Proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación: su incidencia en el derecho del trabajo

Autor: Amarante, Andrea

Fecha: 3-sep-2012

Cita: MJ-DOC-5950-AR | MJD5950

Sumario:

I. Aclaración previa. II. Algunas reflexiones introductorias. III. La reforma. Su presentación. IV. Su incidencia en el derecho del trabajo. V. A modo de conclusión.

 

Doctrina:

 

Por Andrea Amarante (*)

 

I. ACLARACIÓN PREVIA

 

Un cuerpo legal de esta naturaleza debería ameritar una discusión seria y abierta a la comunidad jurídica, de tal suerte que implicara un intercambio de ideas y experiencias que, en forma de aportes, no dejaran dudas sobre su legitimidad al momento de plasmarse.

 

Las repercusiones posibles en cada disciplina deberían ser tratadas por los especialistas de cada materia en particular sin perder de vista que esta fusión de dos códigos debe analizarse coherentemente con todo el ordenamiento normativo, privilegiando el orden constitucional en que el mismo se enmarca.

 

En este caso puntual, estas líneas no intentan abarcar el conjunto de las instituciones del derecho del trabajo (DT) que se ven afectadas por esta reforma y unificación, y solo constituyen algunas llamadas de atención a quienes transitamos esa rama del derecho. Como un estigma histórico a esta disciplina se la empuja a la resignación, la resignación por parte del trabajador de sus derechos fundamentales.

 

Desde esta conciencia, podemos examinar la incidencia que esta reforma puede llegar a tener en el derecho laboral y de la seguridad social (SS), sin dejar de visualizar que el camino que deberemos recorrer será seguramente el de resolver algunas cuestiones mediante el planteo de las inconstitucionalidades de aquellas normas que exceden el ámbito del derecho privado y avancen sobre las instituciones del derecho social, en especial las del DT y la SS.

 

II. ALGUNAS REFLEXIONES INTRODUCTORIAS

 

Los refranes y dichos populares constituyen un ideario recurrente, porque reflejan conductas cotidianas de nuestras sociedades y es por ello que me permito citar aquel que dice:«Los gustos hay que dárselos en vida».

 

Y bien es así que todo jurista aspira a dejar para las generaciones futuras su huella legislativa, para ello se elaboran proyectos de ley que muchas veces llegan a atravesar el proceso constitucional para su sanción y promulgación y otras muchas veces no lo logran, quedando virtualmente «cajoneados» en alguna oficina del Congreso por razones de oportunidad y/o conveniencia para determinados sectores e intereses.

 

Nos encontramos ahora frente a un proyecto que perfila tener un destino seguro respecto a su aprobación y un destino incierto en cuanto a la determinación de la constitucionalidad/inconstitucionalidad de alguna de sus disposiciones, frente a su factible planteamiento ya que, sin duda, existirá un compromiso respecto a su encuadramiento a la hora de llegar a nuestro Máximo Tribunal, puesto que dos de sus redactores son además integrantes del mismo.

 

El derecho es una integralidad, nuestro sistema jurídico es una unidad y ambos conforman un orden piramidal de jerarquía en el que en la cima todavía -así me gusta pensarlo y creerlo- se encuentra la Constitución Nacional como garantía de los derechos de los ciudadanos considerando entre ellos a la categoría de trabajadores dependientes.Las preocupaciones e inquietudes que puede generar este proyecto dan lugar a estas reflexiones que tienen como finalidad llegar a tiempo a su posible sanción en el Congreso de la Nación, por cuanto soy consciente de que es imposible hacerlo con quienes lo han redactado como integrantes de la Comisión de Reformas designada por Decreto Presidencial 191/2011 ni con quienes han hecho las modificaciones que sufrió en su redacción inicial.

 

No creo que sea necesario efectuar una revisión de la evolución que se requirió para llegar a la especialización del derecho del trabajo como disciplina autónoma, sino solo remarcar que el reconocimiento constitucional de los derechos sociales requirió mucha lucha y el paso de correntosos ríos de sangre de los trabajadores.

 

La defensa de estos derechos encontró, en algunas etapas, el acompañamiento de la jurisprudencia, llegando a un punto tal que se lo declaró «sujeto de preferente tutela constitucional…», (1) explicitando además que «resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos estos, los cuales solo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad…» (2).

 

En una suerte de evolución jurisprudencial y tras la creación de la Unidad de Análisis Económico, por la Acordada 36 de la Excma.CSJN, del 9 de septiembre de 2009, que funciona dentro de su Secretaría General de Administración y tiene por objetivo «realizar estudios de índole económica para evaluar efectos que podrían producirse en las variables económicas como consecuencia de las decisiones que eventualmente pudieran adoptarse en expedientes en trámite ante el tribunal…», se ha iniciado una etapa en la que pareciera darse un cambio de prioridades, por cuanto se privilegian las leyes de mercado en franca contradicción con los principios liminares del DT.

 

Comienza así a perfilarse una tendencia jurisprudencial, por ejemplo, en relación al concepto de salario y la forma de aplicación de los aumentos, que implica un perjuicio para el conjunto de los trabajadores.

 

Lejos queda la etapa en la que se hablaba del «salario digno» y de la «retribución justa», para afirmarse que la suma de dinero resultante de un aumento otorgado por el Poder Ejecutivo «debe detraerse de los montos percibidos en concepto de rubros no remunerativos ni bonificables, de manera de evitar la duplicación del incremento dispuesto por la autoridad administrativa…» (3).

 

Se exterioriza así una posición de subordinación decisoria a la «arquitectura ideada por el Poder Ejecutivo» -conforme la sentencia precedentemente citada- y en consecuencia, aparece primando la incidencia que un fallo, en el que se aplicara el principio protectorio y se priorizara el favor debilis -pueda tener en el proyecto político económico de la presente etapa (4).

 

Esta perspectiva que se abre desde nuestro Más Alto Tribunal es apenas el reflejo de algunas posturas preocupantes que se exteriorizan en sentencias en las que los fundamentos de «una minoría» encontraron acogimiento en este Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial.

 

Aclaro que por unificación se entiende la reforma de disposiciones que -con la nueva redacción- se contraponen con el espíritu de nuestra Constitución Nacional, en cuanto al reconocimiento y alcance del andamiaje de los derechos sociales, tal el protectorio, el de progresividad y el pro hominis.En otros casos, la reforma se da a través de la supresión de instituciones, reforma que no se enmarca en un vínculo como el que se expresa en su presentación «La relación entre un código y los microsistemas jurídicos es la del sol que ilumina cada uno de ellos y que los mantiene dentro del sistema…», (5) sino que lejos de reflejar la luz solar e iluminar al microsistema que incluye al conjunto de los trabajadores busca oscurecer interpretaciones doctrinaria y jurisprudencialmente superadas y empujarlos por fuera del sistema solar conocido y reconocido y compuesto por normas de orden público.

 

III. LA REFORMA. SU PRESENTACIÓN

 

Se nos intenta presentar este proyecto como un avance jurídico y como la panacea institucional a punto tal que se lo ha comparado en importancia con la sanción del Código Civil de Francia, promulgado por el entonces Cónsul Napoleón Bonaparte en marzo de 1804, que posteriormente y por una ley de septiembre de 1807 se lo designa con el nombre de Código Napoleón, y cuya redacción se basó en el método utilizado en el Código del Emperador Romano de Oriente, Justiniano, el Corpus Iuris Civilis.

 

El código napoleónico, que sentó los cimientos para la elaboración de todo el derecho civil occidental, dando inicio al movimiento codificador de Europa y América, está dividido en tres libros y contiene 2281 artículos.

 

Siguiendo con la línea de acudir a la sabiduría popular para explicar algunos fenómenos sociales, se puede afirmar que:«Toda comparación es odiosa», pero muchas veces se hace necesaria cuando nos es impuesta como ha sucedido en el caso de su «lanzamiento», inicialmente, desde el discurso presidencial de inauguración de las sesiones legislativas el 1º de marzo de 2012 y posteriormente desde el Museo del Bicentenario el 27 de marzo de 2012.

 

En cuanto al Código de Napoleón, se ha afirmado que su contenido es tan claro que pareciera que sus autores no lo redactaron para los magistrados sino para el ciudadano medio, como obreros o trabajadores rurales. Por otro lado, el proyecto de reforma y unificación en análisis, que ha requerido la «colaboración» de importantes juristas, parece escrito solamente para una porción de la población, en la cual se encuentra excluido el trabajador dependiente como parte de la ciudadanía.

 

Nuestro Código Civil tiene algo más de 4000 artículos y el Código de Comercio actualmente algo más de 500, puesto que el articulado original fue derogado y sustituido por distintas leyes (LSC , LCQ , Ley de Seguros y Ley de Navegación ).

 

Con esta unificación, se redujo el total de ambos a 2671 artículos, lo cual realmente se acerca así a los 2281 del Código Civil promulgado por Napoleón. Entre estos casi 2000 artículos modernizados y eliminados se han «diluido» valiosas disposiciones de absoluta vigencia y actual necesidad.

 

Debido a la deficiencia de técnica legislativa utilizada, más allá de la síntesis referida, no se deja expresado con claridad, en el texto, cuáles serían las disposiciones que se reforman y cuáles serían las que se mantienen vigentes.

 

IV. SU INCIDENCIA EN EL DERECHO DEL TRABAJO

 

1. Responsabilidad de los funcionarios del Estado

 

Este tema constituye un importante ejemplo de lo expresado en el punto precedente.

 

El libro segundo, segunda sección, título IX “De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”, el 1112 Código Civil, establece que:«Los hechos y omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título».

 

En el anteproyecto elaborado por la comisión de expertos se indicaba que el Estado respondía objetivamente por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones y que el funcionario o empleado público es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que impliquen el ejercicio irregular de su cargo, como también que la responsabilidad del empleado público y del Estado es concurrente.

 

En definitiva, este tema, luego de la modificación que a este respecto hiciera el PEN, ha quedado plasmado en el libro tercero “Derechos personales”, título V “Otras fuentes de las obligaciones”, capítulo 1 “Responsabilidad civil”, sección 9ª “Supuestos especiales de responsabilidad”, en los arts. 1764, 1765 y 1766 del proyecto que se encuentra en tratamiento:

 

Art. 1764 – Inaplicabilidad de normas: Las disposiciones de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.

 

Art. 1765 – Responsabilidad del Estado: La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.

 

Art. 1766 – Responsabilidad del funcionario y el empleado público: Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.Se excluye así a los funcionarios del Estado y al propio Estado de la responsabilidad civil por su accionar irregular, exclusión que deviene inconstitucional por resultar violatoria de los principios de progresividad y de reparación integral de los daños sufridos.

 

En todos los casos en que el Estado -nacional, provincial o municipal- actúe como empleador, no será civilmente responsable por los daños sufridos en caso de accidentes laborales o por enfermedades profesionales contraídas por sus trabajadores dependientes, quedando disminuida y acotada su responsabilidad al ámbito del derecho administrativo. Con esta eximición de la responsabilidad civil del Estado empleador, se le estaría impidiendo al trabajador damnificado que acceda a la plena reparación basándose en la normativa del Código Civil.

 

«Por ejemplo, un damnificado del trágico accidente ferroviario de la Estación Once en la actualidad puede accionar civilmente en forma solidaria o independiente contra los particulares concesionarios del servicio, contra los funcionarios públicos responsables de controlar el funcionamiento correcto del servicio y contra el Estado responsable directo por los actos de sus órganos…

 

»El proyecto por el contrario afectando el principio de progresividad de jerarquía constitucional revierte esta posibilidad al impedir a los particulares damnificados por hechos reprochables del Estado o sus agentes, circunstancia no poco frecuente, un resarcimiento civil por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales…»

 

Entonces: «Los policías no pueden chocar con sus patrulleros, los funcionarios públicos nunca ejercen actos errados y menos son responsables, los médicos del Estado nacional, provincial o municipal nunca pueden cometer mala praxis, el Estado no dañó a los maestros con enfermedades profesionales de postura o incidencia en las cuerdas vocales» (6).

 

En síntesis, con esta des-responsabilización del Estado no se podría en lo sucesivo requerir la reparación civil por lo daños injustamente ocasionados por su actividad ilegítima.

 

Frente a esta imposibilidad se puede trazar un paralelismo con el art. 39, apdo.1 , de la LRT (Ley 24.557), que asimismo crea un sistema especial de reparación de daños eximiendo al empleador de la responsabilidad civil e impidiendo al trabajador que acceda a la plena reparación.

 

Cuando se sanciona la norma referida, se indica que esta disposición tiene por finalidad impedir «la alta incertidumbre que perturbaría la gestión del sistema afectando su viabilidad operativa…» (7).

 

Así se propone y mantiene un modelo de preservación de «un capitalismo en serio» (8) que se predica y promueve desde el ámbito gubernamental, que tiende a mantener al trabajador como un ciudadano de segunda categoría, tanto dentro del reiteradamente declarado inconstitucional sistema de riesgos de trabajo como frente a este otro retroceso involutivo de la responsabilidad estatal.

 

2. Tratamiento de la responsabilidad

 

Su tratamiento en el proyecto se encuentra también en el libro tercero “Derechos personales”, título V “Otras fuentes de las obligaciones”, capítulo 1 “Responsabilidad civil”.

 

Fundamentalmente nos interesa lo dispuesto en la sección 7ª “Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y ciertas actividades”.

 

Art. 1757 Hechos de las cosas y las actividades riesgosas: «Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.

 

»La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención».

 

A. Responsabilidad objetiva

 

Art. 1757 párr. 2º: «La responsabilidad es objetiva…».

 

Se deja en claro que la responsabilidad contractual es objetiva y mediante esta fórmula simple podría haberse superado definitivamente el sistema de responsabilidad subjetiva fundado en el análisis de la conducta dolosa o culposa del sujeto si el proyecto hubiera avanzado en el reconocimiento de la misma como deber de seguridad y garantía de indemnidad.Esta falta de avance implicará un retroceso -la experiencia lo demuestra- que llevará de regreso a nuevas discusiones que, en la práctica, implicarán la derogación de este instituto, que por un lado se declama pero por el otro se deja como una manifestación abstracta, puesto que no se plasma en el articulado del proyecto, dejándolo a la «libre interpretación de los voceros/doctrinarios» de los sectores empresariales, especialmente el sector que conforma las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).

 

El principio alterum non laedere (no dañar al otro) constituye uno de los tres principios base del derecho romano -conjuntamente con el honeste vivere (vivir honestamente) y el suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo).

 

Por su importancia, aplicación práctica y recepción constitucional -art. 19 de nuestra CN-, debió merecer el tratamiento específico en el proyecto en análisis como prolongación natural del expreso reconocimiento del carácter objetivo de la responsabilidad contractual.

 

Con esta «ausencia injustificada», se puede perder la oportunidad de lograr el encaje en la estructura constitucional superadora de toda discusión teórica, puesto que «Ningún habitante de la Nación será privado de lo que la ley no prohíbe» máxime cuando se trata del trabajador, que -por la vulnerabilidad que implica su estado de necesidad- es merecedor de tutela constitucional preferente.

 

B. Responsabilidad por riesgo

 

Art. 1757 “Hechos de las cosas y las actividades riesgosas” párr.1º.

 

En el punto precedente se vio una ausencia normativa que implica un defecto legislativo, en este punto, en cambio, se verá un exceso legislativo debido a un errado dimensionamiento de «la cosa».

 

Por sí mismas las cosas no tienen entidad suficiente para ser factor de atribución de responsabilidad, por ello la afirmación respecto a su sobredimensionamiento.

 

Incluirlas en esta categoría dentro de un mismo título y dentro de un mismo artículo exterioriza un error conceptual, puesto que es la propiedad o guarda de las cosas que se emplean en las actividades riesgosas las que le atribuyen responsabilidad a su dueño o guardián.

 

Desde la teoría de la responsabilidad contractual objetiva, la evolución ha llevado al desarrollo jurídico de la teoría del riesgo creado o el riesgo provecho, que implica la obligación de reparar los daños que se producen por una actividad ejercida en beneficio o interés propio.

 

Basada en los principios de justicia, equidad y solidaridad y para mantener una suerte de equilibrio social, se debe resarcir todo hecho dañoso que se ocasione a los demás cuando, por la actividad que se ha desarrollado, se obtenga un beneficio material.

 

No hay duda de su aplicación en el DT, especialmente en los casos de accidentes y enfermedades laborales, en donde la utilización de «cosas/herramientas/maquinarias» necesarias para llevar a cabo la explotación empresarial hace a esa actividad «riesgosa» para la salud y la vida de sus trabajadores.

 

Se han propuesto redacciones alternativas, pero el problema no pasa por un error terminológico sino por la intención no declarada de generar una confusión que no permita determinar con «claridad» el carácter riesgoso de la actividad, el consecuente daño que se produzca durante su desenvolvimiento y la obligación de resarcirlo integralmente.

 

Esta confusión será bienvenida en la lucha de algunos sectores, incluyendo el gubernamental, por la finalización de las acciones civiles por reparación integral de los daños que los empresarios/empleadores ocasionen a sus trabajadores en el desempeño de sus tareas y,por ende, será bienvenida en el ámbito de sus ART, que festejarán el mantenimiento de sus ganancias desmedidas al costo de vidas humanas.

 

El orden de la causa-efecto o del efecto-causa se altera también en la bienvenida a esta deliberada confusión, ya que ha habido una suerte de premonición jurídica cuando se ha afirmado que «hay que terminar con la industria del juicio, con un nivel de litigiosidad que impacta negativamente en la actividad. Creo que podemos hablar sobre el tema de la doble vía, si hay acuerdo entre el sector del trabajo, el legislativo y el judicial, y estaremos dando un salto cualitativo muy importante que generará mayores certezas y seguridades en el sector…» (9).

 

3. Algunas otras observaciones

 

A. Contrato de locación de servicios

 

En este tema, se puede hablar de un anacronismo institucional por el cual se «revive» la figura de la locación de servicios, reemplazándola por la expresión «contrato de obra y de servicios».

 

Aunque se indica que se hace necesario distinguir entre uno y otro en dos secciones diferentes del proyecto, a efectos de «disminuir la cantidad de litigios existentes, derivados de la confusión de fronteras…», (10) en la realidad de la simulación cotidiana, a través de la utilización de figuras contractuales no laborales para esconder relaciones laborales, esta manifestación de buena intención no será factible.

 

En el proyecto, su tratamiento se da entonces en el libro tercero “Derechos personales”, título IV “Contratos en particular”, capítulo 6 “Obra y servicios”.

 

Art. 1251 – Definición: «Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución».

 

Art. 1252 – Calificación del contrato:«En caso de duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia…

 

»Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral».

 

En definitiva según el proyecto en análisis, habrá «contrato de servicios» cuando una persona, el «prestador de servicios», actuando independientemente, se obligue a favor de otra a proveer un servicio mediante una retribución.

 

En contradicción con la expresión de deseos manifestada, el renacimiento de este instituto nos llevará a la aplicación del art. 14 de la LCT, que declara nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral aparentando normas contractuales no laborales -como lo es, sin duda, el contrato de prestación de servicios- quedando la relación regida por la normativa laboral.

 

Esto, por cuanto, cuando un trabajador se ve obligado a suscribir un contrato de esta naturaleza, lo hace por un estado de necesidad extrema que vicia su consentimiento y, en consecuencia, no puede serle oponible por violar el orden público laboral (OPL), a través de la renuncia de sus derechos.

 

En un interesante fallo, se ha afirmado que «En la actualidad suele oírse -con frecuencia- para desechar la existencia de un contrato de trabajo que se invoca la existencia de un contrato de locación de servicios, tanto en el ámbito privado como en el público […]

 

»En rigor de verdad, sostener que una persona puede con su trabajo ser objeto de una locación de servicios no es solo dar muestras de un enorme atraso histórico y social sino que también es “cosificar” al ser humano.Y para hacer frente a estas concepciones, se han lanzado los más prestigiosos juslaboralistas del mundo detentando para ello las banderas de la dignidad, concepto estrechamente ligado a los derechos humanos […]

 

»… destaco que, si el trabajador, ya sea en el ámbito público o privado, ha firmado un contrato de ese tipo corresponde sea considerado en la verdadera situación jurídica que le cabe. Prevalece el principio de primacía de la realidad y esa realidad muestra que es un trabajador en relación de dependencia, que es protagonista de un contrato de trabajo» (11).

 

Buscar mantener a una importante porción de trabajadores dentro de la figura de trabajo autónomo, desprotegidos y por fuera del sistema protectorio que regula el trabajo dependiente provocará el efecto inverso, agravando la situación en lugar de darle la solución que se esperaría.

 

En resumen, en este aspecto, la reforma implica un retroceso en el desarrollo de una postura doctrinaria y jurisprudencial que representa un avance en el camino del cumplimiento de las normas laborales a través de una interpretación acorde con los principios generales del DT.

 

B. Prescripción. Plazos

 

Se encuentra tratada en el libro sexto “Disposiciones comunes a los derechos personales y reales”, título I “Prescripción y caducidad”, capítulo 2 “Prescripción liberatoria”, sección 2ª “Plazos de prescripción”.

 

En el art. 2560, se establece un plazo genérico de cinco años, que no se aplicará cuando exista otro previsto. Acto seguido, en el art. 2561 párr. 2º, se establece un plazo especial de tres años para los reclamos de los daños derivados de la responsabilidad civil. Y a continuación, en el art. 2562 inc. b, se establece un plazo, que podríamos denominar «especialísimo», de dos años para los reclamos de derecho común derivados de accidentes y enfermedades del trabajo.

 

Finalmente en la sección 16ª “Prescripción”, el art. 2671 establece que la prescripción se rige por la ley que se aplica al fondo del litigio.En definitiva, nos encontramos con dos plazos diferentes, el de tres años y el de dos años, que podrían aplicarse en el caso de tener que interponer un reclamo indemnizatorio generado en la responsabilidad civil de un hecho dañoso cuando el mismo fuera derivado de un accidente o de una enfermedad laboral.

 

Puesto que son dos normas que refieren a la misma situación, en caso de que existiera alguna duda sobre el plazo de prescripción que correspondiere, se debería estar a lo dispuesto en el art. 9 de la LCT, dando prevalencia a la norma más favorable al trabajador, como regla de aplicación del principio protectorio art. 14 bis de la CN.

 

En esta reforma, tampoco se trata la forma de cómputo del plazo prescriptivo, perdiéndose la oportunidad de echar un poco de «luz solar» sobre el tema, especialmente en lo que hace a la certeza del mismo. Especialmente, en el ámbito de los accidentes y enfermedades productos del trabajo, no se trata solo de conocer la existencia del daño sino también de conocer su alcance e importancia, por cuanto, al encontrarse vigente la LRT (Ley 24.557 ), no se podría afirmar que los efectos y consecuencias definitivos del accidente o enfermedad del trabajo pudieran coincidir con el alta médica.

 

Es que la iniquidad del sistema «expulsa» al trabajador del sistema utilizando dicha fórmula, con la consiguiente indicación de reincorporación a sus tareas normales y habituales y «… en la gran mayoría de los casos, trabajadores enfermos, accidentados, incapacitados con importantes disminuciones en su capacidad laborativa son dados de alta en forma prematura con y para el consecuente cese de las prestaciones debidas» (12).

 

C. Sociedad unipersonal

 

Se trata de una institución que se ha desarrollado en algunos países de la Unión Europea, pero no así en Latinoamérica, excepto en Colombia, y su extrapolación a nuestra legislación no solo no es necesaria, sino que no puede darse sin tomar en cuenta el contexto de nuestra realidad sociolaboral.Su incorporación por una reforma a la LSC (Ley 19.550 ) genera un instrumento apto para que una persona a través de su Constitución pueda «esconderse» detrás del velo de una persona jurídica.

 

En el art. 54.3 LSC “Inoponibilidad de la personalidad jurídica”, se da marco normativo a la teoría de «disregard of legal entity» (de corrimiento del velo).

 

Esta disposición contempla dos supuestos en los cuales es posible correr el velo societario y llegar a los socios de la persona jurídica:

 

a. cuando la sociedad encubra la consecución de fines extrasocietarios;

 

b. cuando su constitución sea solamente un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros.

 

A pesar de la existencia de esta inoponibilidad, en el caso puntual de la «sociedad unipersonal» se otorga, en paralelo, la posibilidad legal de que una sociedad comercial conformada por una sola persona sea el instrumento de desresponsabilización frente a los créditos que pudieran tener los trabajadores en relación de dependencia.

 

Mediante su utilización se puede constituir un patrimonio de afectación separado, y por fuera del patrimonio general del titular y, en caso de concurso, o quiebra o contracción de deudas -laborales y/o previsionales-, permanecerá destinado a los fines a los que fuera asignado sin garantizar ni responder por las deudas frente a los terceros/trabajadores dependientes.

 

Resulta así que esa única persona que conforma la sociedad ejerce los poderes que le confiere la LCT (Ley 20.744 ), con total absolutismo, puede organizar y dirigir «su autoempresa» -puesto que esa única persona la constituye y la controla- y puede sancionar a su/s trabajador/es mientras, al mismo tiempo, puede evadir toda responsabilidad frente a los daños y a los perjuicios que a los mismos les ocasiona su actividad económica.Se hace necesario que la reforma contemple la necesidad de limitar esta especie de poder absoluto que favorece el fraude laboral a través de la creación simulada de una sociedad inexistente y se dé especial protección normativa al trabajador, a través de la imposición de fórmulas de cumplimiento y responsabilización frente a las normas de orden público.

 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

 

Desde el 8 de agosto de 2012, se encuentra conformada y trabajando la Comisión Bicameral para el tratamiento de este proyecto y deberá hacerlo en el exiguo plazo de 90 días.

 

Los pedidos por parte de algunos legisladores para la ampliación del plazo establecido para emitir dictámenes han sido desoídos y rechazados, a pesar de que los mismos se basaban en la necesidad de realizar consultas y recoger opiniones de la comunidad que pudieran ser aportes valiosos.

 

El plazo corre, los tiempos apremian y es imprescindible, imperioso diría, que existan pronunciamientos institucionales que tiendan a resguardar el andamiaje de nuestra disciplina. Así lo han hecho el Instituto de Estudios Legislativos (IDEL), la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina (FACA) a través de su Sección de DT y la SS y el Equipo Federal del Trabajo (EFT).

 

En tanto, los Señores Legisladores tienen la palabra…

 

———-

 

(1) CSJN, “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ accidente Ley 9688” , 21/9/2004.

 

(2) CSJN, “Vizzotti Carlos Alberto c/ AMSA SA s/ despido” , 14/9/2004.

 

(3) CSJN, “Zanotti Oscar Alberto c/ Estado Nacional – Mº de Defensa – Decreto 871/2007 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seguridad” , 17/4/2012.

 

(4) Amarante, Andrea – Acepto el desafío y me propongo sacar mis propias conclusiones – Análisis de los fallos de la CSJN: Salas y Zanotti – Revista EFT Nº 85 – 4/6/2012.

 

(5) Lorenzetti, Ricardo – Presentación del Proyecto: I) Paradigmas y Principios jurídicos – Código Civil y Comercial de la Nación:Redactado por la Comisión de Reformas designada por Decreto 191/2011 – La Ley – Página III – 1º quincena/2012.

 

(6) Schick, Horacio – Otro cambio al Código Civil para delimitar la responsabilidad del Estado – iEco/Clarín.com – 13/6/2012.

 

(7) Fundamentos del Proyecto de Ley de Riesgos de Trabajo enviado por el PEN al Congreso de la Nación – 1995.

 

(8) Sra. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner – Cumbre de Presidentes del G20 – Cannes/Francia – 4/11/2011.

 

(9) Sra. Presidenta Cristina Fernández – Discurso pronunciado ante la Cámara Argentina de la Construcción al cerrar su 59º Convención Anual – Comunicado de la Secretaría de Comunicación Pública – Jefatura de Gabinete de Ministros – 7/2/2012.

 

(10) Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación – Comisión de reforma, 2012.

 

(11) CNAT – Sala VII – Autos: “Cabrera, Fernando Raúl c/ P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido” , Voto de la Dra. Ferreirós, Estela Milagros – 29/4/2011.

 

(12) Amarante, Andrea – La práctica médica en el Régimen de Riesgos de Trabajo: Algunas reflexiones y un interrogante – Abogados: Revista Digital del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal/CPACF Nº 107 – Agosto/2012.

 

(*) Abogada, UBA. Especialista en Derecho Laboral, UBA. Especialista en Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, UNLZ. Posgrados en especialización en Globalización, Constitucionalismo y Derechos Sociales; en Globalización y Desafíos Regulatorios del Estado; y en Modelo Social Europeo: Problemática de la Ciudadanía Social y de la Regulación del Trabajo en la UE, UCLM. Secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo (IDT), CAPCF. Coordinadora de los cursos de Práctica Profesional IDT, CPACF. Árbitro y Mediadora, Defensoría del Pueblo de la CABA. Autora de diversos artículos sobre temas de la especialidad.

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