El consentimiento tácito de los resúmenes, no priva de la posibilidad de revisar el saldo deudor de la cuenta corriente.

Partes: Labat Martín Ariel c/ HSBC Bank Argentina s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: A

Fecha: 11-may-2012

Cita: MJ-JU-M-73568-AR | MJJ73568 | MJJ73568

La disparidad entre la tasa de interés pactada y la aplicada y percibida por el banco implica un abuso grosero y desmedido que justifica la revisión del saldo deudor de la cuenta corriente, aún frente al consentimiento tácito a los resúmenes.

Sumario:

1.-Nuestro código mercantil da el nombre de cuenta corriente bancaria a los contratos que la doctrina moderna califica, con mayor exactitud como de apertura de crédito en cuenta corriente y de depósito en cuenta corriente y que, en la terminología del código debe decirse, respectivamente: cuenta corriente bancaria a descubierto y cuenta corriente bancaria con provisión de fondos .

2.-La cuenta corriente bancaria es de dos maneras: a descubierto , cuando el banco hace adelantos de dinero o, con provisión de fondos , cuando el cliente los tiene depositados en él.

3.-La cuenta corriente bancaria en descubierto, se conoce en doctrina y comúnmente, con el nombre de apertura de crédito en cuenta corriente y la cuenta con provisión de fondos, como depósito en cuenta corriente . En realidad la cuenta corriente bancaria es siempre con provisión de fondos, pues ésta, dentro del tecnicismo cambiario, no solo se forma con el dinero en efectivo, sino también con los créditos que le concede el banco.

4.-Las operaciones de cuenta corriente pueden caracterizarse del siguiente modo: a.) Cuenta corriente con provisión de fondos (depósito en cuenta corriente): el cliente del banco alimenta la cuenta con depósitos en dinero, pudiendo disponer del saldo a su favor de inmediato y en cualquier momento, por medio de cheques y el banco le presta su servicio de caja, abonando los cheques, generalmente presentados por terceros y debitándolos en su cuenta; puede asimismo entregarse cheques al cobro, pero sobre su importe no puede girarse hasta que el banco los hace efectivos: en la práctica hasta 1 ó 2 días después, pues se remiten al clearing (cámara compensadora); b) Cuenta corriente en descubierto (apertura de crédito en cuenta corriente): el banco abre crédito al cliente hasta determinada suma, que le acredita en cuenta corriente y sobre la cual este último puede girar, librando cheques, hasta la suma que se fija como máximo en descubierto. Dado que el cliente puede efectuar depósitos, éstos, como es lógico, disminuyen o eliminan la cantidad en descubierto que representa el crédito acordado por el banco, sin que éste desaparezca, pues siempre el cliente puede girar con exceso sobre sus depósitos hasta la cantidad convenida. La cuenta arrojará en ciertos momentos un saldo a su favor y en otros, si las extracciones exceden la suma depositada, un saldo en contra.

5.-La cuenta corriente bancaria en descubierto presenta cierta analogía con la cuenta corriente mercantil, desempeñando el papel de remesas del cliente, los depósitos o sumas que el banco le acredita en descubierto y de remesas del banco, los pagos que éste efectúa por orden de aquél, es decir, contra presentación de cheques. Los bancos cobran intereses sobre por el importe girado en descubierto, por lo común superior a la que devengan las partidas que acreditan.

6.-La operatoria de la cuenta corriente bancaria en descubierto solo representa una forma perfeccionada de préstamo a interés, contrato cuya ejecución se desarrolla sobre el marco de la contabilidad en cuenta corriente. Las calidades de acreedor del banco y deudor del cliente son invariables.

7.-La operación de la cuenta corriente bancaria en descubierto no genera otros efectos jurídicos que los del contrato de préstamo y las distintas partidas únicamente representan sumas prestadas o devueltas. En el contrato de cuenta corriente mercantil, como las remesas son facultativas, por lo común no se establece un límite, pues cada parte puede establecerlo tácitamente, de hecho, al no efectuar las operaciones que dan nacimiento a los créditos que alimentan la cuenta corriente. En la apertura de crédito bancaria en cambio, como la concesión de éste es unilateral, lógicamente debe fijarse un límite.

8.-Si se combinan las operaciones de crédito en cuenta corriente con el depósito en cuenta corriente, o, mejor dicho, se superponen a éste, autorizando al depositario para girar más allá de sus depósitos, es decir en descubierto, hasta determinada cantidad, aunque se dé corrientemente el caso de que en ciertos momentos los depósitos cubran el descubierto y arrojen un saldo favorable al depositante, tal eventualidad no modifica el carácter de la apertura de crédito, pues ello es un efecto de la combinación de ambas operaciones.

9.-En el funcionamiento de la cuenta corriente bancaria, conforme al art. 793  CCom., por lo menos ocho días después de terminar cada trimestre o período convenido de liquidación, los bancos deben pasar a los clientes el movimiento de sus cuentas corrientes pidiéndoles su conformidad escrita y ésta, o las observaciones a que hubiere lugar, deben ser presentadas dentro del quinto día. Si en este plazo el cliente no contestare, se tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada y sus saldos, deudores o acreedores, serán definitivos en la fecha de la cuenta.

10.-Los plazos que establece el art. 793 del CCom. no pueden ser modificados por las partes, en el sentido de ampliar el primero -que tiende a asegurar el cumplimiento de la obligación que, en salvaguardia de los intereses de los clientes, se impone a los bancos- o restringir el segundo, restricción que podría conducir prácticamente a la supresión del derecho de control del cliente, impidiéndole o dificultándole la revisación de la cuenta y de las operaciones reflejadas en la misma. De permitirse tales convenciones, podrían ellas ser impuestas por los bancos, abusando de su preponderante situación de hecho, con evidente detrimento de los derechos de los particulares.

11.-El carácter perentorio del término de cinco días previsto por el art. 793 del CCom. es de toda evidencia, dados la propia letra y el espíritu del precepto y también tiene ese carácter, el término fijado al banco para pasar la liquidación, lapso que se cuenta, como expresamente lo establece dicha norma, para el banco desde la terminación del trimestre o período convenido, mientras que el de cinco días de que goza el cliente para observarla, corre desde que éste recibe la liquidación.

12.-En la práctica, los bancos usan, al menos en cuanto a los depósitos en cuenta corriente, un medio carente de toda autenticidad: remiten un memorándum con el saldo, por correo, como carta simple, lo cual imposibilita determinar con seguridad si, efectivamente, el cliente recibió el aviso y, aun cuando se admita la recepción, el día en que tuvo lugar. Por lo común, es difícil que ocurran dificultades pues la liquidación es sumamente sencilla, ya que al asentarse cada partida se establece el saldo, las cuentas son revisadas minuciosamente y se las somete a nueva revisión, en el caso de que el cliente libre un cheque por cantidad superior a la del saldo.

13.-El incumplimiento por parte del banco de la obligación que le impone el art. 793 del CCom., carece de sanción específica, por lo cual, sólo acarreará la común, de daños y perjuicios.

14.-El banco cumple su obligación de remitir el saldo de cuenta si lo hace al domicilio constituído en la apertura de la cuenta corriente bancaria, en tanto no sea cambiado expresamente por el cliente y no se puede considerar operado el cambio aún cuando en documentación perteneciente a otras oficinas externas o en boletas de depósito conste otro domicilio.

15.-Aunque en principio los saldos no podrían ser discutidos cuando no fueron observados en el lapso marcado por la ley con respecto a la aprobación de las cuentas y sus saldos, en aplicación de lo normado por el art. 793 CCom., nuestros tribunales reiteradamente han sostenido, en criterio que comparto, que no precluye el derecho de obtener la rectificación de errores u otros vicios que padezcan esas cuentas, de manera análoga a lo que sucede con la aprobación de las cuentas rendidas de acuerdo a lo dispuesto por el art. 73  CCom.

16.-Siguiendo las pautas del art. 73 del CCom. y la regla 1.1.2.3.3.OPASI I B.C.R.A., en principio, ha de presumirse conformidad implícita con la exactitud de los movimientos registrados en el banco si dentro de los treinta (30) días de vencido el respectivo período no se formula reclamo o no se solicita la entrega del extracto por no haberlo recibido, salvo prueba en contrario y salvo las disposiciones especiales de ciertos casos.

17.-El hecho de no haber recibido resúmenes de cuenta, cuando el deudor tenía a su disposición los medios técnicos de las circulares reglamentarias de aplicación para requerir los resúmenes, controlar y hacer rectificar eventualmente errores y excesos en las registraciones de los movimientos de su cuenta, si no se los usó, crea una presunción que ampara al banco. Sin embargo, debe entenderse que todo ello constituye una presunción iuris tantum, que no puede prevalecer frente a la obligación de la entidad bancaria de mantener incólumes los derechos del depositante efectuando créditos y débitos no solo en tiempo propio, sino de manera correcta.

18.-Si ha sido demostrado que el accionante no ha objetado en forma alguna, durante todo el desarrollo de la vinculación, lo expuesto en tales documentos, tal situación brinda un marco de apreciación presuncional, iuris tantum, en favor de un consentimiento de parte de la actora respecto de lo obrado por la demandada que, según lo ya expresado, solo puede franquearse ante la existencia de groseros errores o de partidas viciadas.

19.-Corresponde revisar la aplicación de las tasas aplicadas en los resúmenes de cuenta acompañados, pues en la medida que resulten excesivas, ellas conducirán, como resultado final, a guarismos desmedidos, que determinarían admitir una evolución financiera de la acreencia que no guardaría relación con la evolución de ninguna otra actividad productiva, bienes o servicios, de manera tal que en estas circunstancias, corresponde, en el caso, ejercer la facultad morigeradora de las tasas de interés que la ley y nuestros tribunales han conferido a los jueces para restablecer el equilibrio de las relaciones entre las partes en circunstancias en que aparezcan distorsionadas.

20.-Cabe reconocer a los magistrados la facultad de morigerar los intereses pactados en exceso, acogiendo el crédito en sus justos límites, advirtiendo que dicha facultad se habrá de ejercer cuando se verifique un marco de desproporción de valores que se torne necesario recomponer en términos de justicia. Así, si bien no existe en nuestra legislación una base legal que fije la cuantía de los intereses y que indirectamente determine cual es la tasa que debe reputarse excesiva o usuraria -influyendo especialmente en esa apreciación el ritmo de la inflación- corresponde a los tribunales establecer la compatibilidad entre la tasa de interés y el orden moral de forma tal que lo que habrá de invalidarse no es en sí el pacto de intereses como causa de deber, sino la tasa de los mismos cuando se juzgue exorbitante.

21.-El control de los intereses excesivos atribuído a los Tribunales halla su sustento en las claras disposiciones del art. 953  del CCiv. y en el art. 502  del mismo cuerpo legal que llevan a concluir en que los acrecidos con esas características constituyen una causa ilegítima de las obligaciones. En este marco, y advertidas dichas circunstancias, se impone la reducción de los intereses aplicados en términos de equidad, determinándose la nulidad parcial de los intereses en exceso. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de dos mil doce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Sra. Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados “LABAT MARTIN ARIEL C/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. S/ ORDINARIO” (Expte. n° 178609/2001, Registro de Cámara n° 056853/2001), originarios del Juzgado del Fuero Nro. 15, Secretaría Nro. 30, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctora Isabel Míguez, y Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers.

El Señor Juez de Cámara, Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers no interviene en el presente Acuerdo por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo:

I.- Los hechos del caso

1.) El accionante Martín Ariel Labat promovió demanda por incumplimiento de contrato contra “HSBC Banco Roberts S.A.” (actualmente “HSBC Bank Argentina S.A.”), solicitando la “recomposición del saldo deudor” que poseía su parte en dicha entidad bancaria, ello con más sus respectivos intereses y costas.

Relató que en fecha 25.09.1998, con el objeto de reconstituir el giro comercial de su empresa, suscribió un contrato de “apertura de crédito en cuenta corriente” con la entidad bancaria demandada, mediante el cual se permitía atender los sobregiros librados contra dicha cuenta por la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-) con garantía hipotecaria, por el término de cinco (5) años, habiéndose pactado una tasa interés del 15 % nominal anual, la cual se debía calcular sobre los importes girados en descubierto en dicha cuenta siempre que no excediesen el monto máximo convenido.Explicó que, según los términos del contrato suscripto entre las partes, el banco debió dejar disponible el día 25.09.1998 en la cuenta corriente en pesos N° 0840-00330-6, el importe convenido de pesos cien mil ($ 100.000.-), no obstante lo cual, únicamente le habilitó la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000.-).

Refirió que tal circunstancia podía fácilmente verificarse, en tanto al día 29.09.1998 su parte poseía un saldo deudor de pesos cincuenta y cinco mil ciento setenta y seis con 85/100 ($ 55.176.85.-), habiéndose aplicado únicamente sobre la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000.-) la tasa de interés del 15 % anual pactada, siendo que sobre el importe restante de pesos siete mil ciento setenta y seis con 85/100 ($ 7.176.85.-) se aplicó una tasa del 71,91 %.

Manifestó que, desde el 01.10.1998 hasta el 20.10.1998, la entidad bancaria demandada dejó disponible solamente la suma de pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000.-), desde el 21.10.1998 hasta el 25.10.1998 el importe de pesos sesenta y cuatro mil ($ 64.000.-) y durante el mes de noviembre de ese mismo año la cantidad de pesos noventa mil ($ 90.000.-).

Aseveró que el banco accionado no solo había incumplido con la obligación de colocar a su disposición la suma pactada, sino que había modificado, a lo largo de la vinculación, en forma arbitraria y unilateral, la tasa de interés convenida, incrementándola del 15 % a tasas que variaban desde el 15,60 % anual hasta el 80 %.

Indicó que, al modificarse unilateralmente la tasa de interés pactada, no solo se incrementó erróneamente el importe de los intereses adeudados, sino también el monto que correspondía aplicar en concepto de IVA.

Afirmó, por otro lado, que el banco accionado también había modificado en forma inconsulta el importe a abonar en concepto de comisión en “consulta de cheques”, incrementándose a partir de marzo del año 2000 de $ 9 a $ 18.2.) Efectuado el pertinente traslado del escrito de inicio, la demandada “HSBC Bank Argentina S.A.” se presentó y contestó demanda a fs. 273/7, solicitando el rechazo de la acción deducida con expresa imposición de costas.

Realizó una negativa general de los extremos invocados por su contrario, no obstante lo cual, reconoció la vinculación existente entre las partes.

Manifestó que en fecha 25.09.1998 suscribió con el actor un mutuo con garantía hipotecaria mediante el cual, por un lado, se procedió a la apertura de un crédito para atender los giros en la cuenta corriente del accionante por la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-), importe que fue puesto a disposición de este último en la cuenta corriente N° 0840-00330-6 y por el otro, se le otorgó un crédito hipotecario por la suma de dólares estadounidenses cien mil (u$s 100.000.-).

Explicó que, conforme habían pactado las partes, la suma otorgada para atender a los giros bancarios generaba un interés del 15% nominal anual, el cual debía ser calculado sobre los montos efectivamente girados en descubierto, tasa que debía ser renegociada cada treinta (30) días.

Indicó que, con anterioridad al contrato precedentemente referido, las partes ya se encontraban vinculadas a través de varias líneas de crédito a favor del accionante, las cuales consistían en: a.) pesos quince mil ($ 15.000.-) en descubierto en cuenta corriente; b.) pesos setenta y cinco mil ($ 75.000.-) en compra de cheques; y c.) pesos catorce mil ($ 14.000.-) por un préstamo prendario.Afirmó que a la fecha de celebración del mutuo hipotecario el actor aún continuaba utilizando la línea de crédito por “compra de cheques” que no había sido renovada, circunstancia que determinó que del acuerdo en cuenta corriente de pesos cien mil ($ 100.000.-) le fuera descontado el importe de la deuda por “compra de cheques”.

Refirió que, en ese contexto, en septiembre de 1998 se le abrió el acuerdo por pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000.-), en octubre de ese mismo año, un acuerdo por pesos setenta mil ($ 70.000.-), en noviembre, pesos noventa mil ($ 90.000.-) y finalmente, a partir de diciembre de 1998, se le liberaron los acuerdos por el importe de pesos cien mil ($ 100.000.-), toda vez que a dicha fecha había sido cancelada íntegramente por el actor la línea de crédito por “compra de cheques”.

Aseveró que la tasa de interés aplicada sobre el monto acordado fue la prevista en el contrato del 15 % anual, siendo que los intereses cobrados a tasas de interés del 71,91 % y/o del 80 % anual fueron, exclusivamente, sobre los montos girados por el actor en exceso al importe máximo del acuerdo ($ 100.000).

Destacó que Labat durante toda la relación contractual jamás efectuó algún tipo de queja, reclamo y/o impugnación por los acuerdos cargados y/o por las tasas de interés percibidas, habiendo recibido mensualmente los extractos de su cuenta corriente, todo lo cual autorizaba a concluir en que el actor consintió la operatoria de disponibilidad de crédito en la forma en la que fue ejecutada.

II.- La sentencia recurrida.

El fallo de primera instancia -dictado a fs. 699/704- rechazó íntegramente la acción deducida por Martin Ariel Labat contra “HSBC Bank Argentina S.A.”, imponiéndole las costas del proceso al accionante vencido.El juez de grado juzgó, en primer lugar, que el actor no había logrado demostrar que se hubiesen aplicado tasas de interés superiores a las pactadas y/o comisiones excesivas en concepto de “consulta de cheques”.

Afirmó, en ese sentido, que de la prueba producida se desprendía que la tasa de interés cobrada por los giros en descubierto efectuados dentro del límite fijado en el acuerdo -$ 100.000.- se limitaron al 15 % o al 16 % anual y solo se aplicaron tasas de interés superiores -del 71,91 % u 80 % anual- a los giros efectuados fuera de ese acuerdo.

Agregó, que las tasas de interés utilizadas en la especie no resultaban tampoco usurarias, motivo por el que no correspondía su morigeración, en tanto era práctica habitual que las tasas aplicadas a los giros en descubierto en cuenta corriente sean las más altas del mercado.

Desestimó, del mismo modo, el reclamo relativo a la modificación del importe de la comisión percibida en concepto “consulta de cheques”, señalando que si bien no se había acreditado la existencia de un acuerdo escrito acerca de cuáles eran los cargos y comisiones que se habilitaba a cobrar a la entidad bancaria demandada, lo cierto era que tales servicios habían sido efectivamente prestados y fueron utilizados por Labat, circunstancia que demostraba la sinrazón de la impugnación deducida.

A todo evento, señaló que tal comisión nunca había sido cuestionada por el actor -hasta la promoción de esta acción-, ni se había aportado dato alguno que permitiese inferir que la variación del importe cobrado hubiese sido excesiva.

III.- Los agravios.

Contra dicho pronunciamiento se alzó únicamente la parte actora quien dedujo la apelación obrante a fs. 749, la que fue fundada con la expresión de agravios que luce glosada a fs. 769/75, presentación que fuera contestada por su contraria mediante el escrito agregado a fs. 783/90.Controvirtió el recurrente, en primer lugar, que el sentenciante hubiese afirmado que el cliente tenía a su cargo la tempestiva impugnación del saldo en cuenta corriente bancaria, sosteniendo que su parte poseía la facultad de obtener la rectificación de ese saldo en razón de los errores, irregularidades y otros vicios que éste padeciere.

Se agravió, por otro lado, en torno a que el juez de grado hubiese vinculado, erróneamente, las obligaciones emergentes del mutuo hipotecario con otras operaciones vigentes con el banco, las cuales no operaban con la mentada garantía hipotecaria.

Cuestionó, asimismo, que el magistrado hubiese entendido que no se había demostrado que se aplicaron tasas de interés superiores a las pactadas, siendo que las probanzas de autos -especificamente la prueba pericial contable- acreditaban que existía una diferencia a su favor que ascendía al importe de pesos quince mil doscientos sesenta y tres con 79/100 ($ 15.263,79.-).

Criticó, en siguiente té rmino, que el juez de grado hubiese admitido que se cobró un interés superior del 15 % pactado sin que hubiese existido renegociación alguna e igualmente decidiera el rechazo del reclamo deducido por su parte.

Se agravió, en siguiente lugar, en torno a que el sentenciante no hubiese considerado que las tasas aplicadas resultaban usurarias, sosteniendo que no había valorado correctamente la prueba pericial contable, de la cual se desprendía las diferencias existentes en relación a las tasas aplicadas en la cuenta corriente que utilizara la entidad bancaria demandada y las que autorizaba a aplicar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los supuestos de sobregiro.

Para finalizar, solicitó que dispusiese que la capitación de los intereses de la cuenta de marras sea realizada en forma trimestral, tal como se encontraba previsto por el CCom: 795 , aplicable a la cuenta corriente bancaria.

IV.- La solución propuesta.

1.) El thema decidendum.En este marco, la cuestión a decidir en esta Alzada ha quedado centrada, en definitiva, en determinar la procedencia misma de la acción, es decir, si correspondió, o no, la rectificación del saldo deudor de cuenta corriente que poseía el actor en la entidad bancaria demandada, debiendo para ello establecerse si está última cobró intereses en forma indebida, en violación a los términos del contrato suscripto entre las partes, como sostuvo el actor o si, por el contrario, las tasas de interés aplicadas resultaron acordes al marco de la relación existente entre las partes, tal como lo sostuvo la entidad bancaria demandada.

2.) Antecedentes fácticos relevantes.

Liminarmente, cabe efectuar una breve reseña de los aspectos fácticos verificados en el litigio en la medida que se los estime conducente para la dilucidación del conflicto.

En ese sentido, debe señalarse que las partes resultan contestes en punto a que en fecha 25.09.1998 suscribieron un contrato mediante el cual la entidad bancaria demandada, por un lado, procedería a la “apertura de un crédito” a favor del actor para atender a los giros que se realicen en la cuenta corriente N° 0840-00330-6 de titularidad de este último, por la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-) y, por el otro, otorgaría en calidad de préstamo a Labat la cantidad de dólares estadounidenses cien mil (u$s 100.000.-).

Asimismo, corresponde dejar sentado que mediante la presente acción lo único que se cuestiona es el cumplimiento del referido contrato en lo que hace a la “apertura de crédito en cuenta corriente” y su consecuente operatoria, no siendo materia de esta controversia, el restante negocio jurídico plasmado en el citado convenio atinente al préstamo hipotecario.

Sentado ello, también cabe referir que tampoco existe controversia en torno a que respecto del importe autorizado en la “apertura de cuenta corriente” -$ 100.000.- se pactó una tasa de interés del 15% nominal anual vencida, la cual debía calcularse sobre los fondos efectivamente girados en dicha cuenta (véase fs.4), la cual habría operado hasta el mes de octubre del año 2000 (véase: Anexo pericia contable, fs. 546).

Asimismo, ha sido reconocido por la propia entidad bancaria demandada que en el mes de septiembre de 1998 la tasa del 15% convenida, únicamente fue aplicada sobre el importe de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000.-), utilizándose una tasa de interés del 71,91% sobre los giros que excedieran de tal monto; en octubre fue aplicada sobre la suma de pesos setenta mil ($ 70.000.-), en noviembre hasta la cantidad de pesos noventa mil ($ 90.000.-), siendo que, recién en el mes de diciembre de ese mismo año la tasa convenida fue aplicada sobre el total del monto pactado de pesos cien mil ($ 100.000.-).

3.) El contrato de cuenta corriente bancaria y la revisión del saldo deudor.

Efectuada la breve reseña precedente y previo a ingresar en el tratamiento concreto de la cuestión sometida a consideración, se estima necesario efectuar ciertas precisiones relativas a la “apertura de crédito en cuenta corriente bancaria”, como la aquí discutida y a la posibilidad de solicitar la revisión judicial de un saldo deudor como ocurre en la especie.

Como juez de primera instancia he tenido oportunidad de fijar criterio sobre la materia que nos ocupa en los autos “Sayi S.A. c/ Bankcoston S.A. s/ ordinario”, Juzgado Nac. Com. N° 26, Sec. N° 51 del 11.04.2006.

Liminarmente, cabe recordar, como lo hice entonces, que Fernández ya apuntaba que nuestro código mercantil da el nombre de “cuenta corriente bancaria” a los contratos que la doctrina moderna califica, con mayor exactitud como de “apertura de crédito en cuenta corriente” y de “depósito en cuenta corriente” y que, en la terminología del código debe decirse, respectivamente: “cuenta corriente bancaria a descubierto” y “cuenta corriente bancaria con provisión de fondos”.

La cuenta corriente bancaria es pues, de dos maneras:”a descubierto”, cuando el banco hace adelantos de dinero o, “con provisión de fondos”, cuando el cliente los tiene depositados en él.

La cuenta corriente bancaria en descubierto, se conoce en doctrina y comúnmente, con el nombre de “apertura de crédito en cuenta corriente” y la cuenta con provisión de fondos, como “depósito en cuenta corriente”. En realidad la cuenta corriente bancaria es siempre con provisión de fondos, pues ésta, dentro del tecnicismo cambiario, no solo se forma con el dinero en efectivo, sino también con los créditos que le concede el banco.

Estas operaciones pueden caracterizarse del siguiente modo:

a.) Cuenta corriente con provisión de fondos (depósito en cuenta corriente): el cliente del banco alimenta la cuenta con depósitos en dinero, pudiendo disponer del saldo a su favor de inmediato y en cualquier momento, por medio de cheques y el banco le presta su servicio de caja, abonando los cheques, generalmente presentados por terceros y debitándolos en su cuenta; puede asimismo entregarse cheques al cobro, pero sobre su importe no puede girarse hasta que el banco los hace efectivos: en la práctica hasta 1 ó 2 días después, pues se remiten al clearing (cámara compensadora).

b.) Cuenta corriente en descubierto (apertura de crédito en cuenta corriente): el banco abre crédito al cliente hasta determinada suma, que le acredita en cuenta corriente y sobre la cual este último puede girar, librando cheques, hasta la suma que se fija como máximo en descubierto. Dado que el cliente puede efectuar depósitos, éstos, como es lógico, disminuyen o eliminan la cantidad en descubierto que representa el crédito acordado por el banco, sin que éste desaparezca, pues siempre el cliente puede girar con exceso sobre sus depósitos hasta la cantidad convenida.La cuenta arrojará en ciertos momentos un saldo a su favor y en otros, si las extracciones exceden la suma depositada, un saldo en contra.

La situación presenta cierta analogía con la cuenta corriente mercantil, desempeñando el papel de remesas del cliente, los depósitos o sumas que el banco le acredita en descubierto y de remesas del banco, los pagos que éste efectúa por orden de aquél, es decir, contra presentación de cheques. Los bancos cobran intereses sobre por el importe girado en descubierto, por lo común superior a la que devengan las partidas que acreditan (conf. R.L. Fernandez; “Código de Comercio Comentado” T. III, pág. 497 y sig; CNCom. esta Sala A, mi voto, 05.09.2007, in re: “Eiriz Norberto A c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ ordinario”).

Se ha dicho, asimismo, que en el fondo esta operatoria solo representa una forma perfeccionada de préstamo a interés, contrato cuya ejecución se desarrolla sobre el marco de la contabilidad en cuenta corriente. Las calidades de acreedor del banco y deudor del cliente son invariables.

La operación así planteada no genera otros efectos jurídicos que los del contrato de préstamo y las distintas partidas únicamente representan sumas prestadas o devueltas. En el contrato de cuenta corriente mercantil, como las remesas son facultativas, por lo común no se establece un límite, pues cada parte puede establecerlo tácitamente, de hecho, al no efectuar las operaciones que dan nacimiento a los créditos que alimentan la cuenta corriente.En la apertura de crédito bancaria en cambio, como la concesión de éste es unilateral, lógicamente debe fijarse un límite.

Si se combinan las operaciones de crédito en cuenta corriente con el depósito en cuenta corriente, o, mejor dicho, se superponen a éste, autorizando al depositario para girar más allá de sus depósitos, es decir en descubierto, hasta determinada cantidad, aunque se dé corrientemente el caso de que en ciertos momentos los depósitos cubran el descubierto y arrojen un saldo favorable al depositante, tal eventualidad no modifica el carácter de la apertura de crédito, pues ello es un efecto de la combinación de ambas operaciones (conf. R.L. Fernández “Código.”, supra citado, T. III, pág. 437; CNCom. esta Sala A, mi voto, in re: “Eiriz.”, supra referido).

En el funcionamiento de este tipo de contratos, conforme al art. 793  CCom., por lo menos ocho días después de terminar cada trimestre o período convenido de liquidación, los bancos deben pasar a los clientes el movimiento de sus cuentas corrientes pidiéndoles su conformidad escrita y ésta, o las observaciones a que hubiere lugar, deben ser presentadas dentro del quinto día. Si en este plazo el cliente no contestare, se tendrán por reconocidas las cuentas en la forma presentada y sus saldos, deudores o acreedores, serán definitivos en la fecha de la cuenta. Los plazos que establece el artículo no pueden ser modificados por las partes, en el sentido de ampliar el primero -que tiende a asegurar el cumplimiento de la obligación que, en salvaguardia de los intereses de los clientes, se impone a los bancos- o restringir el segundo, restricción que podría conducir prácticamente a la supresión del derecho de control del cliente, impidiéndole o dificultándole la revisación d e la cuenta y de las operaciones reflejadas en la misma.De permitirse tales convenciones, podrían ellas ser impuestas por los bancos, abusando de su preponderante situación de hecho, con evidente detrimento de los derechos de los particulares (conf. CNCom. esta Sala A, mi voto, 14.04.2011, in re: “Mac Frut S.A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ ordinario” ; id. id. in re: “Eiriz .”, fallo supra referido).

El carácter perentorio del término de cinco días es de toda evidencia, dados la propia letra y el espíritu del precepto y también tiene ese carácter, el término fijado al banco para pasar la liquidación, lapso que se cuenta, como expresamente lo establece el artículo 793 CCom., para el banco desde la terminación del trimestre o período convenido, mientras que el de cinco días de que goza el cliente para observarla, corre desde que éste recibe la liquidación.

En la práctica, los bancos usan, al menos en cuanto a los depósitos en cuenta corriente, un medio carente de toda autenticidad: remiten un memorándum con el saldo, por correo, como carta simple, lo cual imposibilita determinar con seguridad si, efectivamente, el cliente recibió el aviso y, aun cuando se admita la recepción, el día en que tuvo lugar. Por lo común, es difícil que ocurran dificultades pues la liquidación es sumamente sencilla, ya que al asentarse cada partida se establece el saldo, las cuentas son revisadas minuciosamente y se las somete a nueva revisión, en el caso de que el cliente libre un cheque por cantidad superior a la del saldo.

El incumplimiento por parte del banco de la obligación que le impone el artículo, carece de sanción específica, por lo cual, sólo acarreará la común, de daños y perjuicios (conf. Fernández R.L.; “Código de Comercio Comentado”, T. III, pág.504.)

Se ha dicho que el banco cumple su obligación de remitir el saldo de cuenta si lo hace al domicilio constituído en la apertura de la cuenta corriente bancaria, en tanto no sea cambiado expresamente por el cliente y no se puede considerar operado el cambio aún cuando en documentación perteneciente a otras oficinas externas o en boletas de depósito conste otro domicilio.

Ahora bien, aunque en principio los saldos no podrían ser discutidos cuando no fueron observados en el lapso marcado por la ley con respecto a la aprobación de las cuentas y sus saldos, en aplicación de lo normado por el art. 793 CCom., nuestros tribunales reiteradamente han sostenido, en criterio que comparto, que no precluye el derecho de obtener la rectificación de errores u otros vicios que padezcan esas cuentas, de manera análoga a lo que sucede con la aprobación de las cuentas rendidas de acuerdo a lo dispuesto por el art. 73 CCom. (conf. Gomez Leo – Buquerín; “Código de Comercio”, Vol I, pág.710 y citas de nota N°2 de pág. 711). Sin embargo, siguiendo las pautas del art. 73 CCom. y la regla 1.1.2.3.3.OPASI I B.C.R.A., en principio, también ha de presumirse conformidad implícita con la exactitud de los movimientos registrados en el banco si dentro de los treinta (30) días de vencido el respectivo período no se formula reclamo o no se solicita la entrega del extracto por no haberlo recibido, salvo prueba en contrario y salvo las disposiciones especiales de ciertos casos (conf. Segovia L., “Explicación y Crítica del nuevo Código de Comercio de la Argentina”, T° 1, pág.114, nota 274).

En esa línea ha sido dicho que el hecho de no haber recibido resúmenes de cuenta, cuando el deudor tenía a su disposición los medios técnicos de las circulares reglamentarias de aplicación para requerir los resúmenes, controlar y hacer rectificar eventualmente errores y excesos en las registraciones de los movimientos de su cuenta, si no se los usó, crea una presunción que ampara al banco. Sin embargo, debe entenderse que todo ello constituye una presunción iuris tantum, que no puede prevalecer frente a la obligación de la entidad bancaria de mantener incólumes los derechos del depositante efectuando créditos y débitos no solo en tiempo propio, sino de manera correcta.

En este marco pues, estimo que debe examinarse la composición del saldo definitivo de las cuenta corriente en pesos que nos ocupa, a fin de determinar si corresponde en el caso, con fundamento, rectificar el saldo definitivo de esa cuenta corriente, de verificarse la existencia de groseros errores aritméticos o partidas viciadas. Para ello el Código de Comercio concede el plazo de cinco años (art. 790) (conf. Gomez Leo- Buquerín; “Código de Comercio”, Vol I, pág.710/711, ap. 1 b y 2 b).

4.) La remisión de los resúmenes de cuenta de parte de la entidad bancaria accionada.

Sentado ello, cabe destacar que en el sub lite, no ha sido acreditado que la entidad bancaria demandada hubiese incumplido con la obligación legal de remitir -en tiempo y forma- los pertinentes resúmenes de la cuenta corriente de titularidad del actor, por el contrario, de la propia documentación adjuntada por este último se observa que los resúmenes eran remitidos con una periodicidad mensual (véase fs.15/127).

Asimismo, corresponde dejar sentado que tampoco ha sido demostrado que el accionante hubiese objetado en forma alguna, durante todo el desarrollo de la vinculación, lo expuesto en tales documentos.

Esta situación brinda un marco de apreciación presuncional, iuris tantum, en favor de un consentimiento de parte de la actora respecto de lo obrado por la demandada que, según lo ya expresado, solo puede franquearse ante la existencia de groseros errores o de partidas viciadas (conf. CNCom. esta Sala A, in re: “Eiriz .”, supra citado).

Esta situación brinda un marco de apreciación presuncional, iuris tantum, en favor de un consentimiento de parte de la actora respecto de lo obrado por la demandada que, según lo ya expresado, solo puede franquearse ante groseros errores o partidas viciadas.

Hemos de examinar seguidamente bajo la óptica señalada supra, cada uno de los vicios o errores que se atribuyen a la operación de la cuenta corriente que nos ocupa, para determinar si por su naturaleza, características o magnitud pudieron dar lugar a una reparación que resulte necesario reconocer.

5.) La disminución del monto convenido para girar en descubierto a tasas de interés del 15%. La vinculación de la “apertura de crédito en cuenta corriente” con otras líneas de crédito del actor.En ese marco, corresponde recordar que el accionante manifestó que su contraparte había incumplido el contrato pactado, señalando, en primer lugar, que durante varios meses del año 1998, únicamente, aplicó la tasa convenida del 15% a una porción del monto acordado, utilizando tasas notoriamente superiores, del 71,91% u 80 %, para el resto de los giros en descubierto.

En ese sentido, el accionante explicó que en el mes de septiembre la tasa del 15%, únicamente, fue aplicada sobre el importe de pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000.-) utilizándose una tasa del 71,91% sobre los giros que excedieran de tal monto; en octubre hasta la suma de pesos setenta mil ($ 70.000.-), en noviembre hasta la cantidad de pesos noventa mil ($ 90.000.-), siendo regularizada la situación, recién, en el mes de diciembre de 1998. Operatoria que fue reconocida por la demandada, tal como fuera supra expuesto, no obstante lo cual, esta última justificó su proceder en que el actor poseía, antes de la firma del contrato, varias líneas de crédito que aún no habían sido canceladas, puntualmente, una línea en “compra de cheques” de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000.-), circunstancia que determinó que el “acuerdo de cuenta corriente” fuera disminuido en función de la deuda pendiente por esa operación previa, vigente, de “compra de cheques”, la cual recién fue íntegramente abonada en diciembre de 1998.

Sobre la base de lo expuesto, corresponde establecer, en primer lugar, si conforme lo pactado por las partes, la entidad bancaria demandada se encontraba autorizada a subsumir la suma debida en el marco de la línea de crédito por “compra de cheques” dentro de la suma acordada para la operatoria de la cuenta corriente de marras y si, por ende, ello importó la facultad de reducir el límite establecido para los giros en descubierto en función del monto utilizado en dicha línea.

Así las cosas, cabe atender, cuidadosamente, a los términos del contrato en cuestión obrante a fs.3/14, en el cual se preveía, únicamente, que la entidad bancaria dejaría disponible “el importe de cien mil pesos en la cuenta corriente número 0840-00330-6, abierta a nombre de Martín Ariel Labat . atendiendo así los débitos y/o giros que por cualquier concepto y/o causa se realicen sobre la misma hasta la concurrencia del monto disponible” (véase fs. 4), sin haberse establecido la posibilidad de vincular, al movimiento de dicha cuenta corriente, otras líneas de crédito por entonces vigentes con la entidad bancaria y, mucho menos, que un eventual crédito -no vinculado a dicha cuenta corriente- pudiese ser descontado del importe de descubierto autorizado.

Asimismo, también debe señalarse que en el mentado documento se dejó expresa constancia que “al suscribir el contrato de apertura en cuenta corriente y la solicitud de préstamo respectivamente se hace extensiva la calidad de declaración jurada a la información que se acompaña, referida a las deudas vigentes y sus respectivos saldos y todos los datos que la complementan” (véase fs.4), es decir, que al momento de la suscripción la entidad bancaria debía, necesariamente, conocer la existencia de la citada línea por “compra de cheques” en su calidad de otorgante de ese crédito e, igualmente, no realizó ninguna manifestación en punto a la vinculación de esa supuesta línea de crédito con la cuenta corriente.

En este marco, cabe señalar que no ignora este Tribunal que resulta una operatoria bancaria habitual la posibilidad de que varios “productos” sean incorporados dentro de un mismo “paquete”, es decir, que se subsuman operaciones de distinto signo, bajo una única l ínea de crédito, siendo habitual, a modo de ejemplo, que dentro de una “apertura de crédito en cuenta corriente con autorización para girar en descubierto” hasta cierto monto, además, se permita tomar un préstamo preacordado sobre el límite autorizado en la cuenta corriente, resultando que, si se utiliza este préstamo, disminuye el monto autorizado para girar en descubierto, ya que ambas operaciones, en tal supuesto, se encuentran vinculadas dentro de un mismo “paquete”, pero lo cierto es que, en la especie, no se advierte que aquí la operatoria que nos ocupa hubiese sido así pactada.

En efecto, tal como fuera expresado supra, ninguna referencia se efectuó en el contrato de marras respecto de la existencia de una línea de crédito vigente por “compra de cheques” y, mucho menos, que ésta pudiese ser subsumida para consumir el monto acordado para las operaciones en la cuenta corriente de marras.

A mayor abundamiento, cabe dejar sentado, que la entidad bancaria demandada tampoco acreditó, debidamente, la real existencia de esa línea de crédito por “compra de cheques” y, mucho menos, que el descuento operado dentro del monto disponible del acuerdo en descubierto hubiese sido efectuado, contemplando la deuda sostenida en el marco de aquélla -véase, que la entidad bancaria no acompañó el supuesto contrato mediante el cual se habría pactado la apertura de la línea de crédito por “compra de cheques” y ni siquiera adjuntó alguna constancia que acreditase su real existencia.Agréguese a ello, que tampoco fue colocada tal documentación a disposición del experto contable al momento de efectuar su pericia, lo que imposibilitó que éste pudiese constatar su veracidad (véase fs. 575, respuestas 3ª y 4ª)-.

Por otro lado, cabe destacar que si la “apertura de crédito en cuenta corriente” hubiese subsumido la línea de crédito correspondiente a la “compra de cheques”, tal circunstancia debió, necesariamente, resultar reflejada, al menos como información pertinente, en los resúmenes de cuenta que le eran remitidos en forma mensual al actor, lo cual, en el sub lite, no aconteció.

En ese sentido, nótese que en los resúmenes obrantes a fs. 94/123 -que reflejan los movimientos de la cuenta corriente de los meses cuestionados- al efectuarse el “detalle de productos”, no se mencionó, en ningún momento, esta pretendida línea por “compra de cheques”, asimismo, tampoco se registró dentro de las operaciones de débito tal descuento, limitándose la entidad bancaria a tomar un monto menor al acuerdo por giro en descubierto pactado -$ 48.000, en septiembre; $ 70.000, en octubre y $ 90.000, en noviembre- sin brindar explicación alguna (véase fs. 94/123).

No obsta a lo expuesto, la declaración del testigo Daniel Osvaldo Victorero -gerente de la demandada- quien manifestó que el actor había contratado varias líneas de crédito, habiendo operado, entre ellas, con una “línea de compra de cheques” (véase fs. 403, respuesta 4ª), toda vez que la existencia de tal contrato no altera las conclusiones a que aquí se arriba. Esto es, que la entidad bancaria demandada no se encontraba autorizada a consumir con la pretendida línea por “compra de cheques” el monto acordado para la operatoria de la cuenta corriente, sin pacto al respecto.

Así las cosas, emerge de la pericia contable obrante a fs.544/75, que la accionada en septiembre de 1998 percibió tasas de interés del 71,91% anual sobre los importes que superaban los pesos cuarenta y ocho mil ($ 48.000.-), en octubre por sobre pesos setenta mil ($ 70.000.-) y en noviembre de ese mismo año por sobre pesos noventa mil ($ 90.000.-), cuando, conforme lo pactado debió percibir una tasa de interés del 15% anual por todos los giros que no superaran el monto de pesos cien mil ($ 100.000.-) y que durante el mes de agosto de 2000 se percibieron tasas del 71,91 % y/o 80% sobre todos los giros efectuados en la cuenta -sin aplicar el 15% convenido-, no puede sino concluirse en que existió un grave incumplimiento por parte de la entidad bancaria demandada de las previsiones del contrato de cuenta corriente oportunamente suscripto.

En consecuencia, no puede sino concluirse en que tal disparidad entre la tasa pactada y la aplicada y percibida por la accionada, implica un abuso grosero y desmedido que justifica la revisión del saldo deudor de la cuenta corriente aquí pretendida.

Al respecto, considero que corresponde revisar la aplicación de las tasas aplicadas en los resúmenes de cuenta acompañados, pues en la medida que resulten excesivas -tal como aquí acontece- conducirán, como resultado final, a guarismos desmedidos, que determinarían admitir una evolución financiera de la acreencia que no guardaría relación con la evolución de ninguna otra actividad productiva, bienes o servicios.

En estas circunstancias, corresponde, en el caso, ejercer la facultad morigeradora de las tasas de interés que la ley y nuestros tribunales han conferido a los jueces para restablecer el equilibrio de las relaciones entre las partes en circunstancias en que aparezcan distorcionadas (conf. arts. 656  CCom. y 953  CCiv. y véanse fallos “Constanzo y Carmona S.A. s/ quiebra s/ inc. de impug. por Sociedad Militar de Seguro de Vida”; CNCom. Sala B 21.02.1991; “Bevimar SRL s/ quiebra s/ inc. de verif. por Cooperativa de Crédito Ruta del Sol Ltda.en liquidación por el BCRA”)

En efecto, comparto el criterio de que cabe reconocer a los magistrados la facultad de morigerar los intereses pactados en exceso, acogiendo el crédito en sus justos límites, advirtiendo que dicha facultad se habrá de ejercer cuando se verifique un marco de desproporción de valores que se torne necesario recomponer en términos de justicia. Así, si bien no existe en nuestra legislación una base legal que fije la cuantía de los intereses y que indirectamente determine cual es la tasa que debe reputarse excesiva o usuraria -influyendo especialmente en esa apreciación el ritmo de la inflación- corresponde a los tribunales establecer la compatibilidad entre la tasa de interés y el orden moral de forma tal que lo que habrá de invalidarse no es en sí el pacto de intereses como causa de deber, sino la tasa de los mismos cuando se juzgue exorbitante.

El control de los intereses excesivos atribuído a los Tribunales halla su sustento en las claras disposiciones del artículo 953 del Código Civil y en el art. 502 del mismo cuerpo legal que llevan a concluir en que los acrecidos con esas características constituyen una causa ilegítima de las obligaciones. En este marco, y advertidas dichas circunstancias, se impone la reducción de los intereses aplicados en términos de equidad, determinándose la nulidad parcial de los intereses en exceso (conf. Llambías, Jorge Joaquín; “Tratado de Derecho Civil Obligaciones”; T. II, nº 928 y doctrina y jurisprudencia citada bajo nº 108; Busso, Borda, Colmo, Morello, De Gásperi, Galli, Salvat, Rezzónico, Spota).

Como lógica derivación de lo expuesto y en este contexto fáctico, corresponderá hacer lugar al reproche del recurrente y, por ende, rectificar el saldo deudor de la cuenta corriente de marras, procediéndose al recalculo de los intereses percibidos, debiendo aplicarse a todos los importes girados contra la cuenta corriente de marras, siempre que no excedieren el límite convenido de pesos cien mil ($ 100.000.-)-, la tasa de interés oportunamente pactada.6.) La modificación de la tasa de interés del 15% pactada en el convenio de “apertura de crédito en cuenta corriente”.

Ingresando al segundo de los aspectos cuestionados por el recurrente en orden a las tasas de interés percibidas por el banco, en cuanto a la operatoria posterior a noviembre de 1998, cabe recordar que el actor objetó que durante el curso de la vinculación contractual el banco hubo modificado, unilateralmente, la tasa original del 15 %, incrementándola al 15,60 %; 16 % y 17 %, sin haberse efectuado la renegociación prevista en el contrato

En consecuencia, cabe pasar a analizar si la entidad bancaria demandada incumplió con el convenio en cuestión al haber modificado la tasa de interés pactada del 15 %.

Pues bien, en primer término, cabe referir que se encuentra debidamente probado que a partir del mes de septiembre de 1999 la tasa de interés aplicada a los giros realizados dentro del límite del acuerdo -$ 100.000.- fue incrementada, habiéndose percibido hasta octubre del año 2000 tasas de interés que ascendieron al 15,60 %, 16 % y 17 % (véase anexo pericia contable, fs. 543/559).

Así las cosas, cabe recordar que el convenio de “apertura de crédito en cuenta corriente” preveía un interés del 15% nominal anual vencido, calculado sobre los montos girados en descubierto en la cuenta corriente del actor, estableciéndose expresamente que “cada treinta días a partir de la fecha del presente, ambas partes se obliga(ban) a la renegociación de buena fe de la tasa de interés pactada” (véase fs.4 vta.).

Ahora bien, tal como puede observarse de una simple lectura de la citada cláusula, dicha disposición permitía la variación cada treinta (30) días de la tasa pactada del 15%, estableciéndose que su modificación debía ser negociada de “buena fe”.

Si bien, en el sub examine no existió una renegociación “formal” de la tasa de interés en cuestión, lo cierto es que cada una de las modificaciones operadas en dicha tasa fue debida y claramente identificada en cada uno de los resúmenes de operaciones que le eran remitidos en forma mensual al demandante, sin que este último hubiese cuestionado u objetado dicho incremento en ninguna de las oportunidades pertinentes, lo cual representó un consentimiento tácito de su parte, a la modificación de las tasas de interés practicadas por la entidad bancaria demandada que aparecían consignadas en los respectivos resúmenes.

Por otro lado, cabe resaltar que el incremento experimentado fue en promedio del 1 % y no superó -en ningún caso- el 2% anual (únicamente en los meses de junio y julio del año 2000 se util izó una tasa del 17% -véase anexo pericia contable, fs. 543/72-), porcentajes que no aparecen desproporcionados y que se aprecian razonables para una línea de crédito de descubierto en cuenta corriente con garantía hipotecaria como la de la especie.

Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, no cabe sino concluir en que no existió incumplimiento contractual de parte del banco accionado en relación a la modificación de la tasa de interés originariamente convenida para los importes girados dentro del límite del acuerdo -$ 100.000.-, razón por la cual, no cabe sino decidir el rechazo del recurso en lo que a la cuestión tratada se refiere.7.) El supuesto abuso en las tasas de interés percibidas por el banco por los importes girados en descubierto en exceso al acuerdo de “apertura de crédito en cuenta corriente”.

En siguiente término, cabe pasar a analizar la queja del recurrente relativa a que resultaron abusivas las tasas aplicadas a los montos girados en descubierto no autorizado, esto es, en exceso respecto del monto convenido para la “apertura de crédito en cuenta corriente”.

Con respecto a este aspecto de la cuestión, cabe señalar, en primer lugar, que si bien la tasa de interés anual percibida por la entidad bancaria para los importes girados en exceso sobre el descubierto autorizado -nuevamente, del 71,91 % y 80 %- aparecen como superiores a las que este Tribunal estima como razonables para créditos de esta naturaleza, lo cierto es que el planteo en orden a la supuesta “abusividad” de las tasas de interés aplicadas sobre estos conceptos recién fue introducido por el actor en la oportunidad de expresar agravios, toda vez que, si bien en su demanda (véase fs. 129/33) se refirió a la tasa de interés aplicada a los importes girados fuera del límite del descubierto autorizado, no cuestionó que dicha tasa fuera abusiva sobre las aplicadas a operaciones habituales para descubiertos no autorizados y, menos aún lo demostró, habiéndose ceñido, únicamente, a controvertir las tasas percibidas, por considerar que habían sido aplicadas a tasas superiores al acuerdo del 15%, cuando se trataban de importes que habían excedido dicho descubierto.

Desde tal perspectiva y analizando la cuestión con las pautas que impone el principio de congruencia, esta Sala se encuentra imposibilitada de considerar una cuestión que no fue oportunamente sometida al juez de grado por las partes del proceso (pues, de otro modo, se vería afectada la regla primordial del principio dispositivo que informa el proceso civil consistente en que el juez sólo puede pronunciarse sobre aquéllas cuestiones que las partes han sometido debidamente a su conocimiento y no, sobre otras), de acuerdo con lo que expresamente establece el CPCC:277 .

En ese sentido, ha sido sostenido que el Juez debe ajustar su fallo al thema decidendum, considerando las acciones y excepciones deducidas por las partes, esto es el quid petitum y el quid exceptus determinados en la demanda y en la contestación, que delimitan la materia del litigio (conf. Morello, A. – Passi Lanza, M. – Sosa, G., – Berizonce, R., “Códigos Procesales, Comentados y Anotados”, Ed. Platense, Buenos Aires, 1970, T. II, pág. 753).

Habida cuenta de ello y de que en la expresión de agravios, la apelante no puede introducir cuestiones no sometidas a la resolución del juez a quo, siendo que la Alzada “no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia” -art. 277, CPCC- (conf. Kielmanovich, Jorge, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Lexis Nexis, T. I, pág. 509), la pretensión de que en esta instancia se dilucide si en el sub lite las tasas aplicadas a los importes girados en exceso, sobre el descubierto autorizado, resultaban “abusivas” no puede tener favorable recepción. Máxime, teniendo en consideración que dicho extremo no fue objeto de prueba alguna en la etapa procesal oportuna y que este aspecto tampoco fue nunca objetado durante el curso de la relación contractual.

Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, corresponde rechazar el presente reproche en lo que a la cuestión tratada se refiere, debiendo rechazarse la pretensión revisiva de las tasas de interés percibidas por la entidad bancaria accionada respecto de los montos girados en exceso al descubierto autorizado.

8.) La solicitud de capitalización de intereses en forma trimestral.

Con relación al reproche final relativo a la pretensión de que los intereses sean capitalizados en forma trimestral, cabe señalar que esta última petición, al igual que la supuesta “abusividad” de las tasas de interés, también fue introducida por el recurrente en la oportunidad de expresar agravios, sin haber sido solicitada ni en la demanda, ni al momento de presentar su alegato (véase fs.129/33, 501/4 y 675/6).

En consecuencia, toda vez que, tal como fuera supra dicho, en la expresión de agravios la apelante no se encuentra habilitada para introducir cuestiones no sometidas a la resolución del juez a quo, siendo que la Alzada “no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia” -art. 277, CPCC- (conf. Kielmanovich, Jorge, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Lexis Nexis, T. I, pág. 509), la pretensión de que en esta instancia se disponga que los intereses deben ser capitalizados trimestralmente no puede tener favorable acogida, debiendo rechazarse, también, el recurso en lo que a este aspecto de la cuestión sometida a consideración se refiere.

9.) El régimen de costas.

Habida cuenta que lo hasta aquí expuesto determina la modificación parcial del pronunciamiento apelado, tal circunstancia hace que deba revisarse la distribución de costas efectuada en la anterior instancia, en razón de que incumbe a este Tribunal expedirse sobre ese particular en orden a lo previsto por el CPCC: 279.

Pues bien, sabido es que en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél. Ello es así, en la medida que las costas son corolario del vencimiento (arts. 68, 69  y 558  Cód. Proc.) y se imponen no como una sanción sino como resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, gastos que deben ser reembolsados por el vencido.

La Corte Suprema ha resuelto, en reiteradas oportunidades, que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (conf.CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

Sin embargo, si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos – Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T° I, pág. 491).

Pues bien, ponderando tales parámetros, y no existiendo motivos para efectuar un apartamiento del principio general establecido en esta materia, teniendo en consideración el resultado de la controversia y -particularmente- la conducta antijurídica desplegada por la entidad bancaria accionada, quien incumplió el contrato suscripto entre las partes y percibió tasas de interés en exceso, estimo que las costas de la anterior instancia deben ser afrontadas por esta última parte.

En efecto, la entidad bancaria demandada ha resultado sustancialmente vencida en la contienda, toda vez que, más allá de no haber prosperado la demanda en su integridad, ha sido receptado el reclamo principal del actor consistente en la revisión del saldo deudor de su cuenta corriente; solución -ésta- que cabe hacer extensiva a las costas devengadas en esta Alzada, por análogas razones (CPCC: 68 y 279 ).

V.- Conclusión.

Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo:

a.) Receptar, parcialmente, el recurso de apelación deducido por el accionante y, en consecuencia;

b.) Revocar la resolución apelada, condenando a la demandada “HSBC Bank Argentina S.A.” a la rectificación del saldo deudor de cuenta corriente del actor, debiendo detraerse los intereses percibidos en exceso por la entidad bancaria, conforme las pautas referidas en el considerando “IV.5.)” y reformular el saldo de la cuenta corriente en cuestión;

c.) Imponer las costas de ambas instancias a la entidad bancaria demandada en su calidad de vencida en el proceso (CPCC: 279 y 68).

He aquí mi voto.

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara Dra. Isabel Miguez adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Isabel Miguez

María Elsa Uzal

María Verónica Balbi – Secretaría de Cámara –

Buenos Aires, 11 de mayo de 2012.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

a.) Receptar, parcialmente, el recurso de apelación deducido por el accionante y, en consecuencia;

b.) Revocar la resolución apelada, condenando a la demandada “HSBC Bank Argentina S.A.” a la rectificación del saldo deudor de cuenta corriente del actor, debiendo detraerse los intereses percibidos en exceso por la entidad bancaria, conforme las pautas referidas en el considerando “IV. 5.)” y reformular el saldo de la cuenta corriente en cuestión;

c.) Imponer las costas de ambas instancias a la entidad bancaria demandada en su calidad de vencida en el proceso (CPCC: 279 y 68).

d.) En cuanto al recurso de apelación de materia arancelaria (véanse fs. 711, fs. 747, fs. 755 y fs. 760), atento lo resuelto precedentemente e n materia de costas y dado que conforme lo normado por el art. 279 del Código Procesal incumbe a este Tribunal la fijación de los respectivos estipendios, déjase sin efecto la regulación de fs. 704, y hácese saber que los emolumentos serán regulados una vez que exista base patrimonial cierta para su debida determinación. Notifíquese a la parte. Fecho, devuélvase a primera instancia encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las restantes notificaciones. El Señor Juez de Cámara Dr. Alfredo Arturo Kölliker Frers no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109  del Reglamento para la Justicia Nacional). Isabel Miguez y María Elsa Uzal. Ante mí, María Verónica Balbi. Es copia del original que corre a fs. 794/810 de los autos de la materia.

María Verónica Balbi – Secretaría de Cámara –

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