Concurrencia de culpas por detencion sin señalizar debidamente y falta de prudenci

Partes: Cufre Felix Alberto c/ Altamiranda Hector Antonio y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro

Fecha: 28-ago-2012

Cita: MJ-JU-M-74603-AR | MJJ74603 | MJJ74603

Se distribuyó la responsabilidad en un 80% al demandado y un 20 % al actor por el accidente de tránsito ocurrido en una autopista en ocasión que el demandado se detuvo en una de las vías lentas de la autopista, pero sin señalizar debidamente su detención por lo que fue embestido por el actor.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda, y condenar al demandado a indemnizar al actor por no haber cumplido con la obligación de mantener precaución y cautela en la detención del rodado a su cargo, colocando las balizas en forma reglamentaria, en vez de señalizar su detención con una heladerita portátil y sin trasladar el vehículo a la banquina; aunque siendo que ni actor ni demandado actuaron con la diligencia y prudencia que cabe esperar de todo conductor, contribuyendo, ambos, al resultado dañoso, y dado que el accidente encuentra su causa tanto en la imprudencia de la víctima, como en la negligencia del accionado, y que la distribución de la responsabilidad por los daños debe efectuarse en función de la influencia causal de una y otra circunstancia, se debe distribuir la responsabilidad en un ochenta por ciento (80%) a cargo del demandado y un veinte por ciento (20%) a cargo del actor.

2.-Son principios establecidos en las leyes de circulación, la prohibición de cambiar de dirección, disminuir bruscamente la velocidad o detener el vehículo antes de asegurarse de que se lo puede hacer sin peligro para terceros, por lo cual la inobservancia de estas precauciones crea para el conductor la presunción de culpabilidad en caso de accidente; y por eso constituye una presunción de culpa detener el vehículo en un lugar donde obstruya el tránsito; si el vehículo puede ser removido inmediatamente hay que hacerlo, y si no, hay obligación de poner luces, las que no pueden ser suplidas por simples señales humanas.

3.-El art. 9  de la ley 11430 define a la baliza como a la señal fija o móvil con luz propia o reflectora, que se pone como marca para advertir de un peligro; el art. 16 inc. 20°  dispone su uso obligatorio para señalar el estado de emergencia o inconveniente mecánico o de otra índole que haga imperiosa la necesidad de detener el rodado; el art. 47 inc. 6°  establece a su vez qué vehículos deben poseer obligatoriamente balizas portátiles homologadas; mientras que el art. 82 inc. 2° último párr.  (siempre del Código de Tránsito), prescribe en lo pertinente que cuando un vehículo queda inmovilizado por causa de accidente o fuerza mayor y no pueda ser movido de inmediato, el conductor deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito y en particular para asegurar, desde el crepúsculo y hasta el alba, la iluminación del obstáculo.

4.-No demostrada la imposibilidad de remover el vehículo hacia la banquina -maniobra factible de realizar con una rueda pinchada- e incumplido el balizamiento obligatorio, precariamente sustituido por la ineficaz heladera portátil, no hay dudas de que tales conductas se relacionan causalmente con el evento dañoso, haciendo responsable al demandado (camión detenido), tal como se decide en la sentencia.

5.-Un rodado detenido sobre una ruta implica la creación de un riesgo, y más aún, como en el caso de autos, cuando la detención se produce sobre una autopista ya que en ella mayor confianza depositan los conductores, y vías de esa jerarquía carecerían de razón de ser si no justificaran tal confianza; esa detención no configura sólo una grave infracción, sino un acontecimiento sorpresivo que quien se desplaza legítimamente no está constreñido a prever, pudiendo serle imputada siquiera parcialmente la eventual colisión sólo mediando prueba de su culpa, que no la hay por la obvia calidad de embestidor , siendo que el riesgo ha sido puesto por el embestido .

6.-Aunque el riesgo se crea con la innovación producida por el obstáculo en las circunstancias de la circulación, y no deja de serlo por el supuesto no imprevisible de un desperfecto que embarazara su avance normal, no obstante, existen hechos probados que demuestran, en alguna medida, que el actor contribuyó, con su conducta, a la producción del accidente, existiendo, así, una concurrencia de culpas entre los litigantes.

7.-El accidente se produjo en el segundo carril desde la derecha de la Autopista Panamericana, es decir, no ocurrió en el carril de circulación rápida, pues allí la autopista contaba con seis carriles, el perito ingeniero que intervino en la causa penal, estimó la velocidad del actor, antes de comenzar a aplicar los frenos, entre 80 a90 km/h; admitió el actor que el automotor que circulaba adelante suyo esquivó al camión maniobrando hacia la izquierda, sin intentar explicar las razones por las cuales él mismo no hizo tal u otra maniobra de esquive; el automotor del actor sufrió daños de gran magnitud en su parte delantera, a punto tal que el conductor se encontraba aprisionado en el interior del vehículo y tuvo que intervenir personal de bomberos para extraerlo.

8.-De la prueba colectada se desprende que la velocidad a la que circulaba el actor era excesiva en relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se hallaba -recordando que aunque sea inferior a la máxima legal, la velocidad es excesiva si en las circunstancias particulares del caso, no permite al conductor el total dominio de su vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación (arg. arts. 51 inc. 3º  y 76 , ley 11430)-; o bien que el conductor circulaba distraído, o bien que no guardó la distancia reglamentaria con el vehículo que lo precedía, resultando, todos y cada uno de los hechos apuntados imputables al actor.

Fallo:

En la ciudad de San Isidro, a los 28 días del mes de Agosto de dos mil doce, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Tres de la Excma. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Isidro, doctores JUAN IGNACIO KRAUSE y MARIA IRUPE SOLANS, para dictar sentencia en los autos caratulados: “CUFRE FELIX ALBERTO C/ ALTAMIRANDA HECTOR ANTONIO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, expediente nº D-1915-4; practicado el sorteo pertinente (arts. 168  de la Constitución de la Provincia y 263  del Código Procesal Civil y Comercial), resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Dres. Soláns y Krause resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ª ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la primera cuestión, la señora Juez doctora Soláns dijo:

A. El asunto juzgado.

A.1) Inicia el actor Felix Alberto Cufre demanda de daños y perjuicios contra Hector Antonio Altamiranda por la suma de $ 375.500.

Relata que el 11 de febrero de 2004 aproximadamente a las 17.00 circulaba a bordo de su automóvil Volkswagen Senda dominio RAZ-591 por el segundo carril de la Autopista Panamericana en dirección norte, cuando al llegar al puente elevado de la Av.San Martin de la localidad de Florida, el conductor del automotor que le precedía sesgó abruptamente la marcha hacia la izquierda, encontrándose el actor con un camión Mercedes Benz, dominio DMQ 327 al mando de Altamiranda, que estaba detenido sobre los dos primeros carriles de la autopista, sin señalización alguna, por una supuesta avería en la rueda delantera, produciéndose la colisión entre ambos.

A.2) La Nueva CSL contesta la citación en garantía, reconoce la cobertura del rodado Mercedes Benz a la fecha del siniestro y da su versión de los hechos.

A.3) Hector Antonio Altamiranda contesta la demanda, reconoce la ocurrencia del hecho y da su versión.

B. La solución dada en primera instancia.

B.1) La Juzgadora aplicó al caso la responsabilidad objetiva contemplada en el art. 1.113  del Código Civil, de la cual el demandado sólo puede librarse acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Consideró que el accionado se limitó a dar una versión distinta de la mecánica del hecho, sin aportar prueba alguna respaldatoria de sus dichos. Por ello, le atribuyó la responsabilidad en la producción del evento, por no haber cumplido con la obligación de mantener precaución y cautela en la detención del rodado a su cargo, colocando las balizas en forma reglamentaria, en vez de señalizar su detención con una heladerita portátil y sin trasladar el vehículo a la banquina.

B. 2) como consecuencia de lo anterior resolvió:

a) Hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por Felix Alberto Cufre contra Hector Antonio Altamiranda, condenando a esta último a abonar al actor la suma de $ 106.210, más intereses y costas.

b) Hacer extensiva la condena a La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada en la medida del seguro contratado.

C. La articulación recursiva.

Apela el demandado a fs. 480, conforme agravios de fs. 489/493.

D. Los agravios.

D.1) Se agravia el recurrente por la responsabilidad atribuida en la sentencia. Sostiene que no se aplicó un criterio imparcial para merituar la prueba. Se queja porque la Juzgadora no valoró: a) la gran velocidad a la que se desplazaba el rodado VW, demostrada por la forma en que se incrustó debajo del camión, por los daños sufridos y por el hecho que el rodado que lo precedía pudo evitar al camión y el actor no, lo que indica, además, que no estaba atento a las circunstancias del tránsito, y que no respetó la distancia con el rodado que lo precedía; b) que si bien el demandado señaló al camión parado con un elemento (heladerita) no habilitado, de alguna forma advirtió de la situación que acontecía. Sostiene, en definitiva, que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia de responsabilidad del actor en la producción del hecho.

E. El análisis de la resolución atacada en función de los agravios expresados.

E. 1) No está en discusión la colisión que se produjo el 11 de febrero de 2004, aproximadamente a las 17.00, en el segundo carril (desde la derecha) de la Autopista Panamericana dirección norte, a la altura del puente de Av. San Martín en la localidad de Florida, entre el vehículo Volkswagen Senda dominio RAZ-591 y el camión Mercedes Benz dominio DMQ-327 al mando de Altamiranda.Tampoco lo está que el camión se hallaba detenido en el referido carril por haber tenido una avería en su rueda delantera derecha, sin balizas, con una heladera portátil puesta en la cinta asfáltica como única señal de advertencia para los vehículos que transitaban por la autopista; y que el actor al mando de su automóvil Senda circulando por el mismo carril, no pudo esquivarlo -como sí lo logró la camioneta que lo precedía-, impactando con su parte delantera, la parte trasera del camión.

Así los hechos admitidos, adelanto que asiste razón al apelante en cuanto sostiene que existió culpa concurrente de los partícipes del hecho, debiendo, en este aspecto, modificarse la sentencia.

Son principios establecidos en las leyes de circulación, la prohibición de cambiar de dirección, disminuir bruscamente la velocidad o detener el vehículo antes de asegurarse de que se lo puede hacer sin peligro para terceros, por lo cual la inobservancia de estas precauciones crea para el conductor la presunción de culpabilidad en caso de accidente; y por eso constituye una presunción de culpa detener el vehículo en un lugar donde obstruya el tránsito. Si el vehículo puede ser removido inmediatamente hay que hacerlo, y si no, hay obligación de poner luces, las que no pueden ser suplidas por simples señales humanas (Kemelmajer de Carlucci, en “Código Civil Comentado”, ed. Astrea, T° V, pág. 502).

El art. 9  de la ley 11.430 define a la baliza como a la señal fija o móvil con luz propia o reflectora, que se pone como marca para advertir de un peligro; el art. 16 inc. 20°  dispone su uso obligatorio para señalar el estado de emergencia o inconveniente mecánico o de otra índole que haga imperiosa la necesidad de detener el rodado; el art. 47 inc. 6°  establece a su vez qué vehículos deben poseer obligatoriamente balizas portátiles homologadas; mientras que el art. 82 inc.2° último párrafo  (siempre del Código de Tránsito), prescribe en lo pertinente que cuando un vehículo queda inmovilizado por causa de accidente o fuerza mayor y no pueda ser movido de inmediato, el conductor deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito y en particular para asegurar, desde el crepúsculo y hasta el alba, la iluminación del obstáculo (causa 101.333 del 15-2-07 de Sala II).

Así, no demostrada la imposibilidad de remover el vehículo hacia la banquina -maniobra factible de realizar con una rueda pinchada- e incumplido el balizamiento obligatorio, precariamente sustituído por la ineficaz heladera portátil, no hay dudas de que tales conductas se relacionan causalmente con el evento dañoso, haciendo responsable al demandado (camión detenido), tal como se decide en la sentencia.

Cabe agregar que un rodado detenido sobre una ruta implica la creación de un riesgo (SCBA., 10-6-69 en D.J.B.A. 87-325), y más aún, como en el caso de autos, cuando la detención se produce sobre una autopista ya que en ella mayor confianza depositan los conductores (causa 55.340 del 11-2-1992, 102.514 del 23-2-07), y vías de esa jerarquía carecerían de razón de ser si no justificaran tal confianza.Esa detención no configura sólo una grave infracción, sino un acontecimiento sorpresivo que quien se desplaza legítimamente no está constreñido a prever, pudiendo serle imputada siquiera parcialmente la eventual colisión sólo mediando prueba de su culpa, que no la hay por la obvia calidad de “embestidor”, siendo que el riesgo ha sido puesto por el “embestido”. Así, por cuanto el riesgo se crea con la innovación producida por el obstáculo en las circunstancias de la circulación, y no deja de serlo por el supuesto no imprevisible de un desperfecto que embarazara su avance normal (causas 55.804 del 18-2-92; 55.920 del 21-5-92; 88.760 del 26-2-2002, 101.333 del 15-2-07 de Sala III). No obstante, tal como se señala en los agravios, existen hechos probados que demuestran, en alguna medida, que el actor contribuyó, con su conducta, a la producción del accidente, existiendo, así, una concurrencia de culpas entre los litigantes.

En efecto; el accidente se produjo en el segundo carril desde la derecha de la Autopista Panamericana, es decir, no ocurrió en el carril de circulación rápida, pues allí la autopista contaba con seis carriles (fs. 1/2, 155/161 y 172/174 de causa penal; demanda y contestación de fs. 49/55 y 70/77); el perito ingeniero que intervino en la causa penal, estimó la velocidad del Senda, antes de comenzar a aplicar los frenos, entre 80 a90 km/h; admitió el actor que el automotor que circulaba adelante suyo esquivó al camión maniobrando hacia la izquierda, sin intentar explicar las razones por las cuales él mismo no hizo tal u otra maniobra de esquive (fs.49/55); el automotor del actor sufrió daños de gran magnitud en su parte delantera, a punto tal que el conductor se encontraba aprisionado en el interior del vehículo y tuvo que intervenir personal de bomberos de Vicente López para extraerlo (ver constancias de causa penal).

De lo expuesto se desprende que la velocidad a la que circulaba el Senda era excesiva en relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se hallaba -recordando que aunque sea inferior a la máxima legal, la velocidad es excesiva si en las circunstancias particulares del caso, no permite al conductor el total dominio de su vehículo, teniendo en cuenta los rie sgos propios de la circulación (arg. arts. 51 inc. 3º y 76 , ley 11.430 causa 110.230 del 22-3-11 de Sala III)-; o bien que el conductor circulaba distraído, o bien que no guardó la distancia reglamentaria con el vehículo que lo precedía, resultando, todos y cada uno de los hechos apuntados imputables al actor.

Por todo lo expuesto, corresponde concluir que ni actor ni demandado actuaron con la diligencia y prudencia que cabe esperar de todo conductor, contribuyendo, ambos, al resultado dañoso, debiendo entonces distribuirse sus consecuencias. Por ello, y dado que el accidente encuentra su causa tanto en la imprudencia de la víctima, como en la negligencia del accionado, y que la distribución de la responsabilidad por los daños debe efectuarse en función de la influencia causal de una y otra circunstancia (Llambías, Tratado., “Obligaciones”, T.III, n° 2293; S.C.B.A., Ac. y Sent. 1956-VI-462), por las condiciones antes referidas, considero mayor la incidencia de la conducta del accionado, y propongo a V.E. revocar parcialmente la sentencia, distribuyendo la responsabilidad en un ochenta por ciento (80%) a cargo del demandado y un veinte por ciento (20%) a cargo del actor.E.2) Se agravia el accionado por la indemnización otorgada en concepto de incapacidad ($ 63.800).

Afirma que los informes periciales realizados carecen de rigor científico, estableciendo el informe traumatológico un veintinueve por ciento de incapacidad cuando la correcta aplicación de la formula de Balthazard asigna una incapacidad del veintiseis por ciento.

Los agravios no pueden prosperar.

El menoscabo derivado de las lesiones provocadas por un hecho ilícito, debe ser indemnizado según el conjunto total de actividades del sujeto y la proyección que la secuela del accidente tiene sobre su personalidad integral, por lo que la estimación del monto adecuado no se sujeta a una tabulación prefijada: es necesario considerar toda circunstancia que caracterice a la víctima: su edad, sexo, estado civil, cargas de familia, nivel socio-económico y cualquier otro dato que demuestre la situación preexistente (arts. 902 , 1068, 1069 , 1083  y ccds., C. Civil). No tiene excesiva significación, en cambio, y por lo expuesto, que el perito médico graduara aquella disminución según una tarifación aritmética; lo que importa es el peso de aquélla conforme a las referidas circunstancias personales (CSJN., 1-12-1992, en “Doctrina Judicial” del 24-11-93, sum. 2.600; causas 106.468 del 16-4-09, 106.180, 106.181 y 106.179 del 5-5-09, 106.774 del 11-6-2009 de Sala III).

En el caso informó el perito médico que como consecuencia del accidente el actor presenta secuela de traumatismo nasal, heridas en cara y abdomen, fractura de antebrazo izquierdo y ambos tobillos. Tales lesiones producen secuelas de carácter estético y funcional: desviación del tabique nasal y cicatrices en rostro y abdomen. Las lesiones se encuentran en estado de secuela definitiva, salvo el tabique nasal que es pasible de tratamiento quirúrgico (fs. 413/414 y 422), todo lo cual fue consentido por quien en esta instancia pretende quitarle rigor científico al dictamen (fs. 417/419; arts.473, 474  C.P.C.C.). Cabe destacar que, tal como señalara oportunamente el demandado, de la historia clínica del paciente y de las explicaciones dadas a fs. 422, no surge una adecuada relación causal entre la desviación del tabique nasal que padece Cufre con el hecho dañoso de autos (fs. 6/10, 203/293, 413/414, 417/419 y 422).

Conjugadas las secuelas descriptas con las circunstancias personales de la víctima al momento del accidente acreditadas en la causa (49 años, vivía con su esposa, trabajaba como remisero según test. Llanes y Rios de fs. 336/337), considero adecuada la indemnización otorgada y propongo confirmarla (art. 165  del C.P.C.C.).

E.3) Se agravia el demandado por la procedencia de la indemnización fijada en concepto de tratamiento psicológico ($ 5.760).

Surge de la sentencia que la indemnización para hacer frente al tratamiento psicológico fue otorgada en base a la terapia propuesta por la perito psicóloga interviniente (fs. 390/399), quien concluyó en la conveniencia para el actor, de realizar una terapia para revertir las secuelas psicológicas descriptas en el dictamen, fundamentadas en distintos tests efectuados al paciente y en dos entrevistas personales con la experta (fs. 390/399 y 431; arts. 473 y 474 C.P.C.C.).

Frente a ello, aparecen como insuficientes las críticas genéricas que realiza el recurrente en los agravios para lograr la modificación de lo decidido. Si bien la norma del art. 260 del CPCC. tolera cierta flexibilidad cuando la apelación se limita a la medida del resarcimiento, por reputarlo excesivo o insuficiente, aquélla no autoriza al Tribunal a abordar oficiosamente la justicia de la determinación, supliendo lo que el apelante omite y poniendo así en riesgo el derecho de defensa del apelado.Así ocurriría de examinar la indemnización otorgada por este rubro, que el demandado considera improcedente, limitándose a formular consideraciones genéricas, sin indicar de modo concreto dónde existe el error y cuáles son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador (Fassi, “Código Procesal.”; 2da. ed., vol. I, pág. 720; causas 93.380 del 28-8-03, 99.594 del 11-7-06 y 105.073 del 2-9-08 de la entonces Sala II), o para demostrar que el monto fijado resulta excesivo (causas 107.780 del 6-10-09, 107.916 del 27-10-09 y 109.434 del 19-9-10 de Sala III).

Corresponde, por lo expuesto, desestimar los agravios en este aspecto.

E.4) Se queja el accionado por la indemnización otorgada por daño moral ($ 35.650).

Lo considera elevado y constitutivo de un enriquecimiento patrimonial injustificado a favor del actor.

El daño moral es la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido.En su justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias sociales, económicas y familiares de la víctima porque la indemnización no puede llegar a enriquecer al reclamante (causas 106.468 del 16-4-09, 106.439, del 1-4-09, 106.180, 106.181 y 106.179 del 5-5-09 y 106.844 del 26-5-09 de Sala III).

En el caso, el actor, luego del accidente, fue atendido en el Hospital de Vicente López y luego traslado al Hospital de San Fernando, donde se le efectuaron diversas prácticas médicas e intervenciones quirúrgicas en relación a las fracturas y traumatismos sufridos (6/10 y 203/293). Relató la testigo Llanes, que estuvo internado aproximadamente tres meses, que cuando lo visitó tenía las piernas colgadas, y que luego estuvo tres meses en su casa en silla de ruedas, que tuvo que hacer rehabilitación con un kinesiólogo (fs. 336 a la 1º y 7º). Coincidentemente con ello, el testigo Ríos contó que Cufre estuvo internado en el Hospital de Tigre aproximadamente tres meses, que cuando lo visitó tenía las piernas con pesos, y cuando volvió a su casa su familia le consiguió una cama ortopédica en la cual estuvo aproximadamente tres meses e incluso estuvo durante dos meses en silla de ruedas; y que tuvo que hacer rehabilitación durante largo tiempo (fs. 337 a la 3º y 7º).

Merituando, entonces, los padecimientos sufridos por la víctima y teniendo en cuenta las condiciones personales ya descriptas, considero adecuada la indemnización otorgada por este concepto y propongo confirmarla.

E.5) Se agravia el accionado por el monto otorgado en concepto de gastos ($ 1.000) que, afirma, no fueron acreditados.Por el juego de las presunciones que sobre los gastos médicos ha elaborado la jurisprudencia aunque en lo esencial la asistencia médica sea gratuita o a cargo de un sistema asistencial público o privado, cierta mínima medida de gastos ha debido ser solventados por el paciente, y en tal mínima medida es liberado de la carga probatoria (causa 106.180, 106.181 y 106.179 del 5-5-09 de Sala III). Y no más allá de aquella, porque si los montos son considerables, excediendo de aquellos gastos que ordinariamente no se documentan (refrigerios, taxis, analgésicos, etc.), el interesado ha de acreditar desembolsos que no deben presumirse (causas 107.224 del 28-5-09, 107.152 del 21-5-09 y 107.396 del 7-7-2009, 108.697 del 20-5-2010 de Sala III).

Teniendo en cuenta las pautas indicadas y la ausencia de prueba sobre los gastos efectuados, considero elevado el monto otorgado por este rubro y propongo reducirlo a la suma de pesos quinientos ($ 500) (art. 165  C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Krause por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Juez doctora Soláns dijo:

En virtud del resultado arrojado por la votación a la primera cuestión, corresponde a) modificar la atribución de responsabilidad en el sentido que se adjudica al demandado el 80% de la misma y el 20% restante al actor; b) reducir la condena a la suma de pesos ciento cinco mil setecientos diez ($ 105.710); c) fijar la condena en el 80% de la suma total de $ 105.710; d) confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante la Alzada se imponen al accionado sustancialmente vencido (art.68  C.P.C.C.).

El señor Juez doctor Krause por los mismos fundamentos votó en igual sentido.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A

POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, a) se modifica la atribución de responsabilidad en el sentido que se adjudica al demandado el 80% de la misma y el 20% restante al actor; b) se reduce la condena a la suma de pesos ciento cinco mil setecientos diez ($ 105.710); c) se fija la condena en el 80% de la suma total de $ 105.710; d) se confirma la sentencia en todo lo demás que decide y ha sido materia de agravio. Las costas devengadas ante la Alzada se imponen al accionado sustancialmente vencido (art. 68 C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Juan Ignacio Krause

Juez

María Irupé Soláns

Juez

Claudia Artola

Secretaria

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