Entre parientes del mismo grado pesa la misma obligación alimentaria, eligiendo el alimentista a quién dirige la acción.

Partes: G. F. C. c/ I. T. M. E. C. s/ alimentos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: C

Fecha: 12-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-74174-AR | MJJ74174 | MJJ74174

 

Sin perjuicio que el actor tenga un hijo en el extranjero que podría haber abonado la cuota alimentaria pretendida, corresponde a la madre satisfacer dicha pretensión, pues entre parientes del mismo grado pesa la misma obligación, resultando una opción del alimentista a quien de ellos dirige la acción.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la demanda y consecuentemente condenar a la demandada -madre del actor actualmente interdicta- a abonarle a aquel una cuota alimentaria con los excedentes de la renta de su patrimonio, una vez cubiertas todas sus necesidades, pues le debe alimentos en virtud del art. 372  CCiv.

2.-A diferencia de lo que ocurre en la ponderación de los alimentos que se establecen en beneficio del hijo menor de edad, cuya situación de necesidad es presumida -y, por ende, no debe ser probada-, los alimentos entre parientes exigen la demostración de las necesidades a ser cubiertas y su alcance se limita a lo que resulta indispensable para la subsistencia decorosa.

3.-No rigen respecto del pariente en general -es decir, no hijo menor-las disposiciones de los arts. 265  y 267  del CCiv. que obliga al los padres a alimentar y educar a los hijos menores conforme a su condición y fortuna y proveer a la satisfacción de las necesidades que hacen a la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad, entre otros, tampoco se aplican las pautas que entre cónyuges plantea el art. 207  del CCiv., lo que comporta, entre otras variables, que no exista una obligación de mantener el nivel económico del que gozaron las partes con anterioridad.

4.-La norma que determina el alcance de la obligación alimentaria entre parientes es el art. 372  del CCiv. que establece que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades, se advierte así que la cuota sólo debe constreñirse a atender las necesidades elementarles e imprescindibles de orden material; sin embargo el concepto integral de persona abarca aspectos espirituales que resultan inescindibles y que, desatendidos, conducen a la destrucción del individuo aunque sobreviva en sus aspectos materiales, por eso se ha considerado que el pariente se encuentra en una situación similar a la que, respecto del cónyuge, contempla el art. 209  del CCiv., ampliamente interpretado.

5.-Claro está que las sumas que periódicamente la demandada habría abonado al actor durante el tiempo previo a su interdicción no pueden dar lugar a a una suerte de derecho adquirido.

6.-No existe una obligación legal de mantener al pariente en una situación económica idéntica a la que gozó durante la situación de capacidad de la madre.

7.-En la medida en que los pagos existieron sin que hubiese habido una sentencia o un convenio que los reconociera como obligación civil, sólo cabe considerar que tales aportes representaron liberalidades de la madre que, en el mejor de los casos, podrías asimilares al cumplimiento de una obligación natural, de ahí que quien los recibió no puede exigir que tales aportes continúen en idéntico alcance (art. 517  CCiv.), sin perjuicio de que ese historial tenga un rol indiciario del nivel de vida del grupo familiar, estándar que a nuestro juicio fue adecuadamente justipreciado por la magistrada de grado al fijar el monto contra el cual se alza el actor.

8.-En el contexto normativo en el que se enmarca la cuestión de autos, es la situación de necesidad del reclamante la que motiva el alcance de la prestación, en la medida en que el actor omitió probar la concreta existencia de una deuda que alcance tamaña envergadura, su pretensión no puede ser admitida.

9.-El carácter asistencial de la prestación alimentaria determina que las costas, aun cuando el monto de la cuota fijada en la sentencia sea inferior al reclamado en la demanda, deben ser impuestas a la parte alimentante, de otro modo, se vería disminuida la posibilidad del alimentista de atender a sus necesidades por la prestación alimentaria.

10.-Cuando dos parientes se encuentran en el mismo grado en relación al alimentista, ambos se encuentran obligados a la prestación, por lo que compete al pretensor la opción de plantear su reclamo indistintamente contra uno, algunos o todos los obligados en idéntico grado.

11.-La parte demandada se ha limitado a invocar la existencia de un hijo del actor que viviría en el exterior, presumiendo entonces que ello llevaría implicado -debido a la juventud del hijo y a la residencia en un país con moneda fuerte – una mejor condición para proveer a la prestación; sin embargo no debe ser así cuando -como sucede en la especie- el pretensor ha negado las mejores condiciones de su hijo como para proveer la prestación, no habiendo la emplazada demostrado el extremo fáctico necesario para eximirse de su obligación, vale decir, que no probó las mejores posibilidades del apuntado hijo para solventar las necesidades del actor.

12.-Ha quedado reconocida en la causa la solvencia económica de la demandada; lo cual le permite, afrontar la prestación establecida sin compromiso de la amplia cobertura de sus propias necesidades.

13.-Las recurrentes entienden, sin exponer argumento o razonamiento lógico alguno, que la suma es excesiva sobre la única base de lo que es su impresión personal, contrariamente a esa posición, todo indica que la decisión apelada ha ponderado adecuadamente las variables que presenta el caso, el contexto histórico de lo que ha sido el desenvolvimiento de la familia de las partes, el estándar de vida en el que se encuentra posicionado el grupo familiar y los demás antecedentes del caso.

Fallo:

Buenos Aires, marzo 12 de 2012.

AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO:

I.- Vienen los autos a este Tribunal para resolver los recursos de apelación planteados por ambas partes y el Ministerio Público contra la sentencia de fs. 416/21 que condenó a la demandada al pago de una cuota alimentaria mensual de pesos cinco mil ($ 5.000.-) con los excedentes de la renta de su patrimonio, una vez cubiertas todas sus necesidades. El actor presentó el memorial a fs. 429/30 y la emplazada a fs. 432/3; las respectivas contestaciones fueron agregadas a fs. 433/6 y 438. La Sra. Defensora de Cámara se agravió a fs. 446, remitiéndose -en lo principal- a los fundamentos expuestos por la parte demandada.

II.- Surge de los antecedentes de autos que el Sr. F. C. G., de setenta años de edad, ha reclamado la fijación de una prestación alimentaria a cargo de su madre insana, de noventa y un años. La encartada es representada por su curador, el Dr. Carlos Arianna, designado en el juicio de insania de la madre.

Ha invocado el actor que durante el extenso período en que su madre gozó de plena capacidad, él recibía de ella de manera regular aportes económicos que conformaban su principal y único sustento. Este hecho habría sido admitido por los hermanos del peticionante; sin embargo, el curador de la insana, en ejercicio de su personería en esta causa, lo ha desconocido. Durante la tramitación del proceso se fijaron alimentos provisorios por la suma de dos mil pesos ($ 2.000.-) mensuales (ver fs. 246/8), medida que no fue recurrida; y finalmente, la sentencia ha llevado la cuota a la suma mensual de cinco mil pesos ($ 5.000.-) contra la que se han alzado el actor, la obligada y el Ministerio de Incapaces.

Ha quedado reconocido en autos que la Sra.Iguerabide Taurel, madre del peticionante, percibe los frutos de la explotación del campo «Rhenania» que, en los términos en que se decidió en primera instancia, provee rentas excedentes como para cubrir -además de todas las necesidades de la causante- la cuota establecido por la juez de grado. Sobre el punto, se pone de relieve que el actor ha consentido, como condición del pago de los alimentos, la cobertura previa de los gastos de manutención de la insana.

III.- Los agravios del actor:

Se agravia el demandante pues considera que la sentencia no trató su pedido de una suma extraordinaria, a abonar por única vez, tendiente a paliar el endeudamiento atrasado al que manifiesta haberse visto sometido. Considera el impugnante que resulta contradictorio que se admita la prestación alimentaria y, concomitantemente, se desestime la prestación por única vez; y ello por entender que la condena al pago de alimentos importa el reconocimiento de la necesidad; de lo que -a su modo de ver- derivaría derechamente la procedencia de tal aspecto de su reclamo.

También se queja el apelante del monto de la cuota establecido. En tal sentido, aduce que el haber percibido de la madre $ 228.000, en el año 2008, pone en evidencia que existía una prestación significativamente mayor antes de la interdicción que la ahora fijada; lo que lo lleva a sostener la insuficiencia de la pensión establecida.

Por último, cuestiona la imposición de costas en el orden causado por considerar que, en lo sustancial, la accionada ha sido vencida pese a que la pensión reconocida sea inferior de la reclamada.

IV.- La prestación alimentaria que pretende el actor halla su fundamento, en nuestro ordenamiento legal, en la solidaridad que debe existir entre los miembros de una familia. El legislador ha establecido ciertas obligaciones civiles de asistencia entre parientes que demuestren padecer una situación de necesidad. De ahí que el art. 367  del Código Civil, en lo pertinente, establece que «Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente: I) Los ascendientes y descendientes.Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos». No hay duda, entonces, de que la madre del peticionante está llamada por la ley a proveer asistencia al hijo mayor de edad, en tanto y en cuanto se den los presupuestos fácticos que determinan la procedencia de la prestación. Es que, en principio, también el hijo está llamado por la ley a ser proveedor de alimentos de la madre, en caso de ser ello necesario. De esta manera, se observaría así que -además del parentesco- el estado de necesidad constituye un factor determinante de la procedencia de la prestación.

A diferencia de lo que ocurre en la ponderación de los alimentos que se establecen en beneficio del hijo menor de edad, cuya situación de necesidad es presumida -y, por ende, no debe ser probada-, los alimentos entre parientes exigen la demostración de las necesidades a ser cubiertas y su alcance se limita a lo que resulta indispensable para la subsistencia decorosa. No rigen respecto del pariente en general -es decir, no hijo menor- las disposiciones de los arts. 265 y 267  del Código Civil que obliga a los padres a alimentar y educar a los hijos menores conforme a su condición y fortuna y proveer a la satisfacción de las necesidades que hacen a la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad, entre otras. Tampoco se aplican las pautas que entre cónyuges plantea el art. 207  del Código Civil, lo que comporta, entre otras variables, que no exista una obligación de mantener el nivel económico del que gozaron las partes con anterioridad.

La norma que determina el alcance de la obligación alimentaria entre parientes es el art.372 del Código Civil que establece que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia en las enfermedades. Se advierte así que la cuota sólo debe constreñirse a atender las necesidades elementales e imprescindibles de orden material. Sin embargo, el concepto integral de persona abarca aspectos espirituales que resultan inescindibles y que, desatendidos, conducen a la destrucción del individuo aunque sobreviva en sus aspectos materiales (Bossert, Gustavo, Régimen jurídico de los alimentos. Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 271). Es por eso que se ha considerado que el pariente se encuentra en una situación similar a la que, respecto del cónyuge, contempla el art. 209  del Código Civil, ampliamente interpretado (ver Mizrahi, Mauricio Luis, Los alimentos entre cónyuges divorciados por causales objetivas. Desdoblamiento interpretativo del art. 209 del Código Civil, La Ley, 2009-B, 1104).

A la luz de lo expuesto, claro está que las sumas que periódicamente la demandada habría abonado al actor durante el tiempo previo a su interdicción no pueden dar lugar a una suerte de derecho adquirido; tal como parece entenderlo el quejoso en su memorial. No existe una obligación legal de mantener al pariente en una situación económica idéntica a la que gozó durante la situación de capacidad de la madre. En la medida en que aquellos pagos existieron sin que hubiese habido una sentencia o un convenio que los reconociera como obligación civil, sólo cabe considerar que tales aportes representaron liberalidades de la madre que, en el mejor de los casos, podrían asimilarse al cumplimiento de una obligación natural. De ahí que quien los recibió no puede exigir que tales aportes continúen en idéntico alcance (art.517  del Código Civil). Lo dicho es sin perjuicio de que ese historial tenga un rol indiciario del nivel de vida del grupo familiar; estándar que a nuestro juicio fue adecuadamente justipreciado por la magistrada de grado al fijar el monto contra el cual se alza el actor.

En cuanto a las entregas esporádicas que la madre, hoy insana, hacía al pretensor de cierta porción de las utilidades de la explotación rural que ella gestionaba -además del aporte mensual- tampoco constituye razón suficiente como para sostener la procedencia del pedido de cuota extraordinaria; esto es, el pago por única vez de veintisiete mil dólares (U$S 27.000.-) pretendida por el apelante. Destácase al respecto que en la etapa de prueba el interesado no ha demostrado verosímilmente el supuesto endeudamiento que daría sentido a ese reclamo. De todas maneras, el invocado y eventual compromiso -no probado- asumido por el reclamante ante presuntos terceros que habrían prestado dinero al actor para atender a sus necesidades, se podría tener por suficientemente cubierto con el cobro que oportunamente percibirá el alimentista como retroactivo de la pensión; y ello de decidirse -como se hará- el mantenimiento de la cuota. Así, pues, queda enervada la eficacia crítica del reproche.

Insistimos que en el contexto normativo en el que se enmarca la cuestión que nos convoca, es la situación de necesidad del reclamante la que motiva el alcance de la prestación. En la medida en que el actor omitió probar la concreta existencia de una deuda que alcance tamaña envergadura, su pretensión no puede ser admitida.

Desde otra perspectiva, no puede soslayar el tribunal que el actor se ha abstenido de producir prueba que permita ponderar su nivel de gastos.No obstante, con saludable criterio, la juez de grado ha estimado un monto que -a no dudarlo- lo ha obtenido de la ponderación de circunstancias de público y notorio conocimiento que permiten apreciar los gastos estimativos para la subsistencia decorosa de una persona de setenta años de edad; desde luego, teniendo en cuenta el estrato socioeconómico como el que caracteriza al del actor y su grupo familiar. En definitiva, las quejas del apelante por la insuficiencia de la cuota establecida a la luz de lo que estaba presumiblemente habituado a percibir con anterioridad, carecen de toda eficacia crítica en tanto importan desconocer el estatuto normativo que caracteriza la prestación alimentaria entre parientes.

V.- En lo tocante a las costas de primera instancia, considera la sala que le asiste razón al actor. Es sabido que el carácter asistencial de la prestación alimentaria determina que las costas, aun cuando el monto de la cuota fijada en la sentencia sea inferior al reclamado en la demanda, deben ser impuestas a la parte alimentante. De otro modo, se vería disminuida la posibilidad del alimentista de atender a sus necesidades por la prestación alimentaria (Bossert, Gustavo, op. cit., p. 366 y siguientes, párr. 396 y sus citas). De allí que, en la medida que no se afecte la cobertura de las necesidades de la insana y se pueda cubrir con «los excedentes de la renta de su patrimonio», corresponde que las costas sean soportadas por la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

VI.- Los agravios de la demandada y el Ministerio Público:

Consideran las recurrentes que la existencia de un hijo del Sr. G., mayor de edad, sano y joven, que reside en Estocolmo, Suecia, y que percibiría ingresos en una moneda fuerte, enerva la obligación de la madre insana frente al actor.Afirman que si bien el pretensor posee el mismo grado de parentesco con la demandada que con su hijo, las mejores condiciones -dada su juventud- en las que se encuentra el descendiente deberían haber sido tenidas en cuenta por la juez de grado para desestimar el pedido de alimentos dirigido contra la madre insana.

Sobre este aspecto del memorial corresponde considerar que cuando dos parientes se encuentran en el mismo grado en relación al alimentista, ambos se encuentran obligados a la prestación (CNCiv., Sala D, 3/8/89, R. 49.227). De allí que compete al pretensor la opción de plantear su reclamo indistintamente contra uno, algunos o todos los obligados en idéntico grado. En esa coyuntura, es la parte demandada la que -sea dentro del contexto formal que admite el art. 643 del Código Procesal, sea por vía de incidente de coparticipación de cuota- carga con la demostración de la existencia de otros parientes que, en igualdad de grados, se hallarían en mejores condiciones para proporcionar los alimentos (Bossert, Gustavo, op. cit., pág. 256 y siguientes).

Ahora bien, en los presentes obrados la parte demandada se ha limitado a invocar la existencia de un hijo del actor que viviría en el exterior, presumiendo entonces que ello llevaría implicado -debido a la juventud del hijo y a la residencia en un país con «moneda fuerte»- una mejor condición para proveer a la prestación. Sin embargo, no debe ser así cuando -como sucede en la especie- el pretensor ha negado las mejores condiciones de su hijo como para proveer la prestación. Tal como se plantearon las cosas, pues, se advierte la falencia probatoria de la emplazada, quien no ha demostrado el extremo fáctico necesario para eximirse -total o parcialmente- de su obligación, vale decir, que no probó las mejores posibilidades del apuntado hijo para solventar las necesidades del actor; situación que conduce a la desestimación del agravio.A ello debe sumarse el hecho de que sí ha quedado reconocida en la causa la solvencia económica de la demandada; lo cual le permite, tal como fue definida la cuestión, afrontar la prestación establecida sin compromiso de la amplia cobertura de sus propias necesidades; según expresamente lo dispone la resolución en crisis.

VII.- También se agravian los representantes de la encartada sobre la base de la fluctuación de los ingresos o rentas que produce el patrimonio de la obligada. Este aspecto del memorial no logra rebatir los fundamentos de la sentencia, ya que se limita a enunciar una circunstancia fáctica que carece de incidencia respecto del temperamento adoptado por la magistrada de grado. En tal inteligencia, puede concluirse que el agravio no logra eficacia agotándose en una mera manifestación inconsistente; habida cuenta -insistimos una vez más- que los alimentos sólo tendrán operatividad si están cubiertas la totalidad de las necesidades de la alimentante (ver fs. 421, pto. II).

VIII.- Cuestiona la accionada la falta de ponderación en la sentencia de ciertas acreditaciones en la caja de ahorros del actor en el Standard Bank, por la suma de $ 8.000.- mensuales, durante el período informado.

La recurrente alude a nueve transferencias registradas en fechas 20/10/2009, 25/11/2009, 25/02/2010, 25/03/2010, 26/04/2010, 18/05/2010, 25/06/2010 (por $ 7.500.-), 28/07/2010 y 25/08/2010.

En la medida en que la apelante no ha demostrado en autos que provengan de un ingreso genuino que responda a una renta propia o a una remuneración, no cabe así considerarlo por cuanto tal realidad contrasta con la probada incapacidad laboral acreditada por el actor; a lo que se suma la inexistencia de rentas genuinas que en el caso cabe presumir; sobre todo por no haberse colectado prueba en contrario.No obstante, tales sumas depositadas no dejan de tener su importancia dado que permite apreciar la existencia de otro tipo de entregas dinerarias, de origen desconocido, que el actor no se ha encargado de aclarar y que, por supuesto, han de incidir en la valoración del monto de la pensión reclamada. Es que esas sumas que ingresaron con regularidad en la cuenta del actor permiten afirmar que el monto pretendido (de U$S 4.000.- mensuales) se presenta como excesivo a la luz de las necesidades presuntas -no probadas- del alimentista.

IX.- Por último, objetan el curador de la insana y el Ministerio Público la suma establecida como cuota en beneficio del actor. Consideran que debe restringirse a lo que resulta indispensable para atender a sus necesidades. Exponen que la suma de cinco mil pesos resulta elevada.

Este aspecto del memorial ha quedado desierto por cuanto se agota en la mera apreciación subjetiva. Las recurrentes entienden, sin exponer argumento o razonamiento lógico alguno, que la suma es excesiva sobre la única base de lo que es su impresión personal. Contrariamente a esa posición, todo indica que el decisum apelado ha ponderado adecuadamente las variables que presenta el caso, el contexto histórico de lo que ha sido el desenvolvimiento de la familia de las partes, el estándar de vida en el que se encuentra posicionado el grupo familiar y los demás antecedentes de autos. La conclusión inevitable es, pues, que la apreciación subjetiva de las apelantes carece de solidez, lo que echa por tierra la eficacia crítica del agravio (conf. doctrina de los arts. 265 y 266  del Código Procesal).

X.- Las costas de la alzada deberán ser soportadas en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos que se advierten en esta instancia (art. 71 del Código Procesal).

Por las razones expuestas, luego de haber sido oída la Sra. Defensora Pública de Incapaces, el tribunal RESUELVE: 1) Confirmar, en lo que ha sido materia de agravio, la sentencia de fs. 416/21; modificándola exclusivamente en lo relativo a las costas de la primera instancia, las que se imponen a la demandada vencida, en tanto puedan ser abonadas con los condicionamientos establecidos para lo principal (conforme punto II del fallo de fs. 421). 2) Costas de la alzada por su orden. 3) Regístrese y notifíquese a la Sra. Defensora de Incapaces en su despacho. Cumplido, devuélvase haciendo saber que las demás notificaciones deberán cumplirse en el juzgado de grado (art. 135 inc. 7º  del Código Procesal).

MAURICIO LUIS MIZRAHI

OMAR LUIS DIAZ SOLIMINE

CLAUDIO RAMOS FEIJOO

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