Responsabilidad del fabricante y del vendedor por el incendio total del automotor cero kilómetro a los doce días de uso.

Partes: Copan Coop. de Seguros Ltda. c/ Ford Argentina S.A. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 31-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-74853-AR | MJJ74853 | MJJ74853

Siendo que el incendio total del automotor cero kilómetro, a los doce días de uso, fue provocado por fallas propias de la fabricación y/o instalación de los componentes del rodado, es responsabilidad del fabricante y vendedor la reparación el daño causado.

Sumario:

1.-En materia de responsabilidad derivada de la ley de defensa del consumidor, a fin de posibilitar la tutela del consumidor y del usuario el art. 40 prescinde de la culpa como factor de atribución y establece una responsabilidad objetiva.

2.-Quien de una manera u otra introduce los productos o servicios en el mercado, tiene el deber de responder por los daños que ellos puedan ocasionar.

3.-El vicio referido por la ley 24240  comprende, entre otras variantes posibles, los defectos de fabricación , que han sido definidos como aquéllos que aparecen de manera aislada en una o algunas unidades de una serie, no obstante haber sido bien concebidas o diseñadas .

4.-Atento lo dispuesto por el art. 40  de la ley 24240, frente al consumidor, resultan solidariamente responsables todos los intervinientes en la cadena de producción y posterior comercialización del bien -en este caso, el vendedor- por los daños resultantes del vicio o riesgo de la cosa. De allí que el concesionario no es un tercero ajeno que pueda eximir de responsabilidad al fabricante en los términos del segundo párrafo de la norma citada.

5.-La liberación prevista por el art. 40 de la ley 24240 opera exclusivamente en la medida en que intervenga un sujeto extraño a la cadena de comercialización, pues no es posible eximirse por el obrar de quien participa en ella.

6.-El art. 40 LDC no consagra un elenco de eximentes sino solo admite la liberación de los integrantes de la cadena de producción y comercialización en la medida en que la causa material del menoscabo se desplace hacia otro centro de imputación, a través del hecho de la víctima, del comportamiento de un tercero extraño, o del caso fortuito o fuerza mayor.

7.-El vendedor tiene una obligación de garantía (art. 11  LDC), que impone la carga de preservar al consumidor final sin atenuantes, dado que aquél no es un mero transmisor del producto.

8.-El art. 40 de la LDC en su segundo párrafo es claro al señalar que: la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan . En consecuencia, no corresponde frente al consumidor, delimitar -a los fines de decidir la responsabilidad- la participación que cado uno de los participantes tuvo en el evento dañoso.

9.-A la luz de la norma del art. 699  del CCiv., la obligación mancomunada es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud de una disposición de la ley, ser demandada a cualquiera de los deudores, poniendo a todos ante la misma situación frente a su acreedor.

10.-El consumidor o usuario tiene derecho a formular su reclamo a cualquiera de los integrantes de la cadena de comercialización, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan (sic.; LDC:40) entre cada uno de los obligados.

11.-Cuando el asegurador paga la obligación que emerge del contrato de seguro, se opera por voluntad de la ley ope legis , la transferencia de los derechos que en razón del siniestro le pertenecen al asegurado contra el tercero (art. 80  de la ley 17418), asumiendo automáticamente el asegurador en ésta última relación de responsabilidad la misma posición sustancial y procesal del asegurado ( del voto del Dr. Rafael Barreiro ).

12.-El asegurador no tiene, en razón de la subrogación operada, un derecho distinto del que tenía la víctima, ni el tercero responsable tiene una obligación diferente , según sea quien ejerza la acción de daños, el damnificado o el asegurador. Es decir, que la acción que ejerce el asegurador es la misma que tiene el asegurado contra el autor o responsable del daño. Por tal razón, goza de todos los beneficios que aquél tuviere, de igual manera que queda sometido a las mismas excepciones que le podrían ser opuestas al asegurado ( del voto del Dr. Rafael Barreiro ).

13.-El art. 80 de la ley 17418 confiere al asegurador acción contra el tercero responsable del daño, como consecuencia de la subrogación legal que se opera con motivo del pago que la aseguradora efectuó en favor de su asegurado a raíz del siniestro objeto de cobertura. Como consecuencia, su título para obtener del responsable el reintegro de lo abonado, no será la póliza, sino los comprobantes fehacientes del desembolso realmente efectuado. En conclusión, esa subrogación no opera con el mero acaecimiento del siniestro sino por el pago efectuado por el asegurador en los límites del contrato, quedando de esta manera limitada la subrogación hasta la concurrencia del importe indemnizado ( del voto del Dr. Rafael Barreiro ).

14.-El pago de la indemnización por parte del asegurador tiene una doble importancia. Por un lado constituye un requisito indispensable para que el instituto de que aquí se trata entre en funcionamiento; por el otro determina la medida de esa subrogación ( del voto del Dr. Rafael Barreiro ).

15.-Los defectos de fabricación existieron y es evidente que en el caso de automotores nuevos (el que aquí se incendió se usó sólo doce días) sólo es posible que el vicio se haya causado en la elaboración ( del voto del Dr. Rafael Barreiro ).

16.-La responsabilidad que se deriva del daño causado al consumidor por el riesgo o vicio propio de la cosa halla reconocimiento expreso en la LDC 40, que dispone la solidaridad, en lo que aquí interesa, entre el fabricante y el vendedor. Esta solución es acorde con el sistema de responsabilidad que estructura el ordenamiento civil y que complementa la referida disposición de la ley que tutela los derechos de los consumidores y usuarios (arg. cciv 505:3° ; 511 ; 519  y 1113 ) (del voto del Dr. Rafael Barreiro ). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 31 días del mes de julio de dos mil doce, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos «COPAN COOP. DE SEGUROS LTDA. CONTRA FORD ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ ORINARIO» (Registro de Cámara 13.022/2008; causa 078678; Juzg. 4 Sec. 7) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268  del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Barreiro y Doctor Ojea Quintana.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 546/556?

La Sra. Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa

a. COPAN Cooperativa de Seguros Limitada (en adelante, «Copan») demandó a Ford Argentina Sociedad en Comandita por Acciones (en adelante, «Ford S.C.A.») y a SAPAC S.A. (en adelante, «Sapac S.A.») por daños y perjuicios. Cuantificó el reclamo en la suma de pesos cincuenta mil setecientos ($50.700) y/o lo que en más o en menos resultase de la prueba a rendirse, con más intereses y costas.

Relató que Leonardo Ignacio Mincarelli (en adelante, «Mincarelli») compró en la concesionaria Sapac S.A. un auto cero kilómetro marca Ford (modelo Ranger, dominio FMP 176), y celebró con él un contrato de seguro. Agregó que a los doce (12) días de la adquisición, en virtud de un desperfecto de fábrica del sistema eléctrico, el rodado se incendió y se destruyó totalmente.

Ocurrido el siniestro -prosiguió su relato-, abonó a su asegurado la suma de pesos cincuenta mil setecientos ($50.700), se subrogó en todos sus derechos y promovió esta acción.

Imputó responsabilidad al fabricante y al vendedor del vehículo -Ford S.C.A.y Sapac S.A., respectivamente- con sustento en la ley de defensa del consumidor (en adelante, «LDC»).

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

b. A fs. 130/135 Ford S.C.A contestó demanda y solicitó su rechazo con expresa imposición de costas.

Negó todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio. En especial, desconoció: i) el contrato de seguro, ii) la destrucción total del rodado, iii) el pago del siniestro, iv) el defecto de fábrica, v) la causa del incendio informada por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Villa Regina -desperfecto o deficiencia del sistema eléctrico-, vi) que el informe descarte intencionalidad en el evento, vii) que se hubiera negado a indemnizar los daños, y viii) la responsabilidad que se le atribuye con causa en la LDC.

Como argumento de su defensa, efectuó una escueta referencia a los contenidos de cada uno de los títulos en que se divide la LDC para, luego, concluir en su inaplicabilidad al caso. Así, dijo que su adversaria: «En función de ello, ningún reclamo puede efectuar a mi parte por aplicación de la normativa analizada» (sic.; v. fs. 132 «bis»).

Afirmó haber resultado ajeno a las actuaciones del Cuerpo de Bomberos de Villa Regina y alegó que sus conclusiones le son inoponibles.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

c. A fs. 151/157 Sapac S.A. contestó demanda. Solicitó el rechazo de la acción con expresa imposición de costas.

Negó: i) el contrato de seguro, ii) que el incendio tuviera origen en un desperfecto atribuible al sistema eléctrico, iii) que deba descartarse la intencionalidad, iv) que se hubiere producido la destrucción total del vehículo, v) el pago del siniestro, y vi) que deba responder por los daños que aquí se reclaman.

Reconoció, empero, la factura que instrumentó la compra venta del rodado.

Señaló que:i) cumplió con el protocolo que exige Ford SCA, ii) realizó la revisión «pre entrega de vehículos nuevos», y iii) el comprador no regresó a efectuar consultas sobre la unidad o a denunciar desperfectos.

Arguyó que se encuentra fuera de la órbita de sus obligaciones la responsabilidad inherente a la fabricación de los rodados que comercializa.

Ofreció pruebas y fundó en derecho su pretensión.

II. La sentencia de primera instancia.

A fs. 546/556 el «a-quo» dictó sentencia. Hizo lugar a la demanda contra Ford SCA y Sapac S.A. y los condenó a abonar a Copan pesos cuarenta mil setecientos ($40.700) con más los intereses y las costas del juicio.

Sostuvo el primer sentenciante con referencia al instituto de la subrogación, que quien paga se encuentra en idéntica posición sustancial y procesal que la víctima en la medida de lo indemnizado. Y agregó que la acción que aquí se ejerce es la misma que posee el asegurado contra el autor-responsable del daño.

Ello así, juzgó aplicable al caso el art. 40  de la LDC, en razón de la subrogación efectuada por Copan en los derechos de su asegurado.

Explicó que el proveedor es responsable por el daño provocado al consumidor que resulta del vicio de la cosa. Añadió que la responsabilidad es objetiva, razón por la cual aquél sólo se libera si acredita la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

En ese contexto normativo, consideró que las defendidas cargaban con la carga de demostrar que la causa del daño que motivó el pago de la indemnización de la actora a su asegurado, les había sido ajena.

Así las cosas, juzgó que de la pericia practicada surgía que el incendio fue provocado por fallas propias de la fabricación y/o instalación de los componentes del rodado, de modo coherente con lo dictaminado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Villa Regina.Consecuentemente, atribuyó responsabilidad al fabricante y al vendedor por el daño causado.

Agregó que, dado que el incendió produjo la destrucción total del rodado, resultaba inviable su reparación. Desestimó por ello la defensa de Sapac S.A. referida a la falta de notificación del evento que le habría impedido hacer valer la garantía.

Concluyó el magistrado que el pago de la indemnización efectuado por Copan en virtud del contrato de seguro, tuvo causa en el daño que sufrió el automotor producto de un desperfecto de fabricación. Atribuyó así responsabilidad a las defendidas de acuerdo a lo previsto en el art. 40 de la LDC.

III. Los agravios.

a) Contra dicho pronunciamiento apelaron las demandadas Sapac S.A. a fs. 558 y Ford S.C.A. a fs. 564. Sus recursos fueron concedidos libremente a fs. 565 y fs. 559, respectivamente.

Los agravios de Sapac S.A. corren a fs. 577/580 y los de Ford S.C.A. a fs. 582/584. Las respuestas de la actora corren a fs. 587/588 y fs. 582/584, respectivamente.

Sostuvo Sapac S.A que: i) el «a-quo» le endilgó responsabilidad pese a haber acreditado la ajenidad del daño y cumplido con todas las obligaciones a su cargo, ii) no se determinó el grado de responsabilidad que cabría a cada demandada, pese a la prueba de la participación en el hecho que cada una de ellas tuvo, y iii) esto último conlleva a un dispendio jurisdiccional, pues la obliga a iniciar una acción de repetición.

Las quejas de Ford S.C.A. transcurren por los siguientes carriles: i) es inaplicable la LDC, pues el vehículo fue adquirido para trabajar con él, y ii) no pudo determinarse cuál fue el trato o manipulación que recibió el rodado desde el momento en que dejó de encontrarse bajo su custodia.

b) Copan dedujo, en fs. 528, apelación y nulidad contra la resolución que rechazó la aplicación de multa por temeridad y malicia que había solicitado (v.fs.525). Su recurso fue concedido en relación a fs. 529. Los fundamentos corren a fs. 531/532 y recibieron la respuesta de Sapac S.A. a fs. 535/536.

Se quejó argumentando, básicamente, que la decisión resultó intempestiva, y que la conducta de las demandadas fue temeraria y maliciosa.

A fs. 576 se decidió no meritar los nuevos agravios introducidos por la actora -quien consintió la sentencia de primera instancia- a fs. 573/575.

A fs. 593/594 esta Sala dejó sin efecto aquella resolución que rechazó la aplicación de multa por temeridad y malicia al considerarla prematura.

Así las cosas, adelanto que trataré en el acápite «d» de la solución, la petición de la actora de sanciones con causa en la norma del art. 45  del Cpr.

IV. La solución.

I. Aclaraciones preliminares.

1. Se encuentra firme y consentido que la actora abonó a su asegurado la indemnización correspondiente y que se subrogó en sus derechos. Asimismo, cabe tener por cierto que el incendio del rodado provocó su destrucción total.

2. Sentado lo anterior, analizaré separadamente cada uno de los agravios de las recurrentes. Adelanto que me introduciré, por razones de orden lógico, en las quejas planteadeas por Ford S.C.A. Ello pues, de prosperar, dado que ella pretende la íntegra revocación del fallo apelado con base argumental en la inaplicabilidad al «casus» de la LDC, carecerá de virtualidad jurídica analizar los agravios de Sapac S.A. que tienen como premisa implícita la procedencia de la acción contra Ford S.C.A. Obsérvese que aquella no se agravió del acogimiento de la demanda, sino solo argumentó que no le cabe responsabilidad alguna.

Efectuadas estas aclaraciones, me avocaré al estudio de los agravios.

B. Agravios de Ford S.C.A.

B.1. Aplicación de la LDC.

Sostuvo la defendida en su expresión de agravios, textualmente, que:»dado que el vehículo adquirido se trata de una camioneta, considerada un vehículo de trabajo, la sentencia recaída en autos debe rechazar de plano la aplicación de la ley 24.240″ (sic.; v.fs. 583 vta.). Así pues -continuó diciendo- «en la segunda parte del art. 2 de la referida ley se aclara que no tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos al proceso de producción, transformación, comercialización o prestación de terceros» (sic.; v. fs. 583 vta.).

La queja debe ser rechazada. Así pues ninguna prueba ofreció la recurrente con el objeto de acreditar el fundamento de su defensa. Y, antes bien, los elementos obrantes en la causa evidencian que el roda do siniestrado fue adquirido para uso particular de su propietario.

En efecto. El art. 377  del Cpr. establece que cada una de las partes deberá probar el sustento de hecho de las normas que invoquen como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, sin interesar la condición de actora o demandada asumida por cada parte. Ello así, los sujetos procesales tienen la carga de acreditar los hechos alegados o contenidos de las normas cuya aplicación aspiran a beneficiarse sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos.

Tal normativa impone a los magistrados reglas procesales. Ellas permiten establecer qué parte sufrirá las consecuencias perjudiciales por la probatoria incertidumbre acerca de los hechos controvertidos, de forma tal que, el contenido de la sentencia será desfavorable para quien debía probar y omitió hacerlo.

Así, sólo los hechos positivos -en principio- y no los negativos necesitan ser acreditados. Por consiguiente, la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma un hecho y estará exento de la carga quien introduce en el proceso una negativa; es decir la afirmación de un «no hecho». Un «no hecho» no podría probarse directamente sino sólo deducirse de que se percibe algo que no debería percibirse si el hecho existiera (Conf.Rosemberg Leo, «La carga de la prueba», Ed. B d F, Bs. As., 2002).

En el caso, como anticipé, ninguna prueba ofreció la recurrente con el objeto de demostrar que el vehículo tipo pick up siniestrado habría sido adquirido con la finalidad de integrarlo al proceso de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros (conf. art. 2 , texto ley 24.240 y arg. art. 3  CCiv.). Así las cosas, deberá cargar con las disvaliosas consecuencias de su omisión.

Tanto más, teniendo en cuenta que no resulta posible presumir la configuración de aquélla supuesta situación. En efecto, a nadie escapa que, en la actualidad, la compra de un vehículo de porte mediano-grande -como puede ser una pick up- no supone necesariamente el destino de uso referenciado. Antes bien, la utilización de un rodado de tales características puede ostentar diferentes matices: puede servir como vehículo de carga, para el desplazamiento personal o familiar, para transitar rutas o caminos de difícil acceso y aún para la realización de determinados deportes, entre otros usos posibles. Máxime si se advierte que el comprador residía en Villa Regina, Provincia de Río Negro, región ésta que, por las características morfológicas de su terreno, bien podía justificar la adquisición de un rodado que brindase una mayor seguridad en su conducción y circulación.

Agrego que, a todo evento, las referencias existentes en el expediente respecto del uso de la camioneta, corroboran la anticipada conclusión.

En efecto. De la constancia de inscripción del vehículo expedida por el Registro Seccional de la Propiedad Automotor de Villa Regina, surge que se lo registró para uso «privado» (v.fs. 75, en copia). Si bien no se me escapa que la defendida al tiempo en que contestó demanda desconoció la documental (v. fs.131 vta.), lo cierto es que a fs. 279/82 aquel organismo ratificó la información (v. fs.281).

El propio Mincarelli, incluso, sostuvo ante el liquidador del siniestro que…» utilizaba la camioneta para uso personal» (sic.; v. fs. 68). Si bien la accionada desconoció la declaración (v. fs. 131 vta.), lo cierto es que al deponer aquel en calidad de testigo ratificó su contenido y reconoció como propia la firma allí inserta (v.fs. 463). Similar procedimiento se efectuó en la escritura pública nro. 134, en la que Mincarelli reconoció el contenido y firma de aquella exposición (v. fs. 111/113).

Lo expuesto resulta suficiente para rechazar la queja examinada.

B.2. El trato o manipulación recibidos por el automotor.

b.2.1. Sostuvo Ford S.C.A que: «el vehículo siniestrado había dejado de estar bajo el control de mi representada desde que fue despachado a la Concesionaria, por lo que le resulta imposible determinar el trato o manipulación recibido por el mismo desde ese momento. Pudiendo ser que la falla tuviera su causa tanto en el chequeo que efectúa la concesionaria o en el propio uso o manipulación realizada por el Sr. Mincarelli» (v. fs. 584).

b.2.2. La queja resulta formalmente improcedente.

Liminarmente, diré que luego de referirse el a quo a la responsabilidad objetiva que fluye del art. 40 de la LDC por los vicios o riesgos de la cosa, expuso que eran las accionadas quienes debían acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debían responder (v. fs. 552).

Ford S.C.A. no se alzó contra esta afirmación. Así las cosas y desde tal perspectiva conceptual, aquel agravio relacionado a la imposibilidad de determinar cuál fue el trato que recibió el rodado desde el momento en que fue entregado al concesionario o al comprador; carece de trascendencia para desvirtuar las consecuencias que emanan de lo decidido en punto a que pesaba sobre Ford S.C.A. acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debía responder.

Es que, reitero, la apelante ninguna prueba ofreció al respecto.

b.2.3.1.A todo evento, examinaré la sustancia de su queja.

Tal como lo hubiera juzgado el a quo, en materia de responsabilidad derivada de la LDC, a fin de posibilitar la tutela del consumidor y del usuario el art. 40 prescinde de la «culpa» como factor de atribución y establece una responsabilidad objetiva (cfr. Picasso – Vazquez Ferreira, «Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada», t. 1, pág. 514, ed. La Ley, Bs. As., año 2009).

En definitiva, quien de una manera u otra introduce los productos o servicios en el mercado, tiene el deber de responder por los daños que ellos puedan ocasionar.

El vicio referido por la LDC comprende, entre otras variantes posibles, los «defectos de fabricación», que han sido definidos como aquéllos que «aparecen de manera aislada en una o algunas unidades de una serie, no obstante haber sido bien concebidas o diseñadas» (Rouillón, Adolfo N. A. y Alonso, Daniel F., «Código de Comercio, Comentado y Anotado», tomo. V, pág. 1202; 1° edición, ed. La Ley, Buenos Aires, Agosto de 2006).

Como ya fuera dicho en la sentencia de primera instancia, el recurrente se libera total o parcialmente sólo en dos supuestos, a saber, si acredita: i) la culpa del consumidor o usuario, o ii) el hecho de un tercero equivalente al caso fortuito, por quien no debe responder.

b.2.3.2. Trasladados estos conceptos al caso de autos y a los efectos de dar respuesta al agravio de Ford S.C.A., debo decir que el vicio generador del daño se encuentra debidamente acreditado.

Obsérvese que a fs. 296 vta. el experto mecánico señaló que:»el calor y su transporte, han sido producidos fundamentalmente, por efecto eléctrico (conducción de elevada corriente, a través de una reducida resistencia eléctrica). Este tipo de inconvenientes se inicia por un corto circuito debido a una falla en la aislación eléctrica…Debido a la circulación de una corriente elevada, comienza a ascender la temperatura de los cables, (efecto Joule), fundiendo su material aislante.»(el destacado me pertenece).

Así, resulta claro que el fuego que produjo el siniestro se generó por un cortocircuito proveniente de una falla en la aislación eléctrica. Tal es lo que expuso el primer sentenciante y ello no fue objeto de cuestionamiento.

b.2.3.3.En tal orden de cosas, y como quedó dicho, tratándose de una cuestión que transita por la órbita de la responsabilidad objetiva, comprobada la existencia de la falla, cualquiera de los individuos precisados en el citado art. 40 sólo podrá deslindarse del reproche en caso de acreditar que la causa del daño le fue ajena.

¿Ocurrió ello en el sub lite?

Entiendo que no.

Así surge de las conclusiones a las que arribara el perito mecánico, quien refirió que «por tratarse de un vehículo nuevo, como el de la actora, con 12 días de uso desde que fue retirada la camioneta del vendedor….se eliminan los factores mencionados de incorrecta aislación ó cortocircuito, debido a deterioro por el uso, mantenimiento ó por el simple paso del tiempo, quedando de esta manera, aquellos atribuidos a ese mismo tipo de fallas, pero por la utilización de accesorios no adecuados, o por fallas propias de la fabricación y/o instalación de los distintos componentes del rodado»(sic.; v.fs. 298).

Obsérvese que, al responder al cuestionario de la codemandada Ford S.C.A., precisó el experto inclusive que «si descartamos una acción dolosa como agente generador del evento, nos quedaría concluir que el mismo se produce a raíz de una falla en la aislación de los conductores o instrumentos eléctricos» (v. respuesta 6) en fs.300 vta.).

Descartada la acción dolosa -pues no ha sido planteada por ninguno de los litigantes en el transcurso del proceso- cabe concluir, de modo congruente con lo dictaminado por el perito, que la falla tuvo origen en el proceso de producción del bien.

De allí que resulta erróneo afirmar -como lo hace la accionada en sus agravios- que el daño fue originado por el uso o manipulación dado por Mincarelli. Es que ello no fue acreditado, siendo que la carga de la prueba pertinente, repito, pesaba sobre la defendida.

b.2.4. Igualmente improponible resulta, de otro lado, la atribución de responsabilidad que se intenta al concesionario Sapac S.A. en razón del chequeo previo a la entrega de la unidad.

Ello por cuanto, aún si por vía de hipótesis consideráramos que en la oportunidad de revisar el vehículo de modo previo a la entrega al adquirente, se hubiera dañado la aislación del cable que provocara el cortocircuito y desencadenado posteriormente el fuego, el concesionario resulta igualmente responsable frente al consumidor.

En efecto, el art. 40 de la LDC establece lo siguiente: «Si el daño al consumidor resulta del vicio o defecto de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que corresponda. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.»

Así, frente al consumidor, resultan solidariamente resonsables todos los intervinientes en la cadena de producción y posterior comercialización del bien -en este caso, el vendedor- por los daños resultantes del vicio o riesgo de la cosa.De allí que el concesionario no es un tercero ajeno que pueda eximir de responsabilidad al fabricante en los términos del segundo párrafo de la norma citada.

Es que la liberación prevista por la disposición transcripta, opera exclusivamente en la medida en que intervenga un sujeto extraño a la cadena de comercialización, pues no es posible eximirse por el obrar de quien participa en ella (voto del Dr. Ariza, en Cam. Civ. y Com. De Rosario, Sala I., «Santamaria, Hector c/ Rayco S.R.L.», del 16.02.11; en igual sentido, Picasso-Vázquez Ferreyra, ob. cit., pág. 515; Ghersi-Weingarten, «Tratado Jurisprudencial Doctrinario», T. I, Ed. La Ley, p. 535, Bs. As., 2011; Stiglitz, Gabriel A., «Responsabilidad por productos defectuosos. La causa ajena» en Revista de Derecho Comercial y de la Empresa, Año II, nro. 2. Abril 2011, La ley, p. 127, Bs. As.).

C. Agravios de SAPAC S.A.

C.1. La responsabilidad atribuida pese a haber acreditado que el daño le fue ajeno.

En su escrito de expresión de agravios Sapac S.A. arguyó que debía eximírselo de responsabilidad dado que, al ser el automóvil un producto de alta complejidad, cuya concepción y creación requiere de todo el soporte tecnológico de Ford S.C.A., quien los comercializa cumple un rol nulo e inexistente en cuanto hace al desarrollo del producto en sí, limitándose al control del servicio «pre entrega» que dispone el fabricante.

El agravio no puede prosperar.

Ello pues, como quedó dicho, la eximición de responsabilidad mediante la acreditación de causa ajena de los sindicados como obligados a reparar el daño ocasionado, «…demuestra el carácter objetivo del factor de atribución reconocido por el art. 40 de la ley de defensa del consumidor, sobre lo cual nuestra doctrina no duda» (Picasso-Vázquez Ferreyra, ob. cit., pág. 514).

En tal sentido, las alegaciones de Sapac S.A.por las que intenta la revocación del fallo apelado con base argumental en un supuesto obrar diligente de su parte carecen de toda gravitación.

Coadyuvante, y como hubiera dicho «supra» «b.2.», no resulta posible liberarse de responsabilidad argumentando la existencia de deficiencias del vehículo originadas en el proceso de fabricación, en tanto la obligación frente al consumidor recae sobre todos los intervinientes en el ámbito de producción y comercialización del bien.

Síguese de ello que no alcanza con sostener que el daño le resultó ajeno por haber cumplido con su obligación de realizar el servicio «pre entrega», esto, para sustraerse de la solidaridad dispuesta en el art. 40 de la LDC.

Ello pues, el art. 40 LDC no consagra un elenco de eximentes sino solo admite la liberación de los integrantes de la cadena de producción y comercialización en la medida en que la causa material del menoscabo se desplace hacia otro centro de imputación, a través del hecho de la víctima, del comportamiento de un tercero extraño, o del caso fortuito o fuerza mayor.

La culpa del fabricante es, por ende, improponible.

Acótase, adicionalmente, que el vendedor tiene una obligación de garantía (art. 11  LDC), que impone la carga de preservar al consumidor final sin atenuantes, dado que aquél no es un mero transmisor del producto.

Ergo, también desde tal perspectiva conceptual debe considerarse a Sapac S.A. responsable por el daño ocasionado al consumidor.

C.2. Proporción en que debe de responder cada una de las demandadas.

Recuerdo que se agravió el coaccionado a fs. 578 vta. «in fine», al señalar: «la sesgada mirada del decisorio y su parcial valoración del conflicto, limitado a reconocer un daño y condenar a su reparación, sin establecer el modo en que los involucrados participaron en su generación y por ende deberán contribuir al respecto».

El art. 40 de la LDC en su segundo párrafo es claro al señalar que:»la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan».

En consecuencia, no corresponde frente al consumidor, delimitar -a los fines de decidir la responsabilidad- la participación que cado uno de los participantes tuvo en el evento dañoso.

A la luz de la norma del art. 699  del Código Civil, la obligación mancomunada es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud de una disposición de la ley, ser demandada a cualquiera de los deudores, poniendo a todos ante la misma situación frente a su acreedor.

Volcado este concepto al presente caso, debe necesariamente concluirse que no corresponde establecer el modo en que cada una de las demandadas participó en la generación del daño.

Así pues el consumidor o usuario tiene derecho a formular su reclamo a cualquiera de los integrantes de la cadena de comercialización, «sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan» (sic.; LDC:40) entre cada uno de los obligados.

D. Conducta de los demandados.

Como ya se reseñara en el apartado III, pto. b), a fs. 593/594 se dispuso dejar sin efecto la decisión dictada por el Juez de grado a fs. 525.

Consecuentemente y de conformidad con lo normado en el art. 253  Cpr. corresponde dictar, en el punto, un nuevo pronunciamiento.

Recuerdo que la actora sostuvo que la mala fe procesal imputable a Sapac S.A. se funda en la: «maliciosa afirmación de que no tuvo tiempo suficiente para concurrir a la inspección del vehículo siniestrado, a efectuarse por el Cuerpo de Bomberos»(sic.; v.fs. 508)

De otro lado, endilgó a Ford S.C.A. malicia procesal ya que «conociendo o debiendo conocer, la falla de fabricación, (debió haberse) allanado a solucionar la cuestión, haciéndose cargo de las consecuencias del vicio de fabricación» (sic.; v.fs. 508 vta.).

Y agregó que:»habiéndose producido la correspondiente prueba pericial, es el día de hoy que siguen resistiendo la pretensión de la parte actora, sin ningún tipo de razón» (v.fs. 508 vta.).

La solicitud de aplicación de sanciones no puede prosperar.

Ello pues la actitud desplegada por las demandadas en el transcurso del proceso, no puede subsumirse en los supuestos contemplados en el Cpr. 45  que viabilicen el pedido.

Para así concluir, señalaré que la norma establece como norte el principio de moralidad, aplicado como una pauta genérica de absoluto acatamiento para quienes en intervienen en el proceso, en tanto, por otro lado, deja librada a la interpretación judicial la apreciación de conductas irregulares específicas sancionadas individualmente.

Sentado ello, diré que la manifestación formulada por la codemandada Sapac S.A. en oportunidad de contestar demanda en el sentido de que «no estuvo representada en el acto de llevarse a cabo la pericia, en razón de haber sido notificada tardíamente respecto de su ejecución» y la imputación formulada a Ford S.C.A. de no haberse allanado al reclamo por conocer o deber conocer la falla de fabricación, no se aprecian maliciosas ni guiadas por un propósito obstruccionista y dilatorio. Antes bien, pueden encuadrarse prudentemente dentro de las atribuciones propias de los litigantes de narrar su versión de los hechos y sentar la postura procesal que consideran adecuada, dentro de los límites del ejercicio de su derecho de defensa en juicio.

Lo mismo cabe decir en punto a la afirmación según la cual «habiéndose producido la correspondiente prueba pericial, es el día de hoy que siguen resistiendo la pretensión de la parte actora, sin ningún tipo de razón» (sic.; v.fs.508 vta.). Ello así, en tanto la mera producción de pruebas encontrándose pendiente el dictado de sentencia, no puede obligar a los litigantes a modificar su temperamento inicial.

Decidir lo contrario importaría vulnerar el ejercicio del derecho de defensa en juicio, consagrando una sanción por el hecho de contestar demanda y oponer reparos al progreso de la acción, lo cual resulta inadmisible.

V. Conclusión:

Por lo expuesto, si mi voto fuera compartido por mis distinguidos colegas del Tribunal, propongo al Acuerdo: a) Confirmar la sentencia recurrida en todo lo que fue materia de agravios. b) Desestimar el pedido de aplicación de multa a las accionadas. c) Las costas de esta instancia correrán a cargo de las demandadas en su condición de vencidas (art. 68 Cpr.), con excepción de aquellas derivadas de la solicitud de multa que se hallan a cargo del actor conforme lo desarrollado en el acápite IV. D (art. 69  Cpr.).

Así voto.

El Dr. Barreiro dice:

Comparto en general los lineamientos de la ponencia de la Sra. Vocal preopinante. Agregaré algunas consideraciones que estimo dirimentes del conflicto evidenciado en esta causa.

1. Como juez a cargo del Juzgado N° 18 del Fuero, en autos «Caja de Seguros S.A. c/ Cencosud S.A. s/ ordinario» (expte. N° 47.263 del registro de la Secretaría N° 35), pronunciamiento del 17 de julio de 2006, sostuve que es evidente que cuando el asegurador paga la obligación que emerge del contrato de seguro, se opera por voluntad de la ley «ope legis», la «transferencia» de los derechos que en razón del siniestro le pertenecen al asegurado contra el tercero (art. 80 de la ley 17.418), asumiendo automáticamente el asegurador en ésta última relación de responsabilidad la misma posición sustancial y procesal del asegurado (v. Halperín- Morandi, «Seguros. Exposición crítica de las leyes 17.418 y 20.091», Bs. As., 1983, T. I, pág.717/8).

El asegurador no tiene, en razón de la subrogación operada, un derecho distinto del que tenía la víctima, ni el tercero responsable tiene una obligación «diferente», según sea quien ejerza la acción de daños, el damnificado o el asegurador (conf. CNCom, B, «Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Playa de Estacionamiento Esmeralda», 11.07.78). Es decir, que la acción que ejerce el asegurador es la misma que tiene el asegurado contra el autor o responsable del daño. Por tal razón, goza de todos los beneficios que aquél tuviere, de igual manera que queda sometido a las mismas excepciones que le podrían ser opuestas al asegurado (Garrigues, «Contrato de Seguro Terrestre», Madrid, 1973, págs. 255 y ss.)

Dicho en otros términos: el art. 80 de la LS, confiere al asegurador acción contra el tercero responsable del daño, como consecuencia de la subrogación legal que se opera con motivo del pago que la aseguradora efectuó en favor de su asegurado a raíz del siniestro objeto de cobertura. Como consecuencia, su título para obtener del responsable el reintegro de lo abonado, no será la póliza, sino los comprobantes fehacientes del desembolso realmente efectuado. En conclusión, esa subrogación no opera con el mero acaecimiento del siniestro sino por el pago efectuado por el asegurador en los límites del contrato. Quedando de esta manera limitada la subrogación hasta la concurrencia del importe indemnizado (CNCom, A, «Fernández A. c/ Garage Tucumán SRL», 05.03.82; íd., D, «Omega Coop. de Seguros Ltda. c/ Gondar, José», 28.12.92; íd., «La Territorial de Seguros SA c/ Blason SRL», 3.7.90, entre muchos otros).

En síntesis, el pago de la indemnización por parte del asegurador tiene una doble importancia.Por un lado constituye un requisito indispensable para que el instituto de que aquí se trata entre en funcionamiento; por el otro determina la «medida» de esa subrogación (CNCom, B, «Baqueriza c/ Garaje Ariston», 7.10.77, LL 1978-B-204).

Agrego aquí que, en esa misma inteligencia y como el pago hecho por la aseguradora en los términos del contrato que oportunamente celebró con Leonardo Ignacio Mincarelli ha quedado fuera de debate, la mencionada subrogación consecuentemente implicó la vigencia de los derechos que asisten a los consumidores regulados, principal pero no exclusivamente, en la ley N° 24.240 (CNCom, Sala A, 26.02.02, «Cía. de Seguros La Mercantil Andina SA c/ Carrefour Argentina SA s/ sumario»). Así, la cuestión debe abordarse también a la luz del sistema normativo específico de protección de consumidores y usuarios que contribuye, en casos análogos al presente, a la solución del conflicto de intereses.

No existe constancia en la causa que la adquisición de la unidad tuviera por objeto su integración a un proceso de producción de bienes o prestación de servicios. En efecto, como tuvo por cierto mi distinguida colega, los defectos de fabricación existieron y es evidente que en el caso de automotores nuevos (el que aquí se incendió se usó sólo doce días) sólo es posible que el vicio se haya causado en la elaboración (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, «Consumidores», p. 420, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003).

Los demandados no produjeron probanza alguna encaminada a demostrar la ajenidad de la causa del daño. La mera alegación de tratarse de una camioneta no justifica, por las sólidas razones dadas por la Dra. Tevez, la exclusión de la legislación que protege a los consumidores y usuarios; la postura de la demandada Ford Argentina S.C.A. sostenida en sus agravios se aprecia dogmática, en tanto no ha sido corroborada en el proceso.Con arreglo a la directiva del cpr 377 pende sobre las partes la carga de probar los presupuestos de hecho que invocaron como fundamento de su pretensión, defensa o excepción y que no depende sólo de la condición de actor o demandado, sino de la posición que el litigante adopte en el proceso (CNCom, Sala A, 20.12.07, «Laurenzano Propiedades Sociedad de Hecho c/ Doval, María Valeria s/ ordinario»).

De manera tal que no existe óbice alguno en la inteligencia descripta en el capítulo antecedente para que la cuestión en debate quede regida por las disposiciones de la LDC. Por fuerza debe concluirse entonces, como fue sugerido en el voto que abrió este Acuerdo, que la defensa articulada por Ford Argentina S.C.A. con base en la inaplicabilidad de la normativa que tutela los derechos de consumidores y usuarios, no puede acogerse.

2. La responsabilidad que se deriva del daño causado al consumidor por el riesgo o vicio propio de la cosa halla reconocimiento expreso en la LDC 40, que dispone la solidaridad, en lo que aquí interesa, entre el fabricante y el vendedor. Esta solución es acorde con el sistema de responsabilidad que estructura el ordenamiento civil y que complementa la referida disposición de la ley que tutela los derechos de los consumidores y usuarios (arg. cciv 505:3° ; 511 ; 519  y 1113 ). Así lo sostuve como juez de primera instancia en la causa «De Leo c/ Renault Argentina S.A.», Juzgado N° 18, Secretaría N° 3 , sentencia de fecha 7.05.2007 y como miembro de este Tribunal al emitir mi voto el 6.12.11 en autos «Bebebino Anabella Karina c/ Ford Argentina y otro s/ ordinario». Esa responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

Es en esta inteligencia que el argumento sostenido en la causa por Sapac S.A., la concesionaria que entregó el vehículo que se incendió, no puede admitirse. Ello, porque aun cuando es cierto que no tuvo participación directa en la provocación del daño, ya que no es la productora o fabricante de la cosa defectuosa, su responsabilidad reconoce expresa fuente legal. Y esa disposición tiene por finalidad facilitar el reclamo del consumidor afectado, derecho que en el caso asistió a la aseguradora que se subrogó en los derechos del adquirente del rodado, con los alcances reseñados en el apartado anterior.

3. Hechas estas consideraciones, adhiero al voto de la distinguida colega que me precedió en el orden de exposición.

El Señor Juez de Cámara doctor Ojea Quintana adhiere al voto de la Dra. Tevez.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara doctores:

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 31 de julio de 2012

Y VISTOS:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede se resuelve: a) confirmar la sentencia recurrida en todo lo que fue materia de agravios; b) desestimar el pedido de aplicación de multa a las accionadas; c) imponer las costas de esta instancia a las demandadas en su condición de vencidas (art. 68 Cpr.), con excepción de aquellas derivadas de la solicitud de multa que se hallan a cargo del actor conforme lo desarrollado en el acápite IV. D (art. 69 Cpr.).

Notifíquese.

Alejandra N. Tevez.

Juan Manuel Ojea Quintana.

Rafael F. Barreiro.

Ante mí: María Florencia Estevarena.

Es copia del original que corre a fs. de los autos que se mencionan en el precedente Acuerdo.

María Florencia Estevarena

Secretaria

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