Se acoge la acción de usucapión de una isla por haber pertenecido a particulares desde el año 1910.

Partes: Gonzalez Manuel Aparicio y otro s/ usucapión

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú

Fecha: 19-jun-2012

Cita: MJ-JU-M-73865-AR | MJJ73865 | MJJ73865

A pesar de que el bien usucapido es una isla -y por ende de dominio público-, se acoge la acción por haber pertenecido a particulares que figuraron como sus dueños registrales por lo menos desde el año 1.910.

Sumario:

1.-Debe revocarse la sentencia en cuanto desestimó la prescripción adquisitiva por el carácter de dominio público de las islas en las cuales se emplaza la parcela cuya usucapión se intentó, pues ha quedado probado que en este caso, aunque el bien usucapido se trate de una isla, pertenecía a particulares que figuraron como sus dueños registrales por lo menos desde el año 1910, habiéndose acreditado además la existencia de los actos posesorios invocados, esto es del corpus , y el animus domini , su carácter público, pacífico continuo e ininterrumpido por el lapso de veinte años exigido por el art. 4015 CCiv.

2.-A los fines de la prescripción para adquirir, el art. 4005 CCiv. autoriza al sucesor particular a unir su posesión a la de su autor, siendo uno de sus recaudos que las dos posesiones se liguen por un vínculo de derecho, tal como ha sucedido en el caso a través de las cesiones de derechos acompañadas; en estos supuestos, no sólo ha de probarse el vínculo o nexo jurídico que la permita, sino que debe necesariamente demostrarse también, a fin de acreditarse la posesión ininterrumpida y pacífica del bien por el término de viente años requeridos por la ley, los actos posesorios ejecutados por su antecesor y luego, por él mismo, todo lo cual ha sido cumplido en al especie.

Fallo:

ACUERDO:

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los diecinueve días del mes de junio de dos mil doce, se reúnen los Señores Miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil Comercial y Laboral de Gualeguaychú, Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara Pauletti y Guillermo Oscar Delrieux para conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: “GONZALEZ MANUEL APARICIO Y OTRO S/ USUCAPION” respecto de la sentencia de fs.250/254.- De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente orden: PAULETTI, BRITOS-DELRIEUX.-

Estudiados los autos la Cámara propuso la siguiente cuestiones a resolver:

¿Es justa la sentencia apelada? y en su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:

I.-Apelaron los actores Manuel Aparicio González y Oscar Ramiro Marizaldi la sentencia dictada a fs. 250/253 vta. que rechazó la demanda de usucapión entablada respecto de un bien inmueble sito en Islas Lechiguanas, Departamento Gualeguay, descripto en el escrito postulatorio, les impuso las costas y difirió la regulación de honorarios.-

Expuso la sentenciante que, más allá de no resultar procedente la prescripción adquisitiva pretendida sobre un inmueble de propiedad de Estado Provincial, por tratarse de una isla que, conforme al art. 2340 del Código Civil, forma parte del dominio público natural, y que la posesión, elemento fundamental de la usucapión, sólo puede tener por objeto cosas que estén en el comercio, la insuficiencia de la prueba producida para tener por acreditada la adquisición del dominio por posesión veinteañal, en el caso, la accesión de posesiones y actos “animus domini” no se encontraban acreditados con la documental agregada al juicio, ni tampoco surgía de los dichos de los testigos, por lo que procedió a rechazar la acción.-

II.-Obra a fs. 259/263 vta.memorial de agravios de los accionantes, quienes por intermedio de su apoderada, esgrimen que la a quo ha incurrido en violación de la cosa juzgada, con sustento en que en la interlocutoria dictada por el entonces juez de la causa -fs. 125 y vta.- se determinó que el bien a usucapir no era del dominio público, conforme surgía del certificado de domicilio acompañado, que daba cuenta que pertenecía a un particular; sostiene que se está frente a dos sentencias contradictorias e incongruentes; acotan que la Magistrada efectúa una errónea interpretación de la Acordada del STJ, sin atender que no todas las islas son fiscales, y que dicha Acordada, solo refiere al dominio fiscal (privado o público) pero no al privado. Tacha lo planteado por la Juez de Grado de violatorio de la CN y de las leyes de la República, en tanto sostienen, si el estado otorgó un inmueble, que fue inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble (sacándolo del patrimonio estatal), pasa a ser de propiedad privada y, por ello, sometido al derecho civil, por lo que referir que como la usucapión fue pretendida sobre un predio isleño volvió al patrimonio fiscal, resulta una pretensión e interpretación ilógica de la sentenciante. Cita jurisprudencia. A continuación se queja de la ponderación de la prueba efectuada, específicamente, de los dichos de los testigos, que a contrario de lo sostenido por la a quo, declararon que desde esa fecha ya estaban los usucapientes en carácter de dueños, dando cuenta además, de las mejoras realizadas. Por último señala que de la documental aportada, en su conjunto, resulta acreditada la voluntad de mantener el inmueble sometido a la posesión a título de dueño. Peticiona se revoque la sentencia. Con costas.-

III.-En el responde (fs. 265/266) el Defensor de Ausentes propicia se declare desierto el recurso por no contener, mínimamente, una crítica razonada y concreta del fallo.Subsidiariamente contesta los agravios, señalando que la justeza del fallo se sostiene no solo en la orfandad probatoria, sino en la correcta aplicación de la normativa vigente; tacha de carente de fundamentos la invocada violación de cosa juzgada, pretendiéndole otorgar a una resolución de mero trámite el carácter de una sentencia definitiva y dice que, acoger el mismo, resultaría violatorio del debido proceso. Sostiene además, que el memorial de la parte actora demuestra un desconocimiento de las leyes provinciales, por lo que solicita el rechazo y la confirmación del fallo.-

IV.- Por último y cumplida la medida para mejor proveer dispuesta por este tribunal a fs. 274, resulta de las constancias remitidas con el informe contestado por el Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Gualeguay -fs. 300/303- que entre los antecedentes dominiales del inmueble objeto del juicio, constaba la inscripción de fecha 07/11/1910 al tomo 23 del folio 333 vta., y luego nota cursada por la Jefa del Registro de igual tipo de Gualeguaychú, donde se dio cuenta de la inscripción en el mismo del predio a nombre de los herederos del juicio sucesorio de “González Martín – Sucesorio”, Sres. Martín Enrique González y María Eusebia González, bajo matrícula N°003805.-

IV.-Ya en condiciones de decidir sobre el recurso articulado por los accionantes, descarto en primer lugar corresponda declarar la deserción, tal como lo propicia el Defensor de Ausentes, desde que el memorial de la parte actora apelante, contiene un mínimo de crítica idónea para la apertura de esta instancia revisora.-

V.-Centrado el “thema decidendi”, en el carácter del bien que pretende usucapirse y la susceptibilidad del mismo en ser adquirido de esa forma, cabe comenzar señalando que en la demanda fue especificado que la acción por prescripción adquisitiva de dominio estaba referida a un predio sito en Islas Lechiguanas, de 532 hectáres, 82 centiáreas y 45 centiáreas, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de los Sres.María Eusebia González de Sosa y Martín Enrique Sosa.-

La acreditación de los recaudos legales de este especial modo de adquisición del dominio, es un imperativo para el pretenso poseedor, quien debe acreditar, que se poseyó con ánimo de dueño, de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante 20 años. Además, como se ve en este pleito, la cosa inmueble debe ser susceptible de ser usucapida, extremo que en este pleito ha motivado la censura de la jueza de grado, quien desestimó la acción por el carácter de dominio público de las islas en las cuales se emplaza la parcela cuya usucapión se intentó.-

Cierto es, que como tuvimos oportunidad de explicar en autos “Los Hornillos S.A. s/Usucapión” (sentencia del 15/08/2011), el artículo 2340 CCiv incluye en su inc.6) como uno de los bienes comprendidos en el dominio público, a “las islas formadas o que se formen en el mar territorial o en toda clase de río, o en los lagos navegables, cuando ellas no pertenezcan a particulares”, de modo que como tales, son de uso público, interés general, utilidad o comodidad común -art.2340 inc.3 y 7-, inajenables o inalienables -arts. 2336 , 2337 y 2604 in fine CCiv.-, inembargables (por la falta de autoridad de los jueces para cambiar el destino de las cosas del dominio público), imprescriptibles -arts. 3951 y nota al 3952-, sujetos al poder de policía, de uso gratuito -art.2341 CCiv-, y no son “inscribibles”, o sea, no se inscriben en el registro Inmobiliario -art.10 ley 17.801-.-

Sin embargo, la condición del inmueble objeto del litigio, no reunía ese carácter.-

Esto pues la reforma de 1968 agregó al inc.6 del art.2340 del Código Civil, la frase “cuando ellas no pertenezcan a particulares”, refiriéndose a las islas como dominio público del Estado, modificación que respondió precisamente, al conocimiento del legislador de la situación particular de las islas del delta bonaerense y entrerriano, ya que la jurisprudencia ya había admitido en reiteradas oportunidades la eficacia de los títulos de propiedad existentes sobre dichas islas, admitiendo también que la desafectación podía realizarse por ley provincial (Confr.:ZANNONI-KEMELMAJER DE CARLUCCI: “Código Civil”, T.10, p. 161).-

Precisamente, si bien en la demanda se invocó una anotación registral del inmueble posterior a la reforma aludida, también podía advertirse desde el inicio que existían antecedentes dominiales de dicha inscripción. Este aspecto, mereció el dictado de una medida para mejor proveer tendiente a dejar en claro la situación jurídica del bien, ahora despejada con la información ya reseñada obrante a fs. 300/303, merced a la cual ha quedado expuesto que en este caso, aunque el bien usucapido se trate de una isla, pertenecía a particulares que figuraron como sus dueños registrales por lo menos desde el año 1.910.-

De ese modo el inmueble contrariamente a lo establecido en la sentencia apelada, era susceptible de ser adquirido por la forma invocada por los recurrentes, con lo cual, cabe continuar con el estudio de las exigencias sustanciales y formales de la pretensión.-

Recuerdo entonces que la extensión pretendida por los reclamantes, tiene como última inscripción, la del Registro Provincial de la Propiedad Inmueble local, por adjudicación en juicio sucesorio de fecha 22/02/1979, a nombre de los Sres. María Eusebia González de Sosa y Martín Enrique González -fs.125 y 300/301-, contra quienes se entabló la acción y fueron citados a juicio, sin que comparecieran, y les fue nombrada defensora de ausentes.-

A su vez, los aquí actores invocaron que el Sr. Manuel Aparicio González, continuó la posesión del Sr.Abel Ramón González, merced a la cesión de derechos de 532 hectáreas celebrada entre ellos el 13 de Octubre de 1989, y que Oscar Marizaldi, resultó cesionario del 50% de los derechos de Manuel Aparicio González, por cesión de derechos celebrada el 8 de Febrero de 1990 -fs.9-, continuando ambos con la realización de actos posesorios sobre el fundo.-

Sabido es que a los fines de la prescripción para adqui rir, el art. 4005 CCiv autoriza al sucesor particular a unir su posesión a la de su autor, unión que recibe en doctrina el nombre de accesión de posesiones, siendo uno de sus recaudos que las dos posesiones se liguen por un vínculo de derecho tal como ha sucedido en el caso. En estos supuestos, no sólo ha de probarse el vínculo o nexo jurídico que la permita (art. 2476 CCiv), sino que debe necesariamente demostrarse también, a fin de acreditarse la posesión ininterrumpida y pacífica del bien por el término de 20 años requeridos por la ley, los actos posesorios ejecutados por su antecesor y luego, por él mismo (arts. 2475, 2476 , 3262 a 3265 y 4005 CCiv; conf.: CCiv.yCom. San Isidro, sala 2, 27/09/2007, “Listerson S.A. v. Municipalidad de Pilar”, en Abeledo Perrot on line).-

Por otra parte, el art.24, inc. c de la ley 14.159, dispone que este tipo de pleitos admite toda clase de pruebas, aunque el fallo no puede basarse exclusivamente en la testimonial, las que deben ser corroboradas por evidencias de otro tipo que conformen con ella “prueba compuesta”, es decir, la jurisprudencia exige una concurrencia integrativa de pruebas (conf.: ARAZI,BERMEJO,DE LAZZARI, FALCON, KAMINKER, OTEIZA,ROJAS: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires Anotado y Comentado”, T.II, p.545).-

En este pleito se acompañó prueba documental elocuente, esto es: ficha de transferencia y plano presentados en catastro por el Sr.Abel Ramón González como poseedor en el año 1980 fs.4/5-, certificado de emergencia agropecuaria a favor del actor del año 1998 relativo a 400 hectáreas en Islas del Ibicuy fs.7-, cesión de derechos del año 1990 realizada entre los dos actores ante el Juez de Paz de Ibicuy (de un 50% de lo por él poseído) fs.9-; cédula de DRG intimando el pago de deudas fiscales por 560 hs. a Abel Ramón González, del 31/01/1977, y otra de junio de ese mismo año fs.12/13-; nota de Recursos Naturales comunicándole cupo para la caza de nutrias a esa misma persona, del 26/07/78 fs.14 y otra de similar tipo del año 1979 fs.15-; nota de DGR de 1977 fs.16-; presentación del actor González del año 1997 a la DGR en relación a la deuda del impuesto inmobiliario; exposición policial del accionante González del año 1990 para ser presentada a DGR fs.18-; recibo de pago de la cesión de derechos otorgado por el Sr. Abel Ramón González fs.19- y constancia otorgada a éste por abogado sobre la entrega de documentación para el inicio del juicio de usucapión, del año 1978 fs.20-.-

Por su parte el testigo J.R.Díaz fs.207 y vta.-, dijo constarle que los actores han ocupado el campo desde hace mucho tiempo atrás, que ya en la creciente del año 1982, ellos estaban, y que han construido corrales, mangas, alambrado cerrando un piquete, y construido una precaria edificación; mejoras de las que también dieron cuenta H.R. Gerrero fs.208- y M.A.García fs.209 y vta.-, quienes dijeron transitar la zona como lancheros desde la década del noventa y ochenta respectivamente. El Sr.P.M.Astorga fs.210/211-, dijo que vive en el campo objeto del juicio desde 1990, y conoce aquellas obras, dando cuenta de otras como cargadero al río, y que recuerda que se echaron animales en 1992.-

Obran además constancias de pago del impuesto inmobiliario desde la década del 80 hasta el año 2005 fs.22/117-.-

Así, todas la prueba reseñada, valoradas en forma individual y de conjunto, evidencian la efectiva existencia de los actos posesorios invocados, esto es del “corpus” (ocupación material) y el “animus domini” (intención de someter la cosa al derecho de propiedad), su carácter público, pacífico continuo e ininterrumpido por el lapso legal (veinte años) exigido por el art. 4015 CCiv, todo por lo cual, la acción debió ser admitida.-

De ese modo, los agravios son procedentes.-

VI.-En razón de lo expuesto, sobre las cuestiones propuestas me pronuncio por la negativa, dejando desde ya auspiciado se dicte sentencia haciendo lugar al recurso tratado, y declarando adquirido por parte de los Sres. MANUEL APARICIO GONZALEZ y OSCAR MARIZALDI el bien objeto del juicio por prescripción veinteañal.-

Conforme lo establece el art. 271 CPCC, corresponde readecuar la imposición de costas, estableciendo las de ambas instancia a cargo de los accionados, y a tenor del principio de economía procesal, sugiero se dejen fijados los honorarios correspondientes a esta segunda instancia para que los calcule la jueza de primera instancia cuando haga lo propio con los correspondientes a la misma.-

ESE ES MI VOTO.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:-

Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:-

Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:

ANA CLARA PAULETTI

GUSTAVO A. BRITOS

GUILLERMO O.DELRIEUX

(Abstención)

ante mi:

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria

SENTENCIA:-

GUALEGUAYCHU, 19 de junio de 2012.-

Y VISTO:-

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;

SE RESUELVE:-

1.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 254 vta. y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia dictada a fs. 250/253 vta., admitiendo la demanda promovida a fs. 118/121, declarando que los Sres. MANUEL APARICIO GONZALEZ y OSCAR RAMIRO MARIZALDI han adquirido por prescripción veinteañal el inmueble ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Gualeguay (ex Departamento Gualeguaychú), Islas de las Lechiguanas, Sección “F Norte”, Zona de Islas, empadronado bajo Partida Provincial Nº 108.195, constando de una superficie total, según plano de mensura Nº 16.711, aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia el 8 de julio de 1980, de quinientos treinta y dos hectáreas (532 Has.), ochenta y dos áreas (82 as.), cuarenta y cinco centiáreas (45 cs.), dentro de los siguientes límites y linderos:-NORTE-ESTE:- linda con terreno fiscal mediante recta S- 42º 18′- E. de 1.564,30m (amojonado); SUD-ESTE:- Linda con Suc. de Carlos Kleinhempel, mediante recta S- 43º 53′- O de 3.453,20m. (amojonada); SUD-OSTE:- Linda con Arroyo de las Lechiguanas, y NORD-OESTE:- linda con Guilermo Keidel, mediante recta N- 40º 53′- E. de 3.323,50 m (amojonada); declarar extinguido el dominio inscripto a nombre de la Sra. María Eusebia GONZALEZ DE SOSA y del Sr. Martín Enrique GONZALEZ al Folio 333 vto., del Tomo 23, Sección Dominio Rural, en el Registro de la Propiedad Inmueble de Gualeguay, y disponer que en la instancia de origen se expidan testimonios de las piezas pertinentes para su respectiva inscripción en el mencionado Registro, a quien se oficiará para cumplimentar la inscripción ordenada.-

2.-IMPONER las costas de ambas instancia a cargo de los accionados.-

4.-ESTABLECER los honorarios profesionales correspondientes a esta segunda instancia en un 40% de los que se fijen por la labor de la primera instancia, encomendando su cálculo al juez de grado para cuando estime estos últimos.-

REGISTRESE, notifíquese y, oportunamente, bajen.-

GUSTAVO A. BRITOS

ANA CLARA PAULETTI

GUILLERMO O. DELRIEUX

ante mi:

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria

En ././. se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.-

DANIELA A. BADARACCO

Secretaria

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