Los abuelos de la menor fallecida en un accidente están legitimados para reclamar indemnización del daño moral.

Partes: C. V. Z. y ot. c/ Via Bariloche S.R.L.; M. C. A. c/ Via Bariloche S.R.L.; Via Bariloche S.R.L. c/ Bariló S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios; Via Bariloche S.R.L. c/ Bariló S.R.L. y otros s/ interrupción de la prescrip. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil   Sala/Juzgado: A

Fecha: 29-may-2012

Cita: MJ-JU-M-72967-AR | MJJ72967

Indemnización del daño moral padecido por los abuelos de una menor quien falleció en un accidente mientras viajaba en un micro, interpretándose que los mismos se encuentran entre los legitimados activos para accionar previstos en el art. 1078 del Código Civil.

 

Sumario:

1.-Corresponde reconocer legitimación activa para reclamar indemnización por daño moral a los abuelos de la menor que falleciera en un accidente mientras viajaba en un micro junto a su madre -que también falleció, y era la hija de los actores- pues cuando el art. 1078 del CCiv. dispone que en caso de muerte de la víctima únicamente tendrán acción los herederos forzosos, debe interpretarse en el sentido de incluir a los herederos legitimarios del causante, aunque en los hechos resulte excluido de la sucesión por otro heredero.

2.-Los herederos forzosos, en virtud del art. 1078, segunda parte del CCiv., aunque damnificados indi­rectos por el homicidio, tienen acción para pretender la reparación del agravio moral sufrido, con lo cual se abre una excepción al principio que reserva para los dam­nifi­cados directos, en general, la titularidad de esa facul­tad.

3.-Estando la repara­ción de cualquier daño supeditada a la calidad de damni­ficado del pretensor, y no a la de sucesor de la víctima del delito, debe prevale­cer la interpretación amplia del art. 1078 y aceptar­se que está legitimado para accionar cualquier heredero legitima­rio del difunto, aunque en los hechos resulte excluido de la sucesión por otro here­dero, siendo el fundamento de esta postura que esta ac­ción es ejercida iure proprio y no iure hereditatis.

4.-En el marco del fuero Civil de la Capital Federal, la cuestión ha quedado zanjada mediante el fallo plenario del 28 de Febrero de 1994 en los autos “Ruiz, Nicanor y otro c/ Russo, Pascual P.” que esta­bleció que cuando del hecho resulta la muerte de la víctima, los herederos forzosos legitimados para recla­mar la indemniza­ción por daño moral según lo previsto por el art. 1078 del CCiv., no son sólo los de grado preferente de acuerdo al orden sucesorio, de acuerdo a lo que surge del voto de la mayoría en forma impersonal, no cabe duda acerca de que la acción se ejerce iure propio, esto es que no se trata del daño moral sufrido por la víctima, sino del padecimiento por sus herederos a causa de la muerte de aquélla.

 

5.-Los abuelos revisten la calidad de herederos forzosos eventuales, por tanto se encuentran habilitados a reclamar el daño moral en la presente acción civil, dichas razones bastan para confirmar la decisión del pronunciamiento apelado, en cuanto hizo lugar al daño moral sufridos por los abuelos por la muerte de su nieta, quien contaba con diez años de edad en el momento del accidente.

6.-Aun cuando el dictamen pericial carece de valor vinculante para el órgano judicial, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se encuentra reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos.

7.-Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél.

8.-Todas las probanzas de la causa apuntan a una invasión de la mano contraria en la que incurriera el chofer emplazado, y los argumentos por los que se intenta obtener una decisión exculpatoria o concurrente en esta Alzada ya han sido tratados y válidamente rebatidos, en la decisión apelada.

9.-Con relación a la empresa de transporte propietaria del micro colisionado y su chofer, en las acciones entabladas en los términos del art. 184 del CCom. acumuladas a la presente, se ha demostrado que el accidente tuvo lugar por la culpa de un tercero, de tal suerte, no han de merecer reproche alguno.

10.-Para la determinación del monto indemnizatorio del daño moral no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba “in re ipsa”, que surge de los hechos mismos.

11.-En el supuesto sometido a estudio, a los efectos de establecer el monto del daño moral, es preciso tener en cuenta el estado de angustia que -a no dudarlo- padecieron los demandantes por el trágico desenlace que tuvo la vida de su hija y de su nieta, máxime cuando el curso natural de la vida crea la convicción de que primero son los padres quienes parten de este mundo y no a la inversa, como aconteció en la especie.

12.-El sufrimiento por la pérdida de un hijo para sus padres, es algo inconmensurable, más aún si se ponderan las trágicas circunstancias que, en el particular caso, determinaron un fatal desenlace, sin duda, no puede dejarse de tener presente que las edades de las víctimas no hacían previsible sus muertes, por lo cual esta situación debe haberles generado una afección espiritual de relevantes sufrimientos morales, difíciles de superar.

13.-En lo referido al reclamo de reparación del daño moral de los damnificados indirectos el art. 1078 del CCiv. es inconstitucional, no existe ningún inconveniente para declarar de oficio la inconstitucionalidad del precepto en cuestión, ya que es el juez quien debe aplicar el derecho, con independencia de las alegaciones de las partes, y va de suyo que esta tarea debe comenzar por la aplicación de la Constitución Nacional, que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

14.-Para valorar la incapacidad sobreviniente, resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

15.-Las pautas matemáticas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de una fórmula, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

16.-Respecto a los intereses, por aplicación de la doctrina sentada por esta cámara en el fallo plenario dictado en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios” , del 20/4/2009, debe fijarse la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, desde el momento del hecho, y se estima que la sola circunstancia de haberse fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva de la mentada sentencia plenaria (del voto del Dr. Picasso, en disidencia parcial).

Ver Falo completo Aquí

 

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