El cónyuge sobreviviente debe probar que fue el otro quien motivó la desunión, de lo contrario se lo excluye de la herencia.

Partes: G. V. C. y otro c/ G. H. A. s/ exclusión de heredero

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: M

Fecha: 14-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-73855-AR | MJJ73855 | MJJ73855

Se excluye al cónyuge supérstite de la herencia decretada, ya que se tiene por acreditado que los cónyuges al momento del deceso de la esposa se hallaban separados de hecho y no de una manera circunstancial, pues se encontraba en cabeza del sobreviviente demostrar que fue su cónyuge quien dio motivos a dicha desunión, circunstancia que no ha operado en autos.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, la cual hizo lugar a la demanda, declarando la pérdida de la vocación hereditaria del demandado respecto de su esposa, por encontrarlo incurso en la causal prevista en el art. 3575  del CCiv., incoada por sus hijas, pues en el caso de autos, el cónyuge supérstite no sólo no ha logrado acreditar su inocencia en la separación, sino que de las pruebas arrimadas se demostró además el abandono voluntario y malicioso y la relación que aquél mantenía con otra mujer, comportamiento que, cuando menos, importó una conducta injuriosa.

2.-El art. 3575 del CCiv. establece que cesa también la vocación hereditaria de los cónyuges entre sí en caso que viviesen de hecho separados sin voluntad de unirse o estando provisionalmente separados por el juez competente. Si la separación fuese imputable a la culpa de uno de los cónyuges, el inocente conservará la vocación hereditaria. En caso de decretarse la separación por mediar separación de hecho anterior, el cónyuge que probó no haber dado causa a ella, conservará su vocación hereditaria en la sucesión del otro.

3.-En relación a la culpabilidad de los cónyuges en la separación, la carga de la prueba de la culpabilidad no es exigible a los derechohabientes del cónyuge fallecido que pretenden la exclusión del causante de la separación, pues es quien procura la exclusión quien debe demostrar la separación de hecho sin voluntad de unirse y en tal caso el cónyuge sobreviviente que quiera participar de la herencia, deberá contrarrestar probando su inocencia con respecto a la separación.

4.-Corresponde rechazar los agravios esgrimidos por el demandado, quien se queja por cuanto sostiene que la sentencia de grado ha dado por probado el abandono del hogar y relación adúltera, cuando no lo estaban; puesto que para acreditar que los esposos mantenían su comunidad de vida -pese a que vivían en distintos domicilios-, se debía demostrar una permanente vocación de reunión, aun cuando se hubiesen dispensado de compartir el mismo techo, siendo evidente que más allá de las vagas referencias efectuadas por algunos de los testigos aportados por el accionado, dicho extremo aparece desvirtuado por la prueba testimonial ofrecida por las actoras.

5.-En cuanto al supuesto perdón esgrimido por el demandado por parte de la causante, -el cual implicaría la reapertura de su testamento- , carece de sustento, puesto que no puede sostenerse como reapertura de testamento lo que simplemente consistió en el nombramiento de albacea, etc., por lo que no puede entenderse que el mismo haya implicado un perdón respecto a una disposición que ninguna referencia concreta respecto de marido.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de junio del año dos mil doce, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Elisa M. Diaz de Vivar, Mabel De los Santos y Fernando Posse Saguier, a fin de pronunciarse en los autos “G., V. C. y otro c/G., H. A. s/exclusión de heredero”, el Dr. Posse Saguier dijo:

I.- En estas actuaciones se presentaron G. G. y V. C. G., en su carácter de hijas de E. J. L. (fallecida el 13 de agosto de 2008, (cfr. partida de fs. 18 obrante en el expediente sucesorio n°13.835/09), y demandaron a su padre y cónyuge de esta última, H. A. G., por pérdida de la vocación hereditaria, de conformidad con lo previsto por el art. 3575  del Código Civil.

La sentencia de primera instancia (fs. 582/588) hizo lugar a la demanda, declarando la pérdida de la vocación hereditaria de H. A. G. respecto de su esposa E. J. L., por encontrarlo incurso en la causal prevista en el artículo 3575 más arriba citado.

II.- Contra dicho pronunciamiento se alzó solamente el accionado (fs.589), quien expresó agravios a fs. 605/617, los que recibieron respuesta de las actoras a fs. 621/631. A fs. 635/636 obra el dictamen acompañado por el señor Fiscal de Cámara.

III.- Adelanto que, de compartirse mi opinión, los agravios formulados por el emplazado no serán recibidos en esta Alzada.Dicho esto, en primer término describiré las quejas articuladas por el vencido.

Se agravia por cuanto sostiene que la sentencia de grado ha dado por probados hechos y circunstancias que no lo estaban (abandono del hogar y relación adúltera) y dio crédito a aquello que los testigos afirmaron no por su propia constatación o por la versión que les pudiera haber transmitido un tercero imparcial, sino por la versión que supuestamente les transmitió su propia esposa e hijas. Cuestiona también que el juzgador desdeñara testimonios concretos de personas que, dando razón de sus dichos, contradecían la versión brindada por aquellos que afirmaron algo que no les constaba.

Por otra parte, refiere que el señor juez a quo incurrió en excesos en materia de prueba de oficio, apartándose de premisas que hacen al resguardo del debido proceso adjetivo y a la garantía de defensa en juicio, lo cual invalida las declaraciones de Irma René Morales y Carlos Américo Fernández.

Se queja también en tanto el juzgador dio por acreditado que no acompañó a su esposa ni en su enfermedad ni en el tratamiento efectuado a fin de palearla. Para ello descalifica los dichos de los testigos Serrano, Tallone y Cabrera y la documentación aportada que, a su criterio, no puede ser considerada como prueba.

Cuestiona también la interpretación que desarrolló la sentencia en relación a los alcances de la fórmula plasmada por su esposa en el testamento por resultar, cuanto menos, dogmática; y por haberse omitido considerar el comportamiento observado por las demandantes en relación a cuestiones conducentes para la resolución del juicio.

Como ya lo adelanté, de compartirse mi opinión, estas quejas no pueden prosperar.

Sentado ello, destaco que el presente caso, guarda gran similitud, con uno resuelto por la Sala “A” del Tribunal en el que resultó vocal preopinante el Dr. Molteni, y al que adherí por compartir los fundamentos allí vertidos; y con otro decidido por esta Sala en que el que fui vocal preopinante (“B., C. X.y otro c/ S. A. E. y otro”, del 06/05/2009, L.L. 2010-B, 537 y “B., N.D. y otro c/L., I.P. “, del 4/2/2011, R. 552.721 )

Dicho esto, en estas actuaciones objeto de examen, ha quedado comprobado que los cónyuges E. J. L. y H. A. G., se hallaban separados de hecho a la fecha del deceso de la primera, y lo que corresponde determinar y está cuestionado, es si la interrupción de la convivencia resultó imputable al demandado, o no.

Es decir, debe establecerse si esa voluntad, de no estar unidos, se debió a la conducta impropia y de abandono imputada al emplazado, como argumentaron las actoras en el escrito de inicio, y consideró comprobado el juzgador en el fallo de grado.

Sentado ello, destaco que las quejas vertidas respecto de la valoración efectuada por el juzgador acerca de la prueba testimonial, no habrán de tener favorable acogida desde que el análisis que realizó aquél resulta ajustarse a las reglas de la sana crítica que se imponen en la materia, conformando así una interpretación acertada con relación a los dichos de los testigos.

Además, de tales declaraciones se aprecia que la mayoría, no sólo ha sabido de los hechos que narran por referencia de otras personas, sino que han presenciado las circunstancias que describen. Es de destacar que en los aspectos centrales, los deponentes resultan contestes en sus dichos, brindando versiones coincidentes acerca de la situación vivida por E. J. L. en los últimos años hasta el momento de su deceso, lo cual ilustra también sobre el comportamiento asumido por las actoras y el accionado frente a la enfermedad de su madre y cónyuge, respectivamente.

Agrego, con relación a la preeminencia que le otorgó el juzgador a las declaraciones vertidas por los testigos propuestos por las actoras, respecto de los ofrecidos por el demandado, que los testimonios no se cuentan, sino que se pesan.Es por ello que la eficacia de la prueba testimonial debe ser ponderada en función de la razón de los dichos que suministren y de la impresión de veracidad que transmitan en sus exposiciones (conf. C.N.Civ., Sala “F”, “Kobzar de Palacio Mónica E. c/ Kraft Marcos A. s/ daños y perjuicios”, del 09-05-95).

En este orden de ideas, sabido es que el art. 456  del Código Procesal subordina la apreciación de la prueba testimonial a las reglas de la sana crítica, particularizando, al respecto, el principio general que sienta el art. 386  del mismo cuerpo legal. La doctrina y la jurisprudencia, por su parte, han enunciado diversas directivas cuya observancia facilita una adecuada crítica de las declaraciones y permite, por ende, el enjuiciamiento más exacto posible acerca de su credibilidad y eficacia. Por ello, supuesta la validez de la prueba, la pertinencia de los hechos sobre que versa y la aptitud genérica del testigo para asumir tal calidad procesal, las mencionadas directivas se relacionan con las circunstancias personales de aquél, la naturaleza de los hechos sobre los cuales declara, la razón de ciencia enunciada como fundamento de su declaración y la concordancia de sus respuestas (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, t. IV, págs.650/651, n° 486; C.N.Civ., Sala “A”, causa libre n° 361.186 del 16/4/03).

Por lo expuesto, y sin perjuicio de reiterar que estos agravios constituyen una reiteración -en lo principal- de críticas vertidas en el alegato, señalo que en mi opinión el ataque que se efectúa a los dichos de los testigos, en modo alguno logra enervar el correcto análisis efectuado por el señor Juez “a-quo”, por lo que las quejas sobre el particular no habrán de ser oídas.

Por otra parte, la queja referida a los excesos en que habría incurrido el juzgador al disponer de oficio la declaración en el carácter de testigos de Irma René Morales (empleada del matrimonio desde el año 1980) y Carlos Américo Fernández (encargado del edificio donde se situó el último domicilio conyugal), ambos mencionados en la demanda, resulta a toda luces inadmisible.

En este sentido, el art. 452  del Código Procesal autoriza al juez a requerir la comparecencia de personas referidas en cualquier pieza del expediente, o bien que hubieran sido mencionadas en otras constancias, siempre que de éstas se desprenda que tienen conocimiento de hechos que pueden incidir en la resolución de la materia controvertida. La potestad del juez en este caso guarda estrecha relación con las medidas instructorias que la ley adjetiva le confiere, especialmente la que se menciona en el art. 36, inc. 4°  del Código Procesal, según el cual se puede “ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes”. De allí, como su mención se adquirió para el proceso, no se violaría el principio de igualdad, de modo que en el intento de averiguar la verdad el juez puede citarlos a declarar si estima que pueden aportar datos significativos para el resultado de la causa (conf. Highton-Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Hammurabi, t. 8, arts. 396/498, pág.344/346).

Sentado ello, pasaré a abocarme a la normativa aplicable al caso.

El art. 3575 del Código Civil establece que “cesa también la vocación hereditaria de los cónyuges entre sí en caso que viviesen de hecho separados sin voluntad de unirse o estando provisionalmente separados por el juez competente. Si la separación fuese imputable a la culpa de uno de los cónyuges, el inocente conservará la vocación hereditaria siempre que no incurriere en las causales de exclusión previstas en el art. 3574”. Este último artículo citado ha sido modificado en forma sustancial a raíz de la reforma introducida en el año 1985 por la ley 23.515 , y en cuanto a lo que en este proceso incumbe resulta útil traer aquí el 2do. párrafo que establece que “si la separación se hubiese decretado en los casos del artículo 203 , el cónyuge enfermo conservará su vocación hereditaria. En los casos de los artículos 204, primer párrafo y 205, ninguno de los cónyuges mantendrá derechos hereditarios en la sucesión del otro. En caso de decretarse la separación por mediar separación de hecho anterior, el cónyuge que probó no haber dado causa a ella, conservará su vocación hereditaria en la sucesión del otro”.

A su vez el art. 204, dispone “podrá decretarse la separación personal, a petición de cualquiera de los cónyuges, cuando éstos hubieren interrumpido su cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor a dos años. Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo los derechos acordados al cónyuge inocente”.

Ahora bien, el plenario dictado por esta Cámara con fecha 12/02/86 in re “Mauri de Mauri, F. y Mauri, E.S.D. s/ Sucesión” (La Ley 1986-B, 134), estableció que la carga de la prueba de la culpa en la separación de hecho, incumbía a quienes negaran la vocación sucesoria del viudo.Es decir, que de aplicarse esta doctrina plenaria al presente caso, el cónyuge supérstite H. A. G., tendría derecho a la vocación hereditaria hasta tanto se acredite su culpabilidad.

No obstante, la Sala “C” en decisión que comparto, estableció que el segundo párrafo del plenario “Mauri” que se refiere a la carga de la prueba, ha quedado derogado por la ley 23.515, ya que deben concordarse las normas del artículo 3575 del Código Civil, que no ha sido modificado en lo sustancial por la reforma, con el nuevo art. 204, el cual establece precisamente la presunción inversa; ya que ha de entenderse que a los dos les caben los efectos previstos por esta norma. A tal punto, que el cónyuge que se considera inocente, debe probarlo (con este mismo criterio, véase la doctrina que emana del plenario de esta Cámara: “C.G.T. c/ A.J.O. s/liquidación de sociedad conyugal”, de fecha 29/9/1999, E.D. 185-374; Zannoni, E. “Manual de Derecho de las Sucesiones”, Bs. As. 1989, p. 433 punto 575; CNCiv. “C”, R- 66.042 de fecha 2/X/90, L.L. 1991-D-418, citado en Dictamen n° 50.170 del Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Carlos R. Sanz, del 28/05/01, mi voto en la Sala “F”, causa libre n°522.309 del 18/08/2009).

En el mismo sentido, el Dr. Molteni, en el voto más arriba citado de la Sala “A”, expuso que la carga de la prueba de la culpabilidad no es exigible a los derechohabientes del cónyuge fallecido que pretenden la exclusión del causante de la separación. Quien procura la exclusión debe demostrar la separación de hecho sin voluntad de unirse. El cónyuge sobreviviente que quiera participar de la herencia, deberá contrarrestar probando su inocencia con respecto a la separación.

Esto así, dado que en un matrimonio, el hecho de no haber cohabitado durante un largo tiempo en el mismo domicilio común hace presumir, sin duda, el quebrantamiento de los deberes conyugales.Estos surgen de la imposición legal del Código Civil y no pueden examinarse a partir del principio de la autonomía de la voluntad que establece el art. 1197  del indicado Código. De ahí, que su ruptura, en principio implica causal objetiva o subjetiva de divorcio, cuya evidencia sólo podrá asentarse frente a acuerdos que se hayan convenido entre los esposos y se funden en un motivo razonable, lo que no ha ocurrido en modo alguno en la especie, tal como podrá advertirse más adelante.

La “ratio legis” del art. 3575 radica en que la desintegración del hogar revelaría la falta de un presupuesto del derecho hereditario conyugal, consistente en el afecto del causante. Aun cuando no haya atribución de culpabilidad ni juicio de reproche, el estado de separado de hecho indica la falta de afecto presunto entre los cónyuges (conf. Pérez Lasala, J. L.-Medina G. “Acciones judiciales en el derecho sucesorio”, Ed. Depalma, 1992 pág. 383).

De tal manera, para acreditar que los esposos mantenían su comunidad de vida -pese a que vivían en distintos domicilios-, se debía demostrar una permanente vocación de reunión, aun cuando se hubiesen dispensado de compartir el mismo techo. Y es evidente que, más allá de las vagas referencias efectuadas por algunos de los testigos aportados por el accionado en el sentido que el matrimonio L.-G. “iba y venía”, dicho extremo aparece desvirtuado por la testigo Irma René Morales, cuya declaración resulta de suma relevancia si se tiene en cuenta que fue empleada del matrimonio, luego de la cónyuge fallecida y también del accionado ya que limpiaba su oficina. Así, adviértase que dicha declarante refirió, en forma categórica, que el demandado dejó el hogar conyugal a principios del año 2006 en virtud de que su esposa había encontrado una cédula verde de un auto comprado por él y que habría puesto a nombre de otra mujer.Agregó que el accionado nunca más frecuentó dicho domicilio, ni siquiera durante la enfermedad de la esposa (diagnosticada en noviembre de 2007). Además, expresó que había sido ella personalmente quien le había alcanzado sus pertenencias y que nada de él se conservó en el departamento de la calle Quintana. Asimismo, relató que en ocasión de haber efectuado la limpieza en la oficina del demandado, el propio G. le propuso que fuera a trabajar a la casa de su novia en la calle Marcelo T. de Alvear, domicilio donde después se enteró vivía también el nombrado; refirió haber visto en la oficina un portarretrato con una foto de G. y una mujer, que él mismo le afirmó era su novia Alicia (v. declaración de fs. 466/477).

Como se ve dicho testimonio resulta sumamente elocuente, desbaratando así el esfuerzo argumental realizado por el demandado a los fines de obtener una modificación del fallo.

Además, dicha deposición se ve también corroborada por las declaraciones de los testigos Quiroga (fs. 494) y Atoniene (fs. 502/504) quienes refirieron que durante la presentación de un libro de la autoría del demandado (año 2006/2007), éste se encontraba acompañado por otra mujer a quien introducía como su pareja.

Por otra parte, son contestes con Morales el resto de los testigos -Serrano, Cabrera y Antonione- en cuanto indican que nunca vieron a G. en el domicilio conyugal de la calle Quintana durante la enfermedad de E. J. L.

Así las cosas, entiendo que lo expuesto desvirtúa también que hubiese existido de parte de G. un acercamiento o acompañamiento de alguna clase durante la etapa de la enfermedad de la esposa, que culminó con su fallecimiento.

Como se ve, en el caso el cónyuge supérstite no sólo no ha logrado acreditar su inocencia en la separación sino que de las pruebas arrimadas se demostró además el abandono voluntario y malicioso y la relación que aquél mantenía con otra mujer, comportamiento que, cuando menos, importó una conducta injuriosa.En consecuencia, todo lo argumentado me mueve a considerar que la decisión adoptada por el juzgador ha sido acertada por lo que todos los agravios tendientes a demostrar la inocencia del accionado carecen de justificación, razón por la cual propicio su desestimación.

IV.- Por otro lado, la defensa articulada con relación al supuesto perdón que implicaría la reapertura del testamento de E. J. L., carece de todo asidero.

Entiendo que el análisis e interpretación realizada por el juzgador no resulta meramente dogmática como se afirma ni que la argumentación que se esgrime tenga la suficiente virtualidad para sostener el perdón que se invoca en los términos previstos en el art. 3297  del Código Civil.

En efecto, tal como lo refiere el Sr. Juez a quo, la causante -teniendo herederos forzosos- tan sólo estableció en su testamento mandas respecto de su porción disponible (designó a sus nietos como beneficiarios del 20% de sus bienes, con la salvedad efectuada respecto de las alhajas) y en su reapertura de fecha 23 de marzo de 2006 se limitó al nombramiento de un albacea y partidor de sus bienes y a impartir instrucciones respecto de su eventual internación prolongada por razones de salud. Por tanto -y como también lo destacó el sentenciante- en ningún momento procedió a efectuar institución de herederos (cfr. fs. 22 de los autos sucesorios n°13.835/09).

La mención del porcentaje restante que les correspondería a los “herederos legales” de modo alguno puede ser interpretada como una disposición testamentaria en los términos del art. 3606  y sgtes. del Código Civil.

De allí que si no existió institución hereditaria -ya que en realidad solamente consistió en la adjudicación de la porción disponible- mal puede sostenerse que la reapertura del testamento efectuado por la causante -que sólo lo fue a los fines ya indicados (nombramiento de albacea, etc.)- haya implicado un perdón respecto a una disposición que ninguna referencia concreta respecto de marido.V.- En otro orden de ideas, tampoco puede interpretarse que el contenido de la nota de fecha 29 de julio de 2008 remitida por E. J. L. a su esposo durante la internación de este último (fs. 140), importe un perdón por todas las graves ofensas causadas a la causante y que, en el caso, ameritan la privación de la herencia. Dicho manuscrito, como lo refiere el juzgador, tan sólo puede calificarse como una simple demostración de la calidad de persona de la causante, en sus últimos días de existencia, frente a la dolorosa situación que atravesaba el demandado (padre de sus hijas), pero no adquiere el carácter de prueba fehaciente del perdón con virtualidad, en los términos del art. 3297  ya citado, de borrar la indignidad (en el caso, la causal de exclusión).

VI.- En cuanto a las quejas esbozadas por el accionado en relación a la omisión de evaluar el comportamiento que habrían tenido las hijas con posterioridad a la muerte de su madre y que hace referencia el apelante en los puntos octavo y noveno de su memorial, éstas resultan absolutamente inconducentes toda vez que aún cuando por vía de hipótesis se aceptasen esos hechos, ello no modifica ni exculpa las conductas que él asumiera en su relación matrimonial y que ha quedado acreditado a través de las probanzas ya analizadas.

De igual manera, las alegaciones que realiza en el punto décimo de su expresión de agravios en relación a la actividad periodística y a la crisis económica que lo habría llevado al cierre de la revista “Redacción” tampoco tiene entidad como para justificar la conducta que aquí se le reprocha.

VII.- El demandado se queja también por la forma en que fueron distribuidas las costas y por la decisión de que la base regulatoria se sujete a la determinación del monto del proceso.

El art.68  del Código Procesal -que tiene su fundamento en el pri ncipio del “hecho objetivo de la derrota”, con prescindencia de la buena o mala fe del litigante perdidoso- establece que la parte vencida en el juicio deberá pagar los gastos de la contraria (conf. esta Sala, exptes. nº28.091, nº130.501 y nº139.406, entre otros).

Las costas no conforman, en nuestro ordenamiento procesal, un castigo o una pena al perdedor o al temerario, sino que se aplican a título de reparación patrimonial de las expensas del juicio a favor de quien ha debido actuar en defensa de su derecho. La condena en costas al vencido, principio consagrado en el art. 68 del Código Procesal, es la regla y su dispensa la excepción; de modo que el apartamiento a tal principio sólo debe acordar­se cuando median razones muy fundadas, pues la exención debe ser aplicada con criterio restrictivo (conf., Morello, A.,” Códigos Procesales Comentados”, t: II-B, págs. 111 y 116).

En el caso planteado en autos, no encuentro razones que lleven a apartarse del principio antes aludido, pues la simple creencia de contar con derecho a litigar, no basta para adoptar un criterio diferente. Así, se ha señalado que la expresión “razón fundada para litigar”, contenida en el art. 68 del Código Procesal, contempla aquellos supuestos en que, por las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio, sin embargo ello no se trata de la mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de la pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas que demuestren la concurrencia de un justificativo para eximirlo de las costas, puesto que todo aquel que somete una cuestión a la decisión judicial, es porque cree que le asiste razón para peticionar como lo hace, mas ello no lo exime necesariamente del pago de los gastos en que hizo incurrir a su contrario si el resultado le es desfavorable” (conf.CNCiv., Sala E, 03-12-03, DJ 23-06-04, 576; citado en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, de Highton-Areán, T.II, pág.68, Editorial Hammurabi, 2004; esta Sala, “Rosende Eduardo Daniel c/ Rosenberg Diana Carolina s/ cumplimiento de contrato”, R. 414.148).

Por lo tanto, habré de propiciar el rechazo de los agravios y la confirmación del fallo sobre el particular.

Por lo demás, en tanto en casos similares al presente esta Sala estableció que el monto a tener en cuenta en este tipo de procesos está determinado por la cuota parte del acervo sucesorio que se puso en controversia, que es en definitiva el interés económico defendido (art. 19  de arancel), la queja expuesta sobre el punto será también desestimada.

VIII.- Por todo ello, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, si mi voto fuese compartido por mis distinguidas colegas propongo se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue materia de agravios. Las costas de Alzada habrán de imponerse al demandado, por no encontrar motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota previsto en el art. 68 del C. Procesal.

Las Dras. Elisa M. Diaz de Vivar y Mabel De los Santos adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mi que doy fe.

Fdo:

Fernando Posse Saguier.

Elisa M. Diaz de Vivar.

Mabel De los Santos.

Ante mi, María Laura Viani (Secretaria). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

MARIA LAURA VIANI

Buenos Aires, junio de 2012.

Y Visto:

Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue materia de agravios. 2) Imponer las costas de Alzada al demandado (conf. art. 68 del C. Procesal). 3) Diferir la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia, para una vez que se encuentren determinados los correspondientes a la instancia anterior (artículo 14  del Arancel).

Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho, y devuélvase.-

FERNANDO POSSE SAGUIER

ELISA M. DIAZ de VIVAR

MABEL DE LOS SANTOS

MARIA LAURA VIANI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s