¿Línea Básica o Línea Control? Telefónica responsable por la demora incurrida en modificar el tipo de servicio contratado.

Partes: Gonzalez Magot Miguel Ángel c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal   Sala/Juzgado: III

Fecha: 20-mar-2012

Cita: MJ-JU-M-73035-AR | MJJ73035 | MJJ73035

Responsabilidad civil de la empresa telefónica por la demora incurrida en modificar el tipo de servicio contratado en tanto la refacturación de los meses transcurridos hasta el cambio solicitado no neutraliza los gastos derivados del funcionamiento irregular del servicio.  

Sumario:

1.-Cabe otorgar al actor una indemnización en concepto de daño material, ocasionado por la demora de la empresa telefónica en modificar el tipo de servicio contratado -de Línea Básica por Línea Control-, pues, la refacturación de los meses transcurridos hasta el cambio solicitado por el accionante no neutraliza los gastos derivados del funcionamiento irregular del servicio telefónico, ya que hasta lograr la baja del servicio por haber sido insatisfactorio, el accionante debió atravesar, primero, por una interrupción de las comunicaciones, y después, por la modalidad de Línea Recupero -que sólo permitía recibir llamadas y comunicarse con números de emergencia-, por lo que durante ese período -16 meses- él y su grupo familiar, para poder realizar llamadas, debieron recurrir a soluciones alternativas -locutorios, celulares o tarjetas de recarga de crédito- que tienen un costo mayor que el valor del minuto en un teléfono de línea, por lo que para determinar el rubro debe estarse a la diferencia de valores entre el minuto en un teléfono fijo y en un locutorio o celular la que, a falta de elementos concretos, debe fijarse prudencialmente.

 

2.-A efectos de cuantificar el daño moral sufrido por el actor por la demora de la empresa telefónica en modificar el tipo de servicio contratado -en el caso, se eleva el monto otorgado en primera instancia-, deben tenerse en cuenta las circunstancias personales y familiares expuestas por el accionante al demandar y que agravaron la situación, tales como la existencia de un familiar con problemas de drogadependencia, la mordedura de un perro sufrida por uno de sus hijos, y el deber de continuar ejerciendo las obligaciones propias de su profesión de abogado, todo lo cual fue debidamente acreditado.

 

Fallo:

 

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil doce hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “GONZALEZ MAGOT MIGUEL ANGEL c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

 

I. El señor Juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Miguel Ángel González Magot y condenó a Telefónica de Argentina S.A. (“Telefónica”) al pago de $3.000 con más sus intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde el día siguiente a la notificación de la demanda -8 de noviembre de 2007- hasta “que se desinterese en forma total al acreedor”. Impuso el 60% de las costas del juicio a Telefónica y el 40% al actor (fs. 394/398).

 

El magistrado consideró que la demandada había sido responsable por la demora en modificar el tipo de servicio contratado por el actor en su domicilio particular (4304-9915), esto es, de “Línea Básica” por “Línea Control”. Admitió por ello la suma antedicha en concepto de daño moral mas rechazó el material sobre la base de la falta de prueba sobre los perjuicios reclamados ya que la empresa había refacturado como Línea Control ese período de retraso (considerandos 4 y 5, fs. 397/397vta.).

 

II. Apeló el actor (ver recurso de fs. 401, concedido a fs. 402), quien expresó agravios a fs. 416/419vta., dando lugar a la contestación de fs. 430/432vta.

 

El apelante se queja del rechazo del daño material (fs. 416, pto. Iº), de la suma que le fue reconocida en concepto de daño moral por considerarla exigua (fs. 418, pto. IIº) y de la imposición a su cargo del 40% de los gastos causídicos (fs. 418vta., pto.IIIº).

 

Toda vez que Telecom no apeló el pronunciamiento, la condena en su contra quedó firme, lo que restringe la jurisdicción de este Tribunal en los términos ya descriptos (art. 271 del Código Procesal).

 

III. Dado que, al contestar la expresión de agravios, Telefónica alegó la errónea concesión del recurso porque éste no superaba el monto mínimo previsto en el segundo párrafo del art. 242 del Código Procesal (texto según ley 26.536 , B.O. 27-11-2009, ver fs. 430, punto II), a esa cuestión me abocaré en primer lugar.

 

En autos, el recurso fue interpuesto y concedido bajo la vigencia del nuevo texto del art. 242 (ver cargo de fs. 401vta. y proveído de fs. 402), por lo que el gravamen debe ser equivalente a $20.000 o más. En el sub lite, él está dado por la diferencia entre lo que el actor pidió al demandar ($52.200, fs. 2) y lo que efectivamente obtuvo en el pronunciamiento ($3.000, fs. 398). Ese cálculo arroja como resultado $49.200. En consecuencia, la apelación es admisible y ha sido bien concedida (art. 242, texto según ley 26.536; esta Sala, causas nº 6568/07 y nº 11.803/07, falladas el 6 y el 13 de mayo de 2010, respectivamente).

 

IV. Aclarado lo anterior, corresponde tratar los agravios del actor, comenzando por el que atañe al daño material, por cuyo resarcimiento se pidió $12.200 (ver fs. 14).

 

Como ya vimos, el a quo tuvo en cuenta que la demandada había refacturado los meses transcurridos hasta el cambio a una Línea Control (la línea denominada “Básica” tiene una tarifa mayor por minuto), por lo cual concluyó que el actor no había experimentado perjuicio material alguno (ver sentencia, fs. 396, tercer párrafo, contestación de demanda, fs. 229, in fine, 230 y documental de fs. 221).

 

Si bien es cierto que en esta clase de conflictos el daño patrimonial debe ser demostrado (conf.esta Sala, causa nº 6445/98 del 21/2/06), discrepo del magistrado en el sentido de que la refacturación aludida pueda venir a “neutralizar” los gastos derivados del funcionamiento irregular del servicio telefónico.

 

Observo que la línea estuvo interrumpida en diversos lapsos: desde el 26 de febrero de 2002 hasta el 5 de noviembre de ese año, desde el 19 de mayo de 2003 hasta el 17 de diciembre de 2003, fecha en la cual se dio la baja del servicio. Durante el último período de corte de la línea, ésta presentó la modalidad “recupero” que sólo permitía recibir llamadas y comunicarse con números de emergencia (fs. 4vta./6vta., fs. 349vta. y documentación reservada en sobre, en especial, denuncia 18475/2 del 21 de mayo de 2003 e informe de la demandada del 19 de diciembre de 2003). En consecuencia, hasta lograr la baja del servicio por haber sido el mismo insatisfactorio, el actor debió atravesar por una interrupción de las comunicaciones, primero, y por la modalidad de “Línea Recupero”, después (fs. 416vta., y contestación de demanda fs. 228 y 229).

 

Resulta entonces que durante los períodos señalados -16 meses entre los años 2002 y 2003- el señor González Magot y su grupo familiar, para poder realizar llamadas, debieron recurrir a soluciones alternativas -v.gr. locutorios, celulares o tarjetas de recarga de crédito-, todas ellas con un costo mayor que el valor del minuto en un teléfono de línea. Y es por esta razón que la refacturación no logra compensar, por completo, las erogaciones mencionadas.

 

En lo que hace a la determinación del resarcimiento por este rubro, corresponde estar a la diferencia de valores entre el minuto en un teléfono fijo y en un locutorio o celular la que, a falta de elementos concretos, debe fijarse prudencialmente (art. 165 del Código Procesal). Así las cosas, considero que el monto pretendido por el accionante ($12.200, fs.14) resulta excesivo y que el daño material debe prosperar por la mitad de dicha suma, es decir, $6.100 (art. 165 del Código Procesal y esta Sala, causa nº 114/01 cit. y nº 9688/04 del 6/7/10, cons. IV, primer párrafo).

 

V. En cuanto al daño moral, el actor había pedido $40.000 y el Juez de grado le reconoció $3.000.

 

Recuerdo que la dimensión del daño moral ha ido ampliándose hasta cubrir este tipo de padecimientos; la progresiva superación del rígido molde originalmente establecido encuentra su explicación en la dignidad de la persona.

 

Al demandar, el señor González Magot expuso una serie de circunstancias “personales y familiares” que agravaron la situación: existencia de un familiar con problemas psiquiátricos y de drogadependencia; la mordedura de un perro sufrida por uno de sus hijos; y el deber de continuar ejerciendo las obligaciones propias de su profesión de abogado (demanda, fs. 10vta./11vta. y memorial, fs. 417/417vta.). Todas ellas fueron negadas por la demandada en el responde (fs. 226) por lo que quedó en cabeza del actor acreditar los extremos invocados.

 

Las testimoniales de fs. 252 y 253 ilustran acerca del entorno familiar del señor González Magot, compuesto por su esposa, sus dos hijos y dos hijastros uno de los cuales convivía con él al momento de los hechos.No paso por alto la vinculación entre los testigos y la parte que los ofreció -se trata de un compañero de trabajo del actor y de un amigo de uno de sus hijos- pero ambos declarantes dan cuenta por la propia experiencia de lo dificultoso que resultó comunicarse con el número 4304-9915 durante los años 2002 y 2003.

 

Pese a lo complejo que podría resultar el demostrar los problemas de adicción que aquejan a un adolescente, por la tendencia a ocultar esta situación en ciertos ámbitos de la vida -social, laboral, etc.-, encuentro que en el caso de autos ello se ha logrado con las contestaciones de oficio del SEDRONAR y de la Clínica Comunidad de COMAVE S.A. (fs. 273 y 274).

 

Inclusive la mordedura de perro sufrida por el menor L. G. encuentra respaldo en la informativa cursada al Hospital Durand dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 307/308).

 

Finalmente, tanto la profesión del actor como su desempeño laboral fueron debidamente acreditados (ver testimoniales de fs. 252 y 253, resp. a la octava pregunta en ambos casos y las contestaciones del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, agregadas a fs. 255, 275 y 280, respectivamente).

 

Por todo lo expuesto, considero que el monto reconocido en la sentencia es insuficiente para resarcir la angustia e impotencia del usuario frente a un reclamo no atendido en tiempo y forma, cualquiera fuere su resultado, además del tiempo y energía invertidos en llevar adelante un expediente administrativo (al respecto, ver contestación de oficio de fs. 297/298 y 319 y documental reservada en sobre a fs.320, en especial, expediente EXPCNC 5891/2003). He dicho ya que es incuestionable la necesidad de contar con un servicio tan esencial en la vida moderna como lo es el teléfono (esta Sala, causa nº 114/01 del 3/2/11). Pero ello no lleva, sin más, a admitir la suma de $40.000 pedida al demandar pues esta cifra resulta, por demás, exorbitante con relación a lo que usualmente se reconoce por este concepto. En consecuencia, y atendiendo a las circunstancias de la causa, el daño moral deberá prosperar por $8.000 (art. 165 del Código Procesal y esta Sala, causas nº 114/01 y nº 9688/04 ya cit., y nº 9747/05 del 3/3/09).

 

VI. Resta expedirme sobre la queja atinente a la distribución de las costas efectuada por el magistrado.

 

En este tipo de conflictos y atendiendo al resultado del juicio y al modo en que prosperaron las pretensiones, esta Sala ha aplicado lo dispuesto en el art. 71 del Código Procesal distribuyendo proporcionalmente los gastos causídicos (v.gr. causa nº 114/01 del 3/2/11).

 

Ello, sumado a que el actor supeditó su reclamo a “lo que en más o en menos resultare de la prueba” (ver fs. 4 y expresión de agravios de fs. 417vta., tercer párrafo) y a lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, lleva a imponer las costas de ambas instancias en el 75% a cargo de Telefónica y el 25% restante al actor.

 

Por todo lo ex puesto, juzgo que la sentencia debe ser modificada en lo que hace al capital de condena admitiendo parcialmente la demanda por la suma total de $14.100. Las costas de ambas instancias se imponen en el 75% a cargo de Telefónica y el 25% restante al actor (arts. 71 y 279 del Código Procesal y esta Sala, causa nº 114/01 del 3/2/11).

 

Así voto.

 

Los Dres. Medina y Recondo, por análogos fundamentos adhieren al voto precedente.Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

 

Fdo.:

 

Guillermo Alberto Antelo.

 

Graciela Medina.

 

Ricardo Gustavo Recondo.

 

Es copia fiel del original que obra en el Tº 4, Registro Nº 50, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012.

 

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: modificar la sentencia apelada elevando el monto de condena a la suma de pesos CATORCE MIL CIEN ($ 14.100). Las costas de ambas instancias se imponen en el 75% a cargo de Telefónica y el 25% restante al actor (arts. 71 y 279 del Código Procesal y esta Sala, causa nº 114/01 del 3/2/11).

 

En virtud de lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, déjese sin efecto la regulación de fs. 398.

 

Por los trabajos realizados en primera instancia, y considerando la naturaleza del proceso (fs. 173), el monto de la condena, comprensivo del capital e intereses, el resultado del juicio, las etapas cumplidas y el carácter en el que actuó cada profesional, así como el mérito, la eficacia y extensión de su labor, se fijan los honorarios del letrado patrocinante de la actora, doctor Carlos A. Di Vito, en la suma de ($.); y de los letrados apoderados de la demandada, doctores Lucía Dumais, Pablo R. Rosselli y María Victoria Ibáñez Aleman, en ($.), ($.) y ($.), respectivamente (art. 279 del Código Procesal; arts. 6, 7 , 9, 10 , 19 , 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432 ).

 

Atendiendo a las cuestiones sobre las que debió expedirse la perito contadora Agustina Martín Sánchez, y a la calidad y eficacia de su dictamen de fs. 348/350, se establecen sus honorarios en la suma de ($.).

 

En lo concerniente a los trabajos de la segunda instancia, visto el resultado de la apelación y el mérito, la extensión y eficacia de las tareas llevadas a cabo por el letrado patrocinante de la actora, doctor Carlos A. Di Vito, se fijan sus emolumentos en ($.); y los del letrado apoderado de la demandada, doctor Santiago J. Orúe, en ($.) (arts. 6, 7, 9 y 14 de la Ley de Arancel).

 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

 

Guillermo Alberto Antelo.

 

Graciela Medina.

 

Ricardo Gustavo Recondo.

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