Las técnicas de reproducción humana asistida en el anteproyecto de reforma al Código Civil: un enfoque bioético

Autor: Ciruzzi, María S. – Ver más Artículos del autor

Fecha: 15-ago-2012

Cita: MJ-DOC-5923-AR | MJD5923

Sumario:

I. Introducción. II. Dilemas bioéticos y conflictos jurídicos. III. La necesidad de regulación. La necesidad de garantizar la privacidad de la toma de decisiones médicas. Los aspectos particulares contemplados en el anteproyecto. IV. Conclusiones.

Doctrina:

Por María S. Ciruzzi (*)

I. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de técnicas de reproducción asistida nos estamos refiriendo a un aspecto de los derechos sexuales que están relacionados con la reproducción humana o con el derecho a experimentar la maternidad/paternidad. En este sentido, se pueden plantear dos opciones fundamentales: decidir procrear o decidir no procrear. La maternidad/paternidad es vista, así, como un derecho individual, disponible por su titular y que supone decidir no solo ser madre/padre, sino cuándo, cómo, con quién y cuánta descendencia tener (1).

En su faz positiva, el ejercicio de los derechos reproductivos plantea distintas alternativas: procrear naturalmente, emplear técnicas de reproducción asistida con utilización de donantes o fertilización in vitro, adopción, maternidad subrogada, etc. (2)

En todos estos casos, la decisión puede ser «de a dos», dentro de la pareja, o bien de forma individual. Lo cierto es que decidir ejercer (o no) los derechos reproductivos, lejos de ser una decisión que queda reservada a la intimidad de una persona (ya sea individual o en pareja) recibe, por un lado, la presión social-familiar en la mujer que debe -aún hoy día- aceptar su papel tradicional y «naturalmente asignado» de dar vida a la descendencia. Ese rol parece no cuestionarse y la moderna tecnología que ha introducido las distintas técnicas de fertilización asistida parece encaminada en tal sentido, acentuando aún más la tensión entre derecho individual y expectativa social, y tiñendo a la temática que nos ocupa con un «color» de género que posiciona a la mujer como el sujeto no solo demandante, sino también sufriente, de estos tratamientos.Por otro lado, esta misma tecnología medicaliza el proceso de procreación, interfiriendo en su desarrollo natural e introduciendo dos terceros ajenos a la relación sexual, como son el médico y el Estado, que empiezan a detentar un rol destacado y determinante en la concreción de los derechos reproductivos (3).

Esta realidad social que describimos ha recibido una atención especialísima en el texto del anteproyecto de reforma al Código Civil.

II. DILEMAS BIOÉTICOS Y CONFLICTOS JURÍDICOS

El avance de la tecnología nos ha permitido disociar la maternidad/paternidad de su realidad biológica: madre/padre ya no será aquel que ha contribuido con su óvulo/espermatozoide a la fecundación dentro del seno materno, sino que la fecundación puede lograrse extrauterinamente y con material genético distinto a la madre y al padre socialmente reconocidos. Antes uno podía ser madre/padre biológico o por adopción. Ahora, frente a estas dos opciones, despunta una nueva forma de acceder a la maternidad/paternidad a través de la subrogación, del material genético de un extraño seleccionado en un banco, etc. (4)

Se llaman técnicas de reproducción asistida a los diferentes procedimientos que, en mayor o menor medida, pueden reemplazar o colaborar en uno o más pasos naturales del proceso de reproducción.

La cuestión de la asistencia en la procreación ha originado no pocas discusiones y polémicas, advirtiendo que muchas opiniones se vierten tal como si se estuvieran defendiendo los «colores de la camiseta»: apasionadamente, pero de manera totalmente irracional. El péndulo oscila de un blanco a un negro en cuestión de «micronésimas de segundo», conforme el interlocutor de turno. No se admiten grises, no se admiten términos medios (la virtud aristotélica) perdiendo de vista que estamos hablando sobre la base de la incertidumbre:intentamos aprehender a través de una ley material la conducta humana, que se relaciona no solo con la esencia racional del ser humano, sino primordialmente con sus sentimientos, emociones, deseos, fracasos y expectativas, donde las decisiones dependen de la oferta científica conforme la evolución del conocimiento técnico, donde se ofrece intentar conseguir la reproducción humana sin saber con certeza si esto podrá ser logrado, y sin poder prever todas las posibles implicancias de tal acción, donde se habla de tratamiento allí donde -hasta no hace mucho tiempo atrás- se hablaba de simple decisión.

Como bien afirma María Casado, (5) «el problema de las relaciones entre la ley y la moral -siempre central en la bioética- reaparece y se reaviva cuando no hay un consenso realmente establecido y se pide que sea el derecho quien lo establezca».

Muchos son los dilemas que surgen cuando hablamos de reproducción asistida. El derecho a formar una familia ¿se altera por las nuevas posibilidades técnicas que surgen? Los derechos de la mujer ¿no se verán afectados por estos nuevos procedimientos, al perder el control sobre su propio cuerpo como resultado de la absoluta medicalización de sus decisiones personales? ¿El consentimiento es verdaderamente informado y libre? ¿Podrá garantizarse el acceso igualitario a las prestaciones sanitarias teniendo en cuenta que el presupuesto en salud es necesariamente limitado y los gastos en salud siempre crecientes? (6) Cuando acudimos a estas técnicas, ¿estamos pensando, de manera egoísta, solo en concretar nuestro «instinto maternal» o verdaderamente tenemos presente lo mejor para ese futuro hijo? No tener padre conocido, tener «dos madres» (una biológica y otra social), ser concebido una vez que el padre biológico murió, ¿verdaderamente realiza el mejor interés del niño?

La cuestión así planteada (7) importa una constante y permanente tensión entre los cuatro principios bioéticos fundamentales:la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia distributiva, no susceptible de ninguna solución ideal ni mucho menos perfecta y cuya complejidad resulta imposible de ser aprehendida y menos aún encausada por una ley.

No existe duda alguna de que el ejercicio de los derechos reproductivos tanto en su faz positiva (concepción) como en su faz negativa (contracepción) se enmarca en el ámbito de señorío que le es reconocido a todo sujeto por nuestro ordenamiento constitucional , en su art. 19. Ese «libre campo de autodeterminación», donde todo individuo puede ejercer sus elecciones personales conforme sus propios valores y principios sin intromisión ajena, que garantiza el propio proyecto de vida sin interferencias arbitrarias de terceros, es inclusive mucho más amplio que el concepto bioético de autonomía, entendido este último como el derecho de todo individuo a tomar las decisiones en orden al cuidado de la salud, luego de ser informado de manera adecuada, completa y veraz por el profesional.

Empero, frente a este principio amplio de autonomía, se erige el principio de justicia distributiva, esto es, la equitativa distribución de los recursos de salud y de las cargas y los beneficios del sistema sanitario. Es una verdad de Perogrullo que los recursos sanitarios son -esencialmente- escasos. También resulta «de público y notorio» que la demanda en salud es ilimitada. Esta situación dilemática corresponde a la realidad tanto de sociedades desarrolladas como de países pobres o en vías de desarrollo.

También es cierto que las cuestiones de justicia distributiva no pueden ser resueltas en el caso en concreto y deben ser elaboradas a través de políticas públicas en salud que establezcan parámetros ciertos, claros y determinados a los fines de la adecuada asignación de recursos.

Por otro lado, aunque estas técnicas de asistencia en la reproducción ofrecen una variedad de posibilidades fundamentalmente a aquellos que son infértiles, algunos de los problemas que plantean ponen de manifiesto que, si hay un derecho a procrear, este no es absoluto.Cabe notar que ese derecho a procrear no es absoluto -ningún derecho lo es- aun en personas fértiles. Algunas veces, la defensa de ciertas técnicas parece olvidar la perspectiva del niño (el impacto físico, psicológico y social); otras, parece no tener en cuenta a la mujer, que en ocasiones puede llegar a ser sujeto de experimentación, dada la novedad y escasa tradición de algunos de los procedimientos; o sometida a explotación, dada la alta demanda y la necesidad de sustento, determinando que la «oferta de vientres» esté constituida por mujeres de las capas sociales más marginales, mientras que la «demanda» será de aquellos que pertenezcan a los sectores más privilegiados.

A ello debemos sumar que la reproducción ha dejado de ser un proceso eminentemente natural y decidido en la intimidad de la pareja: se ha medicalizado y aparecen -en consecuencia- otros actores totalmente ajenos a la relación amorosa, pero que resultan fundamentales en el proceso de reproducción: el médico, el/la donante de esperma u óvulos, el vientre subrogado, etc.

Este panorama no hace más que poner en evidencia que, en estas situaciones, existen múltiples actores cuyos derechos, intereses y deberes se encuentran, colisionan e interpelan, complejizando y socializando una decisión que, hasta no hace mucho tiempo atrás, era eminentemente individual y privada.

III. LA NECESIDAD DE REGULACIÓN. LA NECESIDAD DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD DE LA TOMA DE DECISIONES MÉDICAS. LOS ASPECTOS PARTICULARES CONTEMPLADOS EN EL ANTEPROYECTO

La reproducción asistida es un tema que dista de tener consenso social, que se encuentra aún en los estadios primeros de evaluación y crítica, lo que determina la ausencia de principios científicos y éticos claros que lo regulen.Las técnicas de reproducción asistida no se encuentran limitadas al solo ámbito de la infertilidad (como sinónimo de enfermedad), sino que abarcan una variedad de situaciones que trascienden ampliamente dicho margen, pudiendo ser usadas también por personas «sanas» (es decir, fértiles), pero que por razones personales prefieren (o precisan) tener un hijo a través de un tercero ajeno a la pareja, desdoblando la maternidad/paternidad en distintas vertientes: biológica, genética, social, etc. (8)

La reproducción asistida plantea de forma especialmente privilegiada los tradicionales problemas de las relaciones entre el médico y el paciente: (9) información, consentimiento, confidencialidad, vulnerabilidad. El diagnóstico prenatal y el asesoramiento genético se constituyen en paradigmas, si se tiene en cuenta el hecho de que no son técnicas curativas sino que su éxito se limita a solucionar el problema para una sola vez.

Entendemos que es necesario el encuadre legal, pero también que no podemos cifrar todas nuestras esperanzas en la reglamentación de los derechos individuales. Que es preciso establecer un marco de referencia pero que -a su vez- sea respetuoso de la libertad individual y de los principios bioéticos que regulan la relación asistencial. Establecer una legislación demasiado puntillosa implicaría desconocer el ámbito de discrecionalidad propio de la toma de decisiones médicas, gobernada por los principios científicos y por la evolución del conocimiento técnico. Pautar «de antemano» todas las posibilidades técnicas, prever no solo los dilemas éticos sino su solución particularizada, invadiría arbitrariamente un ámbito de experticia e interrelación personal que solo puede ser analizado -como nos enseña la bioética- casuísticamente, a través del principio de ponderación de bienes, expresados bioéticamente en el «balance riesgos/beneficios» y dentro del ámbito de la relación asistencial.

En el análisis detallado, es de destacar el reconocimiento de un principio novedoso -desde el campo jurídico, no así bioético- como es «la voluntad procreacional» (art. 561), que bien describe Eleonara Lamm (10) en los siguientes términos:«estas nuevas nociones de maternidad y paternidad importan una “desbiologización y/o desgenetización de la filiación”; el concepto de filiación ha ganado nuevos contornos en sede doctrinal y jurisprudencial, comenzándose a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad procreacional” como un acto jurídico compuesto de elementos volitivos, sociales y afectivos, y no exclusivamente de características genéticas».

Un primer aspecto que consideramos criticable es que en el art. 560 se disponga la necesidad de protocolización del consentimiento informado por ante escribano público. Nos parece que es un requisito que obstaculizará ciertamente el proceso de toma de decisiones, aumentando los gastos en salud, privando a quienes no tengan recursos para costear tal acto del acceso a estas terapias e introduciendo en la relación asistencial a un tercero totalmente ajeno, como sería el escribano. Máxime teniendo en cuenta que, en cuanto a su naturaleza jurídica, el consentimiento informado es un acto lícito unilateral de expresión de voluntad, no un contrato propiamente dicho, por lo que debería propenderse a facilitar dicho proceso sin incluir requisitos formales que pueden ser considerados incluso intrusivos del derecho a la intimidad, discriminatorios o vistos con desconfianza, principalmente por el paciente, quien suele entender que todo resguardo documental al respecto lo es con la sola finalidad de proteger al médico de reclamos judiciales.

Asimismo, en cuanto a la «maternidad subrogada» (gestación por sustitución, en el anteproyecto, art. 562), hallamos que su regulación es adecuada en tanto prevé la intervención de un tercero -el juez- que permitirá controlar y evitar que este tipo de relaciones se establezcan en base a la explotación, la necesidad y/o el desconocimiento de la mujer gestante, imponiendo límites y requisitos razonables que validen este tipo de medida y que permitan armonizar los derechos e intereses en juego.Así:

a) Deberá tenerse en miras el interés superior del niño que pueda nacer;

b) La gestante debe tener plena capacidad, buena salud física y psíquica;

c) Al menos uno de los comitentes debe haber aportado sus gametos;

d) El o los comitentes deben poseer imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término.

e) La gestante no debe haber aportado sus gametos.

f) La gestante no debe haber recibido retribución.

g) La gestante no debe haberse sometido a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces.

h) La gestante debe haber dado a luz, al menos, un hijo propio.

En este punto, queda pendiente de análisis y regulación cómo deberá procederse en caso de que la gestante y/o los comitentes (o uno de ellos) se arrepientan o cuando se produzca el fallecimiento del ser gestado por este medio antes de su nacimiento o al momento del parto. No menor es la consideración bioética que debería darse al vínculo afectivo que pudiera surgir en la gestante respecto del ser que lleva en su vientre.

A nuestro entender, una de las cuestiones más críticas respecto del anteproyecto es el empleo de la expresión «embrión», en relación a estas técnicas de reproducción asistida. Entendemos que la palabra «embrión» no es técnicamente correcta ya que, como lo hemos sostenido anteriormente, (11) el producto de la aplicación de estos procedimientos se trata propiamente de ovocitos (el óvulo fecundado por el espermatozoide) y que -en este caso- son aquellos derivados de una fertilización que se obtiene sin el coito entre la pareja, fuera de la relación sexual. Del lado externo del cuerpo de la mujer y del lado de dentro de las probetas o tubos de ensayo. En una palabra, concepción artificial o en laboratorio, en el lugar donde se diferencian claramente los fenómenos de la fecundación y del embarazo. La primera ya existente, mas el segundo ausente.De donde se deduce que si bien toda gestación humana principia con un ovocito o cigoto, no todo ovocito o cigoto desencadena una gestación igualmente humana. Situación en la que también dejan de coincidir concepción y nasciturus, por lo menos hasta que el ovocito, es decir, el óvulo ya fecundado, no sea introducido en el útero materno y anide. En otras palabras, a menos que el cigoto sea introducido en el útero materno y anide, no podrá haber nunca embarazo ni transformarse ese ovocito en feto, en embrión, en persona. El ovocito así concebido se encuentra imposibilitado de experimentar por sí mismo la metamorfosis de humanización que ocurrirá con su anidación. Anidación que es ya la fase de implantación del cigoto en el endometrio o pared del útero, en la perspectiva de su conversión en feto. Por lo que entendemos que sería más apropiado emplear la palabra «ovocito» o «cigoto», en reemplazo de la palabra «embrión», en el texto de los arts. 560 y 563 del anteproyecto.

Creemos que esta precisión técnica es absolutamente imprescindible en una sociedad donde la palabra «embrión» detenta una valoración social intrínseca muchas veces más importante que la de la propia mujer parturienta. De lo contrario, podría pensarse erróneamente que estas técnicas son abortivas. O aún más controvertido: si afirmamos que el embrión tiene estatus de persona, resultaría cuanto menos «raro» sostener que hemos concebido una persona a través de técnicas de fertilización asistida, que debe transferirse al útero para continuar su desarrollo.

En cuanto a la filiación post mortem, creemos que la implantación de los gametos del fallecido solo debería ser aceptada en caso de que el mismo hubiera dejado manifestada su voluntad expresa en tal sentido y tal medida respondiera al mejor interés del niño.No puede obviarse el impacto que probablemente produciría en un niño el saber que ha sido concebido no solo sin la intervención directa de su padre, sino cuando este ya hubiere muerto. O emplear los gametos pertenecientes a una persona que no ha brindado su consentimiento expreso para concebir un hijo una vez fallecido, con todas las implicaciones personales, sociales y jurídicas que de ello se derivarían. Por eso entendemos que, balanceados los bienes jurídicos en juego, debe realizarse una interpretación restrictiva de esta posibilidad técnica, de modo de minimizar las posibles consecuencias dañinas en el niño así concebido.

Finalmente, hallamos que el interés del niño concebido por medio de estas técnicas ha sido resguardado adecuadamente cuando, en el art. 564 del anteproyecto se establece el derecho a la información que permita conocer la identidad del donante, conforme evaluación que deberá realizar el juez y la obtención de datos médicos del donante cuando existe riesgo para la salud. Tal es la solución que se va abriendo paso en los países que tienen una regulación específica de estos procedimientos y que, en muchos casos, fue precedida por pronunciamientos judiciales en este mismo sentido.

IV. CONCLUSIONES

En líneas generales, entendemos que -más allá de las críticas específicas en alguna cuestión en particular- el anteproyecto resulta promisorio en cuanto al marco legal establecido en relación a la filiación por técnicas de reproducción asistida. Es más, el hecho de que tal anteproyecto vaya a ser discutido en el Congreso supone instalar el tema en la agenda pública, de modo que se debata ampliamente por todos los actores involucrados, sean ellos del ámbito jurídico, social o legislativo.

Empero, debe destacarse que este es un primer paso en orden a la regulación de estas técnicas, no resultando un dato menor la necesidad de articular una legislación nacional, sin perjuicio de las competencias reservadas a las provincias en materia de salud.Esto resulta necesario a los fines de evitar situaciones discriminatorias, repugnantes a nuestros más elementales principios constitucionales, ya que si cada provincia legislara en esta materia sin un criterio rector -en el sentido de política de salud pública- podría ocurrir que -dependiendo del lugar de residencia- algunas personas vieran sus derechos sexuales más protegidos o, peor aún, algunas personas encontraran que no tienen los mismos derechos reconocidos que otros ciudadanos por el solo hecho de pertenecer a una provincia que no ha legislado al respecto (12).

Igualmente preocupante es la ausencia absoluta de regulación: dejar librado un derecho tan básico, como la reproducción, a las leyes del mercado no solo cosifica al ser humano, sino que presenta serios riesgos de explotación y discriminación, transformando un derecho humano un iversal en un privilegio para algunos pocos que puedan pagar estas técnicas.

No es una simple cuestión de «estar a favor o en contra». Como todo aquello que involucra la conducta humana, las alternativas son complejas y no admiten un análisis de «todo o nada». No están en cuestionamiento ni el deseo ni el derecho de ser madre/padre ni los motivos que llevan a un determinado individuo a decidir ejercer sus derechos reproductivos. Muchas de nuestras acciones son determinadas por motivaciones egoístas, materiales, altruistas, emocionales o racionales, sin que ello se convierta en un obstáculo para regularlas en consonancia con los derechos de terceros. Principio hermenéutico constitucional por antonomasia es la armonización de derechos cuando se plantea el conflicto y, si ello no es posible, la limitación de aquel derecho que aparezca como el de menor jerarquía. Ahora bien, ¿cómo armonizamos los derechos en conflicto cuando se trata de la salud de todos los habitantes, del derecho a gozar de la mejor calidad de vida, del derecho a una asistencia integral y completa, conforme las necesidades de cada uno? ¿Cómo y dónde establecemos el límite razonable? ¿Puede una visión utilitarista, basada en el mayor beneficio para el mayor número de personas, darnos la respuesta?¿Puede un análisis consecuencialista, que tenga en cuenta los posibles efectos que se derivarían de una mala o inequitativa distribución de los recursos sanitarios, darnos una aproximación más idónea al problema? ¿O será la ética del cuidado la que nos permita hallar el fiel de la balanza? (13) ¿Cómo protegemos el mejor interés de una futura persona? ¿Puede ocurrir que su mejor interés sea no ser concebido? ¿Podrá afectar el mejor interés del niño saberse concebido luego de la muerte de su padre? Estos y muchos más serán los dilemas que debemos aceptar que la ley -en su expresión meramente material- no podrá responder jamás, pero que como sociedad deberemos enfrentar y consensuar.

No hay duda de que nuestro sistema constitucional tributa a las ideas del iluminismo, transformando al hombre en el centro y fin de todo el sistema jurídico. Pero es que no es solo «el hombre»… son los hombres y mujeres, en su interacción cotidiana, con sus tensiones y conflictos, los que requieren un sistema equitativo, «igual para los iguales», que garantice y proteja sus derechos individuales sin afectar los intereses legítimos de terceros.

Los avances de la medicina cada vez van planteando mayores retos éticos y jurídicos, que requieren imperiosamente la reformulación de un compromiso social que permita acompañar estos avances dentro de un adecuado marco de contención.

El desafío que se impone, desde el derecho, es arduo: por un lado receptar, con la mayor amplitud posible, los avances técnico-médicos; por el otro, intentar evitar los abusos en los cuales se podría caer si la interpretación de las normas resultara muy laxa, con el consiguiente desconocimiento de los derechos individuales más inalienables.Es por eso que, desde la novel disciplina llamada bioderecho, se intenta establecer pautas mínimas que doten de un marco de referencia a la hora de la toma de decisiones, sin por ello constituirse en una barrera al conocimiento y al avance científico, pero sí adecuando estos al respeto de los derechos humanos.

La tecnología aplicada al derecho a la salud y a la vida complejiza la toma de decisiones. Cada caso es particular y la valoración que se realiza de los intereses, principios y derechos en juego es intransferible y corresponde a la experiencia vital de cada persona. Tal panorama no puede ser aprehendido -en toda su magnífica multidimensión- por una ley (en sentido material). Muchas de las cuestiones que en esta materia se plantean no han sido aún saldadas por la propia ciencia, por lo que mal pueden ser reguladas por una ley. Debe tenerse presente que resulta necesario que las cuestiones asistenciales tengan un adecuado marco normativo pero sin perder de vista que la ley de leyes, en este campo, es la lex artis ad hoc, sujeta a la evolución del conocimiento científico y dependiente -en su aplicación- de la evaluación discrecional que el médico realiza conjuntamente con el paciente en cada caso particular, en un proceso dinámico e interrelacional. En este sentido, debemos recordar que «el derecho» no es solo la norma positiva, sino también los valores y principios que rigen en una determinada sociedad. Y es la bioética quien acude a abonar el terreno fértil donde derecho, ciencia y ética se encuentran e interactúan, intentando brindar respuestas a los dilemas médicos.

El anteproyecto de reforma, además de proporcionar seguridad jurídica, resulta un importante aval a este tipo de técnicas pues, como es sabido, el derecho posee una función legitimadora de aquellas conductas que regula y no prohíbe. Empero la existencia de una determinada regulación legal no cierra el asunto de manera definitiva:las interrelaciones entre las normas jurídicas y la sociedad son mutuas, y de esta influencia se derivan en gran medida la evolución y la vida de ambos (14).

———-

(1) Ciruzzi, María S.: La procreación: ¿derecho o deber? El avance tecnológico como imperativo categórico; beneficios, perjuicios y prejuicios” , Microjuris, MJD5405, 7/7/11.

(2) O. cit.

(3) O. cit.

(4) O. cit.

(5) Casado, M.: “Reproducción humana asistida: los problemas que suscita desde la bioética y el derecho”. Papers 53, 1997, 37-44.

(6) O. cit.

(7) Ciruzzi: op.cit.

(8) O. cit.

(9) Casado: op. cit.

(10) Lamm, E.: “La filiación derivada de la técnicas de reproducción asistida en el anteproyecto de Código Civil”. En “El derecho de familia en el anteproyecto de Código Civil”. Coordinadoras: Aída Kemelmajer de Carlucci y Marisa Herrera. Jurisprudencia Argentina. Número Especial. 2012-II. Fascículo 12.

(11) Ciruzzi, María S.: “El fallo P. A. c/ S. A. C. s/ medidas precautorias. El deber jurídico de ser padre” , Microjuris, MJD5561, 17/10/11.

(12) O. cit.

(13) O. cit.

(14) Casado: op. cit.

(*) Abogada, UBA. Especialista en Derecho Penal, UBA. Diplomada en Bioética, FLACSO. Doctora en Derecho Penal, UBA. Docente universitaria de grado y de posgrado. Directora académica del área de Bioética del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho, UBA. Miembro del Comité de Ética del Hospital Nacional de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan.

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