiente: “la acción de habeas data tramitará según las disposiciones de la presente ley y por el procedimiento que corresponda a la acción de amparo común y supletoriamente por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo atinente al juicio sumarísimo”.

De allí que es la misma normativa específica la que dispone que este proceso tramitará, también y supletoriamente, según las normas correspondientes a la acción de amparo común.

No obstante, no debe entenderse a partir de lo “supra” expuesto que para la procedencia del habeas data deban configurarse los requisitos de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta (conf. Gils Carbó, Alejandra, op. cit. p. 254).

Esta conclusión es conteste con el principio que surge del art.33 de la ley 25.326 que dispone que la acción de habeas podrá entablarse, “en los casos que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trate.” (el destacado me pertenece). Así, no es requisito ineludible la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (que, en cambio, deben estar presentes en el amparo). Basta la presunción de que el adversario obra fuera del marco de la ley 25.326.

Ahora bien.

La ley 25.326 nada dice respecto de la pertinencia de reclamar en el mismo proceso de habeas data los daños derivados de la infracción a la normativa. Solo los arts. 31 y 32 refieren a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que su inobservancia acarrea.

A los fines de decidir el punto -en tanto que “supra” concluí que debe aplicarse supletoriamente la ley y los principios del amparo siempre que no desnaturalicen la acción- analizaré la posibilidad de conceder daños en aquel proceso.

Veamos.

La CSJN ha dicho que resulta inadmisible que se resuelva en un proceso de amparo la indemnización que reclama el actor (conf. Fallos: 297:93).

Tal doctrina es coincidente con la opinión de destacados constitucionalistas, que sostienen que el reclamo de perjuicios resulta ajeno al juicio de amparo (conf. Sagües, Néstor, op. cit. p. 463; Bidart Campos, German, “Régimen legal y jurisprudencial del amparo, Ed. Ediar, 1968, Bs.As., p. 434; Diaz, Silvia A., “Acción de Amparo”, Ed. La Ley, Bs.As., 2001, p. 218)

Así -como hubiera anticipado “supra”- no corresponde, en principio, reclamar daños en acciones de habeas data.

Obsérvese que esta conclusión resulta conteste con lo dictaminado en autos por la Sra. Fiscal General ante esta Cámara, quien sostuvo que: “En el caso, si bien la acción se encuentra fundada en la ley de protección de datos personales, el reclamo excede los objetos posibles de la acción de habeas data, ya que se reclaman daños y perjuicios” (v. fs. 228).

Ahora bien. Como adelanté, entiendo que tal principio general reconoce una excepción:aquellos daños que no requiriesen para su demostración de otra prueba más que la necesaria para decidir el fondo del asunto involucrado en el habeas data.

Aclaro que, cuando aludo al fondo del asunto, me refiero a la prueba necesaria para acreditar que la información difundida resulta desactualizada, falsa, inexacta, incompleta, discriminatoria, o debe ser suprimida o rectificada (conf. arg. art. 33 y 43 de la ley 25.326.).

El reconocimiento de esta facultad al actor no importa desnaturalizar la rapidez del proceso, que es acorde con la garantía constitucional que se intenta proteger. Ello así pues, repito, la prueba del daño que podría concederse deberá surgir solo de aquella rendida para resolver la procedencia o improcedencia de la acción.

Agrego que esta solución se condice con los principios de celeridad y economía procesal que debe regir en todo procedimiento judicial. Así pues importaría un inútil dispendio de actividad jurisdiccional obligar al actor a promover un proceso ordinario -con base en la sentencia de habeas data- (conf. Masciotra, Mario, op. cit. p. 616 y ss) para obtener luego la satisfacción de aquellos daños que pueden tenerse por acreditados en virtud de la prueba producida para demostrar la procedencia de la acción prevista en el art. 33 de la ley 25.326.

Sentado lo anterior, corresponde ahora expedirse respecto de la pertinencia del otorgamiento de daño moral derivado de publicaciones inexactas.

Adelanto que la respuesta afirmativa se impone.

Es jurisprudencia uniforme de todas las Salas de este Tribunal, que la sola publicación de una persona como deudor moroso, cuando no lo es, provoca un perjuicio moral que debe ser resarcido (conf. CNCom., sala A, “Jinkus Juan c/ Citibank N.A. s/ ordinario”, del 15/06/2004; Sala B, “Feder Marcelo c/ Citibank S.A. y otro s/ ordinario”, del 19/07/2001; Sala C, “Toller, Nelson Javier c/ Ford Credit Compañía Financiera s/ ordinario”, del 29.6.10; Sala D, “Aguilera Martha c/ Ford Credit Financiera S.A.s/ ordinario”  del 22/07/2008; Sala E, “Rodríguez Armando c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Sumarísimo s/ inc. de apelación”, del 22/10/2004; esta Sala F, mi voto, “Mingione, Mariana Elsa c/ Banco Privado de Inversiones S.A. s/ ordinario” , del 7.12.010″).

Desde esta perspectiva, a los efectos de tener por acreditado el daño resulta necesaria la sola demostración de la publicación errónea en una base de datos pública o privada de informes crediticios.

Así las cosas, y meritando que tal prueba también resulta necesaria para juzgar el éxito de la acción, nada obsta a que se disponga, en una acción de habeas data como la aquí planteada, la reparación del perjuicio moral.

3. Prueba del daño.

Como expuse “supra”, la defendida sostuvo que Rodríguez basó su reclamo en el rechazo de cierta solicitud crediticia que, según refirió, resultó finalmente otorgada.

El agravio debe desestimarse.

Al iniciar demanda y en lo que aquí interesa destacar, la accionante reclamó: “.se me indemnice por daño moral ante la publicación que me perjudica en el crédito y me provoca desmedro en mi autoestima al tratarme de irrecuperable” (sic; v. fs. 14). Sin perjuicio de la poca claridad expositiva del escrito de inicio, de una l ectura detenida e integral de sus términos, puede concluirse que el reclamo de Rodriguez se circunscribió al perjuicio moral derivado de la publicación inexacta y de la falta de acceso al crédito por ella provocada.

La primer sentenciante admitió que pudo Rodriguez haber padecido perturbaciones espirituales y emocionales ocasionadas por el obrar imprudente de la entidad demandada y concedió por este rubro pesos seis mil ($6.000) (v. fs. 205/06).

Así las cosas y meritando que el monto concedido en concepto de daño reconoce fundamento en la publicación inexacta y no en la falta de acceso al crédito, los agravios de la defendida que tienen base argumental en tal hecho carecen de virtualidad para fundamentar la queja.

4.Monto del daño.

Resta examinar el agravio de la actora, quien pretende la elevación de la indemnización otorgada.

Como quedó dicho, el daño se generó por la publicación inexacta de la actora como morosa (primero “en situación 1” y luego en “situación 5”, v. fs. 146), informada por montos sensiblemente mayores a los que realmente adeudaba en el lapso comprendido entre julio de 2006 y julio de 2007. La a quo estimó el daño en los términos del art. 165  del Cpr. en pesos seis mil ($6.000).

Meritando la base fáctica considerada a los efectos de fijar el monto de la indemnización, el hecho de que la actuación de la Alzada se encuentra delimitada por el contenido de los recursos de las partes y, finalmente, que sólo se agravio la actora pues estimó exigua la suma fijada; es que propondré confirmar en el punto la sentencia apelada.

b.3. Imposición de costas.

Expuso el banco que no fue acreditado el daño invocado por la actora, y que, por otro lado, al momento de promover las actuaciones ya no figuraba informada en los registros del B.C.R.A. De allí que, aun de confirmarse la sentencia, debería modificarse la imposición de costas.

Como ha sido analizado, el obrar de la entidad bancaria consistente en la comunicación al B.C.R.A. de una deuda de la accionante cuya cuantía no era exacta fue lo que motivó la promoción de este pleito.

En virtud de ello, resultó acertada la decisión de la magistrada al imponerle las costas del juicio. Así pues no existió motivo alguno que justificase el apartamiento del principio general sentado por el cpr. 68 relativo al hecho objetivo de la derrota (Morello, Augusto Mario – Sosa, Gualberto Lucas – Berizonce, Roberto Omar, Códigos Procesales en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1985, t. II B, pág. 51).

c.Costas de Alzada.

Las costas de esta instancia se imponen a la defendida, vencida (conf. art. 68  Cpr.).

d. Comunicación del decisorio.

De conformidad con lo establecido por el art. 43, inciso 4 de la ley 25.326 corresponderá comunicar el presente decisorio a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales; como así también a la Secretaría General de la Cámara de acuerdo a lo resuelto en el punto XIII del Acuerdo de fecha 31.05.11.

VI. Conclusión.

Por ello, si mi voto fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo: (i) Confirmar la sentencia recurrida en todo lo que ha sido materia de agravios, (ii) Imponer las costas ante esta Alzada a la defendida vencida (conf. arg. 68 Cpr.); y iii) Comunicar el presente decisorio a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales como así también a la Secretaría General de la Cámara de acuerdo a lo resuelto en el punto XIII del Acuerdo General de fecha 31.05.11.

He concluido.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

Adhiero sustancialmente al voto que antecede en cuanto juzgó procedente la demanda articulada con el fin de modificar la calificación brindada por la demandada a la actora durante el período individualizado en la ponencia preopinante.

Sin embargo no comparto los fundamentos que informan la posibilidad de limitar el alcance de la reparación en las acciones de habeas data únicamente a los daños que pudieran probarse mediante los elementos de juicio arrimados para resolver la procedencia o improcedencia de la acción de habeas data.

De todos modos, estimo dispendioso ahondar en las consideraciones que dan apoyatura a mi temperamento. Ello así pues en el caso el alcance del resarcimiento vino delimitado por la propia pretensión de la actora, quien se ciñó a procurar solamente la indemnización del daño moral.Tal circunstancia me exime, entonces, de efectuar mayores precisiones sobre la disidencia que sostengo y me permite adherir al voto precedente en cuanto propone la procedencia del daño moral y la confirmación de su quantum.

El Dr. Rafael F. Barreiro dice:

Adhiero al voto de la Dra. Tevez, con la salvedad, que hago mía, introducida por el Dr. Ojea Quintana. Ello, en tanto estimo innecesaria la promoción de un nuevo proceso a los fines de obtener el resarcimiento de los daños derivados del negligente y descuidado manejo de la información crediticia. Por cierto, si tales perjuicios se acreditan fehacientemente en la causa.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Alejandra N. Tevez, Juan Manuel Ojea Quintana, Rafael F. Barreiro. Ante mí: María Florencia Estevarena. Es copia del original que corre a fs. del Libro de Acuerdos N° 3 de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “F”.

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 21 de junio de 2012

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede se resuelve: (i) Confirmar la sentencia recurrida en todo lo que ha sido materia de agravios, (ii) Imponer las costas ante esta Alzada a la defendida vencida (conf. arg. 68 Cpr.) y (iii) Comunicar el presente decisorio a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales como así también a la Secretaría General de la Cámara de acuerdo a lo resuelto en el punto XIII del Acuerdo General de fecha 31.05.11.

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

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