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A pesar de que el actor vuelque en los libros la factura en pesos, no se desnaturaliza la compraventa celebrada en dólares.

Partes: Tanques Fangio S.A. c/ Luis A. Carrizo y Cia S.R.L. s/ cumplimiento de contrato

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Pergamino   Fecha: 5-jul-2012

Cita: MJ-JU-M-73247-AR | MJJ73247 | MJJ73247

Pesificación: al volcarse en los libros del actor la factura en pesos, ello no desnaturalizó la celebración de la compraventa celebrada en dólares e instrumentada en la nota de pedido.

Sumario:

1.-Corresponde aplicar la normativa de emergencia sobre pesificación al contrato celebrado entre las partes, en el que se encargo la fabricación de dos tanques cisterna a la empresa reclamante, pues con la nota de pedido acompañada se tiene por acreditada la existencia del acuerdo y de la misma surge que la operación fue pactada en dólares, no encontrándose dentro de las excepciones sino de la regla general contenida en el art. 1 de la ley 25713.

2.-Cuando la nota de pedido ha sido aceptada por el vendedor, haciéndose constar el precio total y la forma de pago, no constituye un precontrato, sino un verdadero contrato de compraventa que contiene todos los elementos esenciales de ese contrato.

3.-Si bien al volcarse la operación en los libros contables la factura fue expresada en pesos por la actora, ello no neutraliza el valor probatorio de la compraventa mercantil celebrada en dólares, habida cuenta que si bien la factura es un instrumento privado emanado de un comerciante en el cual se describe el objeto de la prestación en un negocio, se erige como un medio probatorio genérico de los contratos comerciales, pero que queda relativizado por el art. 474 del CCom., y habiendo discrepancia rige el art. 458 del mismo cuerpo legal.

4.-Encuadrándose la relación en el ámbito del derecho comercial, el demandado no puede limitar su defensa a una simple negativa, sino demostrar a través de los libros de comercio, llevados en legal forma, la improcedencia de la reclamación que se le formula, respaldando su posición con la instrumentación requerida por la ley mercantil, o, al menos, con otra prueba respecto de lo que surge de los registros de su adversario.

5.-Corresponde convertir a pesos la deuda originariamente pactada en moneda extranjera, a razón de un peso por dólar estadounidense, adicionando el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado oficial, tipo vendedor, del día que corresponda efectuar el pago, salvo que el coeficiente de actualización, previsto en la norma de emergencia, arroje un resultado superior; a ello se le adicionarán los intereses calculados a la tasa del 7,5 % anual, no capitalizable, entre moratorios y punitorios, desde la fecha de la mora (fijada en el fallo de primera instancia) y hasta el efectivo pago.

 Fallo:

 

En la ciudad de Pergamino, el 05 de julio de 2012, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en los autos N° 1291 caratulados «TANQUES FANGIO SA. C/ LUIS A. CARRIZO Y CIA SRL. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO», Expte. 56.849 del Juzgado Civil y Comercial Nro 2 departamental, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Graciela Scaraffia y Hugo Alberto Levato, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:

 

C U E S T I O N E S:

 

I) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.-

 

II) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-

 

A la PRIMERA CUESTION la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:

 

El Juez de Primera Instancia hizo lugar al reclamo y condenó a la demandada a abonar la suma que resulte de la operatoria de pesificar el importe de DÓLARES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA CTVOS. (U$S 103.349,40) y a ella deducir la de PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA CTVOS. ($ 103.349,40), con más el 7,5% de interés por año no capitalizable entre moratorios y punitorios, desde la fecha de la mora (23/10/2002) hasta el efectivo pago, aplicando las costas y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta la oportunidad prevista por el art. 51 ley 8904.-

 

Apela el letrado apoderado de la demandada a fs. 541, concedido a fs. 542, expresando agravios a fs. 552/559, evacuado el traslado por la contraria a fs. 564/569, llamándose autos para sentencia a fs.570, providencia que firme a la fecha deja a la causa en condiciones de ser fallada.-

 

El quejoso se duele de la interpretación del aquo en punto al reconocimiento de la prueba documental que extrae del ofrecimiento en oportunidad de evacuar el traslado de la excepción de incompetencia; subrayando el desacierto en que incurre en el fallo al estimar que habría quedado reconocida la misma. Afirma que la base del contrato celebrado no se encuentra en la nota de pedido como lo dice el operador, sino que falta evaluar la existencia de las dos facturas que registran la operación y que a su decir son los documentos que cristalizan la operación convenida, erigiéndose como el más eficaz medio probatorio de la compraventa, desechando la nota de pedido que queda sujeta a aprobación. Dice que el contrato no quedó perfeccionado en los términos de la nota de pedido, porque esta nunca se aprobó sino que se celebró otra operación distinta documentada en las facturas, en pesos, registrada en la contabilidad en dicha moneda, y si el contrato se hubiera celebrado en dólares el mismo debería haber sido registrado en la contabilidad de la actora en dólares, remitiéndose a la pericia contable (fs 351 y de fs 372).-

 

Acude a los cheques que fueron recibidos antes de la emergencia económica sin objeciones por la actora (fs. 452 Banco Macro y 519 Banco Galicia) sintetizando que antes de la misma la actora recibió entre valores y el bien entregado un 70% del precio pactado y a fines de enero de 2002 recibio el resto, sin reservas.-

 

Tampoco se tuvo en cuenta a su juicio que las unidades vendidas fueron construídas con componentes importados pero abonados los insumos en pesos acudiendo a la posición de Raúl Fangio de fs. 426 y que no se extrae de la pericia de fs. 360 y de la respuesta de fs. 301 vta.que porcetanje de materia prima es importada sobre la totalidad de la unidad.-

 

Reprocha la falta de ponderación de la factura de Aluar Aluminio Argentino de fs. 132 que fue cancelada a la paridad 1-1 y lo que surge de la pericia de fs. 373 en el sentido que el aluminio utilizado en la fabricación de los tanques había sido ya abonado por la actora.-

 

En definitiva señala que la recepción de la demanda configura un enriquecimiento indebido para la actora ya que las unidades fueron construídas antes de la emergencia, con insumos adquiridos en el mercado también con anterioridad y no acreditó la utilización de importados adquiridos a precio dólar.-

 

El segundo punto de agravio lo apontoca en la valoración de que la nota de pedido firmada por la demandada fija el precio de venta en dólar cada unidad determinándose la forma de pago y modalidad, señalando que la nota de pedido no es la base de la demanda ni el contrato celebrado entre las partes, sino que lo es la factura el instrumento específicamente establecido para el contrato de compraventa mercantil y su uso resulta obligatorio, y no ha sido ponderado por el aquo acudiendo al art. 474 del Cód de Comercio y a la conceptualización que surge de un precedente de este Tribunal. Sostiene en que la nota de pedido se halla firmado por la demandada y esa firma en el caso de desconocerse debía ofrecerse prueba idónea en consonancia con el art.1035 y 375 del CPCC; lo que a juicio del doliente impone una inversión de la carga probatoria.-

 

De la pericia contable, de las facturas e informe surge que la operación fue en pesos y no en dólares de tal modo que le agravia la conversión ordenada por el aquo siguiendo el criterio de la SCBA asimismo como las cifras condenadas superiores al valor de las unidades en la actualidad con lo cual se aplica una repotenciación en clara violación a la ley 23.928 .-

 

A su turno el apoderado de la actora en su responde señala que al tiempo de contratar las partes entendieron que los bienes cotizaban en dólares razón por la cual en esa moneda fueron valuados y el precio fue así plasmado en la nota de pedido. La operación fue a plazo y también se fijó en dólares el precio de las unidades que entregaba en parte de pago, por lo que la factura emitida en pesos por imperio de las reglas de registración de la contabilidad, no hizo más que documentar el contrato querido por ambas partes en la nota de pedido firmada por la demandada y aceptada por su mandante.-

 

La afirmación de que la empresa actora no aceptó el pedido y que se hizo un contrato distinto documentado en la factura como argumento de la contraria, no resiste el análisis. Porque la empresa aceptó el pedido efectuado en la nota a tal punto que entregó a la demandada los bienes comprados, tomando en pago los bienes ofrecidos por ella en la misma nota y se difirió el pago del precio en la forma consignada en la nota de pedido.La factura emitida se hizo como respaldo contable de la operación plasmando la misma operación consignada en la nota de pedido.-

 

Sobre el porcentaje de componentes importados en la fabricación de unidades adquiridas (pericia de fs 301) .-

 

La operación instrumentada a plazo, con diferimiento en el tiempo del saldo de precio, con posterioridad a la norma que dispuso la pesificación de las obligaciones en moneda extranjera, es lo que hace viable el reajuste, los cheques de pago diferido dice que no se reciben pro soluto (esto es cancelatorios) sino pro solvendo, y para cancelar la cuota pertinente a su vencimiento, surgiendo ademas de fs. 220 y 230 que la demandada admitió que la compraventa fue a plazo.-

 

PLATAFORMA FACTICA: La plataforma fáctica da cuenta de que las partes se vincularon mediante un negocio jurídico formalizado en fecha 28 de agosto de 2001 mediante el cual la sociedad LUIS CARRIZO SRL solicitó a la empresa TANQUES FANGIO S.A. la fabricación y venta de dos unidades semirremolques Tanques Cisternas, de aleación aluminio con capacidad de 38.000 litros cada una, con cuatro cisternas, troncocónicos, con las demás especificaciones que se fijaron en la nota de pedido suscripta por ambas partes. En dicha nota se detalló que cada una de las unidades tenía un costo de dólares sesenta y dos mil ciento ochenta y cinco más IVA (U$S 62.185) con lo cual el precio total por unidad ascendía a dólares sesenta y ocho mil setecientos catorce, con cuarenta y dos (U$S 68.714,42) siendo el monto total del contrato U$S 137.428,85.El precio sería abonado del siguiente modo a) mediante entrega de dos unidades usadas valuadas una en U$S 21.000 y la otra U$S 24.000, el IVA sería abonado contra la facturación de las unidades a fabricar y vender y el saldo en 12 pagos mensuales sin intereses a partir de la disponibilidad de cada unidad.-

 

Al sufrir una de las unidades valuadas en U$S 24.000 un siniestro la demandada hizo una transferencia bancaria por ese importe pero en pesos. La otra unidad fue entregada por la demandada en fecha 1-10-2001 conforme la factura.-

 

El 7-12-2001 y el 31-01-2002 la demandada retiró del domicilio de la empresa las unidades fabricadas las que habian sido previamente facturadas por la empresa .-

 

A partir de enero de 2001 la demandada fue entregando los cheques para cancelar cada una de las facturas correspondientes a cada unidad, entregando 14 cheques de $ 2.900 cargo Banco Suquía para imputar al pago de una de las facturas (nro. 261) y 12 cheques cargo Banco Galicia por la suma de $ 3.521,57 para imputar a la factura restante (Nro. 262), los cheques tenían vencimiento sucesivos a razón de uno por mes.-

 

Hasta aquí la descripción del negocio jurídico celebrado entre las partes y en la funcion revisora habrá de darse tratamiento a los temas propuestos, esto es: 1) si el negocio jurídico celebrado es alcanzado por la pesificación, conforme las particulares circunstancias de su instrumentación y en caso afirmativo, 2) de que modo resulta procedente el reajuste solicitado por el accionante.-

 

1) La nota de pedido, cuyo valor documental le niega el recurrente, constituye sin duda alguna una propuesta de contrato que efectúa el comprador al vendedor, quedando formalizado a partir de la aceptación formulada por este último.La aceptación puede ser prestada expresa o tácitamente y a partir de ese momento, el comprador adquiere el derecho de exigir la entrega de los bienes y está obligado a recibirlos y pagar su precio, del mismo modo, el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa en las condic iones estipuladas y adquiere el derecho a que ella sea recibida por el comprador y percibir su precio.-

 

De este modo la nota de pedido que obra a fs. 99 signada por ambas partes acredita la existencia del contrato, consecuentemente surge de ello el nacimiento de derechos y obligaciones recíprocas, exigibles para ambos litigantes y en las condiciones allí pactadas.-

 

A fs. 107 y 108 lucen las facturas Nro. 00000262 y 00000261 de fecha 1/10/2001 emitidas por Tanques Fangio S.A. donde se da cuenta de la unidad en cada una de ellas y el importe volcado en pesos.-

 

Lo cierto es que los contratos comerciales y, por ende, la compraventa, pueden justificarse por los medios de prueba indicados por el art. 208 del Cód.de Comercio, y aún por otros no contemplados desde que la enumeración alli prevista es meramente enunciativa, de tal modo que la existencia del mismo puede acreditarse mediante la nota de pedido que en la especie fue instrumentada en dólares por cada unidad a fabricar.-

 

Pero la contradicción existente y que sostiene la demandada es que las dos facturas están expresadas en pesos y así volcadas en los libros de contabilidad llevados por la actora, de lo que se desprende que la operación fue en pesos.-

 

Estimo que por un lado ha de enfocarse como fue pactado el contrato de compraventa mercantil y por otro, como se volcó en la contabilidad del vendedor la operación.-

 

En ese orden de ideas, ha dicho la jurisprudencia que para acreditar la existencia de una compraventa mercantil puede servir, por ejemplo, la presentación de una orden de compra o una nota de pedido del comprador , y ello aún si resultase de un fax, pues no puede ignorarse el uso que tiene este medio de comunicación como modo de instrumentar tanto un pedido concreto como para fijar las condiciones del contrato, cuando quien lo trae e invoca es quien aceptó la orden y la cumplió» (cfr CNCom. Sala D, 4/11/88 «Sika Argentina S.A. c/ Propulsora Siderúrgica SA).

 

El recurrente centra una de las críticas en que el aquo ha apoyado el valor de la documental al no haber sido desconocida al oponerse la excepción de incompetencia, pero en rigor de verdad, la valoración crítica del operador no se ha limitado a ese aspecto sino que con las reglas de la sana crítica estimó todo el material probatorio.-

 

Es cierto que al oponerse la defensa de incompetencia se ofrecieron «las constancias de autos» y que la misma temática se siguió al contestarse la demanda, pero la fuerza probatoria de los instrumentos privados no se acotan en este aspecto sino que el aquo ha acudido a la aplicación del art. 1034 y 1035 del Cód. Civil.La nota de pedido es un instrumento privado, signado por ambas partes, presentado en juicio, sin que la firma fuera desconocida por el deudor, quien por el contrario ofreció dichas constancias también como prueba. De lo que se desprende que si bien la cuestión no puede apontocarse exclusivamente sobre ello, es parte del análisis crítico del operador jurídico su eficacia probatoria.-

 

Ha de recordarse que encuadrándose la relación en el ámbito del derecho comercial, el demandado no puede limitar su defensa a una simple negativa, sino que demostrar a través de los libros de comercio, llevados en legal forma, la improcedencia de la reclamación que se le formula, respaldando su posición con la instrumentación requerida por la ley mercantil, o, al menos, con otra prueba respecto de lo que surge de los registros de su adversario.-

 

Se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia que «la nota de pedido cuando ha sido aceptada por el vendedor, haciéndose constar el precio total y la forma de pago, no constituye un precontrato, sino un verdadero contrato de compraventa que contiene todos los elementos esenciales de ese contrato» -SE Z0101590-.

 

Si bien al volcarse la operación en los libros contables la factura fue expresada en pesos por la actora, ello no neutraliza el valor probatorio de la compraventa mercantil celebrada en dólares, habida cuenta que si bien la factura es un instrumento privado emanado de un comerciante en el cual se describe el objeto de la prestación en un negocio, se erige como un medio probatorio genérico de los contratos comerciales, pero que queda relativizado por el art. 474 del Cód. de Comercio, y habiendo discrepancia rige el art. 458 del mismo cuerpo legal.-

 

Estimo entonces que al volcarse en los libros del actor la factura en pesos, ello no desnaturalizó la celebración de la compraventa celebrada en dólares e instrumentada en la nota de pedido que por falta de impugnación suficiente, aparece con plena eficacia probatoria (art.264 y Resolución 7/05 de la Inspección General de Justicia dice que han de consginarse en pesos todos los asientos contables de cualquier tipo de sociedad) .-

 

La pericia de fs. 353 constata la existencia de la nota de pedido en copia simple de fecha 28-09-2001 del Sr. Luis A. Carrizo y CIA. SRL estipulándose la forma de pago en dólares sesenta y dos mil siento ochenta y cinco cada unidad, que las unidades fueron recibidas por la compradora, que el precio se estipuló en dóalres y que no se constató el pago de ningún reajuste (fs. 350/367).-

 

Todo el entramado de la operatoria hoy puesta en crisis surge de numerosa prueba aportada tal como la nota de pedido de fs. 99 de fecha 28-09-2001, factura de venta del 1-10-2001 (fs. 107/108), la entrega el 31-10-2002 de fs. 109 y 110, formularios de aduana del 10-05-2001 de fs. 115 a 131, factura de compra del 2-08-2001 de fs. 132, foto unidad de fs. 133, presupuesto del 26-07-05 de fs. 134 a 136.-

 

En definitiva, estimo que toda la prueba rendida apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica y de conformidad a lo normado por el art. 386 del CPCC, permite formar convicción crítica en el sentido de que la operacion fue pactada en dólares, que la actora entregó efectivamente las unidades descriptas. Que han quedado acreditados los hechos constitutivos del derecho de la actora -no rebatidos adecuadamente por la demandada- (art. 377 del CPCC y su doctrina), a saber la celebración del contrato de compraventa en los términos de los arts. 1197 , 1323 y ccs. del Cód. Civil y art. 450 ss y ccs del Cód. de Comercio y la consecuente entrega de las unidades con las derivaciones legales consiguientes (arts. 1424 ss y ccs del Cód Civil, 464, 465 , 474 del Cód.de Comercio).-

 

2) Indudablemente la contratación que ligara a los litigantes, así como su fecha, forma y modo, es uno de aquellos tantos casos en que se vieron afectados ambos por la situación económica de nuestro país en aquella época, de público y notorio, y que derivara en la legislación de emergencia y reforma del régimen cambiario ya analizado, motivando en reiterados pronunciamientos la aplicación de la doctrina del «esfuerzo compartido» para obligaciones originariamente contraídas en dólares por contratos celebrados entre particulares -arts. 21 , 502 , 530 , 622 , 954 , 1071, 1167, 1198 y ccs del Cód. Civil a partir de lo resuelto en el precedente C 4534/02-.

 

También he de seguir el precedente que postula la constitucionalidad de las facultades legislativas en épocas de emergencia, fundadas en el principio de «soberanía monetaria» -Fallos 52:431, 431:149 y 187:195-, en tanto se pregona que el Congreso y el Poder Ejecutivo, por delegación expresa y fundada, están facultados para fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras a fin de restablecer el orden público económico (art. 75 inc 11 y 76 C.N.) aún cuando ninguna de las partes planteara la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión.-

 

Sabido es que la ley 25.561 y sus modificatorias declararon la emergencia pública en materia social, económica, administrativa y financiera cambiara, delegando el poder ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2004 y con arreglo a lo normado por el art. 76 de la Const. Nacional.La ley fue promulgada el 6 de enero de 2002, derogando disposiciones de la ley 23.928 y de la ley 25.445.-

 

Se derogó el régimen cambiario existente a esa fecha, se provocaron modificaciones a la ley de convertibilidad, se restructuro el sistema de obligaciones afectadas por la ley, las vinculadas al sistema financiero y las originadas en los contratos de administración regidos por el derecho público así como aquellas originadas entre particulares, no vinculadas al sistema financiero.-

 

En el fallo de nuestro Alto Tribunal Provincial en C89562 «Negruzzi» se dice textualmente que «La ley 25.561 (art. 11 estableció la forma en que habían de cancelarse las deudas pactadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero. Dispuso que las prestaciones serían canceladas en pesos a la relación de cambio un peso ($1)= 1 dólar estadouinidense (U$S 1), en concepto de pago a cuenta de la suma que, en definitiva, resulte de los procedimientos que allí se establecerion, a saber 1) las partes deberían negociar la reestructuración de las obligaciones recíporcas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio; b) de no mediar acuerdo, las mismas quedarían facultadas para recurrir a los procedimientos de mediación vigentes o ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias.-

 

Luego la ley 25.280 modificó lo previsto en el citado art. 11 determinando la conversión a razón de un peso cada dólar con más la suma que resulte de actualizar los montos mediante el coeficiente de estabilizaciónde referencia (CER) o el coeficiente de variación de salarios (CVS), según sea el caso (v. art. 11). La hipótesis de aplicación de un coeficiente u otro fueron fijados por la ley 25.713 que dispuso la utilización del CER (art. 1 salvo respecto de determinadas deudas a las que debía aplicarse el CVS (excepciones de los arts. 2 y 3) a saber:a) Los préstamos cualquiera sea su origen o destino, que tengan como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente, originariamente convenidos hasta la suma de doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses, b) los préstamos personales, originariamente convenidos hasta la suma de dolares estadounidenses doce mil, c) los préstamos personales con garantía prendaria originariamente convenidos hasta la suma de dólares estadounidenses treinta mil, d) los contratos de locación de inmuebles cuyo locatario fuere persona física y el destino de la locación fuere de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y que fueran celebrados con anterioridad a la sanción de la ley 25.561».-

 

El caso que nos ocupa se trata de aquellos que no se encuentran dentro de las excepciones sino de la regla general contenida en el art. 1 de la ley 25.713 y el monto de los pagos efectuados por el demandado en la especie han de considerarse como pago a cuenta de la suma que resultare de la reestructuración de las obligaciones recíprocas (art. 11 redacción original) tal como acontece y se describe en el precedente Negruzzi que he transcripto.-

 

De tal modo que por el reenvío al caso «Quiroga» de nuestro Alto Tribunal Provincial y «Longobardi» de la SCJN en la especie la solución que ha de darse es la siguiente: Convertir a pesos la deuda originariamente pactada en moneda extranjera, a razón de un peso por dólar estadounidense, adicionando el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado oficial, tipo vendedor, del día que corresponda efectuar el pago, salvo que el coeficiente de actualización, previsto en la norma de emergencia, arroje un resultado superior.A ello se le adicionarán los intereses calculados a la tasa del 7,5 % anual, no capitalizable, entre moratorios y punitorios, desde la fecha de la mora (fijada en el fallo de primera instancia) y hasta el efectivo pago.-

 

A los numerales logrados se le han de descontar la suma efectivamente abonada en forma pesificada al tiempo de cumplimiento de la obligación, tal como reza el fallo de primera instancia en sus considerandos.-

 

Esta decisión sigue la doctrina sentada en «Quiroga» C 89562, «Negruzzi» C 89527, «Palumbo» C 108158 de nuestra Suprema Corte Provincial.-

 

Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,

 

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

 

A la misma cuestión el Dr. Hugo Alberto Levato por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-

 

A la SEGUNDA CUESTION la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:

 

Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada, en consecuencia confirmar el fallo apelado en cuanto hace lugar al reclamo, debiéndose recomponer las cifras conforme las directivas dadas en los considerandos del fallo de primera instancia y en el presente siguiendo los lineamientos del más Alto Tribunal provincial en los precedentes citados.-

 

Con costas de Alzada al apelante perdidoso -art. 68 C.P.C.-.

 

ASI LO VOTO.

 

A la misma cuestión el Dr. Hugo Alberto Levato por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-

 

Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;

 

S E N T E N C I A:

 

Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada, en consecuencia confirmar el fallo apelado en cuanto hace lugar al reclamo, debiéndose recomponer las cifras conforme las directivas dadas en los considerandos del fallo de primera instancia y en el presente siguiendo los lineamientos del más Alto Tribunal provincial en los precendentes citados.-

 

Con costas de Alzada al apelante perdidoso -art. 69 C.P.C.-.

 

Regístrese. Notífiquese. Devuélvase.-

 

Fdo.: Dres.- Hugo A. Levato – Juez – Graciela Scaraffia – Jueza –

 

Ana María Albornoz – Secretaria.

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